Luis Angel Casco Plata

Expediente 319/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
319/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
21/05/2019

Partes del expediente

  • Luis Angel Casco Plata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte: la parte quejosa omitió recurrir el auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Al expediente el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***; a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el nueve de abril de dos mil diecinueve y manifiesta que las probanzas exhibidas después de cerrada la instrucción, consistieron en veinte notas de remisión simples. En tal virtud, se procede a proveer respecto de la demanda de amparo. Para ello, resulta conveniente comenzar por señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece como obligación a cargo del Juez de Distrito, la de examinar la demanda y sus escritos aclaratorios, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Ahora, en observancia a ese normativo, se advierte que el quejoso ejerce la acción de derechos fundamentales contra la resolución recaída al recurso de revocación, interpuesto contra el acuerdo que admitió las veinte notas de remisión como probanzas, después de ya cerrada la instrucción, esto es, la resolución reclamada en realidad involucra a la admisión de pruebas en la causa penal de origen. Resolución cuyo contenido, en realidad, carece de la característica de efectos irreparables, pues de momento, ninguna afectación produce a algún derecho sustantivo en perjuicio de ***, ya que en el estadio en el cual se encuentra la causa penal de origen, se desconoce si dichas pruebas, efectivamente van a ser consideradas por el juez de la causa al momento de dictar la sentencia correspondiente o si van a trascender al resultado del fallo. En otras palabras, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, los que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan derechos sustantivos, tales como la vida, las propiedades, las posesiones, la libertad, etcétera; por ende, las resoluciones que en definitiva admitan o desechen pruebas, que por sí solas no afectan tales derechos, no son impugnables en la vía indirecta, porque la afectación que producen no es actual, sino que depende de que trasciendan al sentido de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio penal. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para robustecer lo anterior, se explica el parámetro actual de imposible reparación: Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el pleno de la corte en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales tal y como se advierte del acto reclamado por el quejoso, porque a pesar de la admisión de pruebas ofrecidas por la parte ofendida, la sentencia que se llegue a dictar en apelación puede resultarle favorable pese a la admisión de dichas pruebas. Pero además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta al estudio de las constancias del proceso penal, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de manera favorable al aquí quejoso. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al tratarse de una cuestión procesal intermedia se carece de elementos para visualizar un impacto a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano -como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros-. Bajo este contexto, se insiste, el acto reclamado carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Por consiguiente, el quejoso debe esperar a la emisión de la sentencia en la causa penal correspondiente, para después acudir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación . Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, se concluye que el diverso acuerdo en el cual se admiten pruebas ofrecidas por la ofendida, encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.

  3. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. Al expediente el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***; a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el nueve de abril de dos mil diecinueve y manifiesta que las probanzas exhibidas después de cerrada la instrucción, consistieron en veinte notas de remisión simples. En tal virtud, se procede a proveer respecto de la demanda de amparo. Para ello, resulta conveniente comenzar por señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece como obligación a cargo del Juez de Distrito, la de examinar la demanda y sus escritos aclaratorios, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Ahora, en observancia a ese normativo, se advierte que el quejoso ejerce la acción de derechos fundamentales contra la resolución recaída al recurso de revocación, interpuesto contra el acuerdo que admitió las veinte notas de remisión como probanzas, después de ya cerrada la instrucción, esto es, la resolución reclamada en realidad involucra a la admisión de pruebas en la causa penal de origen. Resolución cuyo contenido, en realidad, carece de la característica de efectos irreparables, pues de momento, ninguna afectación produce a algún derecho sustantivo en perjuicio de ***, ya que en el estadio en el cual se encuentra la causa penal de origen, se desconoce si dichas pruebas, efectivamente van a ser consideradas por el juez de la causa al momento de dictar la sentencia correspondiente o si van a trascender al resultado del fallo. En otras palabras, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, los que han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan derechos sustantivos, tales como la vida, las propiedades, las posesiones, la libertad, etcétera; por ende, las resoluciones que en definitiva admitan o desechen pruebas, que por sí solas no afectan tales derechos, no son impugnables en la vía indirecta, porque la afectación que producen no es actual, sino que depende de que trasciendan al sentido de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio penal. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para robustecer lo anterior, se explica el parámetro actual de imposible reparación: Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el pleno de la corte en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales tal y como se advierte del acto reclamado por el quejoso, porque a pesar de la admisión de pruebas ofrecidas por la parte ofendida, la sentencia que se llegue a dictar en apelación puede resultarle favorable pese a la admisión de dichas pruebas. Pero además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta al estudio de las constancias del proceso penal, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de manera favorable al aquí quejoso. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al tratarse de una cuestión procesal intermedia se carece de elementos para visualizar un impacto a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano -como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros-. Bajo este contexto, se insiste, el acto reclamado carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Por consiguiente, el quejoso debe esperar a la emisión de la sentencia en la causa penal correspondiente, para después acudir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación . Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, se concluye que el diverso acuerdo en el cual se admiten pruebas ofrecidas por la ofendida, encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.

  4. Principal

    Al expediente el escrito de cuenta, signado por *** por el cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve. En efecto, se afirma que pretendió desahogar la citada prevención porque fue omiso en dar respuesta a uno de los cuestionamientos efectuados en ella, en específico el consistente en: ".Precise, en su caso, cuales son las pruebas aportadas por la parte agraviada, que aduce fueron admitidas después de cerrada la instrucción, en caso de ser este el acto reclamado." Así es, pues el quejoso, en su escrito aclaratorio se limitó a manifestar su deseo de señalar como acto reclamado la sentencia interlocutoria de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, celebrada en el proceso *** del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como la aceptación de pruebas presentadas por la parte agraviada. Empero, nada mencionó respecto a cuáles son las pruebas o "notas" que dice aportó la parte agraviada después de cerrada la instrucción, las cuales debió conocer con toda certeza porque en su escrito inicial de demanda adujó: ".con fecha veintitrés de julio del año dos mil dieciocho se me notificaron diversas notas que ingresó la parte agraviada.". Información indispensable de conocer, pues este órgano judicial tiene presente que la naturaleza de esas probanzas es determinante para la procedencia o no del juicio de amparo indirecto. Ahora, del estado procesal de este expediente se desprende que el quejoso aun cuenta con el plazo de cinco días para desahogar la citada prevención, pues éste le transcurre del veintidós al veintiséis de abril de dos mil diecinueve, al ser notificada por lista -previo citatorio- el quince de abril del año en curso. Por tanto, hágasele saber al quejoso que aún tiene la oportunidad de subsanar la omisión señalada en párrafos anteriores, esto es, especificar cuáles son las pruebas o "notas" que dice aportó la parte agraviada después de cerrada la instrucción y en qué consisten. Ello, dentro del mismo término -cinco días hábiles- el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto, dicen: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Al escrito aclaratorio también deberá anexar las copias necesarias para el traslado correspondiente. Todo lo anterior, en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en el acuerdo de nueve de abril del presente año, esto es, tenerse por no presentada la demanda de amparo en caso de no dar cumplimiento a la prevención.

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