Jorge Armando Espino González

Expediente 883/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
883/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Jorge Armando Espino González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-883/2021, promovido por Jorge Armando Espino González, contra actos del Juez Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el veinte siguiente, Jorge Armando Espino González, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de veintidós de febrero del año que transcurre, tras la resolución del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, se admitió la demanda de amparo únicamente respecto del acto reclamado consistente en el retraso, omisión o negativa de la autoridad señalada como responsable, de hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio JA-0082/2020-III, registrándose la misma como expediente X-883/2021. En el mismo proveído, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de autoridad administrativa con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia mixta este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: El retraso, omisión o negativa del Juez Tercero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio JA-0082/2020-III, haciendo uso para ello, en su caso, de las medidas de apremio a su alcance. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable que nos ocupa, se obtiene que, por lo que ve al retraso, omisión o negativa de hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio JA-0082/2020-III, negó la existencia del acto en comento; sin embargo, por lo que respecta al uso de las medidas de apremio a su alcance para ello, aceptó la existencia del mismo; lo que se traduce en una consecuencia de no realizar lo precisado en la primera parte del acto reclamado. Además, la negativa de la autoridad queda desvirtuada del análisis de las constancias del juicio de nulidad referido, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." En el caso, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]". Resulta de esta forma, ya que el juicio de amparo como un medio de control constitucional y de defensa extraordinario frente a los actos de las autoridades que se consideren lesivos de los derechos fundamentales de todo individuo, se distingue siempre por buscar un fin práctico a través de sus sentencias. Por lo que aún ante actos en sí mismos lesivos de los intereses jurídicos de la parte solicitante resulta improcedente si no puede materializar sus efectos, por haber desaparecido el objeto y materia del acto reclamado. Ahora, la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, copia certificada del juicio expediente JA-0082/2020-III, de la que se desprenden los siguientes antecedentes: Jorge Armando Espino González, presentó demanda ordinaria administrativa en la oficialía de partes, misma que fue registrada con el número JA-0082/2020-III, en el Juzgado Tercero del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, con sede en esta ciudad; El veintitrés de octubre de dos mil veinte, se emitió sentencia en la que se condenó a la demandada Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, al pago de diversas prestaciones; Determinación que causó ejecutoria en auto de quince de abril de dos mil veintiuno. Ahora, en auto de treinta y uno de marzo del año en curso, el Delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, informó que la parte quejosa y la autoridad demandada Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, celebraron convenio a fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio administrativo JA-0082/2020-III, del índice de la responsable; al anterior instrumento, recayó un acuerdo que dice: "[.] Jorge Armando Espino González; y el apoderado jurídico de la [sic] del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, autoridad demandada, a ratificar el convenio exhibido ante la oficialía de partes de este Tribunal el día 24 veinticuatro de marzo de 2022 dos mil veintidós, recibido en este Juzgado el 25 veinticinco del mismo mes y año, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en autos y dar por concluido el presente juicio, lo cual realizan en la forma y términos del citado convenio; consecuentemente, atendiendo a la voluntad de las partes, se declara esencialmente cumplida la sentencia. [.]" Lo anterior pone en evidencia que aun cuando el retraso, omisión o negativa del Juez Tercero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, de hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio JA-0082/2020-III, haciendo uso para ello, en su caso, de las medidas de apremio a su alcance, subsiste, la realidad es que su objeto o materia ya no, dado que dicho acto no puede surtir efecto legal alguno por haber desaparecido el objeto o materia del procedimiento natural, con motivo de que con el convenio al que llegaron las partes, se declaró esencialmente cumplida la sentencia. De ahí que, ningún sentido práctico tendría conceder el amparo al promovente para que el efecto de que la autoridad responsable realice gestiones para que la demandada dé cumplimiento a la sentencia, si la misma ha quedado cumplida. Lo que se traduce en la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia que a la letra dice lo siguiente: "Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la imposibilidad de que el acto reclamado surta efecto legal o material. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Los criterios que anteceden se invocan no obstante haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Armando Espino González, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA INFORMA Y SE REQUIERE Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado y remitido vía electrónica por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual informa que el veintinueve de marzo de dos mil veintidós realizó un convenio con el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, a fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen. En tal virtud, requiérase a la parte quejosa a fin de que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe si es su deseo desistirse de la presente demanda de amparo. Ahora, en el caso de que efectivamente sea su voluntad desistirse de la demanda de amparo, se le requiere para que en el momento de la notificación del presente auto y solo en el supuesto de que la misma se entienda directamente con el quejoso o con persona facultada para ello, externe su deseo de desistirse y en ese acto lo ratifique. O bien, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente día que quede debidamente notificada del presente proveído, se presente ante el personal de este juzgado en horario de oficina y día hábil, con identificación oficial para que, previamente advertida de la responsabilidad que para el caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el amparo, prevé para la apoderada, el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, manifieste si es su voluntad desistirse de la demanda de amparo y en caso de ser así, en ese momento lo ratifique; con el apercibimiento que de no hacerlo, se proveerá lo conducente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. AUTORIDAD INFORMA Y SE DA VISTA PARTE QUEJOSA. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que la parte quejosa y la autoridad demandada en el juicio administrativo de origen celebraron convenio a fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio administrativo JA-0082/2020-III del índice del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, lo que acredita con las constancias que remite. Mismas que con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. En ese sentido, se ordena dar vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS, SE ORDENA FORMAR UN TOMO DE PRUEBAS Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado; sin embargo, del mismo se advierte que adjuntó diversas constancias en copia certificada, sin que se hubiere dado cuenta con las mismas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional, con la cual se ordena formar un tomo de pruebas por separado. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por otra parte, visto el estado que guardan los transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DOCE HORAS DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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