Luis Antonio Echevarría Fonseca
Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Antonio Echevarría Fonseca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 921/2022.. Puebla, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se observa que las partes no recurrieron la sentencia emitida en audiencia constitucional de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, donde se resolvió el sobreseimiento del presente juicio -por inexistencia de actos-. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos, y no se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Incidente de suspensión. Por otra parte, conforme al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de destrucción, porque si bien fue otorgada la suspensión provisional, también es verdad que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados. De ahí que se opte por la hipótesis de destrucción, pues constituye la ruta idónea a los fines del resguardo documental, acorde a las interpretaciones realizadas por diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal, en respuestas a consultas formuladas por diferentes órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, glósense las constancias del cuaderno original de dicho incidente de suspensión a este expediente, las cuales serán destruidas cuando hayan transcurrido treinta días, después de fenecido el plazo de conservación, esto es, pasados tres años del dictado de este acuerdo, al destruir el expediente principal. Por otro lado, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a cuando termine el plazo de conservación de seis meses, al que hace referencia el invocado artículo. Se deja establecido que no fueron recibidos garantías, documentos originales ni expedientes originales en el incidente de suspensión. Por último, como en este proveído se acordó lo relativo al destino de los cuadernos incidentales, se ordena agregar una impresión con firmas criptográficas al calce de este proveído a dichos cuadernos para los efectos legales correspondientes. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades responsables, de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso, desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 921/2022. En Puebla, Puebla, a las diez horas con veintiún minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 921/2022-I,. . CONSIDERANDO: . SEGUNDO. Materia del juicio. La lectura integral que se hizo a la demanda de amparo, frente al proveído de admisión, permite determinar los siguientes actos reclamados: a) La orden de aprehensión librada en su contra; y, b) Su ejecución. TERCERO. Inexistencia. El encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, al rendir su informe justificado, negó los actos que se le reclaman, pues si bien indicó que tiene un registro a nombre del quejoso dentro de la carpeta judicial administrativa +++++++, la cual se encuentra asignada a la abogada ++++++++, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución adscrita a dicha sede judicial, en la cual en la audiencia inicial de dos de agosto de dos mil veintidós, se vinculó a proceso al quejoso por el hecho con apariencia de delito de fraude, y que aún transcurre el plazo para el cierre de investigación complementaria, sin que exista registro de haberse decretado algún acto privativo de la libertad o de aquéllos que señala el quejoso en su demanda. Postura que también adoptó el Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (al rectificar su informe) y el titular de la Agencia Estatal de Investigación, quienes al rendir su informe justificado, negaron el acto de ejecución que se les atribuyó. Además, el quejoso no aportó pruebas en el trámite de este sumario constitucional, aunque el ofrecimiento de medios de convicción era indispensable para desvirtuar los informes justificados, en aras de acreditar la existencia de los actos combatidos. Por consiguiente, ninguna prueba se tiene para dudar de los mismos, y la revisión efectuada a estos frente a las demás actuaciones del expediente, sólo conduce a la inexistencia de los actos reclamados por el quejoso. En tales condiciones, se decreta el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia de los actos imputados a las autoridades señaladas como responsables. CUARTO. Publicación de datos. En el presente juicio de amparo, se indicó a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación. Por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. QUINTO. Medidas especiales. Con el fin de respetar la política de sana distancia, aplicada por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad COVID-19, se ordena a cualquiera de los actuarios de este juzgado que los oficios generados a fin de notificar esta sentencia a las autoridades responsables, sean enviados por interconexión y correo electrónico, en su caso, -ya sea oficial o al proporcionado por quien se encuentre de guardia-. Además, deben confirmar su recepción y levantar razón de ello. Pero en caso de no ser posible lo anterior, podrán notificar los oficios de manera física porque las responsables son locales. Ello, conforme al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del kit de seguridad que se les ha proporcionado para tal efecto. PUNTOS RESOLUTIVOS: Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103, 107 de la constitución federal; 63, 74, 75, 124 de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto promovido por ++++++++++++, debido a la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, conforme a lo establecido en los puntos considerativos segundo y tercero. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales. TERCERO. Se dispuso una vía especial de notificación para los oficios dirigidos a las autoridades responsables, por la situación actual de contingencia sanitaria. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 921/2022.. Puebla, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, se observa que transcurre el plazo de ocho días concedido a las partes, con el informe justificado recibido el nueve de septiembre del año en curso. Por tanto, para dar oportunidad a que transcurra en forma completa el plazo a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere, y en su lugar se señalan las diez horas con veintiún minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 921/2022-I En Puebla, Puebla, a las nueve horas con un minuto del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para celebrar la audiencia incidental. . C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La parte quejosa reclama: La orden de aprehensión, así como su ejecución. SEGUNDO. La autoridad responsable Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, al rendir su informe previo correspondiente, negó los actos que se le reclaman. Sin que obste a lo anterior, que el citado encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, hizo del conocimiento que la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, cuenta con un registro a nombre del quejoso, dentro de la carpeta judicial administrativa +++++++++, la que se encuentra asignada a la abogada +++++ ++++, Juez de Oralidad Penal y Ejecución adscrita a esa sede judicial y, en la que en audiencia inicial de dos de agosto de dos mil veintidós, se vinculó a proceso al quejoso por el hecho con apariencia de delito de fraude, imponiéndose diversas medidas cautelares. Asimismo, informó que se encuentra transcurriendo el plazo para el cierre de la investigación complementaria y que en dicho antecedente no se tiene registro de haberse decretado acto privativo de la libertad, o de aquellos que señala el quejoso en su escrito de demanda. Por consecuencia, deben considerarse negados los actos reclamados. Por otro lado, las autoridades responsables Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado y el Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir su respectivo informe previo, negaron la ejecución que les fue imputada. Además, la parte quejosa omitió aportar pruebas para desvirtuar las negativas expuestas por las autoridades responsables en este incidente. En tales condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada, dada la ausencia de materia para decretarla. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/19, emitida por el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro establece: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO." 1 . En tales condiciones, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados a las autoridades responsables, y por las razones expuestas en el segundo punto considerativo de esta interlocutoria. Notifíquese.
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