María Guadalupe Cano Alvarado

Expediente 385/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 38 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
385/2016
Año
2016
Actuaciones
38
Última actuación
26/12/2017

Partes del expediente

  • María Guadalupe Cano Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de treinta de noviembre en curso (fojas 332 y 333), por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Por otro lado, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, devuélvase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, el original del expediente agrario 502/2012, constante en un tomo, mismo que remitió en cumplimiento al requerimiento de catorce de agosto del año en curso. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. IA-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, en la cual se hizo constar que la parte quejosa dentro del término legal de tres días que se le otorgó por proveído de veintiuno de noviembre del año en curso (fojas 322 a 324), no se presentó en este Juzgado de Distrito a recoger los edictos en los que se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada María del Carmen Fuentes Cano; en consecuencia, es de estimarse que dicha omisión es atribuible al peticionario del amparo, lo que impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, atento a lo dispuesto por el artículo 63, fraccionamiento II, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II.- El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. " Ello es así, toda vez que no se puedo emplazar a juicio a la parte tercera interesada, no obstante la investigación realizada por parte de este órgano jurisdiccional. En efecto, consta en autos que el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se determinó que no era procedente que el Consejo de la Judicatura Federal cubriera el pago de los edictos para emplazar a juicio a la tercera interesa María del Carmen Fuentes Cano, por lo cual, se le dio el plazo de tres días a la quejosa María Guadalupe Cano Alvarado, para que compareciera a recoger los edictos, y una vez que realizara los trámites respectivo para su publicación, lo acreditara dentro del término de veinte días. No obstante lo anterior, el cinco de julio de la presente anualidad (fojas 208 a 209), a petición de la quejosa, se solicitó a la autoridades: Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, Administrador del Sistema de Agua Potable, con sede en Matías Romero, Oaxaca, Administración Desconcentrada de Servicios de Contribuyente de Oaxaca "1" y Coordinadora Técnica de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, informaran si en los registros de esas dependencias tenían registrado el domicilio de la tercera interesada María del Carmen Fuentes Cano. Sin embargo, con la información proporcionada no se pudo localizar el domicilio de la antes mencionada, por lo cual, el veintiuno de noviembre de esta anualidad, se ordenó emplazar a juicio por edictos a María del Carmen Fuentes Cano; empero, a efecto de no hacer nugatorio los derechos de la parte quejosa, se le requirió para que dentro del término de tres días compareciera a recoger los edictos para su publicación correspondiente. Ahora, como la parte quejosa no compareció dentro del plazo legal que se le otorgó a recoger los edictos para su publicación, es evidente que su conducta contumaz, actualiza la invocada causal de sobreseimiento, por lo que se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número 16/2000-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos once, del tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 186587 cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Consecuentemente, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, en atención a la razón de dos de junio del año en curso, en la que el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional informó, que al presentarse en el domicilio ubicado en la Avenida Oleoducto, sin número, de la colonia Independencia, atrás de la Cruz Roja de esta ciudad, señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, fue informado que los abogados que rentaban ese local ya no se encontraban en el mismo, y hasta este momento no se ha señalado nuevo domicilio para llevar a cabo las mismas, se ordena que esta y las subsecuentes notificaciones se le hagan por medio de lista, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 107/2007-PS, aprobada el seis de febrero de dos mil ocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Notifíquese personalmente; a los terceros interesados Rosenda Cano Alvarado, José Fernando Fuentes Cano y Juan Cano Alvarado, por medio de lista conforme a los proveídos de once de enero y veintinueve de septiembre del actual; y a la quejosa María Guadalupe Cano Alvarado como lo ordena el presente acuerdo. I-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta remitido vía correo electrónico, signado por el Encargado de la Administración del Sistema de Agua Potable, con sede en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, por el que atención al requerimiento que se le formuló por acuerdo de veintinueve de septiembre del actual (fojas 305 a 306), informa que realizó una búsqueda minuciosa en el padrón de usuarios que obra en los archivo de esa Administración no encontrándose registro alguno respecto de la tercera interesada María del Carmen Fuentes Cano. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de julio de dos mil diecisiete, (fojas 208-209), se ordena el emplazamiento de la aludida tercera interesada, por medio de edictos. Lo anterior, tomando en consideración que a pesar de la investigación realizada por este Juzgado, no se ha podido emplazar a este juicio de amparo a la tercera interesada María del Carmen Fuentes Cano, y además, y además porque en diverso auto de treinta y uno de marzo del año en curso (fojas 187 a 190), se determinó que la quejosa no demostró insolvencia económica para cubrir los gastos que generen la publicación de los edictos; por lo que a fin de no retrasar el procedimiento y lograr una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena verificar el emplazamiento de la aludida tercera interesada, por medio de edictos, los cuales en términos del numeral citado, correrán a cargo de la parte quejosa, y deberán contener los requisitos que previene el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia; consecuentemente, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, y toda vez que la quejosa designó a Daniel González Alonso y María del Carmen Vásquez Cabrera, para recibir notificaciones, hágase entrega a éstos los edictos de mérito, mismos que se deberán publicar por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial y en "EL UNIVERSAL", que es uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, debiéndose hacer constar en tales edictos, que la citada tercera interesada, deberá apersonarse a este juicio dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación; asimismo, se deberá fijar en la puerta de este tribunal, una copia íntegra de la resolución respectiva, por todo el tiempo del emplazamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia; formalidades que se deberán observar por el fedatario judicial adscrito. Por lo anterior, se requiere a la parte quejosa o a los autorizados de ella, para que dentro del plazo legal de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, se presente en este Juzgado a recoger los edictos de mérito, con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Atento a lo razonado en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 186587, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Así como al a lo sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2702, Décima Época, libro 40, marzo de 2017, tomo IV, con registro electrónico 2013988, del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Una vez que realice los trámites respectivos para la publicación de los edictos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, segundo párrafo del inciso b) de la Ley de Amparo, deberá acreditarlo dentro del término de veinte días siguientes a la legal notificación de este acuerdo; con apercibimiento que de no cumplir con lo aquí ordenado, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy, fijándose de nueva cuenta las diez horas con veinticinco minutos del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo. Notifíquese; personalmente a las partes y por edictos a la tercera interesada María del Carmen Fuentes Cano. I-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que la dependencia auxiliadora Administrador del Sistema de Agua Potable, con sede en Matías Romero, Oaxaca; no ha informa a este órgano jurisdiccional si en los registro que llevan en sus instalaciones, aparece el domicilio de la tercera interesada María del Carmen Fuentes Cano; a pesar de haber quedado notificada de tal circunstancia como se acredita con el acuse de recibo que obra en autos (foja 317); por tanto, se requiere de nueva cuenta a la citada dependencia para que informe si en los registros que se lleva en esa dependencia, aparece el domicilio de la tercera interesada en cita, o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso (foja 306). Notifíquese.

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