Liliana del Carmen Quiñonez Avila
Expediente 862/2014 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 36 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 26/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Liliana del Carmen Quiñonez Avila
- Juez Cuarto de lo Civil, Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Finalmente, en vista de que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General citado en supra líneas, notifíquesele, para que dentro del plazo de noventa días computados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, éste documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ****. Doy fe.
- Principal
Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo ***************, promovido por ***************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cuatro de diciembre de dos mil catorce, turnado a este Juzgado en su fecha, ***************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y Actuario Ministro Ejecutor del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS.- Señalo como acto reclamado, a la Ordenadora, la ILEGAL ORDEN DE LANZAMIENTO JUDICIAL, respecto al bien inmueble de mi propiedad y todas u cada una de las actuaciones derivadas en el expediente civil De la Ejecutora, se reclama, la ejecución de los actos reclamados a la Ordenadora en Vía de consecuencia y por consiguiente, las consecuencias jurídicas que se deriven de los actos reclamados (sic). Segundo. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de cinco de diciembre de dos mil catorce (foja 19), se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente ***************, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a actos cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclamó, de las autoridades señaladas como responsables: Del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: Todas y cada una de las actuaciones practicadas en el juicio especial hipotecario ***************, de su índice; La orden dictada en el juicio natural, en el sentido de poner en posesión a la parte actora, ***************, el bien inmueble ubicado en ***************. Lo anterior, ostentándose tercero extraña en sentido estricto y propietaria del bien inmueble descrito. Del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Central del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La ejecución de dicha orden. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad (fojas 26 a 198), en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado y que efectivamente, ordenó poner en posesión material y legal del inmueble materia del presente juicio de amparo, en favor del actor ***************, aquí tercero interesado; orden que, a la fecha, no se ha ejecutado. Al respecto, el Juez responsable anexó a su informe justificado, copia certificada de todo lo actuado en el juicio natural, constancias de las que se desprende la existencia del juicio especial hipotecario ***************; la sentencia dictada por la autoridad de referencia, el treinta de abril de dos mil trece (fojas 91 a 98); el auto en que causó ejecutoria, de fecha tres de junio de dos mil trece (foja 102); el proveído de treinta de junio de dos mil catorce, en que tuvo verificativo la primera almoneda, en que se fincó remate sobre el bien inmueble de referencia y ordenó adjudicarse en favor de *************** (fojas 150 y 151) y auto de veinte de noviembre de dos mil catorce, en que se ordenó poner en posesión legal y material en favor del actor ya aludido. Por su parte, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Central del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad (fojas 201 a 208), aceptó el acto reclamado, consistente en la ejecución de la orden emitida por el Juez responsable, de efectuar el lanzamiento del bien inmueble de referencia, en contra de la aquí quejosa. Al respecto, cabe destacar que, como ya se mencionó, dicho lanzamiento no tuvo lugar. Tales constancias, poseen con valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. En apoyo a lo que antecede, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el último párrafo de dicho numeral. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la primera parte del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; En relación a lo anterior, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: 5º. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Pues bien, del segundo de tales numerales se advierte que la quejosa es parte en el juicio de amparo y que tal carácter lo tiene quien aduce, en principio, ser titular de un derecho subjetivo, es decir, contar con un interés jurídico, o bien, ser titular de un interés legítimo individual o colectivo. Lo anterior, siempre y cuando la norma, acto u omisión que reclame, vulnere los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de la materia (derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte) y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, directamente (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Determinado lo anterior, se tiene que la quejosa reclama la orden de desposesión inminente del bien inmueble ubicado en ***************, y su ejecución, aduciendo que es propietaria de dicho bien inmueble. A efecto de demostrar el derecho real que ejerce sobre el bien inmueble descrito, exhibió contrato de compraventa celebrado en su compradora, con *************** y ***************, como vendedores, respecto del bien multicitado, en el presente expediente, presentado en copia simple (fojas 16 a 18), y en el incidente de suspensión respectivo (fojas 25 a 27), presentó el original de dicho contrato, mismo que fue debidamente compulsado y cotejado, con el presentado en copia simple en el presente expediente, tal como se ordenó en auto de siete de enero de dos mil quince (foja 213), con la finalidad de que surtan los mismos efectos Sin embargo, dicho contrato de compraventa no es apto para demostrar el interés jurídico que le asiste a la quejosa, es decir, para demostrar que es la propietaria del bien inmueble objeto del juicio natural, pues, si bien fue exhibido en original, no es de fecha cierta, pues se trata de un contrato privado, esto es, no fue celebrado o posteriormente presentado ante algún fedatario con motivo de sus funciones y sin que se tenga noticia de que alguno de sus signatarios hubiere fallecido antes de la promoción de este juicio de amparo, extremos los descritos que, le hubieren otorgado fecha cierta y en consecuencia, efectos frente a terceros. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a./J. 46/99 publicada en la página 78, del Tomo X, diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época y número de registro 192662, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Además del mencionado contrato, la quejosa exhibió como medios de convicción: copia certificada de la totalidad de constancias que integran la carpeta de investigación ***************, relativa a la denuncia que presentó, en contra de los terceros interesados *************** y ***************, así como un disco compacto con la declaración de la primera de dichas personas, Sin embargo, de la documental descrita en el inciso a), no se desprende que la quejosa, alguna otra persona llamada a la investigación o el agente del Ministerio Público, hayan aportado documento alguno que demuestre plenamente que aquélla es propietaria bien inmueble multicitado o que ejerza la posesión del mismo; mientras que, del medio de convicción referido en el inciso b), únicamente se desprende la declaración que emitió ***************, ante el agente del ministerio público encargado de la carpeta de investigación ***************, empero, tal declaración no es idónea, por sí misma, para demostrar ninguno de los extremos indicados. Por lo tanto, se desvirtúan dichos medios de prueba. Por ende, la quejosa carece de interés jurídico para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, condiciones en las cuales, lo procedente es, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la propia Ley, sobreseer en este asunto. Así pues, no causa perjuicio a la parte quejosa el hecho de que este Juzgado Federal no atienda las cuestiones de fondo, pues el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, primera parte, página 335, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, en relación los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************, hasta el día de hoy, veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente asunto. Empero, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, ya que de autos se desprende que se encuentra pendiente de diligenciar la carta rogatoria **************, enviada a fin de emplazar a la tercero interesada **************. Al respecto, de autos se advierte que el nueve de febrero de dos mil dieciséis, se requirió a la Directora de Permisos, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, para que remitiera la carta rogatoria enviada a fin de emplazar a la tercero interesada **************, sin que al día de hoy, lo hubiere efectuado. Por lo anterior, se requiere de nueva cuenta a la Directora de Permisos, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, para que remita de inmediato, y hasta por un término máximo de tres días a partir de quedar notificada de este auto, vía acelerada, la carta rogatoria indicada; se le apercibe, que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, en términos de lo estatuido por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, así como 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintidós de abril de dos mil dieciséis, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, **************. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario, se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de dieciséis de marzode dos mil dieciséis, que dice:Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el escrito remitido por ***************, en su carácter de apoderada legal de ***************, a quien se reconoce la personalidad con que se ostenta, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, pues lo acredita con el instrumento en que consta el poder que le fue conferido, ante el Notario Público número *************** en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos; al respecto, se tiene que, efectivamente, a ***************, le asiste el carácter de tercero interesado, como se desprende de las constancias que integran el juicio natural. Asimismo, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, de conformidad con el numeral 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a la persona propuesta. Luego, a pesar de que el tercero interesado de referencia, haya sido omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, se tiene como tal, el que obra en las constancias que integran el juicio natural (foja 28). Lo que antecede, de conformidad con el numeral 5, fracción III, incisos a) y b), en relación con el diverso 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.
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