Ma. Cristina Mendoza Verduzco

Expediente 698/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
698/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/07/2017

Partes del expediente

  • Ma. Cristina Mendoza Verduzco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el auto de seis de julio de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que allegó al presente juicio, con apercibimiento de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ************, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya y su Presidente; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 698/2017. El numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa impugna la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, de notificarle la celebración de la audiencia de remate, en su calidad de acreedora hipotecaria, prevista para el doce de julio del presente año, dentro del juicio laboral 745/2015. En la especie se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el no acreditamiento del carácter de "tercero extraño al juicio", cuyo estudio es de orden público; por ende, preferente y oficioso, según lo dispone el artículo 63 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En correlación con ese numeral, el diverso 107, fracción VI, reza: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." De las interpretación conjunta de las disposiciones transcritas, se desprende que opera la improcedencia del juicio constitucional cuando quien acude al amparo ostentándose con el carácter de tercero extraño, pero no se ven aun afectados sus intereses en el juicio natural, carece de esa calidad. Lo anterior, porque la persona extraña es, en lo que interesa, quien no ha figurado en el juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio, sin haber tenido oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Así lo aclaró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 7/98, consultable en la página 56, del Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, la solicitante del amparo se ostenta tercera extraña al juicio laboral 745/2015 y se destaca que, acorde con lo manifestado en su demanda, aún no ha culminado en definitiva dicho procedimiento, esto es, se encuentra en trámite, en tanto que es hasta el doce de los corrientes que se celebrará la audiencia de remate. Asimismo, el hecho de que en la presente instancia constitucional se ostente tercera extraña a juicio, por sí, no le genera la calidad referida, precisamente porque no ha culminado el procedimiento y con la tramitación del asunto tampoco se le está afectando ningún derecho fundamental; por ende, al tener conocimiento de la mencionada audiencia de remate, está en posibilidad de acudir a defender sus intereses. En otras palabras, si la promovente del amparo considera que existen prerrogativas a su favor controvertidas en ese procedimiento, donde aún no se ha efectuado el remate y su respectiva aprobación por la que se le afecten derechos fundamentales, por ello es que está impedida para acudir a esta instancia ostentándose tercera extraña, pues no encuadra plenamente en el supuesto de que la falta de llamamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidiera defender sus intereses dentro del procedimiento y, por ende, se infringiera su derecho de ser oída y vencida. En esas condiciones, solamente cuando la parte quejosa tiene conocimiento de una afectación a su derecho después de que se dicte resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, es dable acudir al juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, pues en esas condiciones resulta claro que está impedida para imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia a la que subyace el derecho fundamental a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 14 de la Ley Fundamental. En caso contrario, se insiste, no puede tenerse como tercera extraña. Es aplicable la tesis I.11o.C.190 C, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro IUS 171007, visible en el tomo XXVI, página 3338 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de dos mil diecisiete, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN HABIENDO SIDO LLAMADA AL PROCEDIMIENTO DE REMATE COMO ACREEDORA PROMUEVE EL JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS DICTADOS DURANTE ESA ETAPA, SI AÚN NO SE EMITE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE QUE LO APRUEBE O DESAPRUEBE. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede tenerse con el carácter de tercero extraño a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño y reclamar la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Ahora bien, aplicando ese mismo criterio de manera analógica, si la persona que promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña al procedimiento de remate, reclama no haber sido llamada al mismo en su carácter de acreedora del bien inmueble objeto de remate, así como también reclama diversos proveídos emitidos en esa fase del procedimiento y, sin embargo, de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de las transgresiones que reclama antes de que se llevara a cabo la audiencia de remate y por vía de consecuencia, antes de que sea emitida la sentencia respectiva que lo apruebe o desapruebe, aunado a que en el juicio de origen se le reconoció el carácter de acreedora del bien objeto del remate; ello trae como consecuencia que no pueda considerársele como tercera extraña al juicio, al estar en plena posibilidad de interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la legislación procesal común establece en contra de los actos reclamados, y en su caso, alegar tales violaciones que se den durante esa fase del procedimiento, al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de remate que llegue a emitirse, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que al no tener el carácter de tercera extraña al procedimiento de remate, la misma debe sujetarse a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que el amparo que se pida ante el Juez de Distrito, tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben." Consecuentemente, al ostentarse la quejosa como tercera extraña a juicio sin que le revista tal carácter, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la quejosa autorizando en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Graciela Martínez Morfín y María Guadalupe Flores Medina por así haberlo solicitado expresamente. Toda vez que la quejosa señaló los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, hágase ésta y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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