Luis Alfredo Rios Sosa
Expediente 786/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Alfredo Rios Sosa
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 786/2023-VI.. Puebla, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 786/2023-VI.. Puebla, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida +++++++++++++ quien se ostenta como defensor particular de ++++++++++++ contra actos +++++++++ Treviño, en su carácter de Juez del Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal con sede en la ciudad de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Se omite digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, resulta innecesario ordenar su digitalización en virtud de que la misma ya obra en el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO2 . En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual se reclama lo siguiente: La resolución dictada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en donde se confirma el diverso proveído de veinticuatro de julio de este año. Así, la determinación de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, fue en la que se cambió fecha para la apertura de juicio oral, señalada a las dieciséis horas del tres de agosto de dos mil veintitrés; y se fijó las nueve horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés para su verificativo. Lo anterior, se advierte de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, narradas en sus antecedentes del acto reclamado, y que se corrobora con los anexos que exhibe relativos al acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés y veinticuatro de julio de este año, emitidos por el juez de enjuiciamiento señalado como responsanble. Bajo ese contexto, es evidente que, respecto de dicho acto, aun cuando la parte quejosa se duele de un retardo en la impartición de justicia por señalarle fecha de audiencia de juicio oral hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés; sin embargo, conforme a los plazos previstos a ese respecto en la normatividad aplicable, la suscrita no advierte que en la citación a audiencia de juicio oral exista una abierta dilación en el procedimiento de la referida carpeta judicial. Se afirma lo anterior, porque si bien el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el tribunal de enjuiciamiento deberá señalar fecha para audiencia de juicio oral, en un plazo no mayor a sesenta días a cuando se reciba el auto de apertura a juicio oral, y la fecha señalada por el juez responsable sobrepasa ese plazo. Lo cierto es que, de admitirse este juicio de amparo, su sola tramitación, le generaría un mayor perjuicio al quejoso dado que tendría que estarse a los plazos y términos previstos en la Ley de Amparo, por lo que la posibilidad de retardar el procedimiento que se le instruye aumenta exponencialmente. Se afirma lo anterior porque, de inicio, se fijaría audiencia constitucional dentro de los treinta días siguientes; dentro de ellos, se requeriría informe justificado a la autoridad responsable en el plazo de quince días hábiles a la recepción del requerimiento; una vez recibido, se le daría vista por el plazo de ocho días a las partes, prevista por el artículo 117 del citado ordenamiento, el cual se computaría a partir de la legal notificación del correspondiente proveído e integrado que fuera el expediente (en caso de que se logre emplazar con prontitud a las partes, sobre todo, porque se advierte que la víctima Miguel Rascón López no ha sido localizado, lo que incluso podría llevar a ordenar el emplazamiento previa búsqueda oficiosa, por edictos3 a costa de la parte quejosa), se celebraría la audiencia constitucional, la cual de no existir motivo de diferimiento, se celebraría y dictaría la sentencia definitiva, misma que tendría que esperar a que transcurriera el plazo de diez días comunes para todas las partes, a fin de que pudieran impugnarla; si nadie la recurre, se declararía firme, por lo que hasta ese momento se requeriría su cumplimiento (señalara una nueva fecha); lo cual, puede ocurrir, incluso, pasada la fecha que ya señaló el juez responsable. De ahí que, conforme a los plazos previstos en la ley de Amparo, podría actualizarse el supuesto de que se llegara la fecha señalada por el juez responsable para la audiencia de juicio, y aun no resolverse el presente juicio, lo que incurriría en perjuicio del quejoso. Lo anterior, evidencia que la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar una eventual dilación, dado que el hecho de que se haya señalado fecha para audiencia de juicio oral para el veintidós de septiembre del año en curso, en la carpeta judicial administrativa número +++++++++++++++++, no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso, pues si bien el artículo 349 del Código Nacional, dispone que debe señalarse en un plazo no mayor a sesenta días, la realidad es que el presente juicio de amparo, solo generaría una mayor retraso en la resolución de su situación jurídica. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (en sentido contrario) del mismo ordenamiento, respecto del acto reclamado. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior, se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo (aplicado en sentido contrario), establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquéllos que producen una afectación material a derechos sustantivos. Eso significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que el acto reclamado relativo al señalamiento de fecha de audiencia de juicio oral para el veintidós de septiembre del año en curso, en la carpeta judicial administrativa número ++++++++++++, no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues aun cuando haya sido fijada fuera del plazo previsto en el código nacional, lo cierto es que la admisión del presente juicio y su trámite conforme a los plazos señalados en la Ley de Amparo, solo le generaría perjuicio en la resolución de dicha carpeta judicial. En efecto, la primera exigencia de que el acto que se reclama afecte materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda exigencia consiste en que el derecho afectado materialmente debe entrar en la categoría de sustantivos. Expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden confirmarse). Así, cuando como en el caso, el acto reclamado resulte de la eventual violación al artículo 17 constitucional, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como un acto adjetivo, porque no se trata de una violación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular; sino que se da justamente dentro del mismo. Además, siguiendo la idea de que para revisar si se está ante la trasgresión del plazo razonable, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos conforme a los criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad a fin de poder establecer si, en el caso concreto, se ha incurrido en una abierta dilación, que pueda constituir, por sí misma, una violación al artículo 17 constitucional. De tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, en virtud de que, por los motivos señalados, admitir la demanda generaría un retraso en su perjuicio para la resolución de su situación jurídica, al ser probable que llegare la fecha señalada por el juez responsable, antes de que se resolviera el presente juicio. En conclusión, el acto reclamado por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda }que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materias constitucional, común, página 1086, con el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado en la carpeta judicial administrativa número 02/2023/JO/SUR. Cabe destacar que, sobre este tópico el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se ha pronunciado en el mismo sentido al resolver el recurso de queja 200/2022, en el que confirmó el desechamiento de la demanda que se registró con el número de juicio de amparo 1001/2022 del índice de este juzgado de distrito. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues visualizó la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en particular las previstas en las fracciones 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, inciso b). Por otra parte, en relación al acto reclamado que la parte quejosa hace consistir en que la autoridad responsable no haya declarado la suspensión y en su caso la interrupción de la apertura de la audiencia de juicio con el efecto previsto en el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales también resulta improcedente, pues en el particular se actualiza la improcedencia relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo como a continuación se explica. Para ilustrar lo anterior, es conveniente citar el numeral relativo al recurso de queja previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice lo siguiente: Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De la transcripción previa se obtiene que el recurso de queja, procede contra las omisiones que se efectúe en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, y su objeto es que el órgano jurisdiccional reconsidere su actuar y provea lo conducente. Por ende, si en el caso se la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable, no haya reanudado la audiencia de debate al undécimo día por lo que fue omisa en interrumpirla y ordenar reiniciarla ante un Tribunal de enjuiciamiento distinto - declarando nulo lo actuado-. Dicho acto, corresponde a un actuar omiso dentro del procedimiento penal, debido a que no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento. En ese sentido, el medio de impugnación procedente contra una determinación de esas características, como lo indica el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo es el recurso de queja. Es así, puesto que esa determinación prevé un medio ordinario de defensa, que el peticionario de amparo tiene obligación de agotar, previo a acudir al juicio de amparo, por lo que, al no haber sucedido de esa forma, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones el criterio jurídico emitido por el Pleno Regional en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo V, página 4642, de contenido: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de Recursos del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado Jueces y Magistrados". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de "Recursos" del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de "interpretación" el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido." Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio y autorizados. La parte promovente señala un domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el usuario ++++++++++++++++++++, para que se le practiquen las notificaciones de manera electrónica. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como única vía de la parte quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario +++++++++++++ ello a fin de evitar duplicidad de notificaciones y privilegiar el uso de medios electrónicos. En consecuencia, se ordena que se realicen a la parte quejosa sólo las notificaciones que tengan el carácter personal, de manera electrónica a través de ese usuario. En el entendido de que las demás notificaciones se le harán por medio de lista. Por tanto, se instruye al personal correspondiente que habilite al usuario referido, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como la consulta del expediente electrónico. Además, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Juan Pablo Sánchez Machorro y Maria Guadalupe Barrera Ramos porque así lo solicitó el quejoso, y se encontró registro de sus respectivas cédulas profesionales en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, quedan autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, las restantes personas que menciona en su demanda de amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese de forma personal al quejoso (vía electrónica)
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