Liliana Cordero Silva

Expediente 456/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
456/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Liliana Cordero Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de octubre de dos mil veinte. Súmese a los autos el escrito de cuenta, para que conste como legalmente corresponda, atento a su contenido el licenciado *******, autorizado de la parte quejosa solicita la devolución del billete de depósito exhibido a fin de garantizar la suspensión definitiva concedida en los presentes autos. Devolución billete de depósito En mérito de lo anterior, toda vez que ha transcurrido el plazo de seis meses, que alude el artículo 156, de la Ley de Amparo, se autoriza la devolución del billete de depósito *******, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros de la Servicio Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de *******($*******), exhibido a fin de garantizar la suspensión definitiva otorgada en los presentes autos a la parte quejosa Liliana Cordero Silva. Ahora bien, dado que tal billete debe ser endosado al depositante, *******, y dado que la actual Secretaria en Funciones de Juez de Distrito desempeña un cargo temporal, por el momento no cuenta con la autorización y registro que corresponde para la firma de valores de esta naturaleza; no obstante, una vez que la titular correspondiente tenga registrada la firma ante la institución crediticia que corresponde, se estará en condiciones de hacer el endoso respectivo y la correspondiente entrega a su beneficiario. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil veinte, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Súmese a los autos el escrito de cuenta, para que conste como legalmente corresponda, con el cual el autorizado de la parte quejosa solicita la devolución del billete de depósito exhibido a fin de garantizar la suspensión definitiva concedida en los presentes autos. Al respecto, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, hasta en tanto, transcurran los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes del proveído dictado el quince de abril de dos mil diecinueve, en que causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, de no presentarse el incidente previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo. En sustento a lo anterior se cita la tesis I.12o.C.16 K (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Materia Común, página 2378, de la Décima Época, registro 2017814, que a la letra dice: INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DICTADA EN EL AMPARO DIRECTO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SEIS MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROMOVERLO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme al artículo 156 citado, el incidente para hacer efectiva la garantía o contragarantía otorgada a propósito de la suspensión, debe presentarse dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio; debiendo entenderse por esta resolución la sentencia firme de amparo, esto es, aquella que ya no puede ser impugnada por ningún medio y que, por ende, ha causado ejecutoria, pues de otra manera, no podría sostenerse que "en definitiva" se ha resuelto el juicio, si aún cabe la posibilidad de que esa decisión pueda ser revocada o modificada por un órgano judicial superior mediante el recurso de revisión. Por tanto, no puede tenerse como fecha de inicio del plazo de seis meses, la de la sesión en que se dictó la sentencia que resolvió el juicio de amparo directo, sino a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia de amparo, la cual causa ejecutoria por ministerio de ley, de conformidad con el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando no admite el recurso de revisión a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual se negó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, según lo dispuesto por la fracción I, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por tanto, una vez transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III, del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Y, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese Lo proveyó y firma el licenciado **, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ** Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa de la sentencia emitida en el presente asunto, en virtud de que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones es inexacto, pues únicamente se precisó el número y la colonia, más el nombre de la calle. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación correspondiente, así como las subsecuentes, por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado a primera hora Notifíquese Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. Como está ordenado en ésta fecha, se notifica por lista la sentencia dictada el quince de noviembre del presente año: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 456/2019-I y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma data. En el escrito inicial ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Juez Provisional del Juzgado Segundo Civil por Audiencias, Jefe de la Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares, y Ministros Ejecutores adscritos a la Central de Oficiales y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares, todos del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quienes impugna: ACTOS RECLAMADOS: Reclamo, de la autoridad judicial aludida como "Juez Provisional del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos de esta Entidad Federativa"; cualquier Resolución, Sentencia, Acuerdo o Auto que haya emitido dentro del Expediente 533/18 relativo a un juicio hipotecario seguido en mi contra por unos supuestos Licenciados en Derecho de nombres *******, *******, ******* y ******* disque en su carácter de Apoderados de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima Integrante del Grupo Financiero Banamex y destinados dicho actos a privarme de mis derechos de posesión y de propiedad relativos al terreno urbano y finca sobre él construida ubicada en ******* de esta Ciudad; y de las señaladas como autoridades ejecutoras el cumplimiento que de tales actos pretenden realizar. De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora se reclama además: Todas y cada uno de las actuaciones llevadas a cabo a partir del Auto de Radicación, particularmente el ilegal emplazamiento, la declaración en rebeldía, la Sentencia Definitiva, el acuerdo que declara ejecutoriada dicha sentencia y en general la indebida tramitación de todo el procedimiento, seguido como Juicio Oral Ordinario Civil Hipotecario o Acción Hipotecaria promovido por un tal Licenciado *******, *******, ******* y *******; el cual realizó con violación de los principios esenciales del procedimientos y de conformidad con las normas expedidas con anterioridad al Acto Reclamado; así como todos los actos y ordenes dictados o dictadas con todas sus consecuencias y efectos legales, que se llevaron a cabo en la simulación de juicio y que arrojaron como consecuencia la pretendida privación de mis derechos de posesión y de propiedad del inmueble urbano y finca sobre él construida ubicada en ******* de esta Ciudad antes aludido, esto sin haber sido oído y vencido en juicio. De todas las demás Autoridades señaladas como Responsables Ejecutoras se reclaman todos los actos y ordenes que hayan dado tendientes a la ejecución de desposesión respecto del inmueble en comento. Del Jefe de la Central de Oficiales y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares y de todos y cada uno de los Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares de este Distrito Judicial Bravos se les reclama el CUMPLIMIENTO DADO DE LAS ORDENES DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA. Del Secretario de Seguridad Pública Municipal se reclama el cumplimiento dado a las órdenes de la Autoridad Ordenadora respecto de la desposesión del inmueble antes descrito. De todas las autoridades antes señaladas se reclaman, además, las consecuencias jurídicas derivadas o que puedan derivarse de los actos que a cada una de ellas se les atribuye. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo indirecto 456/2019-I-2, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a los terceros interesados y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia civil en el que se reclaman actos cuya ejecución tienen lugar en esta ciudad. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda y de la ampliación, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Provisional del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio ordinario civil hipotecario *******, particularmente el emplazamiento que considera ilegal. 2. Del Jefe de la Oficina Central de Oficiales y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos y de cada uno de los Oficiales y Ministros Ejecutores, así como del Secretario de Seguridad Pública del municipio de Juárez, Chihuahua, el cumplimiento dado a las órdenes del citado juez. Ello, toda vez que de la lectura de los antecedentes y conceptos de violación transcritos se advierte que la quejosa, fundamentalmente alega el ilegal emplazamiento que le fue practicado, lo que le impidió tener conocimiento oportuno de la existencia del juicio de origen y así poder defender sus intereses. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, del que se procederá a su estudio con base en los conceptos de violación planteados primordialmente contra el ilegal emplazamiento, el cual en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, de ser necesario y advertirse que ha habido en contra de la parte quejosa una violación evidente de la ley que la haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley, se suplirá la queja deficiente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, negaron la existencia del acto endilgado por la parte quejosa. La demostración de los actos reclamados es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que cuando las autoridades responsables niegan el acto que se les imputa, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, con la voz: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En la especie, se dio vista a la quejosa con el informe justificado de las autoridades responsables que se ha referido en este considerando, empero, omitió aportar algún medio de prueba para acreditar la certeza del acto que les endilga. Entonces, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Mediante informe con justificación la Juez Provisional del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos convino con la existencia del acto reclamado pues, refirió que en ese tribunal se ventila un juicio oral ordinario en contra de la peticionaria de amparo, promovido por *******, *******, ******* y *******, en su carácter de apoderados de *******, en donde a las catorce horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mi dieciocho se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento. Para corroborar su dicho, la responsable anexó a su informe copia certificada del expediente oral ordinario *******, cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos negaron la existencia del acto, en virtud de que en el juicio de origen aún no se emite auto de ejecución de sentencia en el que se ordene turnar los autos a la oficina de su adscripción para su diligenciación. Sin embargo, tal negativa se encuentra desvirtuada con el informe justificado rendido por la Juez Provisional del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, quien aceptó la existencia de los actos instados por la parte quejosa y de manera expresa refirió que a las catorce horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento al juicio oral ordinario *******. Por tanto, es inconcuso que es cierto el acto reclamado por la quejosa a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del distrito judicial Bravos pues, en esencia, al acto de mayor vulnerabilidad para la amparista es el ilegal emplazamiento aducido en el juicio natural. De tal forma, se tienen como ciertos los actos endilgados por la parte quejosa respecto de las autoridades mencionadas en el presente considerando, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. La promovente del amparo, en su demanda, adujo que las autoridades responsables violaron las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia, toda vez que, sin fundamento, ni motivación alguna se abstuvieron de emplazarla adecuadamente y notificarle la continuidad del juicio de donde devienen los actos reclamados. Aduce que, desde hace muchos años antes de la solicitud del crédito es la única persona que habita el inmueble del que se le pretende desposeer, dejándola en completo estado de indefensión, sin darle la oportunidad de probar o convenir con los demandantes, pues al no respetar sus derechos se le deja en estado de indefensión. Insiste que, se le priva de sus derechos, sin respetar su garantía de audiencia y sin seguir las formalidades esenciales del procedimiento, asegura que las autoridades incurren en la emisión de actos arbitrarios e ilegales, que asegura deben repararse. Los referidos motivos de inconformidad son infundados, en virtud de que sí se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento y además cumple con los requisitos de ley. En principio conviene indicar que las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia, se unen las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que conozca el gobernado la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y finalmente, que el procedimiento iniciado se concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Al caso cobra aplicación la jurisprudencia 218, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, del tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación, registro 900218, que dice: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Por ello, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento; por lo que, para no vulnerar la garantía de audiencia se deben respetar las disposiciones legales que se refieren al emplazamiento. Ahora, en principio, conviene destacar el contenido de los artículos 133, fracción I, 134, 135 y 136, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, aplicable al caso; los cuales son del contenido siguiente: 133. Se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, salvo si se pronunciaren en audiencia y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debieron asistir a la misma: I. El emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio; [.] 134. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare a la parte demandada, cerciorándose quien debe hacer la notificación que la persona interesada tiene su domicilio en dicho lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por la o el notificador. Si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a parientes, empleados o empleadas de la persona interesada o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. Al instructivo se agregará copia de la demanda y sus anexos, así como de la resolución que se notifica. Si en el domicilio donde debe ser notificada la parte demandada, no se permite por la persona encargada del lugar ingresar al actuario o actuaria para practicar la diligencia, por tratarse de un fraccionamiento, parque industrial, condominio u otro lugar análogo, cerciorado el notificador que la persona física o moral buscada tiene ahí su domicilio, el actuario o actuaria hará del conocimiento a la persona que impida, obstaculice u obstruya una diligencia, la obligación que tiene de permitir el desahogo de la misma, de lo contrario le hará saber el delito en el que incurre conforme al Código Penal, y, de ser necesario, hará uso de la fuerza pública, previa autorización del tribunal. El juez o jueza dará vista de lo actuado al ministerio público. [.] 135. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior respecto del emplazamiento, cuando después de cerciorado el notificador que la persona por notificar vive en la casa y con quien se entiende la notificación se niegue a recibir ésta, la notificación podrá hacerse en el lugar en que habitualmente trabaje, sin necesidad que el tribunal dicte providencia especial para ello. 136. Cuando no se conociere el lugar en que la persona que debe ser notificada trabaje conforme al artículo anterior, la notificación se podrá hacer en el lugar donde se encuentre. De la interpretación de los artículos en cita, se sigue que el diligenciario, al ejecutar el emplazamiento a la parte demandada, debe hacer lo siguiente: 1. Tratándose del emplazamiento a juicio, éste se hará personalmente al interesado, en el domicilio designado para tal efecto, salvo si se pronunciaren en audiencia y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debieron asistir a la misma. 2. Si a la primera búsqueda no se encontrare a la parte demandada, cerciorándose quien debe hacer la notificación que la persona interesada tiene su domicilio en dicho lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por la o el notificador. 3. Si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a parientes, empleados o empleadas de la persona interesada o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias; instructivo al que se le deberá agregar copia de la demanda y sus anexos, así como de la resolución que se notifica. 4. Si en el domicilio donde debe ser notificada la parte demandada, no se permite por la persona encargada del lugar ingresar al actuario o actuaria para practicar la diligencia, por tratarse de un fraccionamiento, parque industrial, condominio u otro lugar análogo, cerciorado el notificador que la persona física o moral buscada tiene ahí su domicilio, el actuario o actuaria hará del conocimiento a la persona que impida, obstaculice u obstruya una diligencia, la obligación que tiene de permitir el desahogo de la misma, de lo contrario le hará saber el delito en el que incurre conforme al Código Penal, y, de ser necesario, hará uso de la fuerza pública, previa autorización del tribunal. El juez o jueza dará vista de lo actuado al ministerio público. 5. Cuando después de cerciorado el notificador que la persona por notificar vive en la casa y con quien se entiende la notificación se niegue a recibir ésta, la notificación podrá hacerse en el lugar en que habitualmente trabaje, sin necesidad que el tribunal dicte providencia especial para ello. 6. Cuando no se conociere el lugar en que la persona que debe ser notificada trabaje conforme al artículo anterior, la notificación se podrá hacer en el lugar donde se encuentre. Como se ha indicado, los requisitos fundamentales del procedimiento no pueden satisfacerse plenamente si el emplazamiento no se lleva a cabo conforme a las reglas establecidas por el legislador para tal efecto, ya que la notificación del inicio del procedimiento constituye la formalidad esencial más importante, al brindar al gobernado la oportunidad de enterarse de la existencia del juicio iniciado en su contra, de oponer las excepciones y defensas que tuviere en contra de la acción ejercitada por su contraparte, alegar y ofrecer las pruebas que considere pertinentes en defensa de sus intereses. Entonces, con el propósito de evidenciar la legalidad del emplazamiento efectuado a la parte quejosa, resulta conveniente analizar las diligencias verificadas por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, *******; atendiendo únicamente a los requisitos referidos en los puntos 1 al 3, por ser los que acontecieron en el presente caso. Respecto al primer punto (emplazamiento personal en el domicilio designado para tal efecto), de la primera diligencia actuarial se advierte que a las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, *******, se constituyó en el domicilio ubicado en *******, de esta ciudad. Domicilio que fue señalado para efectos de emplazamiento por el representante de la moral aquí tercero interesada, mediante su escrito inicial de demanda, recibido a las diez horas con dieciséis minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en el Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad (fojas 47 y 52). En torno al punto dos (el funcionario que practique deberá cerciorarse por cualquier medio de que el demandado tiene su domicilio en el lugar señalado); efectivamente, el fedatario se cercioró de que la quejosa reside en el domicilio ubicado en *******, de esta ciudad, toda vez que la persona con quien entendió la diligencia verificada el nueve de octubre de dos mil ocho hizo de su conocimiento que la persona buscada es su tía y que ahí vive, pero que en esos momentos se encontraba en el trabajo. Aunado a ello, se corrobora que dicho domicilio es el de la quejosa, toda vez que ella misma lo proporcionó ante el Notario Público Número Veintiocho, en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos, *******, quien lo asentó en la escritura pública *******, de quince de mayo de dos mil seis, afecta a los pormenores del contrato de compraventa del bien inmueble de su propiedad, específicamente en el aparato denominado "FE NOTARIAL", documento que se adjuntó al escrito de demanda que motivó el juicio natural, lo que constituye un indicio que robustece tal circunstancia. Además, de la diligencia que nos ocupa se desprende que a las once horas del nueve de octubre de dos mil dieciocho, el oficial notificador, *******, una vez constituido en el multicitado domicilio, fue atendido por quien dijo llamarse ******* y ser sobrino de la demandada, habiendo asentado su media filiación en el razonamiento respectivo. Persona a la que, previa identificación, dejó en su poder citatorio de espera para las catorce horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho, a nombre de la quejosa, *******; y firmó de recibido. De tal forma, es evidente que el funcionario cumplió con los requisitos del citatorio de espera pues, fijó fecha y hora determinada, para el día siguiente (diez de octubre de dos mil dieciocho) en que se efectuó la primera diligencia de emplazamiento (nueve de octubre de dos mil dieciocho), a nombre de la demandada, *******, además de que lo autorizó firmando al calce del razonamiento levantado y estampó el sello del juzgado conocedor del asunto promovido en su contra. En cuanto al punto tres (en caso de que la persona buscada no espera al notificador en la hora y fecha establecida en el citatorio); es indudable que el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor, se apegó a dicho extremo, ya que a las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho (hora y fecha precisadas en el citatorio de espera ya analizado) se constituyó nuevamente en el domicilio ubicado en *******, de esta ciudad, con la intención de localizar a la demandada en el juicio de origen, *******, y llevar a cabo su legal emplazamiento. Sin embargo, una vez ahí apersonado fue atendido por quien dijo ser amiga de la demandada, de nombre *******, de quien, también asentó sus características físicas en el razonamiento correspondiente, por tanto, procedió a realizar el emplazamiento pertinente por medio de instructivo que recibió *******, según lo asentado por él mismo, debajo de la certificación de notificación atinente al acuerdo inserto en referido instructivo (foja 81). Ahora, el instructivo en cita, igualmente, cumple con los requisitos legales establecidos puesto que contiene el nombre de la demandada, *******, número de juicio instaurado en su contra, *******, el nombre del juzgado en que se radicó, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el nombre de la parte actora, licenciados *******, *******, ******* y *******, apoderados de la personal moral *******, una relación sucinta de la demanda y transcripción de la resolución que se notifica. En relatadas circunstancias, del estudio de la diligencia de emplazamiento se llega a la conclusión, que no asiste razón a la quejosa al manifestar que se violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque el notificador responsable la llamó al juicio de origen y cumplió con las formalidades del emplazamiento, al efectuar la diligencia con apego a lo establecido por la legislación procesal de la materia. Robustece el criterio de la presente resolución, la inspección judicial de cinco de agosto del año en curso, en la cual la fedataria adscrita a este órgano jurisdiccional, hizo constar que la fotografía que obra en el presente proceso (foja 40), la que aparece fechada el diez de octubre de dos mil dieciocho a las catorce horas con treinta y nueve minutos (data que coincide con la fecha y hora de la diligencia de emplazamiento), concuerda con el domicilio en el cual se constituyó, el cual es un inmueble de dos pisos con rejas beige, con lo que se corrobora la existencia del domicilio en el cual se practicó el emplazamiento aquí combatido, lo que genera certeza en el suscrito para arribar a la conclusión de que el llamamiento aquí combatido no es violatorio de derechos humanos. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia III.T. J/39 del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, julio de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, visible en la página 722, con registro 193602, del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO. SÓLO PRODUCE INVALIDEZ LA OMISIÓN DE FORMALIDADES TRASCENDENTES. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda la garantía de audiencia, por lo que el legislador instituyó para su realización una serie de requisitos con la finalidad de asegurar que el demandado tenga conocimiento oportuno de la demanda entablada en su contra y esté en posibilidad de producir su defensa; sin embargo, no toda omisión a alguna o algunas de las formalidades de que se encuentra revestida la diligencia de emplazamiento conduce a declarar su invalidez, sino que es preciso atender a todos los datos que obren en autos para determinar si dicho acto procesal cumplió o no con su finalidad esencial, de ahí que si, analizado el caso concreto, la formalidad omitida no trasciende a tal grado que impida concluir que el emplazamiento cumplió su objetivo, éste debe tenerse por válido. Sirve de apoyo a lo dicho, por similitud en la idea que se sustenta, la jurisprudencia 784 que emitió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito publicada en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, que se consulta en la página 531, con registro 394740, que dispone: EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL. NECESIDAD DE SATISFACER LAS, PARA SU VALIDEZ. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda la garantía de audiencia, por lo que el legislador instituyó para su realización una serie de solemnidades sin las cuales el mismo debe considerarse ilegal. Además, el actuario está investido de fe pública y sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, por lo que, es a la promovente de amparo a quien corresponde ofertar las pruebas necesarias para demostrar la ilegalidad del llamamiento a juicio, sin que así lo hubiere hecho. Aunado a que, como se analizó exhaustivamente, el emplazamiento es válido pues, como ha quedado demostrado, cumple con los requisitos establecidos por los artículos 120, 121 y 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, de tal suerte que, no se logra destruir la fe pública del notificador que llevó a cabo tal diligencia y, por ello, sus actuaciones tienen pleno valor probatorio. Entonces, dado que la diligencia de emplazamiento se encuentra ajustada a derecho y la parte quejosa no compareció ante el juzgado de origen a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, fue correcto que el juez responsable la declarara en rebeldía y continuara con la secuela del procedimiento. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 113 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, registro 221244, que resuelve: EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario. También tiene aplicación en lo conducente y por las razones que la sustentan, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 57 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, registro 230868, que textualmente dice: ACTUARIO, LA FE PUBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia. En mérito de lo expuesto, es evidente que el acto reclamado examinado con antelación (emplazamiento) no resulta violatorio de garantía alguna; por lo que, al ser ineficaces los conceptos de violación expuestos, y sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja de conformidad con la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó *******. La negativa anterior se hace extensiva al resto de los actos reclamados, porque al impugnarse la ilegalidad del emplazamiento y, una vez que se ha decidido sobre su constitucionalidad con la correspondiente negativa del amparo por cuanto a dicho acto se refiere, sigue el examen del resto de los actos, empero en el caso se advierte que todo lo actuado en el juicio de origen se reclama en vía de consecuencia del emplazamiento que estimó era ilegal y no por vicios propios. Es aplicable al caso, la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Común, visible en la página 357, con registro 207616, del tenor siguiente: AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 456/2019-I promovido por ******* respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* contra las autoridades precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia, según los motivos asentados en el considerando séptimo de ésta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables y a la parte tercero interesada que es una persona moral oficial. Así, lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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