José Razu Seba
Expediente 1317/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 58 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1317/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Razu Seba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1317/2018-III-A, promovido por ****, en contra de los actos que reclama del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en Tulum, Quintana Roo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado ese propio día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció *******a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de las siguientes autoridades: Fiscal General, Vice Fiscal General, Vice Fiscal para la Prevención del Delito de Justicia Alternativa y Atención a Víctimas de la Fiscalía General, Director de Control de Procesos de la Fiscalía General, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, todos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; Fiscal General, Vice Fiscal General, Vicefiscal de la Zona Sur, Dirección de Investigación y Acusación, Zona Sur, todas del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal; Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Tulum, Quintana Roo; Vice Fiscal General de la Zona Norte, Dirección de Investigación y Acusación, Zona Norte, ambas con sede en Cancún, Quintana Roo, como autoridades ordenadoras; Jefe de Departamento de Colaboraciones y Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General, Director de la Policía Estatal de Investigación, Jefe de Departamento de Investigación de Delitos de la Fiscalía General, los tres del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; Director General de la Policía Ministerial, Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Sur, ambas con sede en Chetumal, Quintana Roo;. Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Norte, con sede en Cancún, Quintana Roo; Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Quintana Roo, destacamentado en Tulum, Quintana Roo; Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial Zona Norte; Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Policía Judicial del Estado, Zona Norte, ambos con sede en Cancún, Quintana Roo; Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial Zona Sur, con sede en Chetumal, Quintana Roo, como autoridades ejecutoras. SEGUNDO. Por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número de expediente 1317/2018-III-A; se dio a la entonces agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por proveído de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se dejó de tener como autoridad responsable en el presente juicio, al Vicefiscal General de Quintana Roo, con sede en Chetumal, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. CUARTO. Posteriormente se ordenó el emplazamientos de los terceros interesados y seguidos los trámites correspondientes, previos diferimientos de la audiencia constitucional, tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La orden de detención y comparecencia dictada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. El Fiscal General, Vice Fiscal General, Vicefiscal de la Zona Sur, Dirección de Investigación y Acusación, Zona Sur, todas del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal; Vice Fiscal General de la Zona Norte, Dirección de Investigación y Acusación, Zona Norte, ambas con sede en Cancún, Quintana Roo, como autoridades ordenadoras; Director General de la Policía Ministerial, Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Sur, ambas con sede en Chetumal, Quintana Roo; Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Norte, con sede en Cancún, Quintana Roo; Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial Zona Norte; Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Policía Judicial del Estado, Zona Norte, ambos con sede en Cancún, Quintana Roo; Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial Zona Sur, con sede en Chetumal, Quintana Roo, como autoridades ejecutoras; al rendir su respectivo informe justificado, negaron los actos que se les atribuyen. El Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Tulum, Quintana Roo, negó los actos que se le atribuyen; sin embargo, debe considerarse como cierto el acto consistente en la orden de comparecencia del aquí quejoso, pues aun cuando al rendir su correspondiente informe justificado lo negó, a continuación hizo manifestaciones que evidencian la certeza de dicho acto. Aunado a lo anterior, obra en autos el citatorio que exhibió el quejoso para desvirtuar dicha negativa, librado por el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común de Tulum, Quintana Roo, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, en autos de la carpeta con número único de caso FGE/QR/TUL/07/721/2018 (foja 147), en el que se le requirió su comparecencia en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, de la Unidad de Investigación, de Tulum, Quintana Roo, el diez de noviembre de dos mil dieciocho, para una diligencia de carácter penal en su carácter de imputado, y se le apercibió que de no asistir a la misma de manera injustificada, se le haría comparecer por medio del uso de la fuerza pública. Asimismo, el Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Quintana Roo, destacamentado en Tulum, Quintana Roo, negó el acto de ejecución que se le reclama; sin embargo, debe considerarse como cierto, en atención a la naturaleza de sus funciones y dado que resultó cierto uno de los mandamientos reclamados al Agente Ministerial ordenadora con residencia en la misma ciudad. Por su parte, el Fiscal General, Vice Fiscal General, Vice Fiscal para la Prevención del Delito de Justicia Alternativa y Atención a Víctimas de la Fiscalía General, Director de Control de Procesos de la Fiscalía General, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, todos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; como autoridades ordenadoras; así como el Jefe de Departamento de Colaboraciones y Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General, Director de la Policía Estatal de Investigación, Jefe de Departamento de Investigación de Delitos de la Fiscalía General, los tres del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; señaladas como ejecutoras. Autoridades que inicialmente dieron competencia a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso haya desvirtuado esta negativa. De lo que se infiere que la referida orden de comparecencia no se pretende ejecutar en esta jurisdicción, máxime que el citatorio librado se encuentra dirigido al aquí quejoso, con domicilio conocido en Tulum, Quintana Roo, lo que no fue desvirtuado. En este contexto, del análisis del sumario, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, no es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en razón de lo siguiente: El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito, se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos, cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última, el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la procedencia de las otras exige esta ejecución o que trate de ejecutarse la misma. Y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla en cita se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. Así las cosas, de acuerdo con la disposición legal antes transcrita, se advierte que en el caso no se surte la competencia de este juzgado federal, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en ese artículo; lo anterior es así, pues no está demostrado que en esta entidad federativa deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado la orden de aprehensión reclamada. Y sí, por el contrario, como se adujo en líneas precedentes, las autoridades que se les tuvo como cierta la existencia de la orden de comparecencia reclamada, y su ejecución, fue el Agente del Ministerio Público del Fuero Común y al Comandante de la Policía Ministerial, ambos con sede en Tulum, Quintana Roo Por tanto, es inconcuso que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para seguir conociendo de este juicio, ya que la orden de comparecencia de que se viene hablando habrá de ejecutarse, en todo caso, dentro de la jurisdicción de un Juzgado de Distrito con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a quien se estima competente para conocer de este asunto en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1071, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016596, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Así como la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 5, del Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 190373, que menciona: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Y el criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, del Tomo XIII, Enero de 200, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 190372, que dispone: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente." En consecuencia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículo 107 fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo; y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación; por tanto, remítase al Juzgado de Distrito con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en turno), a quien se estima competente para conocer de este asunto en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el presente juicio, y el legajo formado con motivo del incidente de suspensión y el diverso anexo, solicitándole que dentro del término previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no, el conocimiento de este juicio de amparo. No representa obstáculo a la anterior determinación el hecho de que el promovente del amparo hubiese señalado domicilio procesal en esta ciudad de Mérida, Yucatán, pues tal circunstancia no resulta apta para fincar competencia a este Juzgado de Distrito, dado que, de adoptar ese criterio, equivaldría a dejar al arbitrio de la parte quejosa la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a.J.12/95, de la actual conformación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, del Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Así como la tesis 1a. III/92, de la anterior integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que bajo el rubro y texto indica: " "COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSION, NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE EL QUEJOSO SEÑALA EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo." TERCERO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. CUARTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. QUINTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE DECLINA LA COMPETENCIA a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución; en consecuencia, remítase el presente juicio, así como el legajo formado con motivo del incidente de suspensión y su duplicado, solicitándole que dentro del término previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no, el conocimiento del juicio. Fórmese cuaderno de antecedentes de este expediente principal y del correspondiente incidente de suspensión. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando tercero de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando cuarto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente resolución en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO D ELISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASI COMO LOS DIVERSOS AUTOS DE 17DE OCTUBRE EN CURSO Y EL DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Razú Seba, con el que, en cumplimiento a la prevención formulada por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, manifiesta que tiene conocimiento de tres domicilios donde pudiere ser emplazado el tercero interesado Rodrigo Cortés Mena, siendo estos los siguientes: Predio marcado con el número cuatrocientos setenta y ocho, de la calle veintitrés, por treinta letra A, de la Privada Campestre, de esta ciudad. Prolongación Paseo de Montejo, número cuatrocientos cincuenta y uno, entre circuito colonias y calle treinta y tres, de la colonia buena vista, de esta ciudad. Predio número doscientos cincuenta y siete letra A, de la calle sesenta y tres, por treinta y cuatro, de la colonia San Ramón Norte, de esta ciudad. Al efecto, se comisiona a uno de los actuarios de este Juzgado para que se constituya en los domicilios señalados como predio número cuatrocientos setenta y ocho, de la calle veintitrés, por treinta letra A, de la Privada Campestre y predio ubicado en Prolongación Paseo de Montejo, número quinientos cincuenta y uno, entre Circuito Colonias y calle treinta y tres, de la colonia Buena Vista, ambos de esta ciudad, y previamente cerciorado que en alguno de ellos habita o recibe notificaciones el aludido tercero interesado, lo emplace al presente juicio constitucional, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio y del presente proveído; de igual manera deberá informarle que la audiencia constitucional está señalada para que tenga verificativo a las diez horas con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y que por autos de veintiuno y veintidós de noviembre, siete, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, once de enero y veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se pusieron a la vista de las demás partes de este juicio los informes justificados rendidos respectivamente por las autoridades responsables. Sin que sea el caso ordenar su emplazamiento en el predio restante proporcionado por la parte quejosa en su escrito de cuenta, toda vez que ya se ha intentado el emplazamiento del tercero interesado en comento, con resultado infructuoso. Notifíquese, haciéndolo personalmente al tercero interesado Rodrigo Cortés Mena y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Razú Seba, con el que, en cumplimiento a la prevención formulada por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, manifiesta que tiene conocimiento de tres domicilios donde pudiere ser emplazado el tercero interesado Rodrigo Cortés Mena, siendo estos los siguientes: Predio marcado con el número cuatrocientos setenta y ocho, de la calle veintitrés, por treinta letra A, de la Privada Campestre, de esta ciudad. Prolongación Paseo de Montejo, número cuatrocientos cincuenta y uno, entre circuito colonias y calle treinta y tres, de la colonia buena vista, de esta ciudad. Predio número doscientos cincuenta y siete letra A, de la calle sesenta y tres, por treinta y cuatro, de la colonia San Ramón Norte, de esta ciudad. Al efecto, se comisiona a uno de los actuarios de este Juzgado para que se constituya en los domicilios señalados como predio número cuatrocientos setenta y ocho, de la calle veintitrés, por treinta letra A, de la Privada Campestre y predio ubicado en Prolongación Paseo de Montejo, número quinientos cincuenta y uno, entre Circuito Colonias y calle treinta y tres, de la colonia Buena Vista, ambos de esta ciudad, y previamente cerciorado que en alguno de ellos habita o recibe notificaciones el aludido tercero interesado, lo emplace al presente juicio constitucional, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda de amparo, del auto admisorio y del presente proveído; de igual manera deberá informarle que la audiencia constitucional está señalada para que tenga verificativo a las diez horas con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y que por autos de veintiuno y veintidós de noviembre, siete, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, once de enero y veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se pusieron a la vista de las demás partes de este juicio los informes justificados rendidos respectivamente por las autoridades responsables. Sin que sea el caso ordenar su emplazamiento en el predio restante proporcionado por la parte quejosa en su escrito de cuenta, toda vez que ya se ha intentado el emplazamiento del tercero interesado en comento, con resultado infructuoso. Notifíquese, haciéndolo personalmente al tercero interesado Rodrigo Cortés Mena y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos y la cuenta que antecede, en el sentido de que de las constancias actuariales de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se advierte que a la actuaria de este Juzgado no le fue posible emplazar al tercero interesado ********************, en virtud de que los domicilios proporcionados resultaron incorrectos. Por tanto, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, proporcione el domicilio actual y correcto donde pueda ser emplazado a este juicio el tercero interesado en cita. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, la notificación de que se trata se hará por medio de edictos que podrían ser a costa suya, tal y como lo dispone el inciso b), de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, previo el dictado de las providencias necesarias para ubicar dicho domicilio. Entre tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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