María Eugenia Lara Rosiles o de Vieyra
Expediente 323/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Eugenia Lara Rosiles o de Vieyra
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán, mediante el cual, remite la demanda de amparo promovida por *********** y/o ***********; se acuerda: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 323/2018-IV; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se señala que en la especie la parte quejosa reclama: Los acuerdos pronunciados por el Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, de fechas quince y veinte de marzo de dos mil dieciocho, dentro del exhorto 40/2018 derivado del juicio ejecutivo mercantil 336/2013, así como el diverso de seis de abril del año en curso, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Morelia Michoacán, en los autos del citado controvertido mercantil, de los cuales, mediante los primeros el juzgador aludido en primer término reservó el inicio de la tercería excluyente de dominio por no tener facultad para acordar promociones que implicaran el conocimiento del fondo de la controversia, y el diverso resolutor se manifestó imposibilitado para acordar las promociones correspondientes por no estar dirigidas a él, en las que se promovió tercería excluyente de dominio. De igual forma, es necesario destacar, en lo que interesa, el contenido de los artículos 1336, 1339 Bis, 1340 y 1341, del Código de Comercio, publicado el veintisiete de agosto de dos mil nueve, estatuyen: "Art. 1,336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Art. 1,339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. De lo numerales transcritos se desprende que: A través de la apelación, el tribunal de alzada puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones del inferior. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables Por otro lado, debe destacarse que en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, por tanto, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada. En el presente caso, nos encontramos ante la presencia de un juicio ejecutivo mercantil en el que la aquí parte quejosa, se ostenta como tercera extraña, controvertido que se encuentra radicado bajo el número de expediente 336/2013 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia con sede en Morelia Michoacán, y en el cual la quejosa pretendió interponer tercería excluyente de dominio. Por lo que de conformidad con los numerales precitados, se estima que el medio de defensa idóneo para combatir los actos reclamados es el recurso de apelación; de lo que se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciónes dictadas por los jueces que las emitieron. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama los acuerdos pronunciados por el Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, de fechas quince y veinte de marzo de dos mil dieciocho, dentro del exhorto 40/2018 derivado del juicio ejecutivo mercantil 336/2013, así como el diverso de seis de abril del año en curso, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Morelia Michoacán, mediante los cuales, promovió tercería excluyente de dominio, y si el referido numeral 1336 del Código de Comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación, prevé un recurso -apelación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de las determinaciones que los juzgadores de primera instancia dictaron; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre los actos que se combaten no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) Los actos reclamados no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se precisó, interpuso tercería excluyente de dominio, al verse afectada en su esfera jurídica, de manera que en su carácter de parte accionante de dicha tercería, estaba en aptitud de hacer valer el medio de impugnación a su alcance. Por ello, se afirma que la parte quejosa previamente a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa (apelación), para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora, tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Téngasele autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************ al no contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".
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