Jose Porfirio Lugo Gonzalez
Expediente 1549/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1549/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Porfirio Lugo Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diariero Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el oficio DGAJ/14431/2023 remitido vía telegráfica por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promoviendo en representación de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de septiembre del presente año, informa las gestiones realizadas en acatamiento al fallo protector dictado en el presente asunto, del que se advierte que el mismo se encuentra en vías de cumplimiento. Ahora bien, en atención a lo informado por la nombrada autoridad, en el sentido de que mediante oficio DGCAT/100/3752/2023 de cinco de octubre de dos mil veintitrés, remitido a la encargada del Despacho de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, envió la opinión técnica positiva correspondiente al expediente de la parcela 93 Z-1 P-4/4, del Ejido de Tixcuytún, del municipio de Mérida, del Estado de Yucatán; siendo que, por diverso oficio DGAJ/14432/2023 de esa misma fecha, lo informó a la Representación Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, prevéngase a la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, para que realice las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la solicitud señalada, y en breve término sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir impedimento legal alguno justificado, lo que deberá informar en el plazo de tres días. Con el apercibimiento que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase.
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