María Eugenia Lara Rosiles o de Vieyra

Expediente 384/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
384/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/07/2018

Partes del expediente

  • María Eugenia Lara Rosiles o de Vieyra

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio que signa el Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de mayo del presente año, acusa recibo del diverso comunicado 7340/2018 y de los dos tomos de prueba que se adjuntaron al mismo.

  2. Principal

    Únicamente agréguese para que conste el escrito signado por **********, mediante el cual solicita copia certificada de las constancias que indica; toda vez que del análisis efectuado a los autos que integran el presente juicio de amparo, se advierte que no tiene reconocido carácter alguno.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En otro contexto, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de los dos tomos de prueba remitidos por el Juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, devuélvanse y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el Juez Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, mediante el cual, remite la demanda de amparo promovida por ********** y/o **********; se acuerda: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 384/2018-III; acúsese el recibo de estilo correspondiente. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: a) Por el mismo quejoso o quejosos. b) Contra las mismas autoridades. c) Por el propio acto reclamado. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista los autos del juicio de amparo 323/2018-IV del índice de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", del que se obtienen los siguientes datos: Mediante oficio presentado el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán, remitió la demanda de amparo promovida por ********** y/o **********, en la que solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y el acto que a continuación se especifican: -AUTORIDADES RESPONSABLES- Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato; Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Morelia, Michoacán. -ACTO RECLAMADO- Los acuerdos pronunciados por el Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, de fechas quince y veinte de marzo de dos mil dieciocho, dentro del exhorto 40/2018 derivado del juicio ejecutivo mercantil 336/2013, así como el diverso de seis de abril del año en curso, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Morelia Michoacán, en los autos del citado controvertido mercantil. II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se registró bajo el expediente 323/2018-IV. III. En el citado proveído se decretó desechar por improcedente su demanda de amparo, decretándose su firmeza en auto de treinta de abril pasado. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: ********** y/o **********, promovió el presente controvertido señalando como autoridades responsables al: Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato; Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Morelia, Michoacán. Señaló como actos reclamados los mismos que citó en su escrito de demanda de amparo número 323/2018-IV, los cuales ya se asentaron anteriormente. Bajo esas premisas, en la especie el requisito marcado con el número 1 se encuentra cubierto, pues la demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio fueron promovidas por la misma quejosa. Las autoridades responsables son las mismas en ambos juicios de amparo. Es el mismo acto reclamado, pues en ambos esencialmente reclama los acuerdos pronunciados por el Juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato, de fechas quince y veinte de marzo de dos mil dieciocho, así como el diverso de seis de abril del año en curso, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Morelia Michoacán. Por lo que respecta a la exigencia precisada con el número 2, también se encuentra cubierta, debido a que el acto que se reclama en el presente juicio ya fue materia del diverso juicio de amparo 323/2018-IV, del índice de este juzgado. Bajo las anteriores consideraciones, si la aquí quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado el mismo que ya fue objeto del diverso juicio de amparo en el que se determinó desechar de plano la demanda, declarándose su firmeza el tresinta de abril pasado, es incuestionable que ese pronunciamiento no puede ser desconocido en esta ocasión en que la impetrante pretende una vez más combatirlo en esta vía; de ahí que el acto reclamado que se analiza constituya cosa juzgada, al haberse declarado su firmeza. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Ahora, tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Téngasele autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a Orlando Antonio López Gordillo, Noel Villa Vieyra, Alejandro Vieyra Lara y Lourdes Janeth Cerna Juárez, al no contar con cédulas profesionales inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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