Lisandro José Castillo Zelaya y Otros.

Expediente 774/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 60 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
774/2021
Año
2021
Actuaciones
60
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Lisandro José Castillo Zelaya y Otros.
  • Lisandro José Castillo Zelaya
  • Jenrri Daniel Caballero Ramírez y Otros.
  • Agente del Ministerio Público Federal adscrito
  • Jenrri Daniel Caballero Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 60.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en este asunto, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Declaratoria de causa ejecutoria Ahora, vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia referida en el párrafo que antecede. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Coincidencia expediente electrónico e impreso Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 774/2021, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vistos para resolver el juicio de amparo 774/2021-VI, promovido por ******* y *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido por la Secretaria de la adscripción, el treinta de octubre de dos mil veintiuno, *******, en representación de ******* y *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad y otras autoridades migratorias. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 11, 14 16, 22, y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por auto de treinta de octubre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo bajo el consecutivo 774/2021-VI; y previa la ratificación por parte de los directamente agraviados, el doce de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda. Asimismo, mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes y por oficio a las autoridades responsables, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a las autoridades responsables. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y ampliación, así como de los presentes autos se desprende que la parte quejosa reclama al (1)Titular Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, (2)Representante Local adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, (3)Sub Representante Local adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, (4) y al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, así como a la (5) Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria Janos, y (6) Subdirectora de Estación Migratoria adscrita la Estación Migratoria Janos, residentes en el poblado de Janos, Chihuahua, lo siguiente: Incomunicación; Detención; Alojamiento; Restricción de la libertad de tránsito; Tortura; Tormento (hacinamiento en condiciones insalubres); Negativa a registrarlos como refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y Deportación a su país de origen. Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia.- La Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria Janos, y Subdirectora de Estación Migratoria adscrita la Estación Migratoria Janos, en el poblado de Janos, Chihuahua, al rendir informe, comunicaron a este juzgado que los directamente agraviados no habían sido presentados ni alojados en esa estación migratoria. Circunstancia que se corrobora con las constancias que obran en autos, toda vez que de las mismas se advierte que los quejosos se encontraban alojados en la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad. En razón de lo antes expuesto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables, Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria Janos, y Subdirectora de Estación Migratoria adscrita la Estación Migratoria Janos, residentes en el poblado de Janos, Chihuahua, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] CUARTO.- Existencia del acto reclamado. El (1)Titular Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, (2)Representante Local adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, (3)Sub Representante Local adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua y al (4)Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, residentes en esta ciudad, al rendir informe justificado bajos sus denominaciones correctas, negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende que efectivamente los extranjeros ******* y *******, de nacionalidad hondureña, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, fueron puestos a disposición ante las autoridades migratorias en esta ciudad, quienes los alojaron en la Estancia Provisional Juárez, e iniciaron el Procedimiento Administrativo Migratorio ******* y *******, a fin de resolver su situación migratoria, respectivamente. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia, únicamente para efectos de resolver el presente juicio de amparo. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que respecto a los actos reclamados a las autoridades migratorias residentes en esta ciudad, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, como se precisó, la parte quejosa acudió a esta instancia reclamando lo siguiente: Incomunicación; Detención; Alojamiento; Restricción de la libertad de tránsito; Tortura; Tormento (hacinamiento en condiciones insalubres); Negativa a registrarlos como refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y Deportación a su país de origen. Sin embargo, de las constancias remitidas a este juzgado, se desprende que mediante el acuerdo dictado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, por la Jefa del Departamento de Protección a Grupos Vulnerables 1º, adscrita a la Dirección de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se admitió a trámite la solicitud de *******. Asimismo, se advierte el acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial, dictado por el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, el veintiséis de febrero de dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo migratorio *******, mediante el cual se ordenó la salida de *******, de las instalaciones de la Estancia Provisional Juárez. Del mismo modo, se desprende la resolución de retorno asistido dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento administrativo migratorio *******, instruido a *******, mediante la cual se le concedió el beneficio de la repatriación voluntaria, para ser retornado a su país de origen, misma que fue ejecutada el dos de diciembre de dos mil veintiuno, según se desprende del oficio de salida *******, signado por el Encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz. Documentales que por ser públicas se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En esas condiciones, si el uno de diciembre de dos mil veintiuno, por la Jefa del Departamento de Protección a Grupos Vulnerables 1º, adscrita a la Dirección de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, resiente en la Ciudad de México, admitió a trámite la solicitud de *******; y el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, el veintiséis de febrero de dos mil veintidós, ordenó la salida de *******, de las instalaciones de la Estancia Provisional Juárez; asimismo, respecto a *******, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, fue ejecutada la resolución de retorno asistido a su país de origen, dictada por el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el procedimiento administrativo migratorio *******, instruido a *******; es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a los quejosos en el goce de las garantías violadas, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concede la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a las autoridades migratorias responsables en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 11, 14 y 16 Constitucionales en concordancia con la Ley de Migración, cesar los actos inconstitucionales, y proveer lo conducente respecto al ingreso y salida de los quejosos al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los directamente agraviados en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales; lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación de las propias responsables. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Asimismo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción V, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******* y *******, contra actos y autoridades precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, en los términos expuestos en el tercer y último considerando de esta determinación. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación que antecede, se desprende que el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, del estado de autos se desprende que no obran en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia adscrito a la Estación Migratoria en Janos del Instituto Nacional de Migración, Titular, Jefe del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Janos, Chihuahua, relativos al proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, mediante el cual se ordenó comunicar a las partes, el cambio de titular de este juzgado federal. Diferimiento de audiencia Por tanto, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el contenido del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, se advierte que la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo antes expuesto, se difiere la audiencia constitucional ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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