Jorge Armando Calderón Rivera
Expediente 557/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Armando Calderón Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Por tanto, debe analizarse lo relativo al cumplimiento dado al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Armando Calderón Rivera, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa interesada, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de once de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia recurrida, para ahora, conceder el amparo a Jorge Armando Calderón Rivera, para efecto de que la responsable, realizara lo siguiente: "1.- Deje sin efecto la sentencia reclamada de ocho de junio de dos mil dieciocho, que dictó en el toca I-31/2018. 2.- Antes de resolver el recurso de apelación en contra de la decisión del incidente propuesto por el quejoso, atento lo expuesto en la presente ejecutoria, ordene la práctica de cuanta diligencia estime necesaria (pruebas periciales, inspecciones oculares, visitas) a efecto de allegarse de todos los datos pertinentes para verificar la gravedad de los padecimientos del quejoso, las necesidades cotidianas y propias para la recuperación de la discapacidad física del quejoso, y disponibilidad de elementos materiales y humanos en el centro de reclusión para su satisfacción. Para ello deberá actuar con toda diligencia a fin de estar en aptitud de resolver de inmediato, evitando retrasar el procedimiento en segunda instancia. 3.- Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución en la que se reitere los argumentos que expresó en torno a la solicitud de cese de la prisión preventiva y el plazo razonable en la tramitación del proceso, incluyendo aquellos donde conminó al juez de la causa a actuar con toda diligencia necesaria para lograr el cierre de instrucción; y, 4.- Se pronuncie conforme a derecho corresponda sobre la sustitución o modificación de la prisión preventiva por otra u otras medidas cautelares, de conformidad con el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fundando y motivando el sentido de su determinación en los datos objetivos que se obtengan de las pruebas que recabe y las ya existentes, justificando en razones de dignidad y humanidad; tomando en consideración, además, la opinión e intervención de la víctima del delito y del Ministerio Público. 5.- En el entendido que, de considerar que la privación de la libertad no le permite al quejoso el ejercicio mínimo de sus derechos, y que con ello, existe peligro de daño a su vida e integridad personal, entonces deberá evaluar la viabilidad de continuar con el internamiento, o bien, modificar la prisión preventiva por otra medida cautelar. Asimismo, en caso de decidor sobre la sustitución o modificación la prisión preventiva por otra medida cautelar, deberá dictar todas las medidas que aún en el supuesto de que se llegue a dictar sentencia condenatoria, se observe tal determinación en la ejecución de la pena. 6.- Lo anterior no significa que necesariamente deban optar por la libertad personal del quejoso, sin embargo, deberá asegurarse de que en todo momento las autoridades competentes, en todos sus ámbitos, actúen con vigilancia y diligencia en función de las particulares necesidades de protección que se acrediten. 7.- Por último, deberá reiterar lo expresado en las reflexiones finales de la sentencia reclamada, y conminar al Juez de la Causa a observar su deber de desarrollar su función en forma breve y expedita." Trámites para cumplir con el fallo protector En fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Así, mediante oficio presentado el tres de mayo de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, exhibió inserto el contenido del acuerdo de dos de mayo de ese año, dictado en el toca I-31/2018, en el cual, en principio de ejecución de la sentencia de amparo, ordenó restaurar el procedimiento, hasta antes de la audiencia final de segunda instancia y realizó lo siguiente: 1.- Dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de junio de dos mil dieciocho, que se dictó en el toca I-31/2018. 2.- Antes de resolver el recurso de apelación, ordenó la práctica de cuanta diligencia sea necesaria (pruebas periciales, inspecciones oculares, visitas) a efecto de allegarse de todos los datos pertinentes para verificar la gravedad de los padecimientos del quejoso, las necesidades cotidianas y propias para la recuperación de la discapacidad física del quejoso, y disponibilidad de elementos materiales y humanos en el centro de reclusión para su satisfacción. Para lo cual, ordenó girar oficios a al Director del Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1, para que informara el estado de salud del quejoso, las condiciones cómo se encuentra viviendo en el penal. Asimismo, giró comunicaciones a diversas instituciones médicas a para que le proporcionaran nombres de los especialistas indicados para que examinaran al quejoso de manera colegiada por lo menos de dos especialistas en cada ramo, y al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para que designara peritos especialistas en medicina forense y recabaran el dictamen de salud e integridad física del quejoso; ordenando al citado Director del Centro de Reinserción, generar todas las facilidades necesarias para que el inculpado tenga el acceso para los servicios médicos, indicado que el único derecho restringido al quejoso es el de la ambulación, pero no los diversos que como persona le son inherentes, en particular la vida y la salud. Previos requerimientos formulados a la responsable para conocer las actuaciones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector e informes rendidos por parte de la misma, por oficio presentado el tres de agosto de dos mil veinte, el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, allegó copia certificada de la resolución de dieciocho de marzo de ese año, dictada dentro del toca número I-31/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del incidente no especificado sobre sustitución de medida cautelar de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictado por la secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Cuarto en Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial; y de aquella resolución emitida en acato al fallo protector, se advierte que se realizó lo siguiente: I. Tocante a la solicitud de sustitución o modificación de la prisión preventiva, por otra u otras cautelares, de conformidad con el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye el eje central de la concesión del amparo, procedió a analizarlo, conforme a lo resuelto en el auto apelado, las pruebas en ésta consideradas y las que se recabaron en segunda instancia. Así, el magistrado responsable procedió a enunciar todo el material probatorio que se desahogó, realizando la valoración correspondiente a cada uno de los medios allegados, para luego, efectuar su análisis, confrontando el contenido, alcances y contexto de la norma legal en cita, con el planteamiento incidental, resolución judicial impugnada y las inconformidades al respecto presentadas. Hecho lo anterior, arribó a la conclusión de que con las pruebas recabadas en segunda instancia, como las integradas en primera instancia y relacionadas con el incidente de mérito, no se demostró que Jorge Armando Calderón Rivera, debiera ser objeto de atención y/o cuidados y/o tratamientos médicos continuos en externación, en otro lugar, distinto a aquél donde se encuentra en prisión preventiva, que estando en tales condiciones no pudiere ser factible, que su salud corriere peligro de tal forma que su vida estuviere comprometida, y que no hubiere otra alternativa que externar al inculpado en lugar determinado para solventar todas las necesidades que no pudieran ser satisfechas en el centro penitenciario; pues, en contrario, la información médica, penitenciaria y del personal de la sala de origen, estimó que la salud y la vida del inculpado no están comprometidas de acuerdo con los tratamientos, atenciones y necesidades médicas prodigadas al mismo y las formas y términos en que acontezcan los desplazamientos en el interior del centro, al igual que sus actividades, propias de su atención personal. II. Tocante a los argumentos expresados respecto a la solicitud de cese de la prisión preventiva y el plazo razonable en la tramitación del proceso, se reiteró lo resuelto y, en torno suyo, se resolvieron infundados los agravios expuestos por la defensa. III. De igual manera, reiteró lo expresado en las reflexiones finales de la sentencia reclamada, y conminó al Juez de la Causa a observar su deber de desarrollar su función en forma breve y expedita para lograr el cierre de instrucción; y, IV. Con base en lo anterior, resolvió confirmar el incidente no especificado sobre sustitución de medida cautelar de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 224/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia. Situación con la cual, se ordenó dar vista a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo hasta aquí narrado, se desprende que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, toda vez que dejó insubsistente la sentencia reclamada de ocho de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-31/2018; y previo a resolver el recurso de apelación en contra de la decisión del incidente propuesto por el quejoso, ordenó el desahogo de diversas diligencias y pruebas periciales médicas a fin de allegarse todos los datos pertinentes para verificar la gravedad de los padecimientos del quejoso, las necesidades cotidianas y propias para la recuperación de la discapacidad física de éste, y disponibilidad de elementos materiales y humanos en el centro de reclusión para su satisfacción; por lo cual, una vez que agotó esas pruebas y las diligencias necesarias, procedió a emitir una nueva resolución en la que se reiteró los argumentos que expresó en torno a la solicitud de cese de la prisión preventiva y el plazo razonable en la tramitación del proceso, incluyendo aquellos donde conminó al juez de la causa a actuar con toda diligencia necesaria para lograr el cierre de instrucción; y, en torno a la sustitución o modificación de la prisión preventiva por otra u otras medidas cautelares, de conformidad con el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando la información médica, penitenciaria y del personal de la sala de origen, estimó que la salud y la vida del inculpado no están comprometidas de acuerdo con los tratamientos, atenciones y necesidades médicas prodigadas al mismo y las formas y términos en que acontezcan los desplazamientos en el interior del centro, al igual que sus actividades, propias de su atención personal, motivos por los cuales, confirmó la resolución recaída al incidente no especificado sobre sustitución de medida cautelar de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 224/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Cuenta con autosVista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho.En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Por tanto, debe analizarse lo relativo al cumplimiento dado al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparoEn sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Armando Calderón Rivera, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad.Inconforme con dicha resolución la parte quejosa interesada, interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de once de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, revocó la sentencia recurrida, para ahora, conceder el amparo a Jorge Armando Calderón Rivera, para efecto de que la responsable, realizara lo siguiente: "1.- Deje sin efecto la sentencia reclamada de ocho de junio de dos mil dieciocho, que dictó en el toca I-31/2018. 2.- Antes de resolver el recurso de apelación en contra de la decisión del incidente propuesto por el quejoso, atento lo expuesto en la presente ejecutoria, ordene la práctica de cuanta diligencia estime necesaria (pruebas periciales, inspecciones oculares, visitas) a efecto de allegarse de todos los datos pertinentes para verificar la gravedad de los padecimientos del quejoso, las necesidades cotidianas y propias para la recuperación de la discapacidad física del quejoso, y disponibilidad de elementos materiales y humanos en el centro de reclusión para su satisfacción. Para ello deberá actuar con toda diligencia a fin de estar en aptitud de resolver de inmediato, evitando retrasar el procedimiento en segunda instancia. 3.- Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución en la que se reitere los argumentos que expresó en torno a la solicitud de cese de la prisión preventiva y el plazo razonable en la tramitación del proceso, incluyendo aquellos donde conminó al juez de la causa a actuar con toda diligencia necesaria para lograr el cierre de instrucción; y, 4.- Se pronuncie conforme a derecho corresponda sobre la sustitución o modificación de la prisión preventiva por otra u otras medidas cautelares, de conformidad con el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fundando y motivando el sentido de su determinación en los datos objetivos que se obtengan de las pruebas que recabe y las ya existentes, justificando en razones de dignidad y humanidad; tomando en consideración, además, la opinión e intervención de la víctima del delito y del Ministerio Público. 5.- En el entendido que, de considerar que la privación de la libertad no le permite al quejoso el ejercicio mínimo de sus derechos, y que con ello, existe peligro de daño a su vida e integridad personal, entonces deberá evaluar la viabilidad de continuar con el internamiento, o bien, modificar la prisión preventiva por otra medida cautelar. Asimismo, en caso de decidor sobre la sustitución o modificación la prisión preventiva por otra medida cautelar, deberá dictar todas las medidas que aún en el supuesto de que se llegue a dictar sentencia condenatoria, se observe tal determinación en la ejecución de la pena. 6.- Lo anterior no significa que necesariamente deban optar por la libertad personal del quejoso, sin embargo, deberá asegurarse de que en todo momento las autoridades competentes, en todos sus ámbitos, actúen con vigilancia y diligencia en función de las particulares necesidades de protección que se acrediten. 7.- Por último, deberá reiterar lo expresado en las reflexiones finales de la sentencia reclamada, y conminar al Juez de la Causa a observar su deber de desarrollar su función en forma breve y expedita." Trámites para cumplir con el fallo protectorEn fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Así, mediante oficio presentado el tres de mayo de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, exhibió inserto el contenido del acuerdo de dos de mayo de ese año, dictado en el toca I-31/2018, en el cual, en principio de ejecución de la sentencia de amparo, ordenó restaurar el procedimiento, hasta antes de la audiencia final de segunda instancia y realizó lo siguiente:1.- Dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de junio de dos mil dieciocho, que se dictó en el toca I-31/2018.2.- Antes de resolver el recurso de apelación, ordenó la práctica de cuanta diligencia sea necesaria (pruebas periciales, inspecciones oculares, visitas) a efecto de allegarse de todos los datos pertinentes para verificar la gravedad de los padecimientos del quejoso, las necesidades cotidianas y propias para la recuperación de la discapacidad física del quejoso, y disponibilidad de elementos materiales y humanos en el centro de reclusión para su satisfacción. Para lo cual, ordenó girar oficios a al Director del Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto número 1, para que informara el estado de salud del quejoso, las condiciones cómo se encuentra viviendo en el penal. Asimismo, giró comunicaciones a diversas instituciones médicas a para que le proporcionaran nombres de los especialistas indicados para que examinaran al quejoso de manera colegiada por lo menos de dos especialistas en cada ramo, y al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para que designara peritos especialistas en medicina forense y recabaran el dictamen de salud e integridad física del quejoso; ordenando al citado Director del Centro de Reinserción, generar todas las facilidades necesarias para que el inculpado tenga el acceso para los servicios médicos, indicado que el único derecho restringido al quejoso es el de la ambulación, pero no los diversos que como persona le son inherentes, en particular la vida y la salud. Previos requerimientos formulados a la responsable para conocer las actuaciones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector e informes rendidos por parte de la misma, por oficio presentado el tres de agosto de dos mil veinte, el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, allegó copia certificada de la resolución de dieciocho de marzo de ese año, dictada dentro del toca número I-31/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del incidente no especificado sobre sustitución de medida cautelar de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictado por la secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Cuarto en Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial; y de aquella resolución emitida en acato al fallo protector, se advierte que se realizó lo siguiente: I. Tocante a la solicitud de sustitución o modificación de la prisión preventiva, por otra u otras cautelares, de conformidad con el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye el eje central de la concesión del amparo, procedió a analizarlo, conforme a lo resuelto en el auto apelado, las pruebas en ésta consideradas y las que se recabaron en segunda instancia.Así, el magistrado responsable procedió a enunciar todo el material probatorio que se desahogó, realizando la valoración correspondiente a cada uno de los medios allegados, para luego, efectuar su análisis, confrontando el contenido, alcances y contexto de la norma legal en cita, con el planteamiento incidental, resolución judicial impugnada y las inconformidades al respecto presentadas. Hecho lo anterior, arribó a la conclusión de que con las pruebas recabadas en segunda instancia, como las integradas en primera instancia y relacionadas con el incidente de mérito, no se demostró que Jorge Armando Calderón Rivera, debiera ser objeto de atención y/o cuidados y/o tratamientos médicos continuos en externación, en otro lugar, distinto a aquél donde se encuentra en prisión preventiva, que estando en tales condiciones no pudiere ser factible, que su salud corriere peligro de tal forma que su vida estuviere comprometida, y que no hubiere otra alternativa que externar al inculpado en lugar determinado para solventar todas las necesidades que no pudieran ser satisfechas en el centro penitenciario; pues, en contrario, la información médica, penitenciaria y del personal de la sala de origen, estimó que la salud y la vida del inculpado no están comprometidas de acuerdo con los tratamientos, atenciones y necesidades médicas prodigadas al mismo y las formas y términos en que acontezcan los desplazamientos en el interior del centro, al igual que sus actividades, propias de su atención personal. II. Tocante a los argumentos expresados respecto a la solicitud de cese de la prisión preventiva y el plazo razonable en la tramitación del proceso, se reiteró lo resuelto y, en torno suyo, se resolvieron infundados los agravios expuestos por la defensa. III. De igual manera, reiteró lo expresado en las reflexiones finales de la sentencia reclamada, y conminó al Juez de la Causa a observar su deber de desarrollar su función en forma breve y expedita para lograr el cierre de instrucción; y, IV. Con base en lo anterior, resolvió confirmar el incidente no especificado sobre sustitución de medida cautelar de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 224/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia.Situación con la cual, se ordenó dar vista a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo hasta aquí narrado, se desprende que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, toda vez que dejó insubsistente la sentencia reclamada de ocho de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-31/2018; y previo a resolver el recurso de apelación en contra de la decisión del incidente propuesto por el quejoso, ordenó el desahogo de diversas diligencias y pruebas periciales médicas a fin de allegarse todos los datos pertinentes para verificar la gravedad de los padecimientos del quejoso, las necesidades cotidianas y propias para la recuperación de la discapacidad física de éste, y disponibilidad de elementos materiales y humanos en el centro de reclusión para su satisfacción; por lo cual, una vez que agotó esas pruebas y las diligencias necesarias, procedió a emitir una nueva resolución en la que se reiteró los argumentos que expresó en torno a la solicitud de cese de la prisión preventiva y el plazo razonable en la tramitación del proceso, incluyendo aquellos donde conminó al juez de la causa a actuar con toda diligencia necesaria para lograr el cierre de instrucción; y, en torno a la sustitución o modificación de la prisión preventiva por otra u otras medidas cautelares, de conformidad con el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando la información médica, penitenciaria y del personal de la sala de origen, estimó que la salud y la vida del inculpado no están comprometidas de acuerdo con los tratamientos, atenciones y necesidades médicas prodigadas al mismo y las formas y términos en que acontezcan los desplazamientos en el interior del centro, al igual que sus actividades, propias de su atención personal, motivos por los cuales, confirmó la resolución recaída al incidente no especificado sobre sustitución de medida cautelar de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 224/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado.Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, no ha remitido las constancias que acrediten el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo pronunciada por este juzgado, no obstante, de informar los trámites que ha realizado para tal efecto. Se requiere autoridad responsable En consecuencia, requiérase al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, informe el estado que guardan las diligencias que ordenó en el acuerdo de dos de mayo de este año, dictado en el toca número I-31/2018 o en su caso remita las constancias con las que acredite el cumplimiento del fallo protector; ello, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de acordar lo conducente respecto el cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada. Subsiste apercibimiento En el entendido de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de mayo de dos mil diecinueve. Autoridad informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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