Jose Raymundo Castro Canto

Expediente 1154/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1154/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Jose Raymundo Castro Canto

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, agréguense a este expediente el oficio remitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, que envía en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este expediente, al requerimiento realizado por auto de once de los corrientes. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada por el término de TRES DÍAS hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada y cúmplase.

  2. Principal

    V I S T O para resolver los autos del INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, concedida en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, promovido por la parte quejosa, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado vía electrónica el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció DIEGO MANUEL KUYOC ROMO, a favor del directo quejoso ERICK ALAN GÓMEZ DÍAZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades: Secretario de Seguridad Pública del Estado. Fiscal General del Estado de Yucatán. Mérida, Yucatán. Presidente Municipal de Telchac Puerto, Yucatán. Policía Municipal de Telchac Puerto, Yucatán. Telchac Puerto, Yucatán. Policía Municipal de Motul, Yucatán. Motul, Yucatán. De quienes reclama: ACTO RECLAMADO La incomunicación y detención. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de la misma fecha (veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno) se decretó de oficio la suspensión de plano; asimismo, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de la diligencia de notificación del citado proveído, o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por constancia actuarial de veinticinco de agosto de dos mil veinte, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en las instalaciones de la Policía Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, con sede en esta ciudad, donde se entrevistó con el directo quejoso, quien manifestó que se reservaba ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. Posteriormente, mediante diligencia de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo al directo quejoso apersonándose en el presente Juzgado Federal, a fin de ratificar la demanda de que se trata. En virtud de lo anterior, mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó al representante social de la federación adscrito la intervención que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite el incidente de violación a la suspensión de oficio y de plano concedida en los presentes autos, hecha valer por la parte quejosa; en el mismo proveído se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe sobre los hechos denunciados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de violación a la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previo al estudio del presente incidente de violación a la suspensión de plano, resulta pertinente transcribir parte del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, que es del tenor siguiente: ".se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación, así como la privación de la libertad fuera de procedimiento, sino fuera el caso de haber sido detenido el hoy quejoso con motivo de la comisión de un hecho delictuoso y estar sujeto a un procedimiento, pues de ser así, el efecto de la suspensión será para que sea puesto a disposición, sin demora, ante el Ministerio Público que corresponda; así como para que cesen todos aquellos que constituyan golpes, maltratos, tormentos, tortura psicológica y/o física, o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en el entendido de que las autoridades responsables señaladas en la demanda deben acatar la suspensión otorgada. Asimismo, si la privación de la libertad del quejoso deriva de un arresto administrativo o falta administrativa, se concede la suspensión de plano para el efecto de interrumpir su ejecución, mas no de extinguirla, por lo que podría reanudarse la misma, de negarse el amparo en el juicio que en su caso se tramite" TERCERO. La parte impetrante del amparo, en su escrito de violación a la suspensión, expuso esencialmente lo siguiente: ".vengo por este medio a denunciar la violación a la suspensión concedida, por parte de la autoridad responsable Policía Municipal Coordinada de Telchac Puerto, toda vez que se negó terminantemente a ponerme en libertad en breve término cuando se le notificó del presente juicio, así como me seguía incomunicando, no obstante la propia actuaria judicial les indicó que debían hacerlo, incurriendo además en desacato; esto por cuanto el suscrito no había sido detenido siquiera por una mínima presunción de haber cometido un hecho delictivo, sino que supuestamente por una supuesta falta administrativa, es decir, porque supuestamente entorpecí la labor policiaca; siendo que fui puesto en libertad aproximadamente hasta las 9:00 horas del día 25 de agosto de 2020, previo el pago de una multa que me obligaron a pagar, por la cantidad de quinientos pesos, moneda nacional." CUARTO. En el informe en relación a los hechos, las autoridades responsables Presidente Municipal del Ayuntamiento, y Comandante responsable en funciones de la Dirección de Seguridad Pública, ambos de Telchac Puerto, manifestaron, esencialmente, lo siguiente: ".En efecto, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tuvo conocimiento de los hechos y nos apersonamos a realizar las funciones propias de la dependencia en materia de seguridad pública y preservación del orden y la paz, como es encomienda prevista en las normas estatales y locales de acuerdo con nuestras facultades constitucionales y locales que recaen para los municipios del Estado, siendo que en cumplimiento de nuestro deber resultó una persona detenida por estar en propiedad privada sin autorización, misma que se hizo acreedora de una multa por entorpecer la labor policiaca en el municipio de Telchac. Asimismo, todas las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad fueron realizadas conforme a derecho y dentro del marco de nuestras facultades, negamos y desconocemos todos los hechos que menciona la parte quejosa. Es importante mencionar que en el caso que nos ocupa, subsiste una causal de sobreseimiento establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, toda vez que de las constancias remitidas a usted en el informe relativo al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, se demuestra que no existe el acto reclamado al cual se refiere el quejoso, en razón de que el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Telchac, Puerto, únicamente estaba en cumplimiento de su deber y apegados a todas las normas y derecho que les compete.". La autoridad responsable, ofreció como prueba, en lo que interesa: 1.- Copia certificada del registro de detenidos de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, donde se desprende que el quejoso Eric Alan Gómez Díaz, fue detenido en la referida fecha, a las veinte horas con catorce minutos; asimismo, que el referido impetrante del amparo fue puesto en libertad el veinticinco siguiente a las nueve horas (foja 485). QUINTO. Resulta fundada la denuncia de violación a la suspensión definitiva hecha valer por la parte quejosa, por las consideraciones que a continuación se exponen En efecto, en el caso concreto la suspensión de oficio y de plano fue concedida para el efecto de que cesara de inmediato la incomunicación, así como la privación de la libertad fuera de procedimiento. Asimismo, en el supuesto de que la privación de la libertad del quejoso derivara de un arresto administrativo o falta administrativa, el efecto consistió en interrumpir su ejecución. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, siendo las dos horas con diez minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte, se apersonó en los separos de la Secretaría de la Dirección de la Policía Municipal de Telchac Puerto, Yucatán, donde solicitó la presencia del aquí impetrante del amparo, mismo que fue presentado ante ella por el personal de la dependencia en cita, por lo que procedió a realizar la diligencia encomendada en auto de veinticuatro del referido mes y año, dictado en el presente juicio constitucional. Por otro lado, la autoridad responsable informó que hasta las nueve horas del veinticinco de agosto de dos mil veinte, el directo quejoso fue puesto en libertad. Lo que se ve corroborado con lo manifestado por el propio impetrante del amparo en el escrito con el que interpuso la denuncia que nos ocupa. Sentado lo anterior, se reitera, resultan fundados los agravios expuestos por la parte incidentista, en los que aduce que la autoridad desacató los términos en que se otorgó la suspensión de oficio y de plano. Ello, pues tal como quedó acreditado en autos, el oficio con el que se notificó a la autoridad responsable la medida cautelar otorgada se recibió a las dos horas con diez minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte; sin embargo, el quejoso fue puesto en libertad hasta las nueve horas del referido día. Esto es, transcurrieron más de seis horas para que la autoridad responsable acatara la suspensión de plano otorgada en el presente juicio constitucional, sin justificación legal alguna. Lo anterior, pues fue completamente omisa en justificar ante este Juzgado Federal, los motivos por los cuales no acató dicha medida en la forma ordenada por este Juzgador Federal, esto es, de inmediato, tal como se ordenó en el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte. En ese sentido, deviene incuestionable que la autoridad responsable POLICÍA MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN, no dio debido cumplimiento a la suspensión de plano concedida al directo quejoso Erick Alan Gómez Díaz, en los términos establecidos por este Juzgador Federal en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, dese vista al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, por la posible comisión de los delitos que establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 206, 207 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE DECLARA FUNDADA la denuncia de violación a la suspensión de oficio y de plano concedida a Erick Alan Gómez Díaz, respecto del acto de la autoridad responsable POLICÍA MUNICIPAL DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN; por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. SEGUNDO. DESE VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán a cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: agréguese a los autos el escrito signado por FAYSI VERÓNICA FERNÁNDEZ, mediante el cual informa, bajo protesta de decir verdad, que a la menor quejosa CRISTINA ALESSANDRA PALOMINO FERNÁNDEZ, le fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las responsables, en esencia, la omisión de aplicar la vacuna Pfizer BioNTech, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor quejosa CRISTINA ALESSANDRA PALOMINO FERNÁNDEZ, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto dos mil veintiuno, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022, lo que pone en riesgo su salud. Sin embargo, del contenido del ocurso de cuenta presentado por la representante de la menor en cita, se advierte que se le aplicaron las dos dosis de la vacuna Pfizer BioNTech. Circunstancia que aconteció con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran en el estado que se encontraban anteriormente, como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. No obsta a lo anterior que el derecho que en el presente sumario se aduce violado es el relativo a la salud de una menor, circunstancia relevante a la luz del principio de interés superior de ésta; empero, tomando en consideración que el acto reclamado se delimitó al servicio prestacional relativo a la vacuna de la menor quejosa, es evidente que con la conducta desplegada por las responsables correspondientes se destruye la conducta contumaz que originó el presente sumario y, por ende, se torna improcedente la acción intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con seis minutos del once de mayo de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que aún no transcurre el término de ocho días hábiles a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Director General de Registro y Control Documental y Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos de dicha autoridad registral, con sede en la Ciudad de México, por la vía telegráfica, como se aprecia en proveído de veintinueve de abril del año en curso, aunado a que en su citado informe manifestó, que de igual forma lo remitió por la vía postal, junto con los anexos necesarios para justificar el mismo, sin que a la fecha obren en autos. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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