Ma. Cristina Mancera García

Expediente 777/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
777/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Ma. Cristina Mancera García

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio que firma la juez Tercero de Distrito en el estado de Guanajuato, adjunto al cual remite la diversa misiva signada por el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito por encontrarse dirigido a este juzgado federal, y en atención al contenido de esta última, se toma conocimiento de que causó estado el proveído de veintiséis de octubre del presente año, pronunciado en el amparo directo civil 834/2018 del índice del órgano colegiado, por el que desechó la demanda de amparo promovida por *******, que le fuera remitida por legal incompetencia de este juzgado federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta, con firma electrónica del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional confirmó el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciado por esta potestad federal en el juicio de amparo número 777/2018-VI, promovido por *******, por el que se declinó la competencia para conocer del presente asunto. Así también, que la superioridad desechó por improcedente la demanda promovida. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente al archivo y valoración del presente expediente, estese a la espera de que la determinación de la superioridad cause firmeza; para lo cual, mediante oficio que derive del presente, solicítese comedidamente al tribunal oficiante que en su oportunidad tenga a bien informar lo anterior.

  3. Principal

    Agréguese a los antecedentes para que obre como legalmente corresponda, el oficio con firma electrónica de actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, a través del cual acusa recibo del propio 14953/2018, con el que se remitió por incompetencia el juicio de amparo indirecto en ********************, de este índice, e informa que se reservó proveer lo conducente a la admisión, hasta en tanto se encuentre debidamente integrado.

  4. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por ********, por propio derecho, en contra de actos del juez Menor Mixto de Apaseo El Grande, Guanajuato, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); en el entendido de que se encuentra registrado con el número 777/2018-VI-A. Incompetencia. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar si este órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la citada demanda, por razón de la vía propuesta, cabe mencionar que el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". Por su parte, los ordinales 34, párrafo primero y 170, fracción I de la Ley de la materia, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. De los numerales trascritos se aprecia que si un juez de Distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen y respecto del cual la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante éste se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia y sin necesidad de que lo soliciten las partes, por no haber sido emplazados a juicio aún la autoridad responsable ni el tercero interesado, si es que éste existe, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. Así, del análisis de la demanda planteada, se desprende que la quejosa reclama del juez Menor Mixto de Apaseo El Grande, Guanajuato, el acto que hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS La resolución de fecha 31 de agosto mayo (sic) de 2018, emitida por el C. Juez Menor Mixto del Partido Judicial de Apaseo El Grande, Guanajuato. Misma que me fue notificada por medio de lista publicada en los estrados de la responsable ordenadora el día 3 de septiembre de la presente anualidad" . [.] Acto que estimó atentatorio de sus derechos fundamentales inmersos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el presente caso, del análisis del libelo constitucional, en los antecedentes que la quejosa narra bajo protesta de decir verdad, se desprende que el juez Menor Mixto de Apaseo El Grande, Guanajuato, -autoridad señalada como responsable- desechó de plano la tercería excluyente de dominio que promovió dentro del juicio ejecutivo mercantil número ***. De lo que se evidencia, que cuando se reclama una resolución que pone fin al juicio, -como es el desechamiento de la tercería excluyente interpuesta por la quejosa- la vía correcta para impugnarla es el amparo directo y es competente para conocer el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, dentro de la demarcación territorial en que se encuentra la autoridad que lo dicta. En efecto, si bien la tercería se promovió dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Menor Mixto de Apaseo El Grande, Guanajuato, lo cierto es que la tercería tiene la naturaleza de juicio, por lo que, las resoluciones que le ponen fin aquella, son impugnables en amparo directo. Tienen ilustrativa aplicación, las jurisprudencias que son del tenor siguiente: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo". "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013". Ahora bien, el artículo 176 de la Ley de Amparo establece en lo que interesa, que el amparo directo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes, y en el diverso numeral 47 de la ley de la materia, se dice que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Bajo ese contexto, resulta evidente que este juzgado federal carece legalmente de competencia para conocer de la demanda que nos ocupa; razón por la cual, se declara incompetente de plano, por lo que se ordena remitir el expediente que se formó, dos copias del escrito inicial de demanda, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en turno, para los efectos del numeral 47 de la Ley de la materia, solicitándole comedidamente el acuse de recibo correspondiente y, en su oportunidad, tenga a bien informar si confirma la presente determinación. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias que integran el expediente que se formó. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle *** Asimismo, con apego en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a las personas que señala en su escrito de demanda como autorizados de la quejosa, únicamente en los términos restringidos del citado numeral, dado que no proporciona dato alguno para corroborar que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados (verbigracia, el número de cédula o del registro ante el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 8º, tanto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la aludida ley, infórmese a la parte promovente el derecho que le asiste a oponerse a que se asiente su nombre y datos personales, al hacerse pública la resolución que se pronuncie en este asunto; en la inteligencia de que la falta de oposición, conlleva su consentimiento para que la misma se publique sin supresión de datos.

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