Luis Alfredo González Macip
Expediente 21/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Alfredo González Macip
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Del estado procesal que guardan las actuaciones se desprende que en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo de este expediente. En consecuencia, como lo dispone el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber al quejoso que pueden acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días, para recoger las documentales públicas que exhibió en su demanda. Se le apercibe que de omitir hacerlo, las documentales seguirán la misma suerte del presente juicio, esto es, será destruido sin necesidad de acuerdo, una vez que termine el citado plazo.
- Principal
DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. Del estado procesal que guardan las actuaciones se desprende que en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo de este expediente. En consecuencia, como lo dispone el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber al quejoso que pueden acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días, para recoger las documentales públicas que exhibió en su demanda. Se le apercibe que de omitir hacerlo, las documentales seguirán la misma suerte del presente juicio, esto es, será destruido sin necesidad de acuerdo, una vez que termine el citado plazo.
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que el quejoso omitió recurrir el auto de once de enero de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como que carece de relevancia documental. En último lugar, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido.
- Principal
Se recibe la demanda de protección, signada por ******, por propio derecho y con el carácter de cotitular de la cuenta número ***** de la institución bancaria denominada ******, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla, y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda, y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama la orden de embargo total o aseguramiento, emitido por mediante requerimiento No. +++++girado por la actual Fiscal General del Estado de Puebla, dentro de la averiguación previa ******, de la cual en forma expresa y bajo protesta de decir verdad manifiesta que tuvo conocimiento el diez de diciembre de dos mil dieciocho. Asimismo, el quejoso manifiesta que acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros "CONDUSEF", para presentar una reclamación ya que no podía disponer de sus recursos. Pues en la institución bancaria denominada ****** le informaron que no le podrían proporcionar información, por lo que la "CONDUSEF" le asignó el número de expediente ******, y con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, se citó al apoderado legal de ******* y al aquí quejoso para la celebrar audiencia para dar respuesta a la petición antes mencionada, donde dicho apoderado le externó que existía una orden de embargó emitida por la actual Fiscal General del Estado de Puebla En esas circunstancias, respecto al acto reclamado por ******, por propio derecho y con el carácter de cotitular de la cuenta número ****** de la institución bancaria denominada ******, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Por su parte, el numeral 17 de la legislación en cita ordena: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De la lectura de los numerales transcritos se observa que el juicio de amparo que se omita promover dentro del término de quince días que marca el artículo 17 transcrito, deviene improcedente, salvo las excepciones contenidas en este numeral, las cuales en ningún modo se actualizan en el caso. Al respecto, es preciso establecer que de conformidad con el artículo 22, fracción II, la Ley de Amparo abrogada, la demanda de amparo en la que se reclamaran, entre otros, ataques a la libertad personal, era procedente en cualquier tiempo por disposición expresa de este numeral. Sin embargo, en la Ley de Amparo para nada se prevé una excepción, salvo aquellos casos en los que se reclaman ataques a la libertad personal fuera de procedimiento (fracción IV del artículo 17 de la ley citada, transcrito anteriormente). En este orden de ideas, la orden de embargo total o aseguramiento reclamada por el aquí quejoso, al ser un acto que en nada ataca a la libertad personal, deja de ubicarse en la hipótesis de excepción que se examina, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Así mismo, es dable destacar que bajo protesta de decir verdad, en el escrito de cuenta y de las constancias que anexa en original expedidas por la "CONDUSEF", las cuales se agregan en sobre plastificado en el expediente, el impetrante manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado (orden de embargo total o aseguramiento), el diez de diciembre de dos mil dieciocho, lo cual implica una confesión expresa por el peticionario de amparo, en términos de artículo 199 del de Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 57 del tomo III, de junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por consiguiente, la acción de derechos fundamentales fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Para demostrarlo se hace notar que la fracción invocada establece la improcedencia respecto de los actos consentidos en forma tácita: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal dentro de los plazos legales establecidos. La primera parte del numeral 17 de la legislación, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De donde se colige que el juicio de protección de derechos será improcedente cuando se presente la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. Ahora, en este asunto la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento de la orden de embargo total o aseguramiento el diez de diciembre de dos mil dieciocho. Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía la parte quejosa para solicitar la protección, comenzó el once de diciembre de dos mil dieciocho (día siguiente hábil al cual manifestó tuvo conocimiento de la resolución que combate) y concluyó el dos de enero del año en curso. De ahí, se considera la presentación de la demanda de protección fue interpuesta de manera extemporánea, como se advierte del siguiente esquema: CALENDARIO DICIEMBRE 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manifiesta la parte quejosa fue notificada de la resolución reclamada 11 Comienza a correr término de 15 días. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CALENDARIO ENERO 2019. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 Vence término de 15 días. 3 4 5 6 A pesar de lo anterior, la parte quejosa ejerció la acción de derechos fundamentales hasta el diez de enero del presente año, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2) lo cual implica una presentación extemporánea porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentida tácitamente la orden de embargo total o aseguramiento de la cual se hizo sabedora la parte quejosa el diez de diciembre de dos mil dieciocho, pues la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de quince días. Por tanto, se concluye que el acto reclamado encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control se promovió después de terminado el plazo del diverso 17, aun máxime que la parte quejosa resulta ajena a los supuestos de excepción previstos en éste. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIV del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Por último, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto, y quedan autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo las personas que indica; pues el quejoso omitió conferirles las facultades amplias que establece el citado numeral.
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