José Rafael Santana Quintero
Expediente 2837/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2837/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juez Segundo de Oralidad Familiar turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida
- José Rafael Santana Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, de siete de marzo de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno del incidente de suspensión, agregando al mismo, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Además, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Por último, no habiendo motivo legal alguno para que continúe al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo formado con las constancias remitidas por la Juez responsable en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintidós de diciembre del año dos mil veintidós, consistente en copias certificadas de las constancias conducentes que integran el expediente 829/2014 de su índice; por tanto, devuélvansele, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 829/2014, en el que la autoridad responsable regularizó el procedimiento y determinó no admitir a trámite el recurso de revocación así como el incidente de nulidad de notificaciones, por frívolos e improcedentes. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, corroborado con las documentales que adjuntó al mismo. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, ya sean advertidas por este órgano federal o señaladas por las partes, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De la literalidad del precepto legal transcrito se desprende que, salvo las excepciones que ahí se indican, el juicio de amparo es improcedente cuando en contra del acto reclamado proceda algún recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior contiene de modo implícito, el principio de definitividad, que no es otra cosa, que la obligación de agotar el recurso ordinario que proceda antes de promover el juicio de amparo; que acorde a lo que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Así, en tal ejecutoria, también se indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. Refirió que la importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los tribunales internacionales de derechos humanos y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ello, en atención al régimen federal del Estado mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias. Así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal, organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales. La resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales así como la revisión de sus decisiones por órganos superiores son derechos fundamentales a favor de los gobernados. De acuerdo con lo anterior, la aludida Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso, el auto impugnado de diez de noviembre de dos mil veintidós, no se están fijando alimentos que pudieran afectar en alguna forman la subsistencia de menores, sino es sobre adeudos de pensión ya generados; máxime que el quejoso acude al amparo por su propio y personal derecho y no en representación de sus hijos menores. De ahí que, se actualice la causal de improcedencia referida, toda vez que en contra del proveído antes mencionado de diez de noviembre de dos mil veintidós, procede un medio ordinario de defensa legal, que tiene como finalidad, confirmar, revocar o modificarlo; esto es, el recurso de revocación. En efecto, los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establecen lo siguiente: "CAPÍTULO I Disposiciones Generales Impugnación de resoluciones. Recursos Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: Revocación, y Apelación. Irrenunciabilidad de recursos Artículo 422. Los recursos no son renunciables. CAPÍTULO II De la revocación Recurso de revocación Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Procedencia de la revocación en la audiencia Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: l. Resuelva excepciones; ll. No admita pruebas; lll. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y lV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Interposición de la revocación fuera de audiencia Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. Irrecurribilidad de la revocación Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. CAPÍTULO III De la apelación Objeto de la apelación Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Procedencia de la apelación Artículo 428. La apelación procede en contra de: l. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; ll. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y lll. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De los preceptos transcritos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rige el procedimiento en los juicios del orden familiar, como aquél del que deriva el acto reclamado, reconoce como recursos los de apelación y revocación. Asimismo, de dichos numerales deriva que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. También se aprecia que únicamente procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto, contra el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y en contra de las resoluciones interlocutorias y definitivas. De lo anterior, se desprende que contra el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós dictado en el expediente 829/2014, en el que la autoridad responsable regularizó el procedimiento y determinó no admitir a trámite el recurso de revocación y el incidente de nulidad de notificaciones, por ser frívolos e improcedentes, procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que no resultaba apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, al no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva; esto, con base en que el citado numeral 423 del mencionado ordenamiento legal, establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa en contra de todos los autos y decretos que no sean apelables, sin exclusión alguna, tratándose de acuerdos o decretos dictados fuera de la audiencia. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Tiene aplicación la tesis XIX.2o.13 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como lo que informa la jurisprudencia sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, tesis I.4o.C. J/10, en la página 940 del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "RECURSOS. SISTEMA DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del sistema legal que rige los recursos en los procedimientos civiles en el Distrito Federal, encontramos como regla general que, contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa que fija el código respectivo, salvo que la propia ley disponga expresamente lo contrario. Así vemos que, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: que contra los autos que no sean apelables, y contra los decretos, emitidos ambos en primera instancia, procede el recurso de revocación; el artículo 686 establece que, contra autos y decretos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, procede el recurso de reposición, que se sustancia en la misma forma que el de revocación; y otras disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, fijan los casos de procedencia del recurso de apelación, que tratándose de autos, se requiere que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y que sea aplicable la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, según se lee en el artículo 691 del ordenamiento procesal invocado. Ejemplos de actos no impugnables por ningún recurso, son los autos que admiten alguna prueba (artículo 285); las resoluciones que declaran que una sentencia ha causado o no ejecutoria (artículo 429); y los autos y decretos dictados para la ejecución de una sentencia (artículo 527). Esto trae como consecuencia, que en los negocios en los cuales, por razón de la cuantía no procede el recurso de apelación, las resoluciones que las partes estimen contrarias a derecho admitirán el recurso de revocación, según la regla enunciada al principio, salvo los casos en que la ley prevea expresamente la irrecurribilidad." Además, debe decirse que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado dictado el diez de noviembre de dos mil veintidós en el expediente 829/2014, no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales: Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, ya que se trata de la parte actora de acuerdo a su dicho bajo protesta de decir verdad y de las constancias que adjuntó a su demanda. Además de que aún, de considerarse de imposible reparación el acto, ello no constituye una excepción al principio de definitividad ya que la irreparabilidad del acto y el citado principio se tratan de presupuestos distintos y autónomos que se rigen por aspectos diferentes, en tanto que la ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto y su transcendencia en la esfera jurídica del quejoso y la definitividad se refiere a la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa legal antes de acudir al juicio de amparo con independencia de la naturaleza del acto, salvo los casos expresamente establecidos en la ley. Se invoca de manera ilustrativa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro 2017117, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además de que la ley es muy clara en precisar la procedencia del recurso de revocación en contra del acuerdo como el reclamado, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. En ese orden de ideas, se reitera que en contra del acuerdo reclamado dictado en el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, procedía el recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, así como las alegaciones que formuló, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por José Rafael Santana Quintero, en contra del acto que reclamó de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Vespertino, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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se notifica a la parte quejosa de conformidad con el articulo 27y 29 de la ley de amparo--- CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 829/2014, en el que la autoridad responsable regularizó el procedimiento y determinó no admitir a trámite el recurso de revocación así como el incidente de nulidad de notificaciones, por frívolos e improcedentes. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, corroborado con las documentales que adjuntó al mismo. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, ya sean advertidas por este órgano federal o señaladas por las partes, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De la literalidad del precepto legal transcrito se desprende que, salvo las excepciones que ahí se indican, el juicio de amparo es improcedente cuando en contra del acto reclamado proceda algún recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior contiene de modo implícito, el principio de definitividad, que no es otra cosa, que la obligación de agotar el recurso ordinario que proceda antes de promover el juicio de amparo; que acorde a lo que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Así, en tal ejecutoria, también se indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. Refirió que la importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los tribunales internacionales de derechos humanos y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ello, en atención al régimen federal del Estado mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias. Así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal, organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales. La resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales así como la revisión de sus decisiones por órganos superiores son derechos fundamentales a favor de los gobernados. De acuerdo con lo anterior, la aludida Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso, el auto impugnado de diez de noviembre de dos mil veintidós, no se están fijando alimentos que pudieran afectar en alguna forman la subsistencia de menores, sino es sobre adeudos de pensión ya generados; máxime que el quejoso acude al amparo por su propio y personal derecho y no en representación de sus hijos menores. De ahí que, se actualice la causal de improcedencia referida, toda vez que en contra del proveído antes mencionado de diez de noviembre de dos mil veintidós, procede un medio ordinario de defensa legal, que tiene como finalidad, confirmar, revocar o modificarlo; esto es, el recurso de revocación. En efecto, los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán establecen lo siguiente: "CAPÍTULO I Disposiciones Generales Impugnación de resoluciones. Recursos Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: Revocación, y Apelación. Irrenunciabilidad de recursos Artículo 422. Los recursos no son renunciables. CAPÍTULO II De la revocación Recurso de revocación Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Procedencia de la revocación en la audiencia Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: l. Resuelva excepciones; ll. No admita pruebas; lll. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y lV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Interposición de la revocación fuera de audiencia Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. Irrecurribilidad de la revocación Artículo 426. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso alguno. CAPÍTULO III De la apelación Objeto de la apelación Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Procedencia de la apelación Artículo 428. La apelación procede en contra de: l. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; ll. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y lll. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De los preceptos transcritos se advierte que el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que rige el procedimiento en los juicios del orden familiar, como aquél del que deriva el acto reclamado, reconoce como recursos los de apelación y revocación. Asimismo, de dichos numerales deriva que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. También se aprecia que únicamente procede el recurso de apelación en contra de las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto, contra el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y en contra de las resoluciones interlocutorias y definitivas. De lo anterior, se desprende que contra el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós dictado en el expediente 829/2014, en el que la autoridad responsable regularizó el procedimiento y determinó no admitir a trámite el recurso de revocación y el incidente de nulidad de notificaciones, por ser frívolos e improcedentes, procedía el recurso de revocación, tomando en consideración que no resultaba apelable, al no tratarse de una resolución que ponga fin a la controversia, al no ser un auto interlocutorio que resuelve sobre incompetencia, ni una resolución interlocutoria y definitiva; esto, con base en que el citado numeral 423 del mencionado ordenamiento legal, establece en forma genérica la procedencia de dicho medio de defensa en contra de todos los autos y decretos que no sean apelables, sin exclusión alguna, tratándose de acuerdos o decretos dictados fuera de la audiencia. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Tiene aplicación la tesis XIX.2o.13 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como lo que informa la jurisprudencia sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, tesis I.4o.C. J/10, en la página 940 del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "RECURSOS. SISTEMA DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del sistema legal que rige los recursos en los procedimientos civiles en el Distrito Federal, encontramos como regla general que, contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa que fija el código respectivo, salvo que la propia ley disponga expresamente lo contrario. Así vemos que, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone: que contra los autos que no sean apelables, y contra los decretos, emitidos ambos en primera instancia, procede el recurso de revocación; el artículo 686 establece que, contra autos y decretos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, procede el recurso de reposición, que se sustancia en la misma forma que el de revocación; y otras disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, fijan los casos de procedencia del recurso de apelación, que tratándose de autos, se requiere que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y que sea aplicable la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, según se lee en el artículo 691 del ordenamiento procesal invocado. Ejemplos de actos no impugnables por ningún recurso, son los autos que admiten alguna prueba (artículo 285); las resoluciones que declaran que una sentencia ha causado o no ejecutoria (artículo 429); y los autos y decretos dictados para la ejecución de una sentencia (artículo 527). Esto trae como consecuencia, que en los negocios en los cuales, por razón de la cuantía no procede el recurso de apelación, las resoluciones que las partes estimen contrarias a derecho admitirán el recurso de revocación, según la regla enunciada al principio, salvo los casos en que la ley prevea expresamente la irrecurribilidad." Además, debe decirse que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado dictado el diez de noviembre de dos mil veintidós en el expediente 829/2014, no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales: Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, ya que se trata de la parte actora de acuerdo a su dicho bajo protesta de decir verdad y de las constancias que adjuntó a su demanda. Además de que aún, de considerarse de imposible reparación el acto, ello no constituye una excepción al principio de definitividad ya que la irreparabilidad del acto y el citado principio se tratan de presupuestos distintos y autónomos que se rigen por aspectos diferentes, en tanto que la ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto y su transcendencia en la esfera jurídica del quejoso y la definitividad se refiere a la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa legal antes de acudir al juicio de amparo con independencia de la naturaleza del acto, salvo los casos expresamente establecidos en la ley. Se invoca de manera ilustrativa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con registro 2017117, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además de que la ley es muy clara en precisar la procedencia del recurso de revocación en contra del acuerdo como el reclamado, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. En ese orden de ideas, se reitera que en contra del acuerdo reclamado dictado en el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, procedía el recurso de revocación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, así como las alegaciones que formuló, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por José Rafael Santana Quintero, en contra del acto que reclamó de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Vespertino, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la tercero interesada *****, y en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza en desahogo a la vista que se le ha conferido respecto del informe justificado rendido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, con sede en esta ciudad; las cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo solicita la ocursante, téngase como su autorizada, con las limitaciones a que se refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a ****. Sin que haya lugar a pronunciarse con respecto al uso de aparatos electrónicos, toda vez que en el auto inicial se acordó lo conducente. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe.
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