María Eugenia Lara de Vieyra

Expediente 207/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
207/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • María Eugenia Lara de Vieyra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Morelia, Michoacán, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 207/2018-IV. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. En concordancia con lo anterior, es menester traer a contexto los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son los que prevén los plazos para la promoción del juicio constitucional, así como el modo en que habrá de realizarse su cómputo; preceptos que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto legal transcrito en primer término, se advierte el término genérico de quince días que se prevé para la presentación de la demanda, con excepción de las cuatro fracciones que estipula el citado normativo. Por otro lado, el segundo precepto estipula que el término correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Bajo dicha guisa, debe decirse que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña en sentido estricto al juicio ejecutivo mercantil 336/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y reclama la orden de privarla de la posesión respecto del inmueble ubicado en calle ********** número **********, de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, del cual aduce ser propietaria, así como todo lo actuado dentro del referido controvertido, sin que previamente haya sido oída y vencida en juicio. Ahora bien, en su escrito de demanda la quejosa aduce que el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, ********** le informó que acudieron a su domicilio ubicado en calle ********** número **********, de Moroleón, Guanajuato, unas personas que se ostentaron como funcionarios del juzgado de esa ciudad y le manifestaron que a petición del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Morelia, Michoacán, y derivado del juicio ejecutivo mercantil número 336/2013, llevarían a cabo una diligencia para poner en posesión material de ese bien a la parte actora en el juicio de origen. En el mismo orden, la quejosa aduce que demuestra la propiedad del inmueble aludido, con copia certificada de la resolución de seis de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente C-265/2017 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Moroleón, Guanajuato, que sobre acción de otorgamiento y firma de escritura promovió en contra de **********, la cual quedó firme el doce del mismo mes y año según se advierte de la copia cotejada del auto de esa fecha que también se adjuntó al ocurso de cuenta. En ese sentido, para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista, así como que se agregue copia certificada de la demanda que dio origen al juicio de amparo 1166/2016-IV de la estadística de este órgano jurisdiccional, así como de la sentencia emitida en ese juicio constitucional y la resolución de alzada que la confirmó, publicadas en la intranet del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, habida cuenta que se justifica la invocación de estos datos en virtud que las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun y cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. De la lectura de las constancias arriba descritas se obtienen los siguientes datos: ********** promovió el juicio de amparo 1166/2016-IV, del registro de este órgano jurisdiccional, ostentándose como tercera extraña en sentido estricto al juicio ejecutivo mercantil 336/2013 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y reclamó todo lo actuado dentro del referido controvertido, incluyendo el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis mediante el cual se ordenó la desocupación, así como la entrega de la posesión real y material de la finca urbana ubicada en calle ********** número ********** de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, de la cual adujo ser propietaria de una fracción, sin que previamente hubiera sido oída y vencida en juicio. En el referido juicio constitucional se dictó sentencia el veinte de febrero de dos mil diecisiete, en el que se determinó sobreseer en el juicio por estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, dado que la promovente no demostró su interés jurídico para acudir al juicio de amparo. La resolución emitida en el juicio de amparo fue recurrida mediante recurso de revisión, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital. De lo antes narrado se pone de manifiesto que la demanda de amparo que se prove es extemporánea, dado que la quejosa ya sabía de la existencia del juicio ejecutivo mercantil 336/2013 de la estadística del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Moroleón, Guanajuato, del que deriva el acto reclamado, pues así lo expuso al promover el juicio de amparo 1166/2016-IV del índice de este juzgado; controvertido del que tuvo conocimiento de manera completa ya que tuvo acceso a los informes justificados y demás constancias que se allegaron al indicado juicio constitucional. Luego, si la quejosa refiere que es propietaria del inmueble unicado en calle Benito Juárez número 10, de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, y que en el juicio ordinario civil número 265/2017 del índice del Juzgado Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, mediante sentencia de seis de diciembre de dos mil diecisiete así se le reconoció, y se condenó a ********** al otorgamiento y firma de la escritura pública correspondiente, entonces al menos desde esa fecha estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo en defensa de sus intereses, dado que, se reitera, conocía del juicio ejecutivo mercantil 336/2013, donde se ordenó poner en posesión a la parte actora del inmueble que aquí defiende. Por ende, el término genérico de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del siete de diciembre de dos mil diecisiete, al once de enero de dos mil dieciocho, ello si se toma en consideración que: I. La parte quejosa obtuvo sentencia favorable en el juicio ordinario civil C-265/2017, donde se generó el acto con el que aduce demostrar la propiedad, el seis de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que a partir de entonces estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo. II. El cómputo para la promoción del juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo, esto es, a partir del siete de diciembre de dos mil diecisiete, concluyendo dicho plazo el once de enero del año en curso. III. Del cómputo citado, fueron descartados los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete de diciembre, por ser inhábiles, así como del dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete al dos de enero de dos mil dieciocho, correspondientes al periodo vacacional de los juzgados civiles en el Estado de Guanajuato, y finalmente, el seis y siete de enero del presente año, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda que se analiza fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el nueve de marzo de dos mil dieciocho, según se advierte del matasellos que obra en la misma, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término genérico que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, de manera extemporánea, si se toma en cuenta que el último día con que contaba fue el once de enero del año en curso; ante lo cual resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. No pasa inadvertido que la peticionaria del amparo se dice tercera extraña en sentido escricto al juicio de origen; sin embargo, como se mencionó y acreditó, ya conocía de él y del acto de afectación ordenado en ese procedimiento. No debe perderse de vista que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, tratándose del amparo promovido por persona extraña a juicio sin que se le haya llamado a defender sus derechos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle su derecho fundamental; por lo que a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecte su interés, como en la especie, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. Cabe poner de relieve, que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece en sus cuatro fracciones los casos de excepción donde no aplicará el término genérico de quince días de la siguiente manera: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sin embargo, ya que el acto reclamado, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, es claro que, por los motivos que han quedado precisados líneas arriba, su presentación se hizo de manera extemporánea, al haberse efectuado con posterioridad al plazo genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al quejoso, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Alexandro Cortés Ramírez, Arlet Rusayka Gómez Villalobos, Orlando Antonio López Gordillo, Octavio Díaz Barriga Ramírez y Noel Villa Vieyra al contar no con sus cédulas profesionales, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano