Jose Rafael Santana Quintero

Expediente 132/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
132/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Jose Rafael Santana Quintero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su primer punto resolutivo sobreseyó el juicio HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación de los expedientes destruidos. Por último, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado las copias certificadas del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia 829/2014, del índice de la responsable, en tal virtud, devuélvanse los citados tomos, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 132/2023-I-B, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán; y turnado el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 132/2023-I-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la tercero interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 60 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, residente en esta ciudad, lo siguiente: El acuerdo de fecha cinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario familiar de guardia y custodia 829/2014, promovido por Celsa Guadalupe González Manzanero, en la parte que se le requiere nuevamente el pago de las cantidades de $********************(cincuenta mil doscientos treinta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional) y $********************(cuarenta y seis mil doscientos treinta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional), por concepto de adeudos atrasados en el pago de la pensión alimenticia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, residente en esta ciudad (número de promoción 2704), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con el anexo de constancias que remitió como justificación del acto reclamado, deducidas del expediente de origen 829/2014. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar las causales de improcedencia que invocan la tercero interesada Celsa Guadalupe González Manzanero, pues de ser fundada, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La tercero interesada Celsa Guadalupe González Manzanero, en su escrito presentado ante este juzgado el trece de febrero de dos mil veintitrés (número de promoción 2399), hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, pues medularmente señala que los requerimientos de pensión alimenticia son de autos anteriores, que no son materia de la presente litis. Los numerales antes citados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De los artículos anteriores, se desprende que conforme a la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Norma Fundamental o de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. Ahora, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que son una consecuencia de otros que la ley estima consentidos. Los criterios jurisprudenciales a que se hace referencia, son de rubros "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA", "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." e "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVE, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN." De igual modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el amparo que se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente deben estimarse improcedentes, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos. El anterior razonamiento encuentra sustento en la tesis aislada de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS." De lo expuesto se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato un diverso acto que ha sido consentido por la parte quejosa; es decir, para que opere la causa de improcedencia en estudio se requieren dos supuestos: a) Un acto previo en contra del cual el quejoso no promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que ese acto haya sido consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y b) Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero. Dentro de ese contexto, el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado y que tengan relación con éste para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. Al respecto, es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA." Ahora bien, para justificar la actualización de la causal en estudio, resulta pertinente relacionar las copias certificadas remitidas en su informe justificado por la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán en Turno Vespertino, con sede en esta ciudad, derivadas del juicio ordinario familiar de guarda y custodia 829/2014, promovido por Celsa Guadalupe González Manzanero en contra de ********************, a fin de dotar al presente estudio del debido marco fáctico procesal. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Mediante sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 1059 a 1092 del anexo 2), se resolvió en la parte conducente lo siguiente: "PRIMERO.- HA PROCEDIDO el presente Juicio Ordinario de Guarda y Custodia promovido por la señora Celsa Guadalupe González Manzanero, en contra del señor ********************. [.] NOVENO.- Se condena al señor ******************** a pagar a la señora Celsa Guadalupe González Manzanero, en representación de sus hijos menores de edad José Rafael y Diego Santana González, en concepto de pensión alimenticia, la cantidad mensual de SEIS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL; cantidad que deberá depositarse dentro de los tres primeros días de cada mes, en el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, y la primera dentro de los tres siguientes en que quede debidamente notificado de esta resolución. DÉCIMO.- De conformidad con el artículo 36 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, la pensión alimenticia debe ser aumentada conforme incremente el salario mínimo general vigente en el lugar en donde se ubique el domicilio del deudor alimentario y en el mismo porcentaje en que hubiere incrementado el salario del deudor, salvo que éste demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción y, en este caso, el incremento de la pensión se ajustará al incremento real de los ingresos del deudor. Finalmente, se previene al señor ********************, que al obtener empleo y/o cambiar de empleo, deberá informar a la suscrita Juez y a la señora González Manzanero en representación de sus hijos menores de edad, dentro de los diez días siguientes al cambio, acerca de la denominación o razón social de su nuevo trabajo, la ubicación de éste, el puesto o cargo que desempeñe y el monto del salario que percibe, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada para no incurrir en alguna responsabilidad. DÉCIMO PRIMERO.- A fin de garantizar los alimentos a favor de los menores de edad José Rafael y Diego Santana González, se condena al señor ********************, al pago de la cantidad equivalente a tres meses de pensión alimenticia a favor de sus hijos menores de edad, consistente en la cantidad de DIECIOCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL; por tal motivo, se le previene, que de no cumplir con el depósito de la garantía alimentaria correspondiente , en un término de quince días hábiles a la notificación de esta resolución, se le impondrá una multa consistente de veinte veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el diez de enero del pasado año, en el Diario Oficial de la Federación, misma que corresponde a la cantidad de un mil quinientos nueve pesos, con ochenta Centavos, Moneda Nacional. [.] DÉCIMO SEXTO.- Notifíquese personalmente esta resolución y cúmplase." Por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno (foja 1582 del anexo 2), se declaró que la pensión alimenticia pactada en la cláusula segunda del convenio, había aumentado en los siguientes términos: ".Mérida, Yucatán a treinta de agosto del dos mil veintiuno. [.] Por otra parte, se tiene por presentada a la ciudadana CELSA GUADALUPE GONZÁLEZ MANZANERO, con sus tres escritos de cuenta: en el primero, se le tiene contestando la vista que se le diera en auto de fecha siete de julio del año en curso, lo que se tiene por hecho para los efectos legales que correspondan, en tal virtud, a fin de realizar el incremento de pensión alimenticia que insta la ocursante, es necesario hacer las siguientes consideraciones: mediante audiencia de fecha dos de febrero del año dos mil dieciocho, se aprobaron las bases del convenio suscrito por la citada GONZÁLEZ MANZANERO y el ciudadano********************, apareciendo en la cláusula tercera del citado convenio que las partes estipularon que la pensión alimenticia pactada, sería aumentada tantas veces aumente el salario mínimo general de Mérida, o en el mismo porcentaje en el que aumente el sueldo del referido ********************, aunado al hecho que ha transcurrido el término que se le diere al citado ******************** en el auto de fecha siete de julio de la presente anualidad, sin que compareciera a hacer uso de sus derechos; en tal virtud, con fundamento en el artículo 36 del Código de Familia del Estado, se declara que la pensión alimenticia pactada en la cláusula segunda de su referido convenio, ha aumentado en un dieciséis por ciento (16%) en el mes de enero del año dos mil diecinueve; en un veinte por ciento (20%) en el mes de enero del año dos mil veinte; y en un quince por ciento (15%) en el mes de enero del año dos mil veintiuno, como aumento del salario mínimo de esta zona económica; en consecuencia, se declara que la pensión alimenticia decretada en este asunto es en la actualidad la cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, en sustitución de la cantidad de cuatro mil quinientos pesos, sin centavos, moneda nacional, decretada en autos; asimismo, dése vista al ciudadano******************** por el términos de tres días para que dé cumplimiento al aumento decretado. [.]" Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 2 y 3 del anexo 3), Celsa Guadalupe González Manzanero exhibió una planilla de liquidación para la actualización del adeudo de la pensión alimenticia que abarca de los meses de enero de dos mil diecinueve a julio de dos mil veintiuno, por la cantidad total de cincuenta mil doscientos treinta y dos pesos, con veinte centavos, moneda nacional. Al respecto, por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 5y 6 del anexo 3), se requirió a ********************, la cantidad de cincuenta mil doscientos treinta y dos pesos, con veinte centavos, moneda nacional, por concepto de adeudos de pensión alimenticia correspondiente al periodo comprendido del mes de enero a diciembre de dos mil diecinueve; de enero a diciembre de dos mil veinte; y de enero a julio de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: "Mérida, Yucatán, a treinta de septiembre del año dos mil veintiuno. [.] Seguidamente, se tiene a la citada GONZÁLEZ MANZANERO con su segundo escrito, exhibiendo la planilla a que hace referencia; en tal virtud, y considerando que las cuestiones de alimentos son de orden público, interés social, improrrogables y urgentes y que el carácter tutelar de aquellas, constituye en este contexto un Principio General de Derecho; comisiónese al Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, para que proceda a requerir al ciudadano********************, en el domicilio señalado líneas precedentes, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a los que quede debidamente notificado del presente auto, cumpla con depositar la cantidad total de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, en concepto de adeudos de pensión alimenticia correspondiente al periodo comprendido del mes de enero a diciembre del año dos mil diecinueve; de enero a diciembre del año dos mil veinte; y de enero a julio del año en curso, o bien, acredite haber realizado dicho pago; apercibiéndolo, con que de no hacer lo antes señalado en el término concedido, se le aplicará una multa de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siendo que una Unidad de Medida de Actualización equivale a $89.62 (son: ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), en la inteligencia que dicha multa asciende a la suma de $1,792.40 (son: mil setecientos noventa y dos pesos con cuarenta centavos, moneda nacional) con fundamento en los artículos (sic) 83, fracción I del Código de Procedimiento Familiares para el Estado, y de conformidad con el Decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el diez de enero del año dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, y en vigor a partir del primero de febrero del año dos mil veintiuno. [.]" Dicho acuerdo no fue notificado a ********************, en virtud de que la actuaria levantó una razón de imposibilidad para notificarlo en el domicilio señalado para tal efecto (foja 7 del anexo 3). Por escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós (foja 79 del anexo 3), Celsa Guadalupe González Manzanero, por una parte, señaló domicilio para notificar al demandado de origen el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y por otra, corrigió la cantidad por concepto de adeudos de pensiones alimenticias, siendo la correcta: $53,233.20 (cincuenta y tres mil doscientos treinta y tres pesos con veinte centavos moneda nacional). Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós (foja 82 del anexo 3), se determinó no acceder a regularizar la cantidad establecida en el auto de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y se previno a la citada González Manzanero para que exhibiera su planilla actualizada. El veinte de junio de dos mil veintidós (foja 99 del anexo 3), en la parte conducente, se comisionó al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, para que procediera a notificar a ******************** el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Mediante cédula de notificación de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós (fojas 100 a 102 del anexo 3) fue notificado a ********************, de los citados acuerdos de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y veinte de junio de dos mil veintidós. Inconforme con el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, ******************** mediante escritos presentados el veintinueve de junio de dos mil veintidós (fojas 133 a 138 y 139 a 144 del anexo 3), por una parte interpuso recurso de revocación y por otra el incidente de nulidad de notificaciones. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 151 y 152 del anexo 3), la asesora jurídica patrono de la actora Celsa Guadalupe González Manzanero, dio cumplimiento a la vista de veinte de junio de dos mil veintidós, e informó que existía una diferencia de $********************(********************, moneda nacional) de la pensión, respecto a los meses de agosto de dos mil veintiuno a junio de dos mil veintidós. Por auto de tres de octubre de dos mil veintidós (fojas 154 y 155 del anexo 3), en la parte conducente, admitió los citados medios de impugnación, y requirió a ********************, la cantidad de ********************, moneda nacional, por concepto de adeudos de pensión alimenticia correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veintiuno y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año dos mil veintidós, en los términos siguientes: "Mérida, Yucatán, a tres de octubre del año dos mil veintidós. [.] Seguidamente, respecto al primero, segundo y tercero de los escritos, se tiene por presentado al ciudadano********************, con sus tres memoriales de cuenta; en el primero, interponiendo en tiempo, el recurso de revocación en contra de los autos de fecha (sic) treinta y uno de septiembre del año dos mil veintiuno y veinte de julio de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 172, 195, 196, del Código de Familia para el Estado, así como los artículos 78, fracción VIII, 423, 425 y 519 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, admítase dicho recurso, y dése vista a la ciudadana CELSA GUADALUPE GONZÁLEZ MANZANERO para que dentro del término de tres días a partir de que quede debidamente notificada del presente acuerdo, haga uso de sus derechos. [.] De igual manera, y en cuanto al segundo libelo que se provee, se tiene a la citada Canul Canche, contestando la vista que se le diera a su representado en autos y tomando en consideración que las cuestiones de alimentos son de orden público, interés social, improrrogables y urgentes y que la carácter tutelar de aquellas, constituye en este contexto un Principio General de Derecho; requiérase de forma personal al referido SANTANA QUINTERO, para que dentro del término de tres días de notificado de este proveído, cumpla con depositar la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veintiuno y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año dos mil veintidós; según asegura la compareciente en el escrito que se provee, o bien, acredite haber realizado dichos pagos, con el apercibimiento que de no hacerlo, le será impuesta una multa de veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), siendo que una Unidad de Medida de Actualización equivale a $96.22 (son: noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), en la inteligencia que dicha multa asciende a la suma de $1,924.40 (son: un mil novecientos veinticuatro pesos, con cuarenta centavos, moneda nacional), con fundamento en los artículos (sic) 83 fracción I del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, y de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el diez de enero del año dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, y en vigor a partir del primero de febrero de la presente anualidad. [.]" Dicho acuerdo que fue notificado de forma personal a ******************** según se advierte de la constancia de fecha once de octubre de dos mil veintidós (foja 156 del anexo 3). Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós, ******************** en cumplimiento al requerimiento de tres del citado mes y año, exhibió los recibos de pagos correspondientes a los meses de agosto a diciembre de dos mil veintiuno y de enero a junio de dos mil veintidós. Por auto de fecha diez de noviembre de dos mil veintidós (foja 181 del anexo 3), la jueza responsable regularizó el procedimiento y tuvo por no admitido el recurso de revocación en contra de los acuerdos de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y veinte de junio de dos mil veintidós y el incidente de nulidad de notificaciones. En contra de la anterior determinación ******************** promovió juicio de amparo, el cual se radicó con el número 2837/2022-VIII-A, del índice de este Juzgado, el cual, mediante sentencia terminada de engrosar el siete de marzo de dos mil veintitrés, se resolvió sobreseer en el juicio de amparo y causó ejecutoria el cuatro de abril de dos mil veintitrés. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 259 y 260 del anexo 3), la jueza responsable a petición de la parte actora del juicio de origen, requirió al quejoso ******************** el adeudo por concepto de pensiones atrasadas en los siguientes términos: "Mérida, Yucatán a cinco de enero de dos mil veintitrés. [.] Seguidamente del último escrito, se tiene por presentada a las ciudadanas NANCY PATRICIA CANUL CANCHE y/o MILDRED ISABEL PECH MEX, con su carácter de asesoras jurídicos patronos de la citada GONZALEZ MANZANERO, con el mismo, contestando a la vista que se le diera en autos, de igual manera como solicitan, atenta las constancias que obran en el expediente por cuanto se advierte que el citado SANTANA QUINTERO, no ha cumplido con depositar las cantidades de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL y CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, CON SESENA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, en concepto de adeudos de la pensión, a pesar de estar debidamente notificado, en tal virtud, llevándose a puro y debido efecto el apercibimiento hecho al antes nombrado, en los autos de fechas treinta de septiembre del año dos mil veintiuno y tres de octubre del año pasado, se le impone las multas de veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el Decreto por el cual se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo, la primera por la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL y la segunda por el monto de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS, CON CUARENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, respectivamente; y para tal efecto, se hace del conocimiento del nombrado SANTANA QUINTERO, que el cumplimiento de las multas impuestas deberá realizarse dentro del término de tres días siguientes a aquel en que quede debidamente notificado de este acuerdo, y en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado del Poder Judicial del Estado, ubicado en la planta baja de este edificio; en este sentido, gírese atento oficio a la titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado del Poder Judicial del Estado, a fin de hacerle saber esta disposición, solicitándole que una vez cubierto el importe de las multas en comento, se sirva de comunicar a esta Autoridad y por similar, el cumplimiento a la anterior determinación. Ahora bien, considerando que las cuestiones de alimentos son de orden público, interés social, improrrogables y urgentes y que el carácter tutelar de aquellas, constituye en este contexto un Principio General de Derecho; se requiere nuevamente al referido SANTANA QUINTERO, para que dentro del termino de tres días hábiles siguientes al día en que quede debidamente notificada del presente proveído, cumpla con depositar ante el mencionado Fondo Auxiliar las cantidades CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL y CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, correspondiente a los meses atrasados; o en su caso acredite fehacientemente haber cubierto dichas cantidades, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le consignara en forma inmediata a la Fiscalía General del Estado para el inicio de una investigación penal en su contra, por el delito de desacato a un mandato legítimo de autoridad en ejercicio de sus funciones asimismo para efecto de que sea inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Yucatán, tal como disponen los artículos 4° en su fracción XXIV, 19 párrafo segundo, 20, 21,22 y 23, de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; a fin de que se le aplique las restricciones que se establecen. De lo que insta en sus incisos B y D, sobre el apercibimiento de arresto como que quede firme el auto de fecha diez de noviembre del año pasado, estése a lo determinado en este auto. Fundamento: los artículos 117, 138 de la Ley de Amparo, 161, 162, 199, 211 fracción V del Código de Procedimientos Familiares para el Estado y los preceptos legales antes invocados. Notifíquese personalmente al ciudadano JOSE RAFAEL SANTANA QUINTERO y cúmplase. Lo decretó y firma la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino, Licenciada en Derecho Ana Elena Alpizar Achurra, ante la fe del Secretario de Acuerdos que autoriza, Licenciado en Derecho José Narciso Gómez Gómez. Lo certifico." Acuerdo que le fue notificado a ******************** por medio de cédula de notificación el once de enero de dos mil veintidós (fojas 261 a 263 del tomo anexo 3). Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente asunto. En este tenor, en el caso concreto, el quejoso se duele que al emitir el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, la jueza responsable le requirió de pago por concepto de pensión alimenticia provisional atrasadas, las diversas cantidades de ******************** moneda nacional y cuarenta y seis mil doscientos treinta y nueve pesos, con sesenta centavos moneda nacional, correspondientes a los meses atrasados, con base en los incrementos salariales, pero sin tomar en consideración que no le ha incrementado su salario. Sin embargo, la invocada causal de improcedencia se actualiza porque cabe recordar que por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, con motivo de la planilla que presentó Celsa Guadalupe González Manzanero, se requirió al citado ********************, depositara la cantidad total de $********************(******************** moneda nacional), en concepto de adeudos de pensión alimenticia correspondiente al periodo comprendido del mes de enero a diciembre de dos mil diecinueve; de enero a diciembre dos mil veinte; y de enero a julio de dos mil veintiuno. Acuerdo que se notificó a ******************** el veintiocho de junio de dos mil veintidós. Inconforme con el citado acuerdo, interpuso recurso de revocación, el cual, fue admitido mediante auto de tres de octubre de dos mil veintidós. Asimismo, en ese mismo auto, entre otras cosas, la jueza responsable a petición de la parte actora, requirió a ********************, para que cumpliera con depositar la cantidad de $********************(******************** moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia atrasadas, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del años dos mil veintiuno y enero a junio de dos mil veintidós, o bien que acreditara haber realizado dichos pagos, acuerdo que no fue recurrido por el demandado. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós, ******************** dio contestación al requerimiento y exhibió los diversos recibos de pago correspondientes a los meses de agosto a diciembre de dos mil veintiuno, y de enero a junio de dos mil veintidós. Por otra parte, mediante acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil veintidós, la jueza responsable regularizó el procedimiento y no admitió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. En contra de la anterior determinación, ******************** promovió juicio de amparo, que se radicó con el número 2837/2022-VIII-A, del índice de este juzgado, el cual, mediante sentencia terminada de engrosar el siente de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el juicio, misma que causó ejecutoria el cuatro de abril de dos mil veintitrés. Luego, en proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, entre otras cosas, requirió nuevamente a ******************** el pago de las cantidades de $********************(******************** moneda nacional), y $********************(******************** moneda nacional), ambos por concepto de pensión alimenticia atrasadas, o en su caso, acreditara haber cubierto dichas cantidades. De las constancias que se han relacionado, se advierte que contra el requerimiento de pago de pensiones atrasadas realizado en fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de las cantidades $********************(******************** moneda nacional), si bien es cierto interpuso recurso de revocación (el cual a la postre no fue admitido) y en contra de dicho desechamiento, interpuso juicio de amparo, lo cierto es que se resolvió sobreseyendo, en el juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al no agotar el recurso de revocación, sin que interpusiera recurso de revisión, por lo que causó ejecutoria. Asimismo, cabe destacar que en contra del requerimiento realizado el tres de octubre de dos mil veintidós, por la cantidad de $********************(******************** moneda nacional), en concepto de pensiones atrasadas, ********************, no interpuso recurso de revocación, ni promovió juicio de amparo. Así las cosas, en el acuerdo reclamado por esta vía de cinco de enero del presente año, por una parte, a petición de la actora del juicio y ante el incumplimiento de los referidos requerimiento, se hicieron efectivos los apercibimientos decretados en autos de fechas treinta de septiembre de dos mil veintiuno y tres de octubre de dos mil veintidós, y se impusieron a ******************** las multas consistentes en, la primera por la cantidad de ********************moneda nacional, y la segunda, por ********************moneda nacional, respectivamente, y en consecuencia, se le requirió nuevamente al citado ********************, realizara dentro de los siguientes tres días en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado del Poder Judicial del Estado, el pago atrasado de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de su menor hijo, reiterando la jueza responsable los montos originalmente que le habían sido requeridos de pago, esto es, el pago de la cantidad de $********************(******************** moneda nacional) (por los periodos comprendido del mes de enero a diciembre de dos mil diecinueve; de enero a diciembre dos mil veinte; y de enero a julio de dos mil veintiuno) y $********************(******************** moneda nacional) (por los periodos correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del años dos mil veintiuno y enero a junio de dos mil veintidós). De ahí que si el quejoso por una parte, no controvirtió eficazmente el requerimiento de pago por concepto de pensiones alimenticias atrasadas de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y por otra, no interpuso medio de impugnación contra el diverso requerimiento de tres de octubre de dos mil veintidós; es claro que el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, en la que se reiteró el requerimiento de pago por los mismos conceptos, deriva y es consecuencia directa de los acuerdos de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y tres de octubre de dos mil veintidós, en los que ya se le habían indicado los motivos y fundamentos para que cumpliera con lo ordenado en los términos propuestos. En esa guisa, se advierte claramente la actualización de la causal de improcedencia en estudio, toda vez que entre el acto reclamado y los proveídos de treinta de septiembre de dos mil veintiuno y tres de octubre de dos mil veintidós, existe una relación de causa a efecto; es decir, la emisión del acto aquí reclamado es una consecuencia legal, forzosa y directa de los citados acuerdos, a través el cual se le requiere nuevamente al quejoso del pago de pensiones atrasadas. Aunado a lo anteriormente expuesto, se cita en apoyo, el criterio XXX.2o.3 K (11a.), con registro digital 2025623, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, de contenido siguiente: "ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE ES DE ORIGEN JURISPRUDENCIAL, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS AL EFECTO POR LA DOCTRINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el periodo de ejecución de una sentencia dictada en primera instancia; seguido el curso del procedimiento, el Juez de Distrito, en lo que para el caso resulta relevante, estimó que uno de los actos reclamados era improcedente, en virtud de que derivaba de otro consentido, razón por la cual, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con sus diversas fracciones XII y XIV, así como con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, sobreseyó en el juicio. Inconforme con dicha resolución, la persona quejosa interpuso recurso de revisión, alegando que no existe jurisprudencia del Alto Tribunal del país que establezca que cuando se reclama un acto que derive de otro consentido, se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en un juicio de amparo se reclama un acto que es derivado de otro consentido, se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo, la cual es de origen jurisprudencial. Lo anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber, que el acto: i) sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, ii) no se impugne por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Justificación: Es así, porque si bien algunos de los criterios del Alto Tribunal del país en que se ha desarrollado la causal de improcedencia citada son tesis aisladas y las mismas no son obligatorias y/o vinculantes en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no puede desconocerse que sí tienen un grado orientador e, incluso, persuasivo para los juzgadores constitucionales, con independencia del "grado de vinculación" u "obligatoriedad" que suponen los llamados criterios aislados de la Suprema Corte Justicia de la Nación. Se considera de esta manera, ya que como se estableció en el recurso de reclamación 966/2020, resuelto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal: "la pericia reflejada en el precedente de la Suprema Corte y los valores de uniformidad garantizados por la adhesión nacional a una interpretación única, sugieren que los tribunales inferiores deben seguir acatando los precedentes del Tribunal Constitucional". Ello, pues precisamente asegura una medida de uniformidad de la aplicación del derecho. Además, en virtud de que la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 126/2022-PS, 140/2003-PS, 18/2009 y 388/2012, así como los amparos en revisión 1067/2007, 104/2008, 1013/2016, 1016/2016 y 1061/2016, han reconocido de manera expresa por una parte e implícita en otra, que sí es posible sobreseer en el juicio cuando se reclamen actos que derivan de otros consentidos; aunado a que en estos asuntos no se desprende que la Corte Mexicana haya aclarado que el criterio de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", no constituye jurisprudencia, o bien, hubiese indicado que los precedentes que la conformaron, al versar sobre otros tópicos no relacionados expresamente con la procedencia de la acción constitucional, la lleven a apartarse de lo ahí sostenido." En las relacionadas consideraciones y al tenor de lo expuesto, procede sobreseer en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 217 de la misma ley, al tratarse el acto reclamado derivado de otros consentidos. Al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado, este Juzgador Federal se encuentra legalmente impedido para estudiar los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1027, visible en la página setecientos siete del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete mil novecientos noventa y cinco, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra de los actos reclamados de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    En quince de mayo de dos mil veintitrés, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el oficio signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, residente en esta ciudad y anexo que acompaña, consistente en un disco de videograbación, registrado con el número 7751. Conste.Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, residente en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado el nueve de mayo de dos mil veintitrés y remite el disco de videograbación que contiene la audiencia preliminar de dos de febrero de dos mil dieciocho. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que al rendir su informe justificado la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, del turno vespertino, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia 829/2014, de cuyas constancias se desprende que el dos de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo una audiencia oral. En virtud de lo anterior, y toda vez que resulta necesario para la substanciación del presente asunto, con apoyo en el cuarto párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, del turno vespertino, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificada de este proveído, remita a este juzgado copia certificada del disco de videograbación que contenga la audiencia de dos de febrero de dos mil dieciocho. Apercibida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se les confiere, se les impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia, equivalente a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, con cero centavos, moneda nacional). En consecuencia, con apoyo en el artículo 17 constitucional, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fija como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y cúmplase.

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