Ma. Cristina Mendoza Verduzco

Expediente 661/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 51 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
661/2016
Año
2016
Actuaciones
51
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Ma. Cristina Mendoza Verduzco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto por encontrarse totalmente concluido; sin embargo, aún se cuenta con dos tomos de pruebas que como sustento de su respectivo informe justificado remitió la responsable Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales, consistente, en copia certificada de la averiguación previa ***. En virtud de lo anterior, atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción de las aludidas constancias, una vez que transcurra el termino de seis meses que prevé el citado acuerdo.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte de la certificación que antecede, que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa y a los terceros interesados, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que la representación social responsable informó a esta potestad jurisdiccional, sin que hubieren hecho uso de tal derecho; por tanto, con apoyo en lo establecido por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a pronunciarse si el fallo ejecutorio está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Se tiene, que mediante sentencia de cinco de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ***********, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de esta ciudad, realizara lo siguiente: ? "De inmediato realice todos los actos pendientes para la debida integración de la averiguación previa, esto es, provea por cuanto a los medios de prueba pendientes de desahogar y los ofertados por la denunciante y/o querellante, aquí quejosa, pendientes de desahogo o de admisión, siendo los siguientes: - El informe requerido a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP). - La testimonial a cargo de ***********, solicitada vía exhorto. - La pericial contable para cuantificar daños y perjuicios a cargo del contador público propuesto por la querellante. Para lo cual, deberá llevar a cabo las diversas gestiones para su pronta y efectiva recepción de las dos primeras probanzas, cuyo desahogo ordenó en la indagatoria, en tanto que la última, proveer sobre si la admite o no, lo que, en un sentido o en otro, deberá fundar y motivar debidamente. ? Cumplido lo anterior, de conformidad a lo previsto en el artículo 21 Constitucional, así como en los diversos 125, 127 y 128 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, determine si con los medios de convicción allegados y que se recaben a la investigación: Se acreditan o no los elementos del cuerpo del delito que estime actualizado; Se surte o no alguna calificativa en la conducta reprochada; y, Se comprueba o no la probable responsabilidad de él o los indicados, o bien, de cualquier otra persona en la comisión del antijurídico de que se trate. Y como consecuencia del estudio anterior, con libertad de decisión, emita su determinación de conclusión de la investigación, a través del ejercicio o no de la acción penal, o bien, resolviendo lo que corresponda." Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete (f. 267 y 268), se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, la Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de esta ciudad, mediante sus oficios 1280/2017, 1300/2017 y 1309/2017 (f. 300, 328 y 307 respectivamente), informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de referencia, pues señaló haber determinado el ejercicio de la acción penal y consignado las diligencias de averiguación previa subyacente ante los Juzgados Penales de Partido Judicial de esta ciudad, correspondiendo su radicación al Segundo, y al efecto remitió las siguientes constancias: 1. Determinación del Ejercicio de la Acción Penal, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, de las diligencias de averiguación previa número 13920/2014, ejercitando acción penal contra ***********, como probables responsables en la comisión del delito de Abuso de confianza en agravio de *********** (F. 310 a 325). 2. Informe pericial contable, de veinticinco de julio inmediato anterior, rendido por ***********, perito oficial adscrito a los Servicios de Investigación Centralizada, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato y su ratificación ante el órgano técnico investigador del veintisiete siguiente (f. 331 a 338). 3. Informe rendido por el titular de la Dirección del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, respecto del título de concesión minera número 192188 del lote minero denominado "La Lozareña" (f. 341 y 342). 4. Testimonial a cargo ***********, desahogada mediante exhorto girado al Agente Investigador del Ministerio Público de San Juan del Río, Estado de Durango, en fecha diez de agosto de dos mil diecisiete (f. 382 a 388). Medios de prueba, los antes descritos, a los que otorgo valor probatorio en términos del articulo 273 Código de Procedimientos Penales del estado de Guanajuato, y que, entre otros, le fueron útiles en su determinación del ejercicio de la acción penal contra ***********, por el delito de abuso de confianza definido y sancionado por el artículo 198 del Código Penal en vigor en el momento en que sucedieron los hechos, cometidos en agravio de ***********." De lo que se advierte que la representación social responsable, dio cumplimiento a lo estipulado en la ejecutoria de amparo, pues realizó lo siguiente: 1. Desahogó los acto pendientes para la integración de la averiguación previa subyacente, en cuanto a la pruebas pendientes de su desahogo, que fueron objeto de señalamiento en la ejecutoria de amparo, esto es, el informe requerido a la Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la testimonial a cargo de José Manuel Arreola Silero y de Emelia López Garcia, solicitada vía exhorto, pericial contable para cuantificar los daños y perjuicios a cargo del contador público propuesto por la querellante, mismas que se desahogaron y obran en la averiguación previa, las que se tomaron en consideración al momento de resolver. 2. Una vez hecho lo anterior, determinó que con las pruebas aportadas se acreditaban los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, ejercitando la acción penal contra los inculpados por el injusto penal que consideró actualizado. En ese sentido, si el amparo y protección de la justicia federal se otorgó para esos precisos efectos, y mediante las constancias en reseña se observa que esto ya aconteció, se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se CONCEDIÓ el amparo de la Justicia federal, y en el incidente de suspensión condigno tanto la medida cautelar provisional como la definitiva, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que de ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo, debiéndose, por tanto, conservar por separado del principal.

  3. Principal

    Vistos los oficios signados por la Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de esta ciudad, por medio de los cuales, desahoga el requerimiento formulado en auto de diecinueve de los corrientes y remite copias certificadas de la determinación del ejercicio de la acción penal de trece de septiembre del año en curso, así como diversas constancias relativa a la integración de la indagatoria subyacente, refiriendo haber dado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a las partes para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido ese plazo este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos. Finalmente, agréguese al presente sumario constitucional el diverso signado por el Subprocurador de Justicia Región "C", por medio del cual informa que mediante oficio requirió a su subalterna el cumplimiento al requerimiento formulado; de lo que se toma conocimiento dado lo acordado en líneas precedentes.

  4. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio con un anexo que firma la responsable Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales, residente en esta ciudad, por el manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el sumario, lo que aduce realiza mediante la consignación ante el Juzgado Segundo Penal de Partido Judicial de esta ciudad, de las diligencias de averiguación previa número ***, según acuse de recibo adjunto a su misiva de cuenta, sin exhibir mayores constancias. Ahora, cabe puntualizar que los efectos del amparo y protección de la justicia federal concedidos a la impetrante, consisten en que la autoridad responsable debía realizar todos los actos pendientes para la integración de la averiguación previa subyacente, esto es, proveer lo conducente a los medios de prueba pendientes de desahogar e incluso pendientes de su admisión, entre ellos: a) El informe requerido a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; b) La testimonial a cargo de José Manuel Arreola Silero y Emelia López García, y c) La pericial contable para cuantificar daños y perjuicios propuesta por la denunciante/quejosa; hecho lo cual, con libertad de decisión emitiera su determinación de conclusión de la investigación, a través del ejercicio o no de la acción penal, o bien, resolviendo lo que correspondía. Consecuentemente, con fundamento en lo prescrito por el artículo 192 de la Ley de Amparo, que dispone que las ejecutorias de amparo deben ser cumplidas puntualmente, se requiere a dicha responsable para que en el termino de veinticuatro horas, legalmente computadas, a efecto de que remita las constancias conducentes con las que acredite haber dado cabal cumplimiento a lo estipulado en la sentencia de amparo, en el entendido que le subsisten los apercibimientos señalados en autos, para el caso de incumplimiento. Con igual fundamento, requiérase al superior jerárquico de la representación social responsable, para que ordene a esta el puntual cumplimiento de la ejecutoria de referencia, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida de Actualización dicaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo establecido por los diversos ordinales 192, 197 y 258 de la invocada legislación, sin perjuicio de incurrir en las mismas responsabilidades de la nombrada autoridad responsable.

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