María Estrada Rodríguez
Expediente 639/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Estrada Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de noviembre del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de siete de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, respecto a la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, en específico la fracción III del artículo 22 que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas, por página, al haberse considerado que el citado dispositivo legal trasgredió el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que: Se nulificara la validez jurídica de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, en relación al quejoso, de tal manera que la disposición impugnada no debería aplicársele de nueva cuenta; y, El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, devolviera a la quejosa la cantidad que enteró con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. 2. Mediante proveído de cinco de octubre del año en curso, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien a través del Director de lo Contencioso Adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno, ambos del Estado de Guanajuato, residentes en la ciudad del mismo nombre, remitió copia certificada del oficio 3568/2018 de once de octubre pasado, mediante el cual dejó a disposición de la quejosa ********** la cantidad de $1,449.00 (mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M. N.), correspondiente a la que ésta enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, así como la constancia de notificación. 3. Con motivo de lo anterior el dos de mayo siguiente, se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días legalmente computado, informara a este Juzgado si recogió o no la mencionada suma, apercibida que de no hacerlo se entendería que ya la recibió. 4. En providencia de quince de los actuales, se hizo efectivo el apercibimiento anterior, entendiéndose que la aquí quejosa recibió la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la ley de ingresos reclamada. 5. En esa misma data, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Devolvió a la quejosa la cantidad $301.00 (trescientos un pesos 00/100 M. N.), correspondiente a la que ésta enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, declarado inconstitucional. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la devolución a la quejosa de la cantidad $301.00 (trescientos un pesos 00/100 M. N.), correspondiente a la que enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, declarado inconstitucional, el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmete, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN I, DEL INCISO C, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECICHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de noviembre del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de siete de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, respecto a la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, en específico la fracción III del artículo 22 que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades judiciales y administrativas, por página, al haberse considerado que el citado dispositivo legal trasgredió el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que: Se nulificara la validez jurídica de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, en relación al quejoso, de tal manera que la disposición impugnada no debería aplicársele de nueva cuenta; y, El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, devolviera a la quejosa la cantidad que enteró con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. 2. Mediante proveído de cinco de octubre del año en curso, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien a través del Director de lo Contencioso Adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno, ambos del Estado de Guanajuato, residentes en la ciudad del mismo nombre, remitió copia certificada del oficio 3568/2018 de once de octubre pasado, mediante el cual dejó a disposición de la quejosa ********** la cantidad de $1,449.00 (mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M. N.), correspondiente a la que ésta enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, así como la constancia de notificación. 3. Con motivo de lo anterior el dos de mayo siguiente, se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días legalmente computado, informara a este Juzgado si recogió o no la mencionada suma, apercibida que de no hacerlo se entendería que ya la recibió. 4. En providencia de quince de los actuales, se hizo efectivo el apercibimiento anterior, entendiéndose que la aquí quejosa recibió la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la ley de ingresos reclamada. 5. En esa misma data, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Devolvió a la quejosa la cantidad $301.00 (trescientos un pesos 00/100 M. N.), correspondiente a la que ésta enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, declarado inconstitucional. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la devolución a la quejosa de la cantidad $301.00 (trescientos un pesos 00/100 M. N.), correspondiente a la que enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, declarado inconstitucional, el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmete, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que informara si recogió o no la cantidad de $1,449.00 (mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M. N.), correspondiente a la que enteró con motivo de la aplicación de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, declarado inconstitucional, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de octubre pasado, entendiéndose que ya la recibió. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Agréguese autos únicamente el oficio signado por la Coordinadora General Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en representación del Gobernador, para que obre como corresponda, toda vez que el veintidós de octubre del año en curso, se proveyó respecto de su contenido.
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