José Rafael Cuxim Fernández

Expediente 397/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
397/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • José Rafael Cuxim Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    QUEJOSO POR LISTA DE ESTRADOS. Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el licenciado Karlos David Moreno Sequera, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    QUEJOSO POR LISTA DE ESTRADOS. Mérida, Yucatán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la constancia levantada por el actuario adscrito a este juzgado el cinco de abril del año en curso, de la que se advierte que, por las razones que expone (falta de la mención de la calle a la que pertenece el predio) no le fue posible notificar al quejoso ********************, la sentencia firmada el treinta de marzo del presente año, en el domicilio que obra en autos para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena hacerle al justiciable la notificación de la sentencia firmada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, y del presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcione a este Juzgado un nuevo domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. Notifíquese y cúmplase.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 397/2020-IV-B, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Recepción de la demanda. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, y el actuario de su adscripción. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el número 397/2020-IV-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se reanudó al procedimiento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: El auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, deducido del expediente 85/2020, relativo al procedimiento de divorcio incausado, promovido por Grecia Lucero Oy Alcocer, en el que se dictaron medidas provisionales, entre otras, las concernientes a la custodia del menor M.H.C.O. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado, por lo que así se tiene para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Al respecto, el artículo 62 de la ley de la materia establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Ello, al tratarse de una cuestión de interés público. Realizado dicho análisis, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el juicio. Al respecto, la citada fracción establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, que puede actualizarse en dos supuestos: 1) por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y 2) por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. En el caso, las constancias del sumario evidencian que se actualiza la segunda de las hipótesis mencionadas, porque la determinación aquí reclamada fue sustituida procesalmente por la diversa que resolvió el recurso de revocación que el propio quejoso interpuso contra aquella. Para mayor entendimiento, se narrarán los antecedentes que demuestran esa afirmación, para lo cual se toman en consideración las constancias que el juez responsable adjuntó a su informe de ley, obtenidas del expediente 85/2020, relativo al procedimiento de divorcio incausado, promovido por Grecia Lucero Oy Alcocer en contra del aquí amparista. A las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene lo siguiente: 1.- Mediante escrito de tres de febrero de dos mil veinte, GRECIA LUCERO OY ALCOCER, promovió demanda iniciando procedimiento especial de divorcio incausado en contra de JOSÉ RAFAEL CUXIM FERNÁNDEZ, en el que demandó cómo prestaciones principales: la disolución del vínculo matrimonial; la guarda y custodia del menor hijo de ambos, de iniciales M. H. C. O.Ç; alimentos y la fijación de un régimen de convivencias. Exhibiendo la propuesta de convenio respectiva. 2.- Correspondió conocer de la citada demanda al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, asignándole el número 85/2020 de su índice, en el que por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, previno a la promovente para que exhibiera constancia de no propiedad; lo cual cumplió favorablemente, por lo que por auto de veintiuno de febrero siguiente, se dio inicio al trámite correspondiente ordenando emplazar al demandado, aquí quejoso, lo cual aconteció el propio veintiuno de febrero en cita. 3.- Posteriormente, GRECIA LUCERO OY ALCOCER, presentó un escrito de veintidós de febrero de dos mil veinte, en el que, sustancialmente, solicitó al juez natural que dictara las medidas provisionales urgentes, pidiendo la reincorporación de su menor hijo a su domicilio, aduciendo que el demandado bajo engaños se llevó el citado menor. 4.- Al respecto, en auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, el juez responsable dictó las medidas provisionales solicitadas, en el sentido de otorgar la custodia del menor a la madre del mismo GRECIA LUCERO OY ALCOCER, ordenando el requerimiento al demandado y entrega inmediata del infante a la actora; asimismo, señaló el régimen de convivencias relativo al padre con el menor, y se reservó proveer en relación con los alimentos solicitados. ESTE ACUERDO CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. 5.- Posteriormente, mediante escrito de tres de marzo de dos mil veinte, el demandado JOSÉ RAFAEL CUXIM FERNÁNDEZ, interpuso recurso de revocación en contra del citado acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte. 6.- El juez responsable en auto de cinco de marzo de dos mil veinte, admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso, ordenó dar vista a la parte accionante del juicio de origen con el escrito de agravios, y mediante ocurso de diez de marzo del año en cita, dio contestación al recurso. 7.- El dieciocho de marzo de dos mil veinte, el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, emitió la resolución correspondiente al recurso de revocación aludido, con los siguientes puntos resolutivos: "[.] se resuelve: PRIMERO.- No ha procedido el recurso de revocación interpuesto por José Rafael Cuxim Fernández en contra del auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte. SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido en todas sus partes. TERCERO.- Notifíquese personalmente y cúmplase. [.]". 8.- Interlocutoria que fue notificada a las partes actora y demandada mediante respectiva cédula de notificación el seis de mayo de dos mil veinte. En esas condiciones, la relatoría que precede permite evidenciar que la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, sustituyó procesalmente la determinación primaria, que es el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, motivo por el que este último cesó en sus efectos. Ello así, pues aun y cuando no puede decirse que los motivos de inconformidad expresados relacionados en relación con el acto reclamado que alegó el aquí quejoso, han concluido; lo cierto es, que esa transgresión ahora proviene de la nueva resolución que pronunció el juez responsable en relación con el recurso de revocación planteado por el demandado del juicio natural, en la que determinó que no fue procedente el recurso, por lo que confirmó en todas sus partes el auto recurrido, sustituyendo procesalmente el acto aquí impugnado. En consecuencia, el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, ya no puede ser materia de examen en amparo; lo anterior, porque el ejercicio de los medios ordinarios de defensa incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida, de forma que sería la nueva determinación de dieciocho de marzo de dos mil veinte y no el auto impugnado la que, de manera extraordinaria, pudiese ser materia de análisis a través del juicio de amparo; máxime que, conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. Se afirma que el recurso de revocación es el idóneo para combatir el acto aquí reclamado (es decir, para lograr, de ser fundado, su nulificación o modificación), consistente en el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en el que el juez responsable dictó las medidas provisionales solicitadas por la parte actora, en el sentido de otorgar la custodia del menor a la madre GRECIA LUCERO OY ALCOCER, ordenando el requerimiento al demandado y entrega inmediata del infante a la accionante; proveído en el que también se señaló el régimen de convivencias del padre con el menor, y se reservó proveer en relación con los alimentos. Ciertamente, el juez responsable consideró que procede dicho recurso para dirimir las cuestiones relacionadas con la determinación de medidas provisionales que fijó, tan es así que admitió a trámite el recurso y lo resolvió, de ahí que se declaró competente para conocerlo y resolverlo, analizó los agravios del recurrente dándoles contestación de fondo, y concluyó en que no asistía razón al aquí quejoso, por lo que prevalecía el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte en todas sus partes. Por tanto, al haberse sustituído procesalmente el acto impugnado, con motivo del dictado de la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, la determinación que mediante este juicio de amparo se reclamó (auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte) dejó de tener efectos legales propios, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al resolver la contradicción de tesis 83/2012, de la que se desprende que los efectos que produce la determinación que desecha un recurso respecto del auto impugnado, implica dejar firme la recurrida; lo que se asemeja a los efectos que tiene una resolución dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia, declarando infundado el recurso intentado, ya que igualmente en ambos casos queda firme la impugnada. De ahí que, si la naturaleza de la resolución que desecha un recurso, implica dejar firme la determinación recurrida, resulta válido sostener que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la ulterior determinación que resuelve el recurso idóneo interpuesto en su contra, y que se resuelve en el sentido de confirmar el auto impugnado. Lo anterior es así, toda vez que el efecto que genera la nueva determinación, hace que el auto que se recurre quede firme, por haberse confirmado al resolverse el recurso. Sustenta el sentido de esta determinación, en tanto que no se opone a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 77/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En esa guisa, en el caso quedaron cancelados jurídicamente los efectos del proveído impugnado, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía dicho acto, ya que ahora dependen directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad; esto es, la afectación actual al impetrante deriva ya de una nueva determinación, de modo que la primera no puede entenderse sin ésta, por ello, los efectos en concreto pierdan vinculación con el primer acto, que resulta ser el reclamado en el presente sumario constitucional. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo al actuario, también señalado como autoridad responsable, por no combatirse por vicios propios sino como una consecuencia de aquél. Lo anterior sin soslayar que la autoridad responsable, invocó la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, pues al margen de ello, se considera que el motivo de improcedencia que se actualiza en la especie es el ya desarrollado atinente al cesación de efectos por sustitución del acto reclamado; por lo que es innecesario analizar la diversa causa de improcedencia invocada por el juez responsable, pues basta el estudio de una sola causal que se surta en el caso, pues se arriba el mismo resultado, que es el sobreseimiento del juicio constitucional. Ilustra sobre este punto, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 195744 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Finalmente, debe decirse que no es posible realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 2265555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LASCUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura de sentencia. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de una reimpresión de la sentencia. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra del acto reclamado a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, y el actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 397/2020-IV-B, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Recepción de la demanda. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, y el actuario de su adscripción. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el número 397/2020-IV-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, se reanudó al procedimiento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: El auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, deducido del expediente 85/2020, relativo al procedimiento de divorcio incausado, promovido por Grecia Lucero Oy Alcocer, en el que se dictaron medidas provisionales, entre otras, las concernientes a la custodia del menor M.H.C.O. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado, por lo que así se tiene para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Al respecto, el artículo 62 de la ley de la materia establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Ello, al tratarse de una cuestión de interés público. Realizado dicho análisis, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el juicio. Al respecto, la citada fracción establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, que puede actualizarse en dos supuestos: 1) por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y 2) por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. En el caso, las constancias del sumario evidencian que se actualiza la segunda de las hipótesis mencionadas, porque la determinación aquí reclamada fue sustituida procesalmente por la diversa que resolvió el recurso de revocación que el propio quejoso interpuso contra aquella. Para mayor entendimiento, se narrarán los antecedentes que demuestran esa afirmación, para lo cual se toman en consideración las constancias que el juez responsable adjuntó a su informe de ley, obtenidas del expediente 85/2020, relativo al procedimiento de divorcio incausado, promovido por Grecia Lucero Oy Alcocer en contra del aquí amparista. A las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene lo siguiente: 1.- Mediante escrito de tres de febrero de dos mil veinte, GRECIA LUCERO OY ALCOCER, promovió demanda iniciando procedimiento especial de divorcio incausado en contra de JOSÉ RAFAEL CUXIM FERNÁNDEZ, en el que demandó cómo prestaciones principales: la disolución del vínculo matrimonial; la guarda y custodia del menor hijo de ambos, de iniciales M. H. C. O.Ç; alimentos y la fijación de un régimen de convivencias. Exhibiendo la propuesta de convenio respectiva. 2.- Correspondió conocer de la citada demanda al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, asignándole el número 85/2020 de su índice, en el que por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, previno a la promovente para que exhibiera constancia de no propiedad; lo cual cumplió favorablemente, por lo que por auto de veintiuno de febrero siguiente, se dio inicio al trámite correspondiente ordenando emplazar al demandado, aquí quejoso, lo cual aconteció el propio veintiuno de febrero en cita. 3.- Posteriormente, GRECIA LUCERO OY ALCOCER, presentó un escrito de veintidós de febrero de dos mil veinte, en el que, sustancialmente, solicitó al juez natural que dictara las medidas provisionales urgentes, pidiendo la reincorporación de su menor hijo a su domicilio, aduciendo que el demandado bajo engaños se llevó el citado menor. 4.- Al respecto, en auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, el juez responsable dictó las medidas provisionales solicitadas, en el sentido de otorgar la custodia del menor a la madre del mismo GRECIA LUCERO OY ALCOCER, ordenando el requerimiento al demandado y entrega inmediata del infante a la actora; asimismo, señaló el régimen de convivencias relativo al padre con el menor, y se reservó proveer en relación con los alimentos solicitados. ESTE ACUERDO CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. 5.- Posteriormente, mediante escrito de tres de marzo de dos mil veinte, el demandado JOSÉ RAFAEL CUXIM FERNÁNDEZ, interpuso recurso de revocación en contra del citado acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte. 6.- El juez responsable en auto de cinco de marzo de dos mil veinte, admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso, ordenó dar vista a la parte accionante del juicio de origen con el escrito de agravios, y mediante ocurso de diez de marzo del año en cita, dio contestación al recurso. 7.- El dieciocho de marzo de dos mil veinte, el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, emitió la resolución correspondiente al recurso de revocación aludido, con los siguientes puntos resolutivos: "[.] se resuelve: PRIMERO.- No ha procedido el recurso de revocación interpuesto por José Rafael Cuxim Fernández en contra del auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte. SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido en todas sus partes. TERCERO.- Notifíquese personalmente y cúmplase. [.]". 8.- Interlocutoria que fue notificada a las partes actora y demandada mediante respectiva cédula de notificación el seis de mayo de dos mil veinte. En esas condiciones, la relatoría que precede permite evidenciar que la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, sustituyó procesalmente la determinación primaria, que es el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, motivo por el que este último cesó en sus efectos. Ello así, pues aun y cuando no puede decirse que los motivos de inconformidad expresados relacionados en relación con el acto reclamado que alegó el aquí quejoso, han concluido; lo cierto es, que esa transgresión ahora proviene de la nueva resolución que pronunció el juez responsable en relación con el recurso de revocación planteado por el demandado del juicio natural, en la que determinó que no fue procedente el recurso, por lo que confirmó en todas sus partes el auto recurrido, sustituyendo procesalmente el acto aquí impugnado. En consecuencia, el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, ya no puede ser materia de examen en amparo; lo anterior, porque el ejercicio de los medios ordinarios de defensa incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida, de forma que sería la nueva determinación de dieciocho de marzo de dos mil veinte y no el auto impugnado la que, de manera extraordinaria, pudiese ser materia de análisis a través del juicio de amparo; máxime que, conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. Se afirma que el recurso de revocación es el idóneo para combatir el acto aquí reclamado (es decir, para lograr, de ser fundado, su nulificación o modificación), consistente en el auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en el que el juez responsable dictó las medidas provisionales solicitadas por la parte actora, en el sentido de otorgar la custodia del menor a la madre GRECIA LUCERO OY ALCOCER, ordenando el requerimiento al demandado y entrega inmediata del infante a la accionante; proveído en el que también se señaló el régimen de convivencias del padre con el menor, y se reservó proveer en relación con los alimentos. Ciertamente, el juez responsable consideró que procede dicho recurso para dirimir las cuestiones relacionadas con la determinación de medidas provisionales que fijó, tan es así que admitió a trámite el recurso y lo resolvió, de ahí que se declaró competente para conocerlo y resolverlo, analizó los agravios del recurrente dándoles contestación de fondo, y concluyó en que no asistía razón al aquí quejoso, por lo que prevalecía el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte en todas sus partes. Por tanto, al haberse sustituído procesalmente el acto impugnado, con motivo del dictado de la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, la determinación que mediante este juicio de amparo se reclamó (auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte) dejó de tener efectos legales propios, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al resolver la contradicción de tesis 83/2012, de la que se desprende que los efectos que produce la determinación que desecha un recurso respecto del auto impugnado, implica dejar firme la recurrida; lo que se asemeja a los efectos que tiene una resolución dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia, declarando infundado el recurso intentado, ya que igualmente en ambos casos queda firme la impugnada. De ahí que, si la naturaleza de la resolución que desecha un recurso, implica dejar firme la determinación recurrida, resulta válido sostener que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la ulterior determinación que resuelve el recurso idóneo interpuesto en su contra, y que se resuelve en el sentido de confirmar el auto impugnado. Lo anterior es así, toda vez que el efecto que genera la nueva determinación, hace que el auto que se recurre quede firme, por haberse confirmado al resolverse el recurso. Sustenta el sentido de esta determinación, en tanto que no se opone a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 77/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En esa guisa, en el caso quedaron cancelados jurídicamente los efectos del proveído impugnado, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía dicho acto, ya que ahora dependen directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad; esto es, la afectación actual al impetrante deriva ya de una nueva determinación, de modo que la primera no puede entenderse sin ésta, por ello, los efectos en concreto pierdan vinculación con el primer acto, que resulta ser el reclamado en el presente sumario constitucional. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo al actuario, también señalado como autoridad responsable, por no combatirse por vicios propios sino como una consecuencia de aquél. Lo anterior sin soslayar que la autoridad responsable, invocó la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, pues al margen de ello, se considera que el motivo de improcedencia que se actualiza en la especie es el ya desarrollado atinente al cesación de efectos por sustitución del acto reclamado; por lo que es innecesario analizar la diversa causa de improcedencia invocada por el juez responsable, pues basta el estudio de una sola causal que se surta en el caso, pues se arriba el mismo resultado, que es el sobreseimiento del juicio constitucional. Ilustra sobre este punto, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 195744 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Finalmente, debe decirse que no es posible realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 2265555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LASCUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura de sentencia. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de una reimpresión de la sentencia. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra del acto reclamado a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, y el actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada GRECIA LUCERO OY ALCOCER se imponga de los informes justificados y anexos remitidos por las autoridades responsables, como se advierte del proveído de diez de marzo del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el Licenciado Karlos David Moreno Sequera, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

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