Jorge Castillo Espinoza

Expediente 674/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
674/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Jorge Castillo Espinoza
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. AUTORIDAD ACUSA RECIBO Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de la Piedad, Michoacán, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, mediante el cual acusa recibo del diverso 11443, a través del cual se le notificó que el auto que desechó la demanda de amparo causó estado; asimismo, se le adjuntó el tomo de pruebas que se formó con un legajo de copias certificadas del juicio sumario civil 10/2021 que contiene el acto reclamado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente Eduardo Reyes Milian, en cuanto apoderado de Jorge Castillo Espinoza, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de quince de julio de la presente anualidad, por el que DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. SE DEVUELVE TOMO DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de la Piedad, Michoacán, el tomo de pruebas consistente en un legajo de copias certificadas del juicio sumario civil 10/2021, que se exhibió en el presente asunto; solicitándole se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintiuno. SE RECIBE ESCRITO DE DEMANDA DE AUTORIDAD INCOMPETENTE. Por recibido el oficio de cuenta número 2678/2021 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, que contiene inserto el acuerdo de trece de julio del año que transcurre, escrito original de la demanda de garantías promovida por Eduardo Reyes Milian, en cuanto apoderado de Jorge Castillo Espinoza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de la Piedad, Michoacán, así como informe justificado de la autoridad responsable, un tomo de pruebas y constancia de emplazamiento al tercero interesado, Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por Eduardo Reyes Milian, en cuanto apoderado de Jorge Castillo Espinoza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de la Piedad, Michoacán, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, deben observarse las siguientes jurisprudencias: "Época: Novena Época Registro: 200232 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: P./J. 51/95 Página: 110 DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes. Contradicción de tesis 32/94. Entre las sustentadas por las anteriores Segunda y Tercera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de octubre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el cuatro de diciembre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 51/1995 (9a.) la tesis que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cinco". "Época: Novena Época Registro: 175619 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 25/2006 Página: 251 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto. Contradicción de tesis 42/2005-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez". SE ACREDITA PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de la Materia y en términos de las constancias que obran en el tomo de pruebas que la autoridad declinante adjuntó a la presente demanda, se reconoce a Eduardo Reyes Milian, el carácter de apoderado del quejoso Jorge Castillo Espinoza, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número I-674/2021, en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Establecido lo anterior, el suscrito procede a realizar el análisis de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda y anexos a la misma, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en la resolución de once de junio del año en curso, dictada por el juez responsable en el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veinticinco de mayo del año actual, dentro del juicio sumario civil 10/2021, a través de la cual se confirmó el auto aludido, donde se citó a las partes para oír sentencia, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción III y XII, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: Los numerales referidos en supralíneas, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". También cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en la resolución de once de junio del año en curso, dictada por el juez responsable en el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veinticinco de mayo del año actual, dentro del juicio sumario civil 10/2021, a través de la cual se confirmó el auto aludido, donde se citó a las partes para oír sentencia, dado que no son actos de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el proceso de origen, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Máxime, que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, prevé que por regla general el amparo sólo podrá promoverse contra actos verificados dentro de juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, como ya se dijo los que afecten materialmente derechos sustantivos; lo cual, en el caso no acontece, pues se insiste que el acto aquí reclamado lo es la resolución de once de junio del año en curso, dictada por el juez responsable en el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veinticinco de mayo del año actual, dentro del juicio sumario civil 10/2021, a través de la cual se confirmó el auto aludido, donde se citó a las partes para oír sentencia, de manera que las violaciones que ahora se reclaman, pueden verse reparadas al momento de dictarse sentencia en el juicio de origen, y en caso de no ser así, alegarse como violación procesal en el amparo directo que llegare a promover contra la sentencia definitiva que se dicte en el mismo. Lo anterior, aunado a que al haberse confirmado el auto recurrido, en el que se reclamó una determinación tomada por el juez responsable en el sentido de se citó a las partes para oír sentencia, sin que se hayan desahogado dos de las pruebas que afirma ofreció oportunamente la parte actora en el juicio de origen, entre ellas una confesional a cargo del actor -tercero interesado-, no afecta derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, pues la determinación del juez responsable, relativa a la confirmación del acuerdo recurrido, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal que no es susceptible de impugnación en el amparo indirecto, pues solo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar de inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión, En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". De igual forma son aplicables por identidad jurídica las tesis de rubro y texto siguientes: Registro digital: 187604 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: II.2o.C. J/13 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1135 Tipo: Jurisprudencia CITACIÓN PARA SENTENCIA. PROCEDE RECURSO DE REVOCACIÓN EN SU CONTRA Y DEBE AGOTARSE PARA PREPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE RESOLVER UN INCIDENTE DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Contra el auto que cita para sentencia en un juicio civil, en términos del artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México procede el recurso de revocación, debiéndose agotar dicho medio de impugnación cuando no se resuelve un incidente de nulidad que se había planteado, pues de esta manera el agraviado se inconforma con tal situación por no poderse pronunciar la sentencia de fondo, al estar pendiente de resolución dicho incidente; en tal virtud, si no se interpuso el citado recurso, la violación procesal propuesta debe desestimarse por haberse consentido y, así, no fue preparada en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 906/97. Victoria Nava Quintero. 4 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Agustín Archundia Ortiz. Amparo directo 233/98. Cosme Martínez Díaz. 24 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Everardo Shain Salgado. Amparo directo 771/98. Sucesión intestamentaria a bienes de Jorge Bermúdez Ramírez y otra. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas Vargas. Amparo directo 1361/98. Salvador Brito Salgado. 4 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez Díaz González. Amparo directo 804/2000. Jorge Roberto Montes Guadarrama. 23 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretario: José Isabel González Nava. Registro digital: 191990 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.179 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 937 Tipo: Aislada CITACIÓN PARA SENTENCIA. PROCEDE RECURSO EN SU CONTRA Y ÉSTE DEBE AGOTARSE PARA PREPARAR EL AMPARO DIRECTO DONDE SE PROPUSO LA VIOLACIÓN PROCESAL CONSISTENTE EN EL DESAHOGO PENDIENTE DE UNA PRUEBA. El auto que cita a las partes para oír sentencia es el que técnicamente impide que se desahoguen las pruebas que no se llegaron a desahogar, supuesto que es el acto procesal de orden público por medio del cual el órgano jurisdiccional informa a las partes que terminó la intervención de ellas en la etapa del procedimiento, y sólo tendrán que esperar a que el juzgador resuelva el problema jurídico, declarando el derecho a favor de quien corresponda legalmente. Por tanto, si unos quejosos se duelen del desahogo pendiente de una prueba, deben preparar formalmente la violación procesal impugnando el citado proveído a través del recurso procedente, para estar en posibilidad de examinar esa violación procesal en vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, pues de lo contrario el principio de definitividad no se satisface y la violación alegada debe reputarse consentida. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 5223/99. Antonio Cortina Riba, por sí y como representante común de Marcela Rodríguez Giacinti de Cortina. 24 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Islas Domínguez. Secretario: Arturo Castañeda Bonfil. Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Eduardo Reyes Milian, en cuanto apoderado de Jorge Castillo Espinoza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil de la Piedad, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Luis Ramón López Ruiz, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que lo acredita que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y las restantes, hasta que se encuentren debidamente acreditadas para ejercer dicha profesión. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO 0: Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintiuno. SE RECIBE ESCRITO DE DEMANDA DE AUTORIDAD INCOMPETENTE. Por recibido el oficio de cuenta número 2678/2021 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, que contiene inserto el acuerdo de trece de julio del año que transcurre, escrito original de la demanda de garantías promovida por Eduardo Reyes Milian, en cuanto apoderado de Jorge Castillo Espinoza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de la Piedad, Michoacán, así como informe justificado de la autoridad responsable, un tomo de pruebas y constancia de emplazamiento al tercero interesado, Ahora, como del oficio de cuenta se desprende que la autoridad oficiante declaró carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías planteada por Eduardo Reyes Milian, en cuanto apoderado de Jorge Castillo Espinoza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de la Piedad, Michoacán, se provee: ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, deben observarse las siguientes jurisprudencias: "Época: Novena Época Registro: 200232 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: P./J. 51/95 Página: 110 DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se avoca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes. Contradicción de tesis 32/94. Entre las sustentadas por las anteriores Segunda y Tercera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de octubre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el cuatro de diciembre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 51/1995 (9a.) la tesis que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cinco". "Época: Novena Época Registro: 175619 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 25/2006 Página: 251 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto. Contradicción de tesis 42/2005-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 24 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez". SE ACREDITA PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de la Materia y en términos de las constancias que obran en el tomo de pruebas que la autoridad declinante adjuntó a la presente demanda, se reconoce a Eduardo Reyes Milian, el carácter de apoderado del quejoso Jorge Castillo Espinoza, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número I-674/2021, en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE DEMANDA. Establecido lo anterior, el suscrito procede a realizar el análisis de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda y anexos a la misma, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en la resolución de once de junio del año en curso, dictada por el juez responsable en el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veinticinco de mayo del año actual, dentro del juicio sumario civil 10/2021, a través de la cual se confirmó el auto aludido, donde se citó a las partes para oír sentencia, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción III y XII, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación: Los numerales referidos en supralíneas, en la parte que interesa, respectivamente, son del tenor siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:. III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". También cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en la resolución de once de junio del año en curso, dictada por el juez responsable en el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veinticinco de mayo del año actual, dentro del juicio sumario civil 10/2021, a través de la cual se confirmó el auto aludido, donde se citó a las partes para oír sentencia, dado que no son actos de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el proceso de origen, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Máxime, que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia, prevé que por regla general el amparo sólo podrá promoverse contra actos verificados dentro de juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, como ya se dijo los que afecten materialmente derechos sustantivos; lo cual, en el caso no acontece, pues se insiste que el acto aquí reclamado lo es la resolución de once de junio del año en curso, dictada por el juez responsable en el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del auto de veinticinco de mayo del año actual, dentro del juicio sumario civil 10/2021, a través de la cual se confirmó el auto aludido, donde se citó a las partes para oír sentencia, de manera que las violaciones que ahora se reclaman, pueden verse reparadas al momento de dictarse sentencia en el juicio de origen, y en caso de no ser así, alegarse como violación procesal en el amparo directo que llegare a promover contra la sentencia definitiva que se dicte en el mismo. Lo anterior, aunado a que al haberse confirmado el auto recurrido, en el que se reclamó una determinación tomada por el juez responsable en el sentido de se citó a las partes para oír sentencia, sin que se hayan desahogado dos de las pruebas que afirma ofreció oportunamente la parte actora en el juicio de origen, entre ellas una confesional a cargo del actor -tercero interesado-, no afecta derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, pues la determinación del juez responsable, relativa a la confirmación del acuerdo recurrido, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal que no es susceptible de impugnación en el amparo indirecto, pues solo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar de inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión, En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, que a la letra dice: "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". De igual forma son aplicables por identidad jurídica las tesis de rubro y texto siguientes: Registro digital: 187604 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: II.2o.C. J/13 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1135 Tipo: Jurisprudencia CITACIÓN PARA SENTENCIA. PROCEDE RECURSO DE REVOCACIÓN EN SU CONTRA Y DEBE AGOTARSE PARA PREPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE RESOLVER UN INCIDENTE DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Contra el auto que cita para sentencia en un juicio civil, en términos del artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México procede el recurso de revocación, debiéndose agotar dicho medio de impugnación cuando no se resuelve un incidente de nulidad que se había planteado, pues de esta manera el agraviado se inconforma con tal situación por no poderse pronunciar la sentencia de fondo, al estar pendiente de resolución dicho incidente; en tal virtud, si no se interpuso el citado recurso, la violación procesal propuesta debe desestimarse por haberse consentido y, así, no fue preparada en términos del artículo 161 de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 906/97. Victoria Nava Quintero. 4 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Agustín Archundia Ortiz. Amparo directo 233/98. Cosme Martínez Díaz. 24 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Everardo Shain Salgado. Amparo directo 771/98. Sucesión intestamentaria a bienes de Jorge Bermúdez Ramírez y otra. 23 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas Vargas. Amparo directo 1361/98. Salvador Brito Salgado. 4 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez Díaz González. Amparo directo 804/2000. Jorge Roberto Montes Guadarrama. 23 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretario: José Isabel González Nava. Registro digital: 191990 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.179 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 937 Tipo: Aislada CITACIÓN PARA SENTENCIA. PROCEDE RECURSO EN SU CONTRA Y ÉSTE DEBE AGOTARSE PARA PREPARAR EL AMPARO DIRECTO DONDE SE PROPUSO LA VIOLACIÓN PROCESAL CONSISTENTE EN EL DESAHOGO PENDIENTE DE UNA PRUEBA. El auto que cita a las partes para oír sentencia es el que técnicamente impide que se desahoguen las pruebas que no se llegaron a desahogar, supuesto que es el acto procesal de orden público por medio del cual el órgano jurisdiccional informa a las partes que terminó la intervención de ellas en la etapa del procedimiento, y sólo tendrán que esperar a que el juzgador resuelva el problema jurídico, declarando el derecho a favor de quien corresponda legalmente. Por tanto, si unos quejosos se duelen del desahogo pendiente de una prueba, deben preparar formalmente la violación procesal impugnando el citado proveído a través del recurso procedente, para estar en posibilidad de examinar esa violación procesal en vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, pues de lo contrario el principio de definitividad no se satisface y la violación alegada debe reputarse consentida. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 5223/99. Antonio Cortina Riba, por sí y como representante común de Marcela Rodríguez Giacinti de Cortina. 24 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Islas Domínguez. Secretario: Arturo Castañeda Bonfil. Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Eduardo Reyes Milian, en cuanto apoderado de Jorge Castillo Espinoza, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil de la Piedad, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Luis Ramón López Ruiz, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12, de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que lo acredita que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y las restantes, hasta que se encuentren debidamente acreditadas para ejercer dicha profesión. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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