Liliana Villa Rodriguez

Expediente 642/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
642/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Liliana Villa Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la apoderada legal de la autoridad responsable Afore XXI Banorte, sociedad anónima de capital variable, exhibió el primer testimonio de la escritura *******, pasada el veinticuatro de octubre de dos mil trece, ante la fe del Notario Público Número ******* del entonces Distrito Federal, con el que acreditó su carácter en el presente juicio. Asimismo, se colige que el quince de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto; en consecuencia, al haberse omitido efectuarse en ese momento, se ordena la devolución de dicha documental, por resultar innecesaria su conservación. Lo anterior en el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tal autoridad cuenta con un plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada -mediante oficio- del presente proveído, para acudir a este órgano jurisdiccional a recogerlos, o bien, para solicitar, bajo su responsabilidad, que el documento le sea enviado por vía mensajería acelerada; apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser destruido junto con el expediente (debido a que el destino de éste, es su destrucción, al haberse sobreseído el juicio). Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad referida. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintisiete de julio del año en curso, en la cual se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ******. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el once de septiembre de dos mil quince, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la cámara de diputados, cámara de senadores, presidente constitucional, jefe del servicio de administración tributaria y afore xxi banorte, sociedad anónima de capital variable, los siguientes actos: [.] ACTOS RECLAMADOS. Se reclama la mecánica que se aplicó para la retención del Impuesto sobre la Renta; señalo de manera conjunta como actos reclamados el artículo 145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la Regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. Asimismo, reclamo la inconstitucionalidad del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En específico, de cada autoridad responsable reclamo los siguientes actos: De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión: La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, concretamente los artículos 95 y 145 de dicha Ley. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la Promulgación del Decreto identificado en el apartado anterior. Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, en particular la Regla I.3.10.4. De la Afore, se reclama la aplicación del artículo 145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, así como de la Regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, a través de los siguientes actos conexos: La retención de impuesto efectuada en 14 de abril de 2014, realizada al entregarme en una sola exhibición el saldo de mi Subcuenta de Retiro RCV. El oficio de 03 de julio de 2015, emitido por el Responsable de Información, de la Subdirección de Servicio al Cliente, el cual , BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, señalo que me fue notificado el 19 de agosto de 2015 en las oficinas de la Administradora Afore XXXI-Banorte en Ciudad Juárez, en el que se me dan a conocer los fundamentos legales en que se basó, el concepto y la mecánica aplicada al realizar la retención del impuesto a que hace referencia la "Constancia de Retención de Impuestos", correspondiente al período de Abril (04) de 2014, en virtud de la disposición en una sola exhibición de los recursos contenidos en la subcuenta de Retiro SAR 92 y RCV 97. [.] SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 3, 4, 13, 16, 25, 26, 27, 28, 31, fracción IV, 81, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 1, 21, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y XVI y XXXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. TERCERO. Desechamiento de la demanda. Mediante proveído de catorce de septiembre de dos mil quince, se registró la demanda como juicio de amparo ******* y se desechó, al ser notoriamente improcedente. Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión en su contra. Mediante sentencia de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el toca en revisión *******, del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, se revocó el acuerdo de desechamiento y se ordenó a este Juzgado proveer nuevamente con relación a la demanda de amparo. CUARTO. Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de primero de marzo de dos mil dieciséis, se admitió la demanda, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y, finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez se trata de un asunto contra normas generales que, con motivo del primer acto de su aplicación, causen perjuicio al quejoso, cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar los actos reclamados que se desprendan del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio. En ese sentido, al realizar el análisis citado, se deduce que la parte quejosa reclama: De las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y del Presidente de la República: a) La discusión, aprobación, expedición y orden de promulgación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en específico sus artículos 95 y 145. Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria: b) La expedición de la Regla I.3.10.4., contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2014. De Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.: c) La aplicación de tales artículos, contenidos en la retención de impuesto efectuada en 14 de abril de 2014, así como en el oficio de 03 de julio de 2015, emitido por el Responsable de Información, de la Subdirección de Servicio al Cliente, en el que se dio a conocer los fundamentos legales en que se basó, el concepto y la mecánica aplicada al realizar la retención del impuesto a que hace referencia la "Constancia de Retención de Impuestos", correspondiente al período de Abril (04) de 2014, en virtud de la disposición en una sola exhibición de los recursos contenidos en la subcuenta de Retiro SAR 92 y RCV 97. En tales condiciones, los actos precisados serán los que constituyan la materia de análisis de este juicio. Sirve de sustento jurídico a lo antes señalado la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, de Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de su respectiva competencia, en la discusión, aprobación, expedición y orden de promulgación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, específicamente los artículos 95 y 145, toda vez que así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Asimismo, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe justificado a través del Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "2" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aceptó haber emitido la Regla I.3.10.4., contenida en la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2014. En esas condiciones, debe tenerse por cierta la existencia de las norma generales reclamadas por la impetrante. Además, la certeza del citado acto, deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables al rendir su informe justificado, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los ordenamientos relativos, en razón de tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales, que no están sujeta a prueba, sino que son presupuestos y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a folio 260, tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Por su parte, al rendir su informe con justificación, Afore XXI Banorte, sociedad anónima de capital variable, aceptó la existencia de los actos que se le atribuyeron, consistentes en la retención de impuesto efectuada en catorce de abril de dos mil catorce, así como en el oficio de tres de julio de dos mil quince, emitido por el Responsable de Información, de la Subdirección de Servicio al Cliente, en el que se dio a conocer los fundamentos legales en que se basó, el concepto y la mecánica aplicada al realizar la retención del impuesto a que hace referencia la "Constancia de Retención de Impuestos", correspondiente al período de Abril (04) de 2014, en virtud de la disposición en una sola exhibición de los recursos contenidos en la subcuenta de Retiro SAR 92 y RCV 97; de ahí que deba tenerse por cierta su existencia. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Causales de Improcedencia invocadas por las autoridades responsables. De conformidad con la técnica que rige en la elaboración de sentencias de amparo, por ser una cuestión de orden público, es menester analizar, en primer orden, las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o bien las que éste órgano jurisdiccional advierta de oficio en términos de lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, respecto a los actos de los que se ha evidenciado su certeza, en relación con la jurisprudencia 814, que se consulta en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto señalan: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe justificado a través del Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "2" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aduce que la quejosa consintió tácitamente los actos reclamados, al haber formulado la demanda de amparo, fuera de los plazos legales que tenía para ello. Es fundada la causa de sobreseimiento invocada. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, conviene establecer que los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo disponen: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días y tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezara a contar: 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso; o bien, 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, como se destacó en líneas precedentes, la parte quejosa reclama, en esencia, la mecánica que se aplicó para la retención del Impuesto sobre la Renta, el artículo 145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como la Regla I.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. Asimismo, reclamo la inconstitucionalidad del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con motivo de la contestación que le formuló la Afore XXI, S.A. de C.V., y que constituyó el acto de aplicación de las normas reclamadas. En el capítulo de "Actos Reclamados", así como en el de "Procedencia de la Vía" del escrito de demanda, la promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: [.] Actos reclamados . D. De la Afore, se reclama. a). b) El oficio de 03 de julio de 2015 emitido por el Responsable de Información de la Subdirección de Servicio al Cliente, el cual bajo protesta de decir verdad, señalo que me fue notificado el 19 de agosto de 2015 en las oficinas de la Administradora Afore XXI-Banorte en Ciudad Juárez, en el que me dan a conocer los fundamentos legales en que se basó, el concepto y la mecánica aplicada al realizar la retención del impuesto a que hace referencia la "Constancia de retención de impuestos", correspondiente al período de abril (04) de 2014, en virtud de la disposición, en una sola exhibición de los recursos contenidos en la subcuenta de Retiro SAR 92 y RVC 97. . Procedencia del amparo A) Procedencia de la vía. . En este orden de ideas, conforme a lo manifestado en párrafos precedentes, el día 19 de agosto de 2015 tuve conocimiento del acto que por esta vía se reclama, por lo cual es evidente que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que tuve pleno conocimiento de la aplicación de las normas reclamadas, es decir, a partir del 19 de agosto de 2015, fecha en la cual se me dio a conocer por parte de Afore XXI Banorte, S.A. de C.V., los fundamentos y mecánica que aplicó para retenerme la cantidad de $*******, mismos que anterior a esa fecha desconocía totalmente. [.] Lo antes trascrito, revela que la parte quejosa indica que el diecinueve de agosto del año en curso tuvo "pleno conocimiento" -en palabras de la impetrante- del oficio de tres de julio de dos mil quince, emitido por el Responsable de Información de Servicio al Cliente, en las Oficinas de la Administradora Afore XXXI-Banorte en Ciudad Juárez. En efecto, como la propia quejosa lo indicó, el diecinueve de agosto de dos mil quince, se le "notificó" en las en las oficinas de la Administradora Afore XXI Banorte en Ciudad Juárez, el cual señala como el primer acto de aplicación de las normas generales que reclama que. Ahora, el señalamiento de que se le "notificó" la mencionada resolución, no implica que la persona de moral que se designó como autoridad responsable haya practicado formalmente una notificación, entendida ésta como el acto procesal vinculado el derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 constitucional. Así se sostiene, pues del contenido de este precepto se infiere el propósito del Constituyente, de que ninguna persona pueda ser afectada en su vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, sin haber tenido oportunidad de defenderse en forma adecuada. Por derivación de ese principio constitucional, el acto procesal de notificación debe entenderse como el medio específico a través del cual se produzca la certeza de que el particular afectado por el acto que se le notifica tuvo pleno conocimiento del mismo, lo que supone que sea de tal manera claro, fidedigno y completo, que se encuentre en posibilidad de defenderse del acto ejecutado por la persona legalmente facultada para realizar ese tipo de actuaciones procesales. En el caso, el conocimiento que la quejosa tuvo del acto de aplicación reclamado, no deriva de una notificación practicada por alguna autoridad en ejercicio de sus funciones, tampoco obra constancia de que se haya realizado en los términos de alguna norma procesal; menos aún, obra constancia de que se levantara alguna razón actuarial o formal que la contuviera; y, finalmente, el oficio respectivo, no ordena que se practique alguna comunicación procesal con la quejosa, en vía de notificación procesal. Además, debe tenerse presente que fue la propia quejosa quien refirió haber acudido a las instalaciones de la administradora de fondos para el retiro, la cual es una persona de derecho privado que para efectos de la retención del impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tiene el carácter de autoridad responsable y, por ende, jurídicamente la entrega del oficio que se señala como el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, no puede ser considerado como una notificación. Es sustento de lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, de Octubre de 2015, Tomo II, materia común, página 1797, del tenor: ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, las AFORES que, en cumplimiento a los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, así como los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo de la Regla I.3.10.5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 2013, retienen el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes. A partir de lo anterior, se colige que lo narrado por la parte quejosa se traduce en una manifestación que entraña una confesión expresa, en el sentido de que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el diecinueve de agosto del año en curso, ello en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, conforme a su artículo 2, primer párrafo, prueba con pleno valor probatorio de tal hecho. Es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia número 154 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página ciento veintiséis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo rubro y texto dice: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ante esta perspectiva, si la promovente manifiesto que el diecinueve de agosto de dos mil quince, tuvo conocimiento del oficio que constituye primer acto de aplicación de las normas reclamadas; por tanto, el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo indirecto, fue a partir del día siguiente de que tuvo ese conocimiento, esto es, el veinte del mismo agosto y concluyó el nueve de septiembre del mismo año, ello sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto, así como el cinco y seis de septiembre, por ser inhábiles. En ese sentido, si la demanda de amparo se recibió en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diez de septiembre de dos mil quince, es inconcuso, que su presentación fue extemporánea, pues a esa fecha ya había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, lo que implica que la quejosa consintió tácitamente el oficio de tres de julio de dos mil quince, que atribuyó a Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable y, por ende, las normas reclamadas deben debe reputarse como tácitamente consentidas, ya que su impugnación se realizó con motivo del aludido acto concreto. Sustenta esta determinación, la tesis aislada 1a. V/99, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, de Febrero de 1999, materia común, página 115, del siguiente tenor: AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico. Sólo resta precisar que el referido acto reclamado, no se ubica dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Corolario de lo antes expuesto, sobre los actos reclamados en el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea; por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la impetrante de amparo, en donde aduce la violación a los artículos 1.1, 11, numeral 1, 21, 24 y 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 17 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como XVI y XXXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, porque si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para soslayar cuestiones sobre la procedencia del juicio cuando en realidad no lo es; de ahí que la procedencia del juicio de amparo es de orden preferente, al análisis de la posible transgresión de un tratado internacional. Apoya esta consideración la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 890, del siguiente tenor: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo ******* promovido por *******, en los términos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, AFORE XXI BANORTE, S.A. de C.V., no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciséis, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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