Jorge Bogart Ruiz Villa

Expediente 243/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
243/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Jorge Bogart Ruiz Villa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de mayo del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución de un tomo de pruebas consistente en la copia certificada del juicio sumario civil 307/2019, que la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe, sin ser necesario acuse de recibo del mismo, toda vez que el sello de recepción hace las veces de acuse de estilo. ARCHIVO. Por otra parte, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-243/2020, promovido por Jorge Bogart Ruíz Villa, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, Jorge Bogart Ruíz Villa, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1, 8.1, 24, 25.1, así como 25.8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma con el número de expediente I-243/2020; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En su momento, se ordenó emplazar a los terceros interesados María Claudia González Rodríguez y Jaime Domínguez Reyna, lo cual aconteció según se advierte de las respectivas constancias que obran a fojas 49, 50, 86 y 87 del presente expediente. Finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previos diferimientos en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden civil circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa, quien se ostenta tercero extraña en estricto sentido, reclama de la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, emitido en el juicio civil 307/2019, el cual consiste en: ". el auto de fecha 7 SIETE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, donde se ordena el desalojo de los inmuebles que actualmente poseo en cuanto arrendatario del mismo, así como cualquier otro acto encaminado a privarme los derechos de la posesión de los citados inmuebles (sic) consistente en: "la mitad del lote identificado con el número 6 seis, así como los lotes número 7 siete y 8 ocho, de la manzana número 1 uno, de la colonia denominada Loma Bonita", en la población de Lagunillas, Michoacán". Así como la ejecución de dicho acuerdo en su perjuicio. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, aceptó la existencia de los actos que se les atribuyeron. Lo que se corrobora con las constancias que remitieron como sustento de su informe; documentales que tienen el carácter de prueba plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto es pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas del juicio sumario civil 307/2019, así como de los narrados en la sentencia de primer grado; las que, como se determinó en líneas que anteceden, cuentan con plena eficacia demostrativa, y son los siguientes: Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de los Juzgado de Primera Instancia en Morelia, Michoacán, y turnado al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, María Claudia González Rodríguez demandó en la vía sumara civil de Jaime Domínguez Reyna, el cumplimiento de contrato escrito de promesa de compraventa de bien inmueble. En proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho de dos mil once, se admitió la demanda y se ordenó emplazar al demandado. En cumplimiento a lo anterior, el emplazamiento se verificó el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; y mediante escrito presentado ante Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, el nueve de enero de dos mil diecinueve el demandado contestó la demanda entablada en su contra, paralelamente opuso la reconvención sobre recisión de contrato de compraventa a plazos y otras prestaciones, la que fue admitida el auto de once de enero de dos mil diecinueve, por lo que se ordenó emplazar a la reconvenida, el cual tuvo verificativo el quince de enero de dos mil diecinueve. Luego, la reconvenida contestó la contrademanda mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve se tuvo a la actora de origen recusando sin expresión de causa al titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, quien si inhibió se seguir conociendo el asunto y ordenó remitir los autos originales a la Oficialía de Partes y Turno, a efecto de que enviara el expediente al Juzgado que correspondiera, el cual fue turnado al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, quien lo registró como juicio sumario civil 307/2019. El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, en la que el juez de mérito declaró improcedente la acción sobre cumplimiento de contrato escrito de promesa de compraventa del inmueble que en la vía sumaria civil promovió María Claudia González Rodríguez contra Jaime Domínguez Reyna, a quien se le absolvió de las prestaciones reclamadas. En cambio al estar demostrados los elementos constitutivos de la acción de rescisión de contrato de compraventa a plazos y otras prestaciones, ejercida por Jaime Domínguez Reyna contra María Claudia González Rodríguez, se declaró procedente la acción; por ende rescindido el acuerdo de voluntades celebrado del veinte de septiembre de dos mil nueve. En consecuencia, se ordenó a María Claudia González Rodríguez restituir a Jaime Domínguez Reyna ".la mitad de los lotes 6 seis, 7 siete y 8 ocho." de la manzana número 1 uno, de la colonia denominada Loma Bonita, en la población de Lagunillas, Michoacán, así como el pago de las cantidades que hubiese cubierto la reconvenida a cuenta del precio por concepto de indemnización y disfrute del lote. Luego, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, a solicitud de la apoderada de Jaime Domínguez Reyna, se emitió aclaración de sentencia y se ordenó restituirle a éste ".la mitad del lote 6 y los lotes 7 siete y 8 ocho." de la manzana número 1 uno, de la colonia denominada Loma Bonita, en la población de Lagunillas, Michoacán. Después, María Claudia González Rodríguez interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva y aclaración de sentencia, de la que tocó conocer a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Michoacán, y registró como toca I-220/2019, y que resolvió el once de julio de dos mil diecinueve, en el que declaró los agravios por una parte, infundados y, por otra, fundados pero inoperantes, para el efecto pretendido; por ende, confirmó en sus términos la sentencia impugnada y su aclaración. Mediante auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a María Claudia González Rodríguez para que dentro del plazo de tres días cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve; sin embargo, ésta promovió el juicio de amparo directo. Dicho juicio de amparo lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, en el que se determinó sobreseer el amparo adhesivo promovido por Jaime Domínguez Reyna, así como negar el amparo y protección de la Justicia Federal a María Claudia González Rodríguez. En proveído de siete de febrero de dos mil veinte, el juez de origen señaló día y hora hábil para la ejecución forzosa de sentencia, para poner en posesión real y material de los inmuebles materia de la litis del contradictorio natural, previa desocupación. Esta última determinación es la que en la especie constituye el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. Determinada la certeza y antecedentes del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Dichas figuras (interés jurídico o legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, en el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, que dice: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Asimismo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En relación con el interés legítimo, el referido órgano colegiado estableció que su demostración requiere la comprobación de los aspectos siguientes: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En la inteligencia de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, ya que así lo dispone expresamente el artículo 107, fracción I, constitucional. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo (en el entendido de que uno excluye al otro), para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse. Lo anterior en términos de la tesis que enseguida se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En la especie, el quejoso comparece ante esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la afectación a su derecho de posesión respecto del bien inmueble objeto del juicio sumario civil sobre cumplimiento de contrato escrito de promesa de compraventa número 307/2019, promovido por María Claudia González Rodríguez frente a Jaime Domínguez Reyna, quien a su vez reconvino la acción de rescisión de contrato de compraventa, al efecto aduce el quejoso que él tiene la posesión del bien inmueble materia de dicha controversia, por haber celebrado un contrato de arrendamiento el quince de junio del dos mil dieciséis, ratificado ante notario el veinte de ese mismo mes y año, con la demandada reconvenida, hoy tercero interesada, por lo que considera debe respetarse su derecho de posesión. En ese contexto, por persona extraña debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 196932 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Página: 56 "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Expuesto lo anterior, si bien de las constancias que integran el juicio sumario civil de origen se desprende que se autorizó que el personal del juzgado se constituyera en el inmueble ubicado en el número 6 seis, así como los lotes número 7 siete y 8 ocho, de la manzana número 1 uno, de la colonia Loma Bonita, en la población de Lagunillas, Michoacán y se procediera a su desocupación y entrega real y material a Jaime Domínguez Reyna. Sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos del promovente del amparo, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, el juicio constitucional será improcedente. En consecuencia, si el ahora quejoso se duele de la privación de sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio, debe acreditar el interés jurídico, es decir, la afectación al derecho sustantivo especifico de posesión que aquí defiende. En congruencia con lo anterior debe decirse que para acreditar ese interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional deba constar en un documento que identifique plenamente el derecho de posesión, o bien, mediante cualquier otra prueba que resulte idónea y plena al respecto. Así, para acreditar tal extremo la parte quejosa ofreció como prueba el original de un contrato privado de arrendamiento celebrado el quince de junio de dos mil dieciséis, entre Jorge Bogart Ruíz Villa, como arrendatario y María Claudia González Rodríguez, como arrendadora de la mitad del lote identificado con el número 6 seis, así como los lotes número 7 siete y 8 ocho, de la manzana número 1 uno, de la colonia Loma Bonita, en la población de Lagunillas, Michoacán, el cual, contiene una certificación de cotejo, expedida por el Notario Público Titular 106 de Morelia, Michoacán, de veinte de junio de dos mil dieciséis. De dicho documento se desprende que las características del mismo coinciden con el inmueble objeto material del juicio de origen. Además, dicho contrato fue cotejado y ratificado ante el Notario Público número 106 en el Estado de Michoacán, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia el veinte de junio de dos mil dieciséis, acorde a la certificación anexa al documento antes descrito. Documental que se valora en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé el artículo 2 del citado ordenamiento legal. No obstante, aun cuando se considere de fecha cierta, se estima que la documental descrita es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en este juicio de amparo, por las circunstancias particulares del asunto. Ello ya que es menester distinguir entre el valor probatorio que tiene el contrato de arrendamiento de fecha cierta y su eficacia jurídica, la cual se encuentra a debate bajo el principio de oponibilidad a terceros, para lo cual bajo ciertas disposiciones de la Ley del Registro Público de la Propiedad, en algunos supuestos requiere ser registrado ante el Registro Público de la Propiedad. Es de invocarse la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así tenemos que los artículos 32, fracción VI y 45 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, disponen lo siguiente. "Artículo 32. En el Registro Público se inscriben o anotan los derechos reales, los actos, contratos, diligencias y resoluciones siguientes: (.) VI. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período mayor de seis años y aquéllos en que hay anticipos de rentas por más de tres años; en estos casos, se consignará en la inscripción al arrendatario, el valor del arrendamiento, su duración y si el arrendatario queda o no facultado para subarrendar; ." "Artículo 45. Los derechos, actos, contratos y resoluciones que conforme a las leyes deban registrarse para producir efectos frente a terceros y no se registren, sólo producirán efectos entre las partes, pero no podrán producir perjuicios a terceros, el cual sí podrá aprovecharlo en cuanto le fueren favorables". De lo anterior se colige que tratándose de contratos de arrendamiento por un período mayor a seis años y también en aquellos que existan anticipos de rentas por más de tres años deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, para que así pueda surtir efectos contra terceros que no fueron parte de dicho acuerdo de voluntades, es decir, primordialmente porque al tratarse de un contrato traslativo de posesión, por un tiempo considerable, para que ésta sea pública deberá ser inscrita para ser conocida por todos. Con lo cual se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos y posibilita determinar si todo reclamo sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores al reconocimiento del derecho y la facultad de la actora de usar, disfrutar o disponer del mismo, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de eventos y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En esas condiciones, tenemos que el contrato cotejado y ratificado ante notario el veinte de junio de dos mil dieciséis, exhibido en el presente juicio de amparo, en las cláusulas SEGUNDA Y CUARTA, la hoy tercero interesada María Claudia González Rodríguez y el aquí quejoso pactaron, entre otros aspectos, lo siguiente: "SEGUNDA. El término del arrendamiento será por un plazo de 10 DIEZ AÑOS, plazo forzoso para ambas partes, contados a partir de la firma del presente contrato, por lo que concluirá precisamente el día 15 quince de junio del año 2026 dos mil veintiséis, manifestando ambas partes que el presente pacto de voluntades se podrá renovar por un periodo de 3 tres años de conformidad con el artículo 1646 del Código Civil del Estado de Michoacán, bastando únicamente si el "EL ARRENDATARIO" lo solicita por escrito a "EL ARRENDADOR" por lo menos con 30 treinta días de anticipación a la terminación del mismo. (.) CUARTA. En este acto "EL ARRENDATARIO" entrega a "EL ARRENDADOR", la cantidad de $36,300.00 (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pago de la totalidad de las rentas durante el periodo de duración del presente contrato de conformidad con la Cláusula Segunda, así como el pago del depósito en garantía pactado en la siguiente cláusula, cantidad que recibe a su entera satisfacción "EL ARRENDADOR", esto sin perjuicio de renovar el presente arrendamiento una vez concluido el presente contrato". De lo transcrito se advierte que para que dicho pacto de voluntades surtiera efectos contra tercero (en este caso, Jaime Domínguez Reyna, quien no participó en dicho acuerdo) era necesaria su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ello por encontrarse actualizada exactamente la hipótesis prevista en el artículo 32 fracción VI de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, que es donde se celebró dicho pacto de voluntades. Eso pues en el propio contrato se estableció que su plazo es mayor de seis años, ya que se pactó por diez anualidades y, en ese momento el arrendatario pagó por adelantado la suma correspondiente a la totalidad del plazo pactado por el arrendamiento, supuesto en el cual era ineludible su registro para que fuera oponible a terceros; inscripción que no se acreditó en este expediente, pues no se exhibió alguna constancia para ello. Entonces, si el quejoso reclama en este juicio la orden de desocupación y desalojo del inmueble que dice tener bajo su posesión, por considerarse tercero extraño al juicio de origen, y para acreditar su interés jurídico en su posesión, exhibe un contrato que no cumple con el requisito legal referido, es inconcuso que carece de eficacia jurídica para considerarlo como título apto para que sea protegida su posesión, frente a terceros ajenos a los propios contratantes, en el caso, el aquí tercero interesado Jaime Domínguez Reyna. Lo anterior porque para que la posesión sea objeto de la protección en el juicio constitucional, cuando el quejoso se ostenta tercero extraño a las controversias de origen, es necesaria la existencia de un título suficiente que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que exista una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate. Lo que evidentemente tiene que derivar del cumplimiento de las exigencias legales en cada caso particular. De ahí que si en el caso concreto, por sus circunstancias particulares, el contrato de arrendamiento que generó la posesión del quejoso carece de uno los requisitos indispensables para que pueda surtir efectos contra terceros que se establecen en la legislación local. Entonces, debe concluirse que solo podrá ser eficaz para oponerse a los propios contratantes y, por tanto, si en el caso se pretende oponer frente a terceros ajenos a la relación contractual, válidamente puede concluirse que no se acredita el interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, pues para que ello ocurra es necesario cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Apoyan lo expuesto, por similitud jurídica, las tesis que se transcriben: Época: Novena Época Registro: 171741 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: VI.T.20 K Página: 1649 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SI PARA ACREDITARLO RESPECTO DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE EL QUEJOSO OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO EXHIBE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO REGISTRADO EN LA OFICINA DEL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 2988, FRACCIÓN III Y 2989 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, DICHO DOCUMENTO CARECE DE EFICACIA JURÍDICA PARA CONSIDERARLO COMO JUSTO TÍTULO. De conformidad con los artículos 2988, fracción III y 2989 del Código Civil para el Estado de Puebla, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados por un periodo mayor de cinco años y aquellos en los que haya anticipo de rentas por más de tres, son actos jurídicos que deben registrarse, y no producirán efectos contra terceros si no están inscritos en la oficina correspondiente del registro público; en tal virtud, si el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio y para acreditar su interés jurídico en la posesión de un inmueble exhibe un contrato de arrendamiento que incumple con los requisitos legales antes referidos, es evidente que carece de eficacia jurídica para considerarlo como justo título necesario para que sea protegida su posesión, conforme al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 1/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." Época: Novena Época Registro: 183614 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Agosto de 2003 Materia(s): Civil Tesis: I.8o.C.250 C Página: 1693 ARRENDAMIENTO, CONTRATOS SUPERIORES A SEIS AÑOS SON INOPONIBLES A UN NUEVO PROPIETARIO, SI NO SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). En términos del artículo 3007 del Código Civil para el Distrito Federal, los documentos que conforme a dicho ordenamiento sean registrables y no se registren, no producen efectos en perjuicio de tercero, y conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 3042 del propio ordenamiento, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, celebrados por un periodo mayor de seis años, deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; por consiguiente, si en determinado momento un tercero extraño a la relación arrendaticia adquiere la propiedad de un bien inmueble, respecto del cual con anterioridad se celebró un contrato de locación, cuya temporalidad fue superior a seis años y no se encuentra inscrito en el referido registro, no le es oponible." En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, aun cuando se reclama un acto jurisdiccional, implica que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Atento a lo anterior, no se entra al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, dado que éstos se encuentran encaminados a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados a la autoridad precisada, virtud del sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyos datos de localización, rubro y texto, se transcriben enseguida: Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, se hace la precisión de que las tesis invocadas son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 61, 64, 73, 74, 75, 124, 217 y relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Bodgart Ruíz Villa, contra los actos y por la autoridad señalados en el considerando tercero por los motivos expuestos en el quinto de los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, el día de hoy trece de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Número de expediente: 243/2020 Acuerdo: V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-243/2020, promovido por Jorge Bogart Ruíz Villa, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán. "...." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 61, 64, 73, 74, 75, 124, 217 y relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Bodgart Ruíz Villa, contra los actos y por la autoridad señalados en el considerando tercero por los motivos expuestos en el quinto de los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, el día de hoy trece de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Juicio de amparo I-243/2020 ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE I- 243/2020, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DIEZ HORAS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo I-243/2020, promovido por Jorge Bogart Ruiz Villa, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo existen terceros interesados María Claudia González Rodríguez y Jaime Domínguez Reyna, quienes fueron debidamente emplazados en el juicio en que se actúa. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a).- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó a la demanda de amparo documentales y que la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial remitió la prueba documental consistente en copia certificada del juicio sumario civil 307/2019 de su índice, con la que se ordenó formar un tomo de pruebas por separado, pruebas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Se tiene por perdido el derecho de las partes de formular alegatos y se da por concluida la Juicio de amparo I-243/2020 presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES (Firmado electrónicamente)

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