María Esther Rocha Díaz
Expediente 975/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Esther Rocha Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al gestionante del amparo en proveído de veintitrés de noviembre pasado, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo en que se actúa, un tomo de prueba, asimismo adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión 295/2018, promovido por **********, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra el acto que reclamó del Juez Sexto Menor Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, consistente en la resolución de revocación de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente *********** y su ejecución que reclamo del Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande, Guanajuato." En ese contexto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, glósese el testimonio de la ejecutoria que se acuerda y acúsese el recibo de estilo a la Superioridad. En ese sentido, visto el estado de autos y tomando en consideración que en proveído de cuatro de mayo del presente año, se ordenó el archivo definitivo del expediente y que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, por lo que no se está en la hipótesis de los artículos 132 y 156 de la ley reglamentaria; resulta innecesario conservar la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión de los actos reclamados en los autos incidentales, por lo que se deja a su disposición en la secretaría de este juzgado el billete de depósito número N811834, valioso por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.); el cual por razones de seguridad será endosado a favor del depositante y podrá recogerlo únicamente los días jueves de las nueve a las doce horas, en este órgano jurisdiccional. Se le hace del conocimiento que una vez que trascurra el término de dos años que prevé el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir el referido billete de depósito, prescribirá a favor del Fisco Federal. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del cuaderno de antecedentes, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Finalmente, como resulta innecesario que en este órgano jurisdiccional obren las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ***********, que remitió el Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, al rendir su informe justificado, devuélvanse las mismas. Solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese el ingreso de la demanda en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 975/2018-I. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones I, IV y V, de la ley de la materia, como se verá a continuación. a) En efecto, la primera irregularidad surge de lo establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" (.)" I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de que resulta determinante para establecer la competencia territorial para conocer del mismo. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa **********, esencialmente reclama en la presente instancia constitucional la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho. Entonces, al tener ejecución las consecuencias materiales del acto reclamado en el domicilio en el que se desenvuelve la impetrante, es necesario que precise y acredite con documento fehaciente, cuál es su domicilio, a fin de que se satisfaga el requisito establecido en la fracción I del artículo 108 de la Ley de Amparo. b) Por otra parte, la segunda irregularidad surge de lo establecido en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la quejosa en su demanda de amparo es imprecisa en puntualizar los actos que reclama, ya que en el capítulo IV de su demanda de amparo, atinente a "LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME", textualmente apuntó: ".Bajo protesta de conducirme con verdad, manifiesto que se reclama de la autoridad responsable la Resolución dictada dentro del Acuerdo de fecha 11 de octubre del 2018 y notificada por boletín jurisdiccional el día 07 de noviembre de 2018, dictado dentro del expediente en que se actúa del índice de la SALA REGIONAL DEL CENTRO III, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA." Sin embargo, por otro lado, en el tercer párrafo del capítulo relativo a los "HECHOS" refirió: ".Es el caso, que con el fin de cumplir con lo ordenado dentro de la sentencia, la parte Demandada emitió un oficio informando sobre el correcto cumplimiento a la sentencia, por lo cual, esta parte Actora, inconforme con lo planteado por la parte Demandada, presente escrito de que Queja por Defecto en el cumplimiento, en razón a diversas irregularidades contenidas en el oficio de cumplimiento, sin embargo, en fecha 11 de agosto del 2018, La Sala Regional del Centro lll, Del Tribunal Federal De Justicia Administrativa resolvió, mediante interlocutoria, Infundada la Queja interpuesta." Como se advierte de las anteriores transcripciones, la agraviada es puntual en el capítulo IV de su demanda de amparo, atinente a "LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME", señaló como acto reclamado la resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; empero, en el tercer párrafo del capítulo relativo a los "HECHOS", precisó que se duele de la resolución de once de agosto del año en curso emitida por la referida Sala, lo que genera incertidumbre en el suscrito en el sentido de saber cuál es el acto que reclama en el presente juicio de amparo. Por ello, es necesario entonces que precise con toda claridad cuál es la resolución que tilda de inconstitucional en la presente instancia. c) La tercera irregularidad advertida emerge de la fracción V del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Como se observa de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, si bien es cierto que la parte quejosa en su afán de cumplir con el aludido requisito, narró en su escrito de demanda algunos hechos que constituyen antecedentes del acto reclamado; no menos cierto resulta que en el capítulo IV atinente a la "LEY O ACTO QUE DE CADA QUIEN SE RECLAME", estableció que la resolución reclamada se le notificó por medio de boletín judicial el día 07 de noviembre de dos mil dieciocho. En tal virtud, es menester que el suscrito tenga la certeza de la fecha en la cual tuvo pleno y cabal conocimiento del acto reclamado, toda vez que si la quejosa aduce que la resolución reclamada se emitió el once de agosto y once de octubre de dos mil dieciocho, es inconcuso que probablemente no se le haya notificado en la fecha que refiere, esto es, el siete de noviembre pasado; por lo cual ese dato es determinante para poder substanciar el sumario, ya que sin conocerse ese punto no será posible efectuar el cómputo para saber si la demanda de mérito se presentó o no en tiempo. Conclusivamente, con fundamento en el artículo 108, fracciones I, IV y V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con tres copias para correr traslado a cada una de las partes: Bajo protesta de decir verdad, precise y acredite con documento fehaciente, cuál es su domicilio. Precise con toda claridad cuál es el acto que tilda de inconstitucional; es decir, si reclama la resolución de once de octubre hogaño, o bien, la diversa de once de agosto pasado, emitidas por la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Indique la fecha en la cual se le notificó acto reclamado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114, último párrafo, de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe señalar que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual la directa quejosa debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis de jurisprudencia 50/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Materia Común, Tomo I, libro 9 agosto de 2014, página 210, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, al contar con cédulas profesionales ********** registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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