Ma Daniela Rubio Villegas
Expediente 380/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma Daniela Rubio Villegas
- MA DANIELA RUBIO VILLEGAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Por recibido, el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato ISAPEG por sus siglas; a través del cual, pretende informar la fecha y lugar en la que la persona menor de edad quejosa, deberá acudir para la aplicación de la primera dosis de la vacuna. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de doce de agosto pasado, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ante la omisión de la parte quejosa de cumplir con lo aquí requerido, por lo que se le tuvo por conforme con la omisión reclamada¸ en tanto que por auto de uno de septiembre del año actual, tal determinación causó firmeza. Destaca que la misiva de cuenta fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL".
- Principal
Ejecutoria Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara firme para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada, debiendo conservarse la demanda de amparo, la resolución que puso fin al asunto, así como la determinación relativa a la medida cautelar decretada y el presente proveído.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiocho de julio pasado, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si la persona menor de edad quejosa de iniciales: D.X.B.R. (menor de doce años) fue inmunizada en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas al grupo etario en que se encuentra. La anterior prevención se formuló por lo siguiente: Desde auto de veintiocho de junio del año en curso, en atención al comunicado del apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG", se requirió para que la persona menor de edad quejosa acudiera a las dieciséis horas del treinta de junio de dos mil veintidós, al domicilio ahí precisado, a recibir la primera dosis de la vacuna. Lo anterior se ordenó hacer del conocimiento de la quejosa, lo que así se hizo personalmente en el domicilio procesal proporcionado para tal efecto (foja 172). Por otra parte, en el diverso auto de veintiocho de julio pasado, se trajo a cuenta como hecho notorio que las autoridades correspondientes informaron a través de diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, que el cinco y seis de julio del presente año, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad de cinco a once años, la vacuna de referencia. Al efecto, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informara si la menor de edad en cuestión fue inoculada con la primera dosis de la vacuna precitada, en alguna de las dos sedes. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, debería informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de ser omisa en contestar dicho requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a la infanta, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entendería que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. En esas circunstancias, es decir, ante la falta de actuación y justificación por la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento hecho el veintiocho de julio de dos mil veintidós (que fue una reiteración de prevención anterior) y se le tiene por desinteresada en que la menor de edad peticionaria de amparo sea inoculada por una institución pública y consintiendo la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que la parte quejosa exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (veinticinco de marzo pasado), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece la menor de edad aquí quejosa (nacida el seis de octubre de dos mil catorce- siete años al día de hoy-) no era considerada en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales D.X.B.R., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa no era considerado como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos al aquí quejoso, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de veintiocho de julio pasado, se entiende que hay desinterés para que la menor quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular a la menor, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech, circunstancia que demuestra su consentimiento frente al acto que combate. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato, a través de su apoderado, informó mediante oficio acordado el veintiocho de junio pasado que, a efecto de inocular con la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el virus SARS-CoV2, a la persona menor de edad quejosa con iniciales D.X.B.R. -cuenta con siete años de edad cumplidos-, debería presentarse el treinta siguiente, en las instalaciones de Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato. En ese proveído se le hizo saber a la parte quejosa que contaba con tres días para hacer del conocimiento el resultado de la cita, apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna, se entendería que hay desinterés para que la infante fuera inoculada y, por ende, su consentimiento de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Dicho proveído le fue notificado de forma personal el veintinueve de ese mes y año, a través de uno de sus autorizados. En esa medida, se trae a cuenta como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, se informó que el cinco y seis de julio actuales, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad de cinco a once años, la vacuna de referencia. Luego, si ya obra información respecto de previa cita particularizada a la parte promovente para su vacunación, además de que es del conocimiento público la existencia de sendas jornadas de vacunación para ellos, se provee: Previamente a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase por última vez a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si la menor fue inoculada con la primera dosis de la vacuna precitada en la data señalada para tal efecto o en las diversas correspondientes a las jornadas de vacunación generales. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a la infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede releva la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Diferimiento de la audiencia constitucional Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y en su lugar se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós.
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