Ma. Corina Godoy Ortiz

Expediente 353/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
353/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Ma. Corina Godoy Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, contado a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin, en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; apercibida que de no hacerlo estos serán depurados del presente expediente judicial.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, que a la letra dice:; Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio de amparo no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, contado a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin, en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; apercibida que de no hacerlo estos serán depurados del presente expediente judicial.

  3. Principal

    Audiencia constitucional En Celaya, Guanajuato, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo 353/2021, encontrándose presente el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido del maestro en derecho Gualberto Gutiérrez Romero, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta, sin la asistencia de las partes ni persona alguna que legalmente las represente. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. ? Relación de constancias Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, destacando por su importancia las siguientes: ? Escrito inicial de demanda y anexos, presentado por ******** o ********. ? Auto de diez de junio de dos mil veintiuno, por el que se admitió a trámite la demanda; ? Informe justificado de la autoridad responsable jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Al efecto el juez acuerda: se tiene por efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. ? Período probatorio A continuación, se abre el período probatorio, en el que se tienen por desahogadas las documentales que respectivamente exhibieron al sumario tanto la parte agraviada y como la autoridad responsable; con lo que se cierra esta etapa. ? Etapa de alegatos Se abre la etapa de alegatos, en la que se tienen por omisas a las partes en expresarlos, con lo que se cierra dicha fase. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia, levantándose acta para constancia, dictándose la siguiente resolución: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 353/2021-5; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada al siguiente día uno de junio del actual año a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado, ******** o ********, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos que a continuación se transcriben: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: Se reclama de la responsable la omisión o falta de contestación a los escritos de fechas 22 VEINTIDÓS de AGOSTO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 06 SEIS DE ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE, 5 CINCO DE FEBRERO DE 2020 DOS MIL VEINTE, presentados en el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Guanajuato (ISSSTE), mismo (sic) que hasta el día de hoy no ha sido contestado (sic) por la autoridad responsable causando un detrimento en mi esfera jurídica por ser omisa a mi solicitud en donde manifesté a la autoridad mi recorrido laboral, esto con la finalidad de apegarme al artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE para efecto de poder obtener una pensión tanto por mi edad y mis aportaciones, siendo la autoridad omisa en proporcionarme información y darme contestación a los escritos presentados, por lo que acudo al presente tribunal para efecto de que se me conceda el Amparo y Protección de la Justicia Federal con la finalidad de que se verifique la contestación de parte de la Autoridad Responsable y para que se proporcione la información solicitada." Actos que atribuyó a la siguiente autoridad: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como autoridad responsable al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), con domicilio el ubicado en ******** ". Posteriormente, aclaró que la denominación correcta de la autoridad responsable lo es la titular y/o jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Omisiones que la parte agraviada consideró violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de diez de junio del año en curso -previo cumplimiento con lo prevenido en auto de dos de junio anterior-, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; la cual formó el expediente 353/2021-5; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, el que se recabó. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es la omisión de contestar sendas petición; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: ? La omisión de dar respuesta a los escritos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, seis de enero y cinco de febrero, estos últimos de dos mil veinte, presentados ante el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por los que solicitó adherirse al artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE a efecto de obtener pensión tanto por edad y aportaciones. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. La autoridad señalada como responsable es: 1. Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada con las propias manifestaciones realizadas en el informe con justificación, y de las constancias que anexó a dicho informe, de las que se advierte que efectivamente fue omisa en otorgar respuesta a las solicitudes formuladas por la quejosa. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escritos presentados el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, seis de enero y cinco de febrero, ambos de dos mil veinte, ante el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, la quejosa ******** o ******** solicitó adherirse al artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE a efecto de obtener pensión tanto por edad y aportaciones. Sin que a la fecha de presentación de la demanda - treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se le haya dado a conocer la respuesta recaída a su petición formulada en tres ocasiones. Omisión de respuesta que constituye el acto reclamado en la presente instancia. QUINTO. Causales de improcedencia. Este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/993, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al 3 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38. estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, se reitera que la quejosa reclama la falta de respuesta a los escritos presentados el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, seis de enero y cinco de febrero, ambos de dos mil veinte, ante el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por los que reiteradamente solicitó adherirse al artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE a efecto de obtener pensión tanto por edad como por aportaciones. Al respecto, debe señalarse que en la especie, dicha omisión ha quedado subsanada, pues la autoridad responsable emitió respuesta a las solicitudes formuladas por la peticionaria del amparo, así como la constancia de notificación respectiva. Efectivamente, la autoridad responsable jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su respectivo informe justificado allegó copia certificada del oficio DAPE/662/2021 de quince de junio de dos mil veintiuno, recaído a las peticiones de la quejosa, así como la constancia de notificación a la agraviada respecto de dicho oficio; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Del mencionado oficio se advierte, en lo que ahora interesa, lo siguiente: "(.) ESTIMADA ********--- PRESENTE --- En atención a sus escritos con fecha (sic) 22 agosto 2019, 06 de enero del 2020 y 05 de febrero del 2020, presentados en el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal ISSSTE en el Estado de Guanajuato, por medio del cual solicita se informe del proceso y requisitos a seguir para acceder a continuar con las prestaciones que el ISSSTE otorga, que ha mantenido desde hace 16 años aportando a esta institución la cuota de CONTINUACIÓN VOLUNTARIA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE LA LEY DEL ISSSTE PARA EX TRABAJADOR (A) EN DÉCIMO TRANSITORIO y dentro de ellas el de ser pensionada por cesantía y vejez, al respecto le informo lo siguiente. (.) Con fundamento en los artículos 17, 200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley del ISSSTE y artículos 34 y 36 del Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos y Cobranza, el requisito para ser pensionada por cesantía y vejez en continuación voluntaria en el RÉGIMEN OBLIGATORIO DE LA LEY DEL ISSSTE PARA EX TRABAJADOR (A) EN DÉCIMO TRANSITORIO, el ex trabajador (a) debe pagar seguro de retiro; Cesantía en edad avanzada y Vejez. Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. (.)". De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos de los actos reclamados que se analizan, pues ya se emitió una respuesta a las peticiones de la quejosa y se le hizo de su conocimiento. Cierto, la conducta omisiva de la autoridad responsable que motivó el presente juicio de garantías, cesó al haber pronunciado la contestación a las solicitudes que planteó la quejosa, la cual se hizo de su conocimiento en el domicilio que señaló para tal fin; además que también tuvo conocimiento de ella a través de la vista que de ella le fue otorgada en el presente juicio de amparo, cumpliéndose así las dos obligaciones previstas en el artículo 8º constitucional que toda autoridad a quien le sea formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. En tal sentido, el acto impugnado ya no agravia a la quejosa, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la parte quejosa no amplió su demanda constitucional en contra de la respuesta otorgada por la autoridad responsable a sus peticiones; empero en caso de haberlo hecho, de cualquier forma hubiera resultado improcedente. Ciertamente, tratándose de juicios de amparo promovidos por violación a ese derecho, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), del rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR." Determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de esta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado. Criterio que por identidad de razón, resulta aplicable al presente asunto, dado que, la quejosa señaló como actos reclamados la omisión de dar respuesta a sus solicitudes de referencia, presentadas ante el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guanajuato, con sede en esta localidad. Sin que obste a lo anterior la existencia de la diversa jurisprudencia P./J. 15/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, con número de registro 2021401, libro 74, enero de 2020, tomo I, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVAD RESPECTO DE DICHO ACTO", toda vez que el caso en particular encuentra sustento en la jurisprudencia citada con antelación y no en esta que establece el criterio de manera genérica. Máxime que de la propia versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el quince de octubre de dos mil diecinueve, la ministra Norma Lucía Piña Hernández expuso que la Segunda Sala ha establecido que los derechos de petición, tratándose de determinados entes como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando es ente asegurador, se pueden impugnar mediante el juicio de amparo en su calidad de autoridad, pero posteriormente, al no darse la relación de subordinación, sino de coordinación, no podría ampliar la demanda. Por lo que acotó la ministra que lo tratado en la jurisprudencia P./J. 15/2019 (10a.) es una regla general que debe aludir a casos muy específicos dentro del parámetro que estaban analizando; por ello, es que este juzgador de amparo estima que no cobra aplicación la citada jurisprudencia en el caso particular, sino la diversa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser aplicable al caso en concreto, pues el derecho de petición se formuló a un ente asegurador. De igual forma, en la ejecutoria derivada de la citada contradicción, en el punto 61, el Pleno asentó: "[.] Sin embargo, el principio de definitividad no es absoluto, en tanto admite excepciones, algunas de ellasprevistas de manera expresa en la Constitución y en la Ley de Amparo (por ejemplo, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución), y otras derivadas de la interpretación llevada a cabo por esta Suprema Corte (como en el caso de que el acto reclamado derive de un proceso de restitución internacional de menores1 o contra disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los tribunal judiciales, administrativos o del trabajo,2 así como cuando el amparo se promueve por un tercero extraño por equiparación,3 por citar algunos ejemplos). [.]". En ese sentido, este juzgado considera que dentro de esas excepciones se encuentra precisamente el caso en estudio, por ajustarse al criterio definido por la Segunda Sala en torno a que los derechos de petición, tratándose de determinados entes como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -cuando es ente asegurador-, se pueden ir al juicio de amparo en su calidad de autoridad, pero posteriormente, al no darse la relación de subordinación, sino de coordinación, no podría ampliar la demanda. Así, se puede observar de la ya citada jurisprudencia 2a./J. 66/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 898, libro 31, junio de 2016, tomo II, Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Bajo esa tesitura, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 5094, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 4 Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******** o ******** , en contra de las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, precisadas en el considerando segundo de esta sentencia; por los motivos expuestos en el último punto considerativo de este fallo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que todavía no transcurre el plazo de ocho días a partir de la notificación a las partes, del auto de veinticuatro de junio del año actual, que proveyó sobre el informe justificado rendido por la autoridad responsable jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad -donde negó la existencia de los actos reclamados-; por tanto, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional para las catorce horas con cincuenta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno.

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