Jorge Ávila Hurtado

Expediente 771/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
771/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Ávila Hurtado
  • Jorge Ávila Hurtado y Otros.
  • Miguel Ángel Olivares Valdovinos
  • Mayra Leticia Alejandro Yañez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de agosto del año en curso, en la que se SOBRESEE el presente juicio de amparo. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación secretarial, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. DESTINO DE INCIDENTES. Con fundamento en el artículo 20, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, se determina que el incidente de suspensión es destruible, ya que se negó la suspensión definitiva solicitada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 771/2023-VIII promovido por Mayra Leticia Alejandro Yáñez, Jorge Ávila Hurtado, Miguel Ángel Olivares Valdovinos y María Elena Romero Villa, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Morelia, Michoacán, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional el mismo día, Mayra Leticia Alejandro Yáñez, Jorge Ávila Hurtado, Miguel Ángel Olivares Valdovinos y María Elena Romero Villa, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y otras autoridades, así como de los actos que precisaron en el propio ocurso. En ese escrito, los quejosos narraron los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes, y señalaron como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 5°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional el que la registró con el número 771/2023-VIII; la admitió a trámite; solicito su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A las diez horas con diez minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza administrativa emitidos por autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: Del Gobernador y Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Michoacán: 1. La emisión del acuerdo consistente en el "compromiso de asignación de locales en el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán", de nueve de junio de dos mil veintitrés. Del Presidente Municipal y Director de Mercados, ambos de Pátzcuaro, Michoacán: 2. Consensar y emitir el acuerdo precisado en el numeral anterior. 3. La emisión del "aviso por el cual se convoca a la celebración de cartas compromiso de asignación de locales en el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán", de nueve de junio de dos mil veintitrés. Inspectores adscritos a la Dirección de Mercados de Pátzcuaro, Michoacán (en su denominación correcta): 4. La notificación del aviso precisado en el numeral anterior, de diez de junio de dos mil veintitrés. Precisión apuntada que obedece a que si bien la parte quejosa señaló como autoridad responsable al "Notificador del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán", también lo es que al rendir informe justificado el Presidente Municipal de tal localidad, precisó que no existe en dicho organigrama el carácter o nombramiento de "notificador", pero sí hay en la Dirección de Mercados el nombramiento de Inspectores, los que de manera personal y directa realizaron el aviso a todos los comerciantes que integran el mercado municipal. De ahí que con esa denominación se ordena girar el oficio correspondiente a la autoridad referida, a efecto de hacerle del conocimiento la presente ejecutoria. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Gobernador y Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no eran ciertos los actos que la parte quejosa les reclamó. Así, aún y cuando dichas responsables negaron los actos atribuidos, los solicitantes del amparo no cumplieron la carga procesal de aportar elementos de prueba suficientes que justifiquen lo contrario, esto es, la existencia de un acuerdo consistente en el "compromiso de asignación de locales en el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán", de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitido por tales autoridades. De ahí la inexistencia de los actos que la parte quejosa les reclamó. Resulta aplicable la tesis 4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página novecientos tres del tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese contexto, al no advertirse de autos prueba suficiente para desvirtuar la negativa de los actos reclamados citados, es por lo que, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los atribuidos al Gobernador y Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Michoacán. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Contrario a lo indicado por el agente del Ministerio Público de la adscripción, al presentar su pedimento, son ciertos los actos reclamados a las restantes autoridades responsables Presidente Municipal, Director de Mercados e Inspectores adscritos a la segunda dependencia citada, todos de Pátzcuaro, Michoacán, porque al rendir sus informes con justificación aceptaron los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación de las responsables resulta suficiente para acreditar su certeza, toda vez que si bien no anexaron a sus informes justificados los actos reclamados consistentes en el acuerdo denominado "compromiso de asignación de locales en el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán", el "aviso por el cual se convoca a la celebración de cartas compromiso de asignación de locales en el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán", ambos de nueve de junio de dos mil veintitrés, y su notificación, también lo es que subsiste la presunción legal de su existencia, en atención a lo establecido en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Presunción que también se obtiene de la diversa constancia que allegaron al presente juicio constitucional, consistente en el convenio de coordinación de acciones para el fortalecimiento y desarrollo del proyecto y obra denominada construcción del mercado municipal de Pátzcuaro, de cinco de junio de dos mil veintitrés, del que se observa, en su cláusula cuarta, el compromiso del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, de reubicar a los comerciantes a otras áreas de la cabecera municipal, difundir el proyecto referido y establecer las condiciones necesarias para que los comerciantes continúen su actividad comercial una vez que se ejecute tal proyecto. Pruebas a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." A más de que la parte quejosa plasmó en su demanda de amparo una imagen del aviso antes indicado. Documento que si bien se trata de una imagen inserta en la demanda de amparo, hace prueba en favor del solicitante del amparo, únicamente para acreditar su existencia, dado que las autoridades responsables no la objetaron, por el contrario, como se dijo, al rendir sus informes realizaron manifestaciones de su certeza. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. De las porciones normativas transcritas, se obtiene que el juicio constitucional se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, la que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la Constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico), o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para solicitar el amparo el justiciable debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio constitucional, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos). En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Como se observa, en el decir de la Segunda Sala, las condicionantes para demostrar el interés jurídico son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Esto es, para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio. Luego, para el caso que nos ocupa es relevante tener presente lo previsto en el "Capítulo III De los permisos y licencias" del Bando de Gobierno del municipio de Pátzcuaro", publicado el seis de julio de dos mil veintidós (ubicado en el capítulo II, título décimo, de la anterior legislación, publicada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis y derogada el seis de septiembre de dos mil veintidós, pero de igual redacción), en específico los artículos 109, 110 y 111, fracción I, del que se desprende que para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios por parte de los particulares se requiere permiso, licencia o autorización, según sea el caso, los que serán expedidos por el Ayuntamiento. Que dicha autorización, licencia o permiso es única y exclusivamente para la actividad, el giro, domicilio, zona, lugar y tiempo que establezca tal documento. Mientras que de los artículos 20, 21, 22, 23, 26, 27, fracción I, 28, fracción V, y 31 del Reglamento de Mercados, publicado el catorce de septiembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, se advierte que los permisos para ejercer el comercio en la vía pública, en cualquiera de sus modalidades, serán renovables por periodos iguales a solicitud del interesado, siempre y cuando éste haya cumplido con las disposiciones que le imponga. Dicho permiso es revocable en cualquier tiempo; tiene el carácter de personal e intransferible, y su renovación queda a consideración del Ayuntamiento, el que deberá atender a lo dispuesto por dicho reglamento. Estos no confieren derechos reales ni acción posesoria a su titular sobre el lugar o zona que se ocupe. Para la renovación de los permisos que autoricen el ejercicio del comercio semifijo en la vía pública, los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente cada año. Ahora, dichos permisos o licencias dejan de surtir efectos por conclusión del periodo por el cual fue otorgado; y se revocará o cancelará si no se renueva el permiso en el plazo señalado en dicho reglamento. Lo anterior quiere decir que solamente la voluntad administrativa de la autoridad municipal es la que reconoce derechos a favor de particulares para ejercer actos de comercio en mercados. Esto a través de la respectiva licencia, permiso o autorización, la que deberá ser revalidada cada año. Ahora bien, se recuerda que los quejosos comparecen a esta instancia en defensa de sus derechos humanos en contra de la emisión del acuerdo consistente en el "compromiso de asignación de locales en el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán", el "aviso por el cual se convoca a la celebración de cartas compromiso de asignación de locales en el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán", ambos de nueve de junio de dos mil veintitrés, y su notificación de diez siguiente. Así, para acreditar el interés jurídico con que accionan esta instancia constitucional, los solicitantes del amparo, allegaron las siguientes documentales en copia cotejada: 1. Por cuanto ve a Mayra Leticia Alejandro Yáñez, la licencia anual "2015", otorgada por la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, con número de folio 0708, de nueve de mayo de dos mil dieciséis, para el giro comercial de "ropa", domicilio fiscal ubicado en la explanada del mercado municipal centro, con sellos de revalidación del Ayuntamiento, de fechas catorce de marzo de dos mil diecisiete y uno de julio de dos mil dieciocho; y, una credencial de elector. 2. Por lo que ve a Jorge Ávila Hurtado, la licencia anual con número de folio 1192, expedida por el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, de uno de junio de dos mil veintidós, para el giro comercial de "venta de alimentos sin venta de cerveza", domicilio fiscal ubicado en la explanada del mercado municipal centro, con un sello de revalidación de tres de junio de dos mil veintidós; y, una credencial de elector. 3. En cuanto a Miguel Ángel Olivares Valdovinos, un permiso provisional de ocupación de vía pública "2018", con número de folio 0853, expedida por la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, de trece de agosto de dos mil diecinueve, para el giro comercial de "quesadillas y tacos", con ubicación provisional en "volador y codallos", y sellos de revalidación de la Dirección de Mercados de ese municipio de diez de julio de dos mil veinte y doce de abril de dos mil veintiuno; y, una credencial de elector. 4. Respecto a María Elena Romero Villa, la licencia anual con número de folio 1069, expedida por el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, para el giro comercial de "frutas y verduras", con domicilio fiscal ubicado en el interior del mercado municipal centro, locales 96 y 97 centro, y sello de revalidación de veintitrés de mayo de dos mil veintidós; una credencial de elector; y, un comprobante de pago de la Comisión Federal de Electricidad de veintitrés de abril de dos mil veintitrés. Documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Sin embargo, de ese cúmulo probatorio no se desprende la existencia de alguna licencia, permiso o autorización vigente para ejercer las actividades comerciales en el mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán, en virtud de que éstas se encuentran vencidas, por lo que dejaron de surtir sus efectos correspondientes, como lo establece el artículo 27, fracción I, del Reglamento de Mercados de Pátzcuaro, Michoacán, tal como se observa de la siguiente tabla: Quejoso Última revalidación anual Vencimiento de la licencia, permiso o autorización anual Mayra Leticia Alejandro Yáñez 1 de julio de 2018 1 de julio de 2019 Jorge Ávila Hurtado 3 de junio de 2022 3 de junio de 2023 Miguel Ángel Olivares Valdovinos 12 de abril de 2021 12 de abril de 2022 María Elena Romero Villa 23 de mayo de 2022 23 de mayo de 2023 Sin que pueda considerarse que para ello sea necesario obtener la revocación o cancelación del Ayuntamiento referido de la licencia, permiso o autorización, dado que el propio reglamento establece que de no renovarse dejará de surtir efectos, por lo que si bien no implica su invalidez, también lo es que dichos documentos resultan insuficientes para acreditar que cuentan con algún derecho para ejercer la actividad comercial referida. Por esa razón es que no sea aplicable al caso la tesis de rubro: "GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. INTERÉS JURÍDICO TRATÁNDOSE DE, PARA ACREDITARLO NO ES INDISPENSABLE LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE (REGLAMENTO GENERAL PARA ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESPECTÁCULOS EN EL DISTRITO FEDERAL)." , dado que los artículos ahí analizados 41, 42 y 43 del Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, regulaban lo relativo a la cancelación de un licencia, y no precisaban de qué manera dejaría surtir efectos, por el contrario, el diverso numeral 6° de dicho ordenamiento, sí establecía que el único supuesto por el cual dejaría de surtir efectos una licencia de funcionamiento era por cancelación; esto es, se trata de una cuestión diversa a la aquí analizada, de ahí su inaplicabilidad al presente asunto. De ese modo, a la data en que presentaron su demanda de amparo no existía algún derecho reconocido vigente a favor de los peticionarios de derechos fundamentales sobre las actividades comerciales que afirmaron ejercer en su demanda de amparo, y de las cuales señalaron que se encontraban afectadas tanto por el acuerdo de asignación de locales en el nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán, así como su aviso y notificación; ello por no habérseles dado participación en el censo que se llevó a cabo con tal finalidad en su calidad de comerciantes en dicho lugar, su inminente "desalojo" o el "obligarlos" a comprar un nuevo local. Lo anterior porque el interés jurídico para reclamar actos relativos a las actividades mercantiles reglamentadas, impone como requisito necesario contar y presentar el permiso, licencia o autorización vigente, o en su caso, su revalidación anual de locatarios de los establecimientos comerciales relativos, sin que se desprenda que durante todo el curso de la tramitación del presente asunto, la parte quejosa haya acreditado tal calidad. Por lo que al no demostrar que cuentan con autorización vigente para desempeñar los giros comerciales que defienden en esta instancia, este resolutor considera que no se demuestra la afectación que dicen tener dichos quejosos como comerciantes que desarrollan su actividad en el mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán. Así, se reitera, si los quejosos afirman tener algún derecho para ejercer el comercio sobre los locales o espacios habilitados dentro del mercado municipal de Pátzcuaro, Michoacán, para ser considerados dentro de la carta compromiso de asignación de locales y/o convocatoria para la celebración de aquella, entonces, debieron demostrar que cuentan con el reconocimiento de esa prerrogativa por la voluntad administrativa municipal, a través de la licencia, permiso o autorización de funcionamiento respectiva a su nombre o su revalidación anual vigente, según quedó expuesto, sin que se hubiere demostrado ese extremo; de ahí que se actualice la causal de improcedencia evidenciada. Corolario a lo anterior debe aclararse que el juicio de amparo no protege la simple posesión o tenencia que dicen tener sobre los locales o espacios que aducen asignados para desarrollar dicha actividad, sino que ésta debe encontrarse fundada en un justo título que reconozca el derecho real sobre un determinado bien. Máxime que de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Mercados, la licencia o permiso no concede algún derecho real ni acción posesoria sobre el lugar o zona que se ocupe. Aunado a que a la fecha no existe constancia de que, efectivamente, los locales comerciales o el apoyo que pudiera darse a los locatarios ya se entregó; lo que evidencia aún más la inexistencia de una afectación a la esfera jurídica de los quejosos. Lo anterior en términos de la jurisprudencia 1/2002, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 187733 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 5 Tipo: Jurisprudencia POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En consecuencia, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que a dichos actos se refiere. Toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación relacionados por aquellos actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Registro digital: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Enero de 1992, página 115 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público a la adscripción, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mayra Leticia Alejandro Yáñez, Jorge Ávila Hurtado, Miguel Ángel Olivares Valdovinos y María Elena Romero Villa, por propio derecho, contra los actos precisados en el considerando segundo de la presente resolución y por las razones señaladas en el cuarto. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.GABK

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. SECRETARIA: Juicio de amparo 771/2023 promovido por Mayra Leticia Alejandro Yañez, Jorge Ávila Hurtado, Miguel Ángel Olivares Valdovinos y María Elena Romero Villa contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del juicio de amparo en que se da cuenta. Asimismo, se hace constar que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Secretaria, dé cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados que rindieron: a) apoderado del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. b) Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. c) Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. d) Director de Mercados del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán. e) Notificador del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIA: Se hace constar que en este asunto obran las documentales que la quejosa anexó a su demanda de amparo; así como las que las autoridades responsable Presidente Municipal, Director de Mercados y Notificador, todos del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán acompañaron a su informe justificado; medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. SECRETARIA: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, a través del oficio 456/2023. JUEZ: Con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; con lo cual se cierra este periodo. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO LIC. ESPERANZA FUENTES REYESCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la secretaría Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 771/2023, promovido por Mayra Leticia Alejandro Yañez, Jorge Ávila Hurtado, Miguel Ángel Olivares Valdovinos y María Elena Romero Villa, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, LA SECRETARIA CERTIFICA: La omisión del notificador del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, de rendir su respectivo informe previo, no obstante de estar debidamente notificado del oficio 13926, que contiene el auto a través del cual se les solicitó, según se advierte de la constancia que obra en autos. A lo que el Juez, acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales procedentes, y en cuanto a la certificación de cuenta continúese con la celebración de la audiencia dado que la omisión anotada, no es obstáculo para ello. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Michoacán, a través de su apoderado legal. El Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, por medio del Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pátzcuaro. Director de Mercados del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar, que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales junto con su escrito inicial de demanda, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la adscripción formuló alegatos mediante pedimento 455/2023, presentado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VIII-771/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente, por razón de turno, Mayra Leticia Alejandro Yañez, Jorge Ávila Hurtado, Miguel Ángel Olivares Valdovinos y María Elena Romero Villa, solicitaron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional negó a los quejosos la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama los siguientes actos: a) Del Gobernador del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad reclama la violación al debido proceso por intromisión o invasión a la esfera de competencia del Municipio de Pátzcuaro, y consensar fuera de sus facultades constitucionales y legales en su orden de emisión sin fundamentación del compromiso de asignación de locales en el nuevo mercado Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, emitido con fecha nueve de junio de dos mil veintitrés. b) Del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pátzcuaro y el Director de Mercados, la violación por intromisión de las autoridades antes mencionadas. c) Del Notificador del Ayuntamiento de Pátzcuaro, la indebida notificación del documento señalado, sin ninguna solemnidad ni formalidad procesal el diez de junio de dos mil veintitrés TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por el Gobernador Constitucional y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado de Michoacán, se advierte que niegan la existencia del acto que se les atribuye. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra del referido actos a la autoridad citada, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que el promovente del amparo hayan ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a las referidas autoridades, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por las autoridades responsables Presidente y Director de Mercados todos del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, se advierte la existencia del acto reclamado; por otra parte, el notificador del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, fue omiso de rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificado para ello; en consecuencia, se presume cierto el acto que se le atribuye, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 142, de la Ley de Amparo; QUINTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora, de la lectura de la demanda, se desprende que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión definitiva de los actos reclamados, para que se no se lleve a cabo el llamamiento para la firma de cartas de asignación de locales hasta que no se haya cumplido el debido proceso por el desconocimiento de las bases objetivas o reales de los trabajos de instalación de un nuevo mercado. En ese sentido, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión definitiva del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y, v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pátzcuaro y Director de Mercados del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, se presumen ciertos, toda vez que así lo indican en sus informes, además de haberse presumido la certeza, respectivamente, como queda asentado en el resultando cuarto. Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa reclama, entre otra cuestión, la posible afectación a sus derechos, por lo que al ser un acto positivo es susceptible a su paralización sin embargo, de concederse la misma tendría como consecuencia la restitución del derecho que aduce violado; aunado a que en cuanto a su dictado revisten el carácter de consumados, y como se dijo, la medida cautelar no tiene efectos restitutorios. Interés jurídico o legítimo. En este apartado se analiza si el acto del que se duele la parte quejosa incide en su esfera jurídica; es decir, se debe demostrar, por lo menos indiciariamente, la posible afectación a su esfera jurídica. Por lo expuesto, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado, satisfaciendo el requisito que contempla el artículo 131 de la Ley de Amparo; se estima que no se cumple con uno de los requisitos para decretar la suspensión del acto reclamado, pues el acto reclamado en sí mismo no es suspendible, en razón de que los actos reclamados encuanto a su dictado y efectos, revisten el carácter de consumados. En la inteligencia de que la medida cautelar no tiene efectos restitutorios, pues éstos son propios de la sentencia que en su caso, se pronuncie en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. En apoyo de lo anterior es de invocar la jurisprudencia siguiente: "Tesis: II.3o. J/37 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 217665 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 60, Diciembre de 1992 Página 51 Jurisprudencia (Común) ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Por lo anterior, se estima innecesario continuar con el análisis de los diversos requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, es decir, el interés jurídico o legítimo y la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a Mayra Leticia Alejandro Yañez, Jorge Ávila Hurtado, Miguel Ángel Olivares Valdovinos y María Elena Romero Villa, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe. Ecr

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