Liza Yazmeli Holguín Villezcas
Expediente 373/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Liza Yazmeli Holguín Villezcas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Asimismo, luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los informes justificados remitidos por el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores para los Juzgados Civiles y Familiares y Juez Quinto Civil por Audiencias, ambos del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Ahora, visto el informe del Juez Quinto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad se advierte que a ******* y a *******, les asiste el carácter de terceros interesados en el presente juicio. Por lo tanto, se comisiona a la actuaria judicial adscrita para que emplace a ******* por conducto de sus apoderados legales, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad y a *******, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, los cuales se advierten de las copias certificadas que anexa a su informe justificado el Juez Quinto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, entregándoles copia simple de la demanda y haciéndoles saber el contenido íntegro del auto de admisión de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, así como la fecha y hora prevista para la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil diecinueve). Notifíquese, personalmente a los terceros interesados. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 373/2019, promovido por *******, y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. El quince de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a *******, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, en contra de los actos y autoridades siguientes: a) Del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todo lo actuado en el Juicio Civil *******, en específico, la sentencia ahí dictada, en la que se ordena el desalojo de la quejosa, del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, respecto de la cual, se ostenta poseedora, en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado entre ella y ******* y b) Del Jefe de la Central de Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - La omisión de emplazarlo al juicio civil *******, y - Las actuaciones tendientes a ejecutar la sentencia indicada. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos que la quejosa le atribuyó, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba eficaz para desvirtuar dicha negativa. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que la parte quejosa solicitó respecto de los actos reclamados a dicha autoridad. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia número 1128, visible en la página 777 del Tomo IV, correspondiente a Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, que aparece publicada bajo el rubro y texto: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo (foja 28), no se pronunció respecto a la existencia o no de los actos que le fueron atribuidos. Al respecto, sólo indicó que al hacer una búsqueda en los archivos del órgano jurisdiccional a su cargo, no encontró juicio alguno relacionado con *******, sin embargo, en la propia demanda de amparo (de la cual obra copia simple en este expediente), se puede advertir que la quejosa indicó que el asunto del que emanan los actos reclamados, no fue instaurado en su contra, es decir, que ella no forma parte de ese procedimiento, por lo que es claro que al realizar la búsqueda respectiva, no se arrojaría el nombre indicado. Aunado a lo previo, la autoridad responsable no indicó si realizó la búsqueda, ingresando como dato el bien inmueble de que se trata. Por lo que, al haber sido omiso el Juez responsable, de pronunciarse en cuanto a la existencia o no de los actos que le fueron atribuidos, así como de indicar que realizó la búsqueda realmente de forma exhaustiva, se presumen ciertos los actos que le fueron reclamados. Cuarto. Se resuelve sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, en principio, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la autoridad y los actos reclamados, sobre los cuales se resolverá en este momento, son los siguientes: a) Del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todo lo actuado en el Juicio Civil *******, en específico, la sentencia ahí dictada, en la que se ordena el desalojo de la quejosa, del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, respecto de la cual, se ostenta poseedora, en virtud de un contrato de arrendamiento celebrado entre ella y *******. Pues bien, respecto del acto reclamado consistente en todo lo actuado en el Juicio Civil *******, del índice del Juzgado Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como la sentencia ahí dictada, se niega la suspensión definitiva, toda vez que a los mismos les reviste el carácter de consumados. Por lo que, de conceder la medida cautelar que se solicita, se le darían efectos restitutorios a los actos reclamados, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, Diciembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Así como la diversa jurisprudencia 12 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Luego, en relación con los efectos derivados de los actos reclamados, consistentes en la entrega material del bien inmueble referido, atendiendo al citado artículo 128 de la Ley de Amparo, no se estima que la concesión de la suspensión afecte el interés ni que se actualice ninguno de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe precisarse que la parte quejosa para acreditar de manera indiciaria su interés suspensional, exhibió las siguientes documentales, las cuales se encuentran debidamente cotejadas y compulsadas respecto de sus similares que constan en el juicio principal: a) Copia simple de una credencial de elector expedida por Instituto Federal Electoral, a nombre de *******, en la cual aparece como domicilio el ubicado en *******, en esta ciudad. b) Dos contratos originales de arrendamiento privados, celebrados entre la quejosa y *******, respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, los cuales comprenden los periodos de vigencia del ocho de febrero de dos mil dieciséis al siete de febrero de dos mil diecisiete y ocho de febrero de dos mil dieciocho al siete de febrero de dos mil veinte. c) Estados de cuenta emitidos por *******, a nombre de la quejosa, respecto de los periodos comprendidos del uno de enero de dos mil diecisiete al treinta de abril de dos mil diecisiete; uno de mayo al treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete; uno de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete; y, uno de mayo al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en los cuales se desprende, en lo que aquí interesa, que el domicilio que tiene registrado dicha administradora de fondos para el retiro, respecto de *******, es el ubicado en *******, en esta ciudad. d) Dos recibos originales de los servicios de telefonía facturados el ocho de junio de dos mil dieciséis y ocho de mayo de dos mil diecinueve, a nombre de la quejosa, respecto del bien inmueble ubicado en Calle Grosella, número cinco mil setecientos veinte (5720), Fraccionamiento Infonavit Aeropuerto, en esta ciudad. De las que se deduce, al menos de forma indiciaria, que la quejosa, es poseedora del bien inmueble de que se trata. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 151, primer párrafo y 157, de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa la suspensión definitiva para que el procedimiento de origen siga su curso en la etapa de ejecución de sentencia, sin embargo, no se escriture ni se le exija a la quejosa la entrega material del bien inmueble de que se trata. Se precisa, que la suspensión definitiva surte efectos desde luego, pero si el acto cuya ejecución se suspende, ya se llevó a cabo en el momento en que las autoridades responsables reciban noticia de esta determinación, la medida cautelar no podrá tener efectos restitutorios, debiendo quedar las cosas en el estado en que, en ese caso, se encuentren. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 4/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 515, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 167346, que a la letra dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. Lo resaltado es propio. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 96/97, publicada en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, con número de registro 197239, que dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Lo resaltado es propio. En ese orden, toda vez que existen terceros interesados, en este asunto, al derivar los actos reclamados de un procedimiento jurisdiccional, la misma surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la quejosa no exhibe en cualquiera de las formas que establece la ley, como garantía la cantidad de $*******, para responder de los posibles daños y perjuicios que pudieran sufrir aquellos debido al retardo en la ejecución de los actos por los cuales se otorgó la suspensión definitiva; cantidad que se determina discrecionalmente a criterio de este Juzgador, al no obrar en autos mayores datos que puedan ser tomados en cuenta, tal como podría ser el valor del bien inmueble; lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 132 de la Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se precisa que la suspensión definitiva otorgada surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga la garantía fijada en el párrafo que antecede, dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto. Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve: Primero. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó, contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Se concede a *******, la suspensión definitiva que solicitó, contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando tercero, para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO POR LO QUE SE EMPLAZA A JUICIO Y SE NOTIFIAC POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los informes justificados remitidos por el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores para los Juzgados Civiles y Familiares y Juez Quinto Civil por Audiencias, ambos del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Ahora, visto el informe del Juez Quinto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad se advierte que a ******* y a *******, les asiste el carácter de terceros interesados en el presente juicio. Por lo tanto, se comisiona a la actuaria judicial adscrita para que emplace a ******* por conducto de sus apoderados legales, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad y a *******, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, los cuales se advierten de las copias certificadas que anexa a su informe justificado el Juez Quinto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, entregándoles copia simple de la demanda y haciéndoles saber el contenido íntegro del auto de admisión de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, así como la fecha y hora prevista para la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil diecinueve). Notifíquese, personalmente a los terceros interesados. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. ASI MISMO SE LE NOTIFICA EL ACUERDO DE FECHA DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 373/2019-IV. Se ordena tramitar incidente de suspensión, por separado y duplicado, toda vez que la parte quejosa lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Respecto al tercero interesado que señala, se reserva proveer sobre su emplazamiento hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, a efecto de corroborar que le asiste tal carácter. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. En atención a las pruebas documentales que exhibe la quejosa, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la legislación en cita. Asimismo, ya que dichas documentales deberán ser tomadas en consideración en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, realícese el cotejo y compulsa, para que obren en el referido incidente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 71/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página siete, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2°., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver. Se tiene a la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, al licenciado *******, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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