Jorge Arturo Garcia Ramírez
Expediente 1250/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Arturo Garcia Ramírez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Jorge Arturo García Ramírez. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo y 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 1250/2022, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, ********************, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra el acto de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad que a continuación se trascribe: "Violentar el derecho fundamental del quejoso a un proceso sin dilaciones y a obtener administración de justicia pronta y expedita, ya que la autoridad responsable ha omitido dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las parte, en audiencia de 13 trece de julio del año 2021 dos mil veintiuno, dentro del plazo que establecen los artículos 880 fracción IV y 883 de la Ley Federal del Trabajo.". SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de once de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma con el número de expediente 1250/2022; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar acuerdo respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir el informe justificado correspondiente el presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, negó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó y que precisado quedó en el párrafo que precede. Se omitirá el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, ello en virtud de que se advierte actualizada una causa de sobreseimiento, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. La fracción IV, del citado numeral 63, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 63. El juicio de amparo es improcedente: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". [.]" Respecto a la omisión reclamada sobre el pronunciamiento de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ********************, como ya se indicó, se actualiza la invocada causa de sobreseimiento, debido a que de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado se advierte que desde el treinta y uno de octubre del año en curso, se pronunció sobre los medios de convicción ofrecidos por las partes en ese controvertido laboral. Lo anterior permite afirmar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -diez de noviembre de dos mil veintidós-, la omisión calificada como lesiva de los derechos fundamentales del quejoso, no existía, porque sí había realizado actuaciones necesarias para el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes en aquél juicio. Cabe precisar que la existencia del acto u omisión de autoridad debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la actuación u omisión de la autoridad no existía a la presentación de la demanda de amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio por inexistencia de la omisión reclamada. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de la omisión reclamada a la anotada autoridad responsable, y dada la falta de pruebas por parte de la quejosa que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a la autoridad aquí precisada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del contenido y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.". También es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". En consecuencia, dado que la negativa informada por la responsable no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia de la omisión reclamada antes indicada, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
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Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a GUILLERMO ROSALÍO VILLICAÑA MALDONADO, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. Así, en auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por oficio presentado el cinco de agosto de este año, el juez responsable informó que se emitió sentencia definitiva en el juicio ordinario civil número 262/2021, donde se declaró infundada la acción ejercitada por Raquel Tapia Ortiz, en contra de la sucesión testamentaria a bienes de Juan García Macías, absolviendo a la sucesión demandada de las prestaciones reclamadas; señalando además que, ese fallo fue impugnado en apelación, por lo que los autos originales fueron remitidos a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el número de toca I-186/2022; motivo por el cual, solicitó a su tribunal de alzada que le devolviera los autos del juicio de origen a fin de acatar el fallo protector. Posteriormente, por oficio presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, exhibió copias certificadas de la resolución de esa propia fecha, emitida en el recurso de revocación interpuesto en el juicio ordinario civil número 262/2021; asimismo, allegó copias certificadas de la sentencia de quince de julio de dos mil veintidós, emitida por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca I-186/2022, donde se confirmó la sentencia definitiva impugnada que se dictó en el citado juicio civil. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "1. Deje sin efectos la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 262/2021, de su índice; y, 2. Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación, en la que dé contestación a todos los agravios hechos valer por la parte quejosa en el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno; prescindiendo de considerarlos inoperantes por insuficientes, al estimar que no satisfacen la mínima causa de pedir para atenderlos". El Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitió resolución relativa al recurso de revocación hecho valer dentro del juicio ordinario civil número 262/2021, donde realizó lo siguiente: I. Dejó insubsistente la resolución pronunciada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno; II. Al encontrarse acreditado el derecho personal del quejoso, tuvo por acreditado el carácter de tercero con interés dentro del juicio de origen, y con ese carácter, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y sus autorizados; III. Respecto a su solicitud de tenerlo promoviendo incidente de nulidad de actuaciones por falta de llamamiento, se le dijo que no había lugar, ya que el reconocimiento de tercero con interés no tiene por efecto que se le llame a juicio como parte, sino reintegrarle en sus derechos afectados y que le depare el fallo, pero sin que implique que se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado, ya que la figura que le fue reconocida, no alcanza a legitimarlo para realizar cualquier petición dentro del procedimiento en iguales circunstancias que las partes; ya que el llamamiento a juicio del quejoso, deriva de la titularidad de una medida cautelar como es el embargo y no del derecho de propiedad que, en su caso, le hubiera otorgado un título de propiedad; IV. En ese sentido, le precisó el juez responsable que la transmisión de la titularidad de un bien inmueble que se encuentra sujeto a una medida cautelar como el embargo durante un litigio como la usucapión, no provoca que el embargante del bien suceda o se subrogue en la parte demandada en dicho juicio y, con ello, pueda invocar el litisconsorcio; indicando nuevamente que como tercero con interés, no adquiere la facultad de actuación plena del procedimiento, ni en su caso, la de interponer recursos o incidentes o invocar el litisconsorcio, cuya figura, le indicó que la analizará en el momento procesal oportuno, por ser de orden público y de oficio su análisis, ya que incluso eso podía verificarse oficiosamente al momento de emitir el fallo respectivo; y, V. Con motivo de lo anterior, declaró parcialmente fundado el recurso de revocación interpuesto por el tercero con interés y aquí quejoso, modificando el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa No pasan por alto las manifestaciones que vierte el autorizado del quejoso, a través de su escrito donde se desahogó la vista que se ordenó darle en autos y donde medularmente indica que la responsable no cumple con la sentencia de amparo, ya que nada resuelve en torno a la denuncia de litisconsorcio pasivo necesario que debió analizar de oficio. Sin embargo, cabe precisar a la parte quejosa que, contrario a lo que aduce, el juez responsable si emitió pronunciamiento en torno a dicho tema, ya que fue claro en precisarle que con el carácter de tercero con interese que le fue reconocido al quejoso en el juicio de origen, no adquiere la facultad de actuación plena del procedimiento, ni en su caso, la de interponer recursos o incidentes o invocar el litisconsorcio, cuya figura, le indicó que la analizaría en el momento procesal oportuno, por ser de orden público y de oficio su análisis, ya que incluso eso podía (potestativo) verificarse oficiosamente al momento de emitir el fallo respectivo; lo cual, no fue abordado en su momento en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, ya que se declaró infundada la acción ejercitada por Raquel Tapia Ortiz, en contra de la sucesión testamentaria a bienes de Juan García Macías, absolviendo a la sucesión demandada de las prestaciones reclamadas; y donde además señaló que resultaba innecesaria la valoración de los demás elementos de pruebas aportados en autos, pues en modo alguno trascendería en el sentido en que falló ni a nada práctico conduciría (como sería el hecho de analizar la figura de litisconsorcio, cuando la acción principal ha sido declarada infundada). De igual manera, no puede pasarse por alto que en la sentencia de amparo se reservó la facultad de jusridicción al juez responsable, para resolver en el mismo sentido o diverso al reclamado, pero purgando los vicios que le fueron anotados en el fallo protector, lo que como quedó evidenciado, así realizó; de ahí que, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la ejecutoria fue cumplida, sin excesos ni defectos. También, es necesario señalar al quejoso que dado el dictado de la sentencia definitiva en el juicio de origen y que fuera confirmado en apelación, originó una nueva situación jurídica que no existía al momento de concederse el amparo, y con ello, la imposibilidad para llevar a cabo una actuación que pueda modificar o revocar esa nueva situación que se generó con la emisión de la resolución definitiva que determinó infundada la acción ejercida en el controvertido natural Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se negó la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 21, inciso c), del capítulo octavo del aludido acuerdo, se estima que el mismo es susceptible de DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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