Luis Angel Pedraza Castillo

Expediente 776/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
776/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Luis Angel Pedraza Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 776/2021-VI. En diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifica: el plazo de cinco días previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar el proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, transcurrió para el quejoso del once al diecisiete de agosto de esta anualidad (sin contar los días catorce y quince de agosto de dos mil veintiuno, porque fueron inhábiles), pues fue notificado de manera personal el nueve de agosto del presente año y surtió efectos el diez de agosto siguiente; sin que se hubiera impugnado dicho auto, según se desprende de la consulta hecha hasta el día hábil anterior a esta fecha, al menú: "Reporte de promociones" dentro de la pestaña: "Oficialía de Partes" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta a la jueza con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Puebla, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 96, fracción I) inciso a), de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso no se inconformó contra el auto de treinta de julio del presente año que desechó la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que por conducto del personal a su cargo realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá verificar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Se instruye al secretario que por conducto del personal a su cargo haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 776/2021-VI. Puebla, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Se recibe la demanda de protección.... Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar la comparecencia, así como la aprehensión o detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1415 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, dichos representantes sociales no pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente, así como tampoco tienen facultades legales en el nuevo sistema penal acusatorio para librar una orden de presentación contra algún imputado. Cabe señalar que para que los ministerio públicos puedan ordenar una detención en tratándose de una causa urgente, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Empero, en el caso, no se reclama la detención por caso urgente del ahora quejoso. Además, debe destacarse que de los hechos descritos en la demanda de amparo, expresados bajo protesta de decir verdad, se desprende que el quejoso sólo menciona que presuntos agentes de investigación o agentes ministeriales se presentaron en su domicilio, mencionando que se encontraban realizando una investigación en su contra por delitos sexuales, sin darle detalles sobre dicha investigación. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, en dado caso, podría existir únicamente el desarrollo de una investigación en su contra, lo que no implica que el representante social ordenara detenerlo, aprehenderlo, presentarlo o su comparecencia. Ahora, aún si el representante legal lo llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa,... Entonces, si el quejoso reclama las órdenes que el agente del Ministerio Público ha dado para recabársele su entrevista, con independencia de la calidad con la que lo cite (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de presentación, comparecencia, aprehensión o detención, reclamada a las autoridades ministeriales señaladas como responsables. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, por propio derecho, contra las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión o detención, reclamados a los agentes ministeriales señaladas con el carácter de ordenadoras, y la ejecución de esas órdenes, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Máxime que, tal como se ha destacado, de los antecedentes del acto reclamado referidos en la demanda de amparo, se desprende que el quejoso aduce que lo están investigando. Lo cual, se traduce en una actuación del ministerio público que incide en su deber legal de investigación y persecución de los delitos, conferido en el artículo 21 de la constitución federal. Lo anterior, porque dentro del procedimiento de investigación de los delitos, se desconoce de antemano cuál será el resultado, por lo que su trámite, en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa o carpeta de investigación sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control. Además, el artículo 21 de la constitución impone al ministerio público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de la integración de la carpeta de investigación y como consecuencia, el ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que también resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra dicha investigación que pudiese desarrollarse contra el quejoso y conllevar a la integración de una carpeta de investigación, dada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 21 de la constitución federal. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al ministerio público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Sobre todo que esa etapa tiene por objeto que el representante social recabe todos los datos de prueba necesarios para sustentar el ejercicio de la acción penal, entre otras fases procesales... Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio físico del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Cristopher Muñoz Amador, porque aquél decidió otorgarle facultad amplias y fue encontrada la cédula del profesionista, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación y los restantes solo para oír y recibir notificaciones por así haberlo señalado la quejosa en su demanda de amparo Notifíquese; de manera personal al quejoso y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 776/2021-VI. Puebla, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. Se recibe la demanda de protección.... Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar la comparecencia, así como la aprehensión o detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1415 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, dichos representantes sociales no pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente, así como tampoco tienen facultades legales en el nuevo sistema penal acusatorio para librar una orden de presentación contra algún imputado. Cabe señalar que para que los ministerio públicos puedan ordenar una detención en tratándose de una causa urgente, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Empero, en el caso, no se reclama la detención por caso urgente del ahora quejoso. Además, debe destacarse que de los hechos descritos en la demanda de amparo, expresados bajo protesta de decir verdad, se desprende que el quejoso sólo menciona que presuntos agentes de investigación o agentes ministeriales se presentaron en su domicilio, mencionando que se encontraban realizando una investigación en su contra por delitos sexuales, sin darle detalles sobre dicha investigación. Lo anterior, diluye cualquier posibilidad de que el representante social hubiera ordenado su detención de forma urgente. Lo que evidencia de manera indudable que, en dado caso, podría existir únicamente el desarrollo de una investigación en su contra, lo que no implica que el representante social ordenara detenerlo, aprehenderlo, presentarlo o su comparecencia. Ahora, aún si el representante legal lo llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa,... Entonces, si el quejoso reclama las órdenes que el agente del Ministerio Público ha dado para recabársele su entrevista, con independencia de la calidad con la que lo cite (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de presentación, comparecencia, aprehensión o detención, reclamada a las autoridades ministeriales señaladas como responsables. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, por propio derecho, contra las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión o detención, reclamados a los agentes ministeriales señaladas con el carácter de ordenadoras, y la ejecución de esas órdenes, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Máxime que, tal como se ha destacado, de los antecedentes del acto reclamado referidos en la demanda de amparo, se desprende que el quejoso aduce que lo están investigando. Lo cual, se traduce en una actuación del ministerio público que incide en su deber legal de investigación y persecución de los delitos, conferido en el artículo 21 de la constitución federal. Lo anterior, porque dentro del procedimiento de investigación de los delitos, se desconoce de antemano cuál será el resultado, por lo que su trámite, en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa o carpeta de investigación sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control. Además, el artículo 21 de la constitución impone al ministerio público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de la integración de la carpeta de investigación y como consecuencia, el ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que también resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra dicha investigación que pudiese desarrollarse contra el quejoso y conllevar a la integración de una carpeta de investigación, dada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 21 de la constitución federal. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al ministerio público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Sobre todo que esa etapa tiene por objeto que el representante social recabe todos los datos de prueba necesarios para sustentar el ejercicio de la acción penal, entre otras fases procesales... Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio físico del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Cristopher Muñoz Amador, porque aquél decidió otorgarle facultad amplias y fue encontrada la cédula del profesionista, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación y los restantes solo para oír y recibir notificaciones por así haberlo señalado la quejosa en su demanda de amparo Notifíquese; de manera personal al quejoso y cúmplase.

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