Maria Gabriela Marquez Rios

Expediente 227/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
227/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Maria Gabriela Marquez Rios

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por María Gabriela Márquez Ríos y John Hermann Vreden, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su precepto 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, y no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese electrónicamente.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que María Gabriela Márquez Ríos y John Hermann Vreden, no desahogaron la prevención formulada mediante proveído de seis de abril del año en curso, dentro del término concedido para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Por recibido el escrito con firma electrónica y evidencia criptográfica de Franco San Pedro Jesús Ángel; en atención a su contenido, no ha lugar a tener al promovente cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de seis de abril del actual. Lo anterior, dado que se requirió a los directos quejosos, en los términos ahí apuntados; por lo que, no obstante que dicho promovente es autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no está facultado para desahogar una prevención, en la que bajo protesta de decir verdad deberán narrar de manera cronológica y concisa, los hechos o abstenciones que les consten y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, con el fin de fijar correctamente la Litis, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quienes promueven la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 50/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, visible a página 210, Décima Época, con número de registro 2007285, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por consiguiente, subsiste el requerimiento y apercibimiento contenido en el proveído de seis de abril del año en curso. Se precisa que el término para cumplir con el requerimiento es de cinco días, el que se contará a partir de que surta efectos la notificación legal de este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número III.2o.A.38K, visible en la página 1323, del Tomo XXI, correspondiente al mes de Abril de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo promovida por Franco San Pedro Jesús Ángel, quien se ostenta como defensor particular de los directos quejosos María Gabriela Márquez Ríos y John Hermann Vreden, contra actos del Fiscal General del Estado de Oaxaca y otras autoridades, que hace consistir sustancialmente lo siguiente IV.- ACTO RECLAMADO A). De las autoridades marcadas como 1 y 2, les reclamo la infundada orden de cateo y/o entrada al domicilio y/o medida de protección y/o orden de ingreso que se pretende ejecutar derivado de una medida de protección fijada a la víctima dentro de la carpeta de investigación 10436/FCOS/PUERTO/2019, y que pretenden ingresar al domicilio ubicado en la calle Teniente Juan de la Barrera nuero 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Santa María Colotepec, Putla, Oaxaca, sin que exista procedimiento alguno en la cual se acredite que la ciudadana victima en la carpeta tenga derecho de ingresar al domicilio en el cual tienen en posesión los imputados Así mismos, le reclamo la infundadas medidas de protección que ha fijado a la víctima en la carpeta de investigación, con ello vulnerando derechos de propiedad, patrimonio, intimidad, el derecho a la salud, por poner en riesgo de contagio del COVID 19, a los imputados en su domicilio con el infundado ingreso a la víctima al domicilio que se hace referencia, de igual forma sin mediar procedimiento alguno que esté justificado, puesto que la carpeta de investigación ya se encuentra judicializada y corresponde al Juez de Control, controlar la legalidad de las medidas de protección. B). De las autoridades marcadas con los números 3, 4, 5, 6, 7 y 8, les reclamo la injustificada orden de ingreso al domicilio de los imputados, en la cual pretenden ingresar por medio de la fuerza, romper candados y chapas, puertas, con la finalidad de dejar ingresar al domicilio de los imputados a la víctima de la carpeta de investigación, y que pretenden ejecutar el día viernes 02 de abril del 2021. C). A la autoridad responsable marcada con el número 9, le reclamo el auto de vinculación a proceso que dicto el día de hoy 31 de mayo del 2021, derivado de la causa penal 191/2019, de su índice, en el cual vulnero derechos humanos de los imputados al no realizar una correcta valoración de los datos de prueba que oferto el Fiscal, puesto que con ellos no se acredita el delito de violencia familiar en su modalidad de psicológica y patrimonial, como lo resolvió el Juzgador." (sic) ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 227/2021. PREVENCIÓN A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracciones IV y V, así como 110, en relación con los diversos 11, 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los directos quejosos, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del diverso 261 de dicha legislación, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Desahoguen el siguiente requerimiento: Primero. Precisen concretamente cuál es el acto que en esta vía constitucional reclaman. Lo anterior es así, ya que del escrito inicial de demanda se observa que reclaman una orden de cateo y/o entrada al domicilio y/o medida de protección y/o ingreso que se pretende ejecutar derivado de una medida de protección fijada a la víctima María Susana Márquez Ríos y/o Susan Hetu, dentro de la carpeta de investigación 10436/FCOS/PUERTO/2019, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional de la Costa, Oaxaca, agregando que no existe procedimiento por el que se acredite que aquella tiene la posesión del inmueble. Agregan que las medidas de protección fijadas a la víctima vulneran sus derechos de propiedad, patrimonio, intimidad y salud, al ponerlos en riesgo de contraer COVID-19, con motivo de su ingreso al domicilio sin que haya mediado procedimiento que lo justifique con motivo de que la carpeta de investigación se encuentra judicializada y que por lo tanto corresponde al juez de control lo relativo a su legalidad. Además, alegan que en la causa penal 191/2019, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, les dictó auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar. En efecto, los actos reclamados por la parte quejosa resultan confusos con motivo de lo siguiente: Indican que se inició en su contra la carpeta de investigación 10436/FCOS/PUERTO/2019, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional de la Costa, Oaxaca, señalando que existe una orden de cateo y/o entrada y/o ingreso a su domicilio que deriva de aquella, sin embargo, se desconoce cuál es el delito por el que se inició. Aducen que dicha orden deriva de la medida de protección fijada a la víctima María Susana Márquez Ríos y/o Susan Hetu; no obstante, indican que ya fue judicializada, pero que su control lo sigue ejerciendo el Ministerio Público que lleva la aludida carpeta de investigación, lo que genera incertidumbre al no ser precisos en señalar si la medida que combaten sigue vigente ante la representación social, o fue emitida con motivo de alguna determinación adoptada por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. Alegan que se dictó en su contra auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 191/2019, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, por el delito de violencia familiar en su modalidad psicológica y patrimonial, pero no aportan mayores datos que permitan conocer su origen. De lo anterior, se sigue que la parte quejosa fue omisa en señalar en específico cuál es el acto que le produce afectación en su esfera jurídica y que sería materia de estudio en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 227883, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Segundo. "Bajo protesta de decir verdad", de manera cronológica y concisa, narren los hechos o abstenciones que le consten y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, con el fin de fijar correctamente la litis. Lo anterior es así, toda vez que precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por estos, la relación concisa de las actuaciones previas al acto reclamado, así como las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial. Por su aplicación en lo conducente, es de citar la jurisprudencia VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO." Aunado a lo anterior, es un requisito indispensable la protesta de ley, para la procedencia del juicio de amparo, pues es necesario satisfacer dicho requisito, para tener certeza de que la parte agraviada narró los antecedentes del acto reclamado conduciéndose con verdad. Para una mejor ilustración de lo anterior, es de aplicarse por la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. Tercero. Deberán precisar si la citada orden de cateo y/o entrada y/o ingreso a su domicilio, ya fue ejecutado, en virtud de que refirieron que se pretendía realizar el dos de abril del año en curso. APERCIBIMIENTO En el entendido que de no desahogar cabalmente la prevención formulada dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, tomando en consideración que ante dichas irregularidades no podría establecerse correctamente la Litis constitucional; y, por ende, se dejaría en estado de indefensión a algunas de las partes que integran el juicio de amparo (tercero interesado, autoridades responsables y agente del Ministerio Público). DOMICILIO Tomando en consideración que el peticionario del amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico franco.s.abogado@gmail.com, el cual se encuentra autorizado para la práctica de notificaciones electrónicas, por estar vinculado al usuario franco.s.abogado, como se advierte de la certificación secretarial que antecede; por tanto, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, realícense las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia al Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio la totalidad de las resoluciones que se dicten en este asunto, sin ulterior pronunciamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2364 que establece: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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