Luis Ángel Casco Plata
Expediente 820/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Ángel Casco Plata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución dictada en el mismo. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Luego, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Por último, se ordena devolver el duplicado del proceso penal +++ al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. En consecuencia, se le requiere para que en el plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, acuse de recibo de esas constancias. Con el apercibimiento que de omitir dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Lo anterior, con fundamento en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Del estado procesal del expediente, en específico, de la demanda de amparo en conjunto con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y del duplicado del proceso +++, advierto la actualización de la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XXIII relacionada con la V del diverso 107 , ambos de la Ley de Amparo. Explico mi percepción: Al realizar un análisis integral y armónico de la demanda de amparo a la luz de las constancias recibidas durante el trámite del presente asunto, advertí lo siguiente: El quejoso no solo reclamó la omisión del juez responsable de acordar el escrito de veinticuatro de julio de este año (como lo establece en el apartado de acto reclamado), sino que también ejerció la acción de derechos fundamentales contra un acto dentro de procedimiento (como se establece en el apartado de antecedentes), consistente en la resolución de quince de agosto del año en curso, en el que se tuvo como manifestaciones el escrito presentado contra el proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho (en este se acordó un escrito del Ministerio Público adscrito al responsable donde hacia suyas unas probanzas de la víctima de la causa). Lo anterior, resulta insuficiente al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales tal y como en este caso se advierte, pues el acto reclamado por el quejoso busca controvertir aquel en el cual se acordó un escrito del Ministerio Público adscrito al responsable donde hacia suyas unas probanzas de la víctima de la causa, mismo que considera podría constituir una violación al procedimiento; sin embargo, falta el resultado de la sentencia que se llegue a dictar en la causa, pues esta podría resultarle favorable pese a la admisión de esas pruebas. Por lo tanto, el acto deja de encontrarse en el escenario de imposible reparación. Pero además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta al estudio de las constancias del proceso penal, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de manera favorable al aquí quejoso. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al tratarse de una cuestión procesal intermedia se carece de elementos para visualizar un impacto a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano -como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros-. Bajo este contexto, se deduce que el acto reclamado carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Por consiguiente, el quejoso deberá esperar la sentencia que se dicte en la causa penal, y en caso de resultarle desfavorable deberá acudir al recurso de apelación, para después (de ser el caso) ir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación. Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, se concluye que el acto reclamado por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la legislación precitada, respecto del acto reclamado; y procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías +++I, promovida por +++. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Cabe precisar que resulta improcedente esperar que transcurra la vista de ocho días relativa al artículo 117, de la Ley de Amparo, pues a nada práctico conduciría dado que el acto reclamado no es de imposible reparación y resulta improcedente analizarlo en esta vía. En tales condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cuatro minutos de esta data. Por último, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en forma total y definitiva
- Principal
Del estado procesal del expediente, en específico, de la demanda de amparo en conjunto con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y del duplicado del proceso +++, advierto la actualización de la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XXIII relacionada con la V del diverso 107 , ambos de la Ley de Amparo. Explico mi percepción: Al realizar un análisis integral y armónico de la demanda de amparo a la luz de las constancias recibidas durante el trámite del presente asunto, advertí lo siguiente: El quejoso no solo reclamó la omisión del juez responsable de acordar el escrito de veinticuatro de julio de este año (como lo establece en el apartado de acto reclamado), sino que también ejerció la acción de derechos fundamentales contra un acto dentro de procedimiento (como se establece en el apartado de antecedentes), consistente en la resolución de quince de agosto del año en curso, en el que se tuvo como manifestaciones el escrito presentado contra el proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho (en este se acordó un escrito del Ministerio Público adscrito al responsable donde hacia suyas unas probanzas de la víctima de la causa). Lo anterior, resulta insuficiente al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales tal y como en este caso se advierte, pues el acto reclamado por el quejoso busca controvertir aquel en el cual se acordó un escrito del Ministerio Público adscrito al responsable donde hacia suyas unas probanzas de la víctima de la causa, mismo que considera podría constituir una violación al procedimiento; sin embargo, falta el resultado de la sentencia que se llegue a dictar en la causa, pues esta podría resultarle favorable pese a la admisión de esas pruebas. Por lo tanto, el acto deja de encontrarse en el escenario de imposible reparación. Pero además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta al estudio de las constancias del proceso penal, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de manera favorable al aquí quejoso. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al tratarse de una cuestión procesal intermedia se carece de elementos para visualizar un impacto a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano -como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros-. Bajo este contexto, se deduce que el acto reclamado carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Por consiguiente, el quejoso deberá esperar la sentencia que se dicte en la causa penal, y en caso de resultarle desfavorable deberá acudir al recurso de apelación, para después (de ser el caso) ir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación. Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, se concluye que el acto reclamado por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la legislación precitada, respecto del acto reclamado; y procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías +++I, promovida por +++. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Cabe precisar que resulta improcedente esperar que transcurra la vista de ocho días relativa al artículo 117, de la Ley de Amparo, pues a nada práctico conduciría dado que el acto reclamado no es de imposible reparación y resulta improcedente analizarlo en esta vía. En tales condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cuatro minutos de esta data. Por último, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en forma total y definitiva
- Principal
Se agrega al expediente el oficio de cuenta del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por el cual rinde el informe justificado que le corresponde y remite las constancias para sustentarlo. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y serán relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace notar que en este asunto resulta inviable el emplazamiento de la víctima como tercera interesada, porque el acto reclamado se refiere a la omisión de acordar el recurso de revocación del quejoso en el proceso penal + De ahí que se descarte la hipótesis prevista en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, dado que la materia del presente asunto es ajena al parámetro de reparación del daño conforme al cual debe emplazarse a las víctimas. Por último, se ordena formar el cuaderno auxiliar de pruebas I con el duplicado del proceso penal +
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