Lilian Cristina Jimenez Silvestre
Expediente 276/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Lilian Cristina Jimenez Silvestre
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se advierte que el término de noventa días que se otorgó a la parte quejosa mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, para que se presentara a recoger los documentos originales existentes en este asunto, ha transcurrido, sin que se hubiere presentado para tal efecto promoción alguna, no obstante que la parte quejosa fue debidamente notificada personalmente el veinte de mayo de este año. Por lo tanto, al momento de transferir este asunto para su destrucción, deberán enviarse adjuntos dichos documentos. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo en vigor, contra el auto de treinta de abril del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ****************, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, teniendo en cuenta que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo General citado en supra líneas, notifíquese personalmente este proveído, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda la parte quejosa a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el presente expediente, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dará lugar a la destrucción del mismo, cuando se realice la del cuaderno en que se actúa Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.***
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE NOTIFICACION, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:SE DESPRENDE QUE LA QUEJOSA NO DESAHOGO LA PREVENCION CONTENIDA EN EL AUTO DE DOCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR LO TANTO, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por *******************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública Municipal, el Director de Salud Municipal y el Director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, todos en esta ciudad. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado; quedando registrado como juicio de amparo 276/2019-III. Ahora, a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda, se procede en principio a realizar un análisis del escrito de cuenta. Separación de Juicios En el caso, se estima que procede la separación de juicios, como a continuación se verá. Del contenido íntegro del escrito de demanda, se deduce que los quejosos reclaman de las siguientes autoridades los actos que a continuación se enuncian: Del Secretario de Seguridad Pública Municipal, en esta ciudad: la orden de desarme y quitar el porte de arma a la quejosa. Del Director de Salud Municipal y Director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en esta ciudad: la falta de servicio médico apropiado y la negativa de proporcionar a la quejosa copia de su expediente clínico. En ese sentido, es pertinente traer a colación el contenido de los artículos 107, fracciones II y III y 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, que prevén la procedencia del juicio de amparo indirecto y la forma en la que debe formularse, que enuncian: *** Artículo 107. El amparo indirecto procede: *** II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; *** Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: *** III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; *** En primer lugar, los artículos 107 y 108 de la Ley de Amparo establecen varias hipótesis en que se pudiera promover el juicio de amparo, entre ellas, en lo que interesa, las siguientes: Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Ahora, el párrafo primero del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: ARTÍCULO 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. De tal numeral se desprende, en lo que aquí interesa, que cuando en dos juicios o más existe en todo o en parte, una relación jurídica que pueda tener como resultado un mismo efecto, deben ser acumulados. Ahora, si bien es cierto que el Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiesta un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola como un todo, también lo es que, esta interpretación no debe tomarse como regla general de modo rígido, pues ello obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encuentran fuertemente ligados entre sí, formando una unidad que no es posible desmembrar; sin embargo, puede darse el caso de que existan varios actos que respecto a su cualificación asignada por la ley deban conocer diversos órganos jurisdiccionales, porque son actos totalmente desvinculados entre sí. Así, cuando en dos o más juicios no exista una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, pues no hay identidad de actos ni de autoridades responsables, no hay justificación para tramitarlos conjuntamente, sino que debe decretarse de oficio su separación, aplicando en sentido contrario lo dispuesto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, citado con anterioridad. En efecto, cuando en un mismo juicio de amparo no exista una estrecha relación entre los actos y autoridades reclamadas, sino que se trata de actos distintos, atribuidos a autoridades diferentes, no existe razón, para tramitarlos conjuntamente y debe realizarse una separación de juicios. En el caso, se desprende que los quejosos en su escrito inicial de demanda reclamaron por una parte, de la autoridad administrativa Secretario de Seguridad Pública Municipal actos sancionadores que parecieran derivados de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio y por las otras autoridades administrativas Director de Salud Municipal y Director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, actos deficientes y otros negativos que no tienen relación unos con otros. Es decir, entre los actos reclamados, no existe una estrecha relación, pues los actos consistentes en el desarme y quitarle el porte de arma en contra de la quejosa por haber dado positivo en el examen de antidoping y derivado del resultado del mismo, si bien en los hechos de su demanda narra fue a raíz del medicamento suministrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; lo cierto es que ambos actos guardan autonomía entre sí. Por lo que, de admitir la demanda respecto de los actos y autoridades precisadas, al momento de emitir la sentencia correspondiente en el presente asunto, se resolverían cuestiones totalmente distintas, la misma no sería ajustada a derecho. Las anteriores consideraciones tienen apoyo en la tesis P./J.76/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, consultable en el Tomo VI, Septiembre de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197671, que provee lo siguiente: SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Asimismo, en la tesis I.3o.C.72 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2356, consultable en el Tomo III, Mayo de 2015, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009070, que a la letra dice: SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. Igualmente, es aplicable la tesis aislada II.2o.P.28 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1022, consultable en el Tomo II, Julio de 2017, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO APLICA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS TOTALMENTE DESVINCULADOS ENTRE SÍ, POR LO QUE PROCEDE LA SEPARACIÓN DE ÉSTOS DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES QUE DEBEN CONOCER DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DIVIDIR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA. Si bien es cierto que el Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola como un todo, también lo es que esta interpretación no debe tomarse como regla general de modo rígido, pues ello obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encuentren fuertemente ligados entre sí, formando una unidad que no es posible desmembrar; sin embargo, puede darse el caso de que existan varios actos que respecto a su cualificación asignada por la ley necesariamente deban conocer de unos, un Tribunal Unitario de Circuito y, de otros, un Juzgado de Distrito, verbigracia, tratándose de un acto consistente en la reposición del procedimiento ordenada por un Tribunal Unitario y, como consecuencia de ello, sobrevino el dictado de un auto de formal prisión por el Juez de Distrito, porque son actos totalmente desvinculados entre sí; de ahí la razón de la separación de los actos de acuerdo con la competencia de cada una de las autoridades que conocen del juicio de amparo, sin que ello implique dividir la continencia de la causa. En consecuencia, sepárese el presente juicio y a fin de no dejar al quejoso en estado de indefensión, se ordena remitir copia certificada del escrito de demanda, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, a efecto de que se sirva turnarlo como un nuevo juicio de materia administrativa, a favor de este Juzgado; en el entendido de que este Tribunal se avocará al trámite por lo que hace al acto que reclama al Secretario de Seguridad Pública Municipal, en esta ciudad, tal como fue turnado por la citada oficina de correspondencia. Prevención de la demanda Sentado lo anterior, a efecto de proveer respecto a la admisión de la demanda es importante precisar, que de conformidad con el artículo 112, en relación con el diverso 114, ambos de la Ley de Amparo, al realizar el análisis del escrito constitucional, el Juez de Distrito debe advertir irregularidades, deficiencias u omisiones. En el caso, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente reclama del Secretario de Seguridad Pública Municipal, en esta ciudad, la orden de desarme y quitar el porte de arma, en contra de la accionante del amparo. En ese tenor, este Tribunal advierte la posible existencia de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, que tuvo como conclusión el desarme de Lilian Cristina Jiménez Silvestre. Atento a lo anterior, deberá requerirse a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, a partir que surta efectos la notificación de este proveído, precise sí tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento seguido en forma de juicio instaurado en su contra, y en su caso, indique cuál es y el estado que guarda el mismo. También, como se puede apreciar del arábigo anterior, este resolutor puede prevenir a la quejosa cuando se haya omitido alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, como manifestar bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación. Al respecto, el artículo 108, fracción V, dispone como requisito de la demanda de amparo, que la parte quejosa haga, bajo protesta de decir verdad, la narración de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado en materia administrativa. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte, que la parte quejosa señala hechos que derivan de los actos administrativos, pero que de cierta manera tienen relación con el acto que nos atañe; sin embargo, en realidad no hizo una narrativa sobre los antecedentes del procedimiento seguido en forma de juicio que posiblemente se entabló en su contra para ordenar su desarme y quitar el porte de arma. Así las cosas, la parte quejosa tenía la obligación de narrar bajo protesta de decir verdad, todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que, por su estrecha relación, resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en la procedencia del juicio por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 62 de la citada ley. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, con fundamento en los numerales 108, fracción V, así como 114 de la ley de la materia, en concordancia con la jurisprudencia anteriormente descrita, se requiere a la parte quejosa, a efecto de que, en el término de cinco días, realice lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad narre la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Manifieste si tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, instaurado en su contra, y en su caso, indique cuál es y el estado que guarda el mismo. Exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Ilustra a lo anterior, el criterio que sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta, tomo VI, materia común, del Apéndice al Judicial de la Federación, actualizado al dos mil uno, Novena Época, cuyo rubro y texto dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de Amparo. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con el requerimiento formulado, dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, esto es, se tendrá por no presentada su demanda. Con fundamento en los artículos 27, fracción I, y 12 de la ley invocada, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y como autorizados a José Antonio Navarro Castañeda, Jorge Luis Castañeda Miranda y Claudia Irene López Manríquez, quien se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con cédulas profesionales 5386455, 4509940 y 9544389, respectivamente. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe.
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