Marcos Pereñez Lobato

Expediente 588/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
588/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
07/02/2017

Partes del expediente

  • Marcos Pereñez Lobato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el nueve de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de enero al tres de febrero de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el duplicado de la causa penal 347/2015, de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la copia del acuse de recibo remitido a esta autoridad por el Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla, del cual se advierte que mediante oficio sin número de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, dicho juzgado notificó al Director de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, sobre la tortura que dice haber sufrido el aquí quejoso Marcos Pereñez Lobato, en el momento de su detención; de lo que queda enterada esta autoridad. Por otro lado, vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el quince de julio de dos mil dieciséis (fojas 64 a 85), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla, realizara lo siguiente: "1. Únicamente por cuanto hace al aquí quejoso, deje insubsistente el auto de formal prisión de cinco de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal ********************; 2. Reitere el cuerpo del delito y probable responsabilidad del delito de detentación de vehículo robado. 3. En relación al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: 3.1. Precisar cómo y con qué medio o medios de convicción se acredita que el bien que poseían los activos -inhibidor de señal satelital- era producto de una actividad ilícita, así como que tales sujetos tenían conocimiento de esta circunstancia, es decir, que sabían que dicho objeto era producto de una actividad ilícita; 3.2. O, al menos, precise qué pruebas de las allegadas a la indagatoria, arrojan indicios fundados de la dudosa procedencia del inhibidor satelital, para colegir la ilicitud de su origen. Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla; por reclamarse en vía de consecuencia del auto de bien preso que se impugna y no por vicios propios. Por último, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se decrete la libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." "Por tanto, en caso de no haberlo hecho, el juez responsable deberá dar vista al Ministerio Público -distinto al que conoció de la investigación- respecto de las manifestaciones de los coinculpados, en las que declaran haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto." Resolución contra la que el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca R-305/2016, en el que resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión. Motivo por el cual en auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al juez responsable. Ahora bien, mediante oficio 6297 de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez de lo Penal de Tepeaca, Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen ********************, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de cinco de marzo de dos mil dieciséis. - En resolución de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, reiteró la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del aquí quejoso Marcos Pereñez Lobato, respecto del delito de DETENTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, previsto y sancionado por el artículo 375, fracción IX del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien resulte ser el legítimo propietario del vehículo afecto; por lo que le decretó AUTO DE FORMAL PRISIÓN por dicho ilícito. - Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, decretó a favor del aquí quejoso Marcos Pereñez Lobato, AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, respecto del delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio del Estado. - Asimismo, ordenó dar vista al Director de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, para que investigue lo relativo a lo manifestado por el quejoso sobre los actos de tortura durante su detención (cual se notificó a dicha autoridad como se advierte de la copia del acuse de recibo con el que se da cuenta). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el telegrama remitido por el Director del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad informando que queda enterada de la sentencia de amparo dictada en el presente asunto en el sentido de que se concedió el amparo a la parte quejosa y que está en espera de que la autoridad ordenadora responsable emita la resolución correspondiente, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a los que haya lugar. Por otra parte, incorpórese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho por vacaciones de la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y anexo; visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-305/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales de dicho juicio. En consecuencia, acúsese recibo, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo y, agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO.- Se confirma, en lo que fue materia de revisión, la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia de amparo recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Marcos Pereñez Lobato, contra los actos del Juez de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos de Tepeaca, Puebla, consistentes en el auto de formal prisión dictado el cinco de marzo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 347/2015; y su ejecución." Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "1. Únicamente por cuanto hace al aquí quejoso, deje insubsistente el auto de formal prisión de cinco de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 347/2015; 2. Reitere el cuerpo del delito y probable responsabilidad del delito de detentación de vehículo robado. 3. En relación al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: 3.1. Precisar cómo y con qué medio o medios de convicción se acredita que el bien que poseían los activos -inhibidor de señal satelital- era producto de una actividad ilícita, así como que tales sujetos tenían conocimiento de esta circunstancia, es decir, que sabían que dicho objeto era producto de una actividad ilícita; 3.2. O, al menos, precise qué pruebas de las allegadas a la indagatoria, arrojan indicios fundados de la dudosa procedencia del inhibidor satelital, para colegir la ilicitud de su origen. Dicha concesión se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla; por reclamarse en vía de consecuencia del auto de bien preso que se impugna y no por vicios propios. Por último, es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se decrete la libertad al quejoso, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución. Por tanto, en caso de no haberlo hecho, el juez responsable deberá dar vista al Ministerio Público -distinto al que conoció de la investigación- respecto de las manifestaciones de los coinculpados, en las que declaran haber sufrido posiblemente tortura durante su detención, para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, el juez deberá proporcionarle los datos que obran en el proceso y que al caso sean necesarios para tal efecto. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna." Apercibiendo a dicha responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el mismo decreto citado con antelación en este auto; que asciende a un monto de $7,304.00 M.N. (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, el Juez responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por esta Juzgadora, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez al tratase de un Juez de primera instancia, estos cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, por analogía, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.

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