Ma. de Jesús Montoya Ortega

Expediente 639/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
639/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Ma. de Jesús Montoya Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Autoridad acusa recibo Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, residente en Celaya, Guanajuato, por el que acusa recibo del diverso mediante el cual se le notificó que causó firmeza el auto en que se recibió la incompetencia por cuestión de vía decretada por la superioridad y se desechó la demanda de amparo, por lo que a la autoridad oficiante se le devolvió el expediente agrario ******************** de su estadística.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, en que se desechó de plano la demanda de amparo intentada, sin que haya realizado manifestación al respecto. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a, y 98 de la Ley de Amparo, en correlación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido.

  3. Principal

    Recepción Por recibido el oficio que firma el actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, al que adjuntó: 1. Oficio 6680/2023; 2. Oficio 1011/2023; 3. Original de la demanda de amparo; y 4. Expediente agrario ******************** Fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo ********************/2023-5. Integración de expediente En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimientos de Expediente el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Precisión preliminar Ahora del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, preliminarmente señaló como acto reclamado y autoridades responsables, como a continuación se indica: Autoridades responsables: Actos reclamados: 1. Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. El auto de diecisiete de abril del presente año y su posible ejecución Competencia legal de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente Ahora, del comunicado de cuenta se advierte que el Tribunal oficiante remitió la demanda de amparo promovida por******************** al Juzgado de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, que correspondió conocer a este órgano, al estimar que carece de competencia legal para conocer de la misma por razón de la vía. Lo anterior, al estimar que al no ser el acto reclamado una sentencia definitiva ni se trata de los actos comprendidos en el artículo 170 de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un acuerdo que ordena la ejecución de la sentencia. Por tanto, que no opera el supuesto de competencia de los tribunales colegiados; y, en consecuencia, se surte la competencia al Juzgado de Distrito, quien habrá de determinar lo que proceda en cuanto al trámite de la demanda de amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de la materia, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por********************. Vía electrónica, remítase el acuse de recibo a la superioridad. Desechamiento de la demanda Del análisis integral de la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar integralmente el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. Del análisis integral del ocurso de demanda y demás constancias que conforman el sumario, y acorde a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se desprende que en el particular la parte quejosa reclama: i).- El auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el subyacente juicio agrario ********************/2003, a través del cual se proveyó respecto a la ejecución de la sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil cinco; y, ii).- En vía de consecuencia, los actos tendentes a ejecutar el mandato jurisdiccional contenido en el referido acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Por otra parte, del examen a la documental publica consistente en el juicio agrario subyacente ********************/2003; probanza con eficacia probatoria plena acorde a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa******************** figura como parte procesal -actora principal y demandada reconvencional-, y que dicho controvertido se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. En ese contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juzgado de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados del periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en esa fase, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso, se estima que el acto reclamado (descrito en párrafos precedentes) no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues no es la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; tampoco ordenó el archivo definitivo del expediente. Luego, al no ser la última resolución que en definitiva se dicte dentro de la fase de ejecución, solo resulta ser un acto intermedio en dicho procedimiento, y para la procedencia del juicio de amparo, debe estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. Es aplicable al caso, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.), visible en la página 1492 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo II, de rubro y texto: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y ********************0 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Conviene mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aún al tratarse de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia; sin embargo, ello únicamente cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece, habida cuenta que el acto reclamado en forma destacada solo conforma uno más en la serie de actos tendentes a ejecutar la sentencia firme del juicio subyacente. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de ejecución, es inconcuso que se actualiza en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia que previstas en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y personas autorizadas. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa el ubicado en ********************. Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no tienen inscrita su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio que, en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Formación de un tomo de pruebas Dado lo voluminoso de las constancias relativas al toca de apelación identificado en líneas que anteceden y para un mejor manejo del expediente en que se actúa se ordena formar un tomo de pruebas, que deberá identificarse con el número I. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que, en su caso, lleguen a dictarse: sus nombres, datos personales e información reservada; lo anterior de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Finalmente, con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés que en su parte medular dice: Recepción Por recibido el oficio que firma el actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, al que adjuntó: 1. Oficio 6680/2023; 2. Oficio 1011/2023; 3. Original de la demanda de amparo; y 4. Expediente agrario ******************** Fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo ********************/2023-5. Integración de expediente En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimientos de Expediente el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Precisión preliminar Ahora del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, preliminarmente señaló como acto reclamado y autoridades responsables, como a continuación se indica: Autoridades responsables: Actos reclamados: 1. Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. El auto de diecisiete de abril del presente año y su posible ejecución Competencia legal de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente Ahora, del comunicado de cuenta se advierte que el Tribunal oficiante remitió la demanda de amparo promovida por******************** al Juzgado de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, que correspondió conocer a este órgano, al estimar que carece de competencia legal para conocer de la misma por razón de la vía. Lo anterior, al estimar que al no ser el acto reclamado una sentencia definitiva ni se trata de los actos comprendidos en el artículo 170 de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un acuerdo que ordena la ejecución de la sentencia. Por tanto, que no opera el supuesto de competencia de los tribunales colegiados; y, en consecuencia, se surte la competencia al Juzgado de Distrito, quien habrá de determinar lo que proceda en cuanto al trámite de la demanda de amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de la materia, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por********************. Vía electrónica, remítase el acuse de recibo a la superioridad. Desechamiento de la demanda Del análisis integral de la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar integralmente el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. Del análisis integral del ocurso de demanda y demás constancias que conforman el sumario, y acorde a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se desprende que en el particular la parte quejosa reclama: i).- El auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el subyacente juicio agrario ********************/2003, a través del cual se proveyó respecto a la ejecución de la sentencia dictada el cuatro de marzo de dos mil cinco; y, ii).- En vía de consecuencia, los actos tendentes a ejecutar el mandato jurisdiccional contenido en el referido acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Por otra parte, del examen a la documental publica consistente en el juicio agrario subyacente ********************/2003; probanza con eficacia probatoria plena acorde a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa******************** figura como parte procesal -actora principal y demandada reconvencional-, y que dicho controvertido se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. En ese contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juzgado de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados del periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en esa fase, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso, se estima que el acto reclamado (descrito en párrafos precedentes) no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues no es la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; tampoco ordenó el archivo definitivo del expediente. Luego, al no ser la última resolución que en definitiva se dicte dentro de la fase de ejecución, solo resulta ser un acto intermedio en dicho procedimiento, y para la procedencia del juicio de amparo, debe estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. Es aplicable al caso, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.), visible en la página 1492 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo II, de rubro y texto: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y ********************0 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Conviene mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aún al tratarse de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia; sin embargo, ello únicamente cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece, habida cuenta que el acto reclamado en forma destacada solo conforma uno más en la serie de actos tendentes a ejecutar la sentencia firme del juicio subyacente. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de ejecución, es inconcuso que se actualiza en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia que previstas en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y personas autorizadas. Se tiene como domicilio procesal de la quejosa el ubicado en ********************. Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no tienen inscrita su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio que, en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Formación de un tomo de pruebas Dado lo voluminoso de las constancias relativas al toca de apelación identificado en líneas que anteceden y para un mejor manejo del expediente en que se actúa se ordena formar un tomo de pruebas, que deberá identificarse con el número I. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que, en su caso, lleguen a dictarse: sus nombres, datos personales e información reservada; lo anterior de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Juicio en línea Finalmente, con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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