María Eugenia Lara Rosiles o de Vieyra

Expediente 347/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
347/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • María Eugenia Lara Rosiles o de Vieyra

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio remitido por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 204/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar el auto de veinticinco de abril pasado a la quejosa. Dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. Ahora bien, visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a la solicitan del amparo **********, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído aludido en el párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la presente determinación, así como las subsecuentes, aun cuando revistan el carácter personales, mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. Asimismo, vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticinco de abril de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del exhorto 204/2018 del índice de este Juzgado, que se le envió para notificar a la parte quejosa el proveído de veinticinco de abril del año en curso.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por proveído de once de abril de la presente anualidad, en el que el titular del órgano de su adscripción declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, remite: expediente 309/2018 que contiene el original del escrito de demanda de amparo y anexos; se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 347/2018-IV. b) El suscrito se avoca del conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento del homologo, a través del acuse de recibo correspondiente. c) Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: El auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho emitido por el Juez Cuarto Civil de Partido, de Morelia, Michoacán, dentro del juicio de tercería excluyente de dominio 236/2018, en el cual dicha autoridad omitió decretar la suspensión a efecto de que no se lleve a cabo la orden emitida dentro del juicio 336/2013 también de la estadística de la citada autoridad, relativa a poner en posesión material de la parte actora en dicho juicio **********, el bien inmueble ubicado en calle **********, Número **********, y/o calle ********** número **********, zona ********** de la ciudad de Moroléon, Guanajuato, que arguye la quejosa es de su propiedad. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 1336 y 1339 Bis, del Código de Comercio, estatuyen: "Art. 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Art. 1,339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. De lo numerales transcritos se desprende que: A través de la apelación, el tribunal de alzada puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones del inferior. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables Por otro lado, debe destacarse que en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, por tanto, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada. En el caso nos encontramos ante la presencia de una tercería excluyente de dominio promovida por la parte quejosa, controvertido que se encuentra radicado bajo el número de expediente 236/2018 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido con sede en Morelia Michoacán. Por lo que de conformidad con los numerales precitados, se estima que el medio de defensa idóneo para combatir los actos reclamados es el recurso de apelación; de lo que se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciónes dictadas por los jueces que las emitieron. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la omisión del Juez Cuarto Civil de Partido, de Morelia, Michoacán, de pronunciarse en el auto de veinte de marzo pasado, dictado dentro del juicio de tercería excluyente de dominio 236/2018, respecto de la suspensión de la orden emitida dentro del juicio 336/2013 también de la estadística de la citada autoridad, relativa a poner en posesión material de la parte actora en dicho juicio del bien inmueble que arguye la quejosa es de su propiedad, y si el referido numeral 1336 del Código de Comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación, prevé un recurso -apelación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de las determinaciones que los juzgadores de primera instancia dictaron; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se precisó, interpuso tercería excluyente de dominio, al verse afectada en su esfera jurídica, de manera que en su carácter de parte accionante de dicha tercería, estaba en aptitud de hacer valer el medio de impugnación a su alcance. Por ello, se afirma que la parte quejosa previamente a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa (apelación), para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora bien, tomando en consideración que la promovente señaló como domicilio en ubicado en calle **********, número **********, **********, colonia ********** de Morelia, Michoacán, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en la citada ciudad, para que notifique el presente proveído a la quejosa; asimismo, la requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta sus efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; apercibido que de no hacerlo las ulteriores, aun las de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. Téngasele autorizado en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Alejandro Cortes Ramírez, Arlet Rusayka Gómez Villalobos, Noel Villa Vieyra, Elías Juárez Huerta, Jorge Alejandre Pedraza, Alba Adriana Gasca Villanueva y Rene Ivan Vieyra Pérez, en virtud de que no obra su cédula registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, por lo que hace a su solicitud relativa a que se publiquen los acuerdos que se emitan en el presente juicio en la web oficial del poder judicial de la federación, dígasele que los autos emitidos dentro de los juicio de amparo que se tramitan en este Juzgado de Distrito, se publican en dicho medio, salvo que se trate de proveídos cuya notificación deba ser personal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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