Jorge Alvarez Banderas

Expediente 1034/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1034/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alvarez Banderas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, las constancias que en su momento remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-1034/2017 promovido por Jorge Alvarez Banderas contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta.Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado.Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente.EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede.EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por:Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo.Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación de este último. Rector y Presidente del H. Consejo Universitario y en cuanto representante de la Comisión Permanente de Presupuesto y Control de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia.Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas.Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes.EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó diversas documentales a su escrito inicial de demanda, así como en escritos de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete y quince de marzo de dos mil dieciocho; asimismo obran las documentales que la autoridad responsable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo adjuntó como sustento de su informe justificado, mismas que obran en tres cuadernos de prueba por separado; por otro lado, obran también, las documentales que el Rector y Presidente del H. Consejo Universitario, adjuntó a su informe justificado; y finalmente, las documentales remitidas por el Tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, las cuales le fueron requeridas por este órgano jurisdiccional.Documentales anteriores que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por ofrecidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza.Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos.EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa los formuló mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciocho.EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1034/2017-III, promovido por Jorge Álvarez Banderas, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y otras autoridades; y,R E S U L T A N D O:PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Jorge Álvarez Banderas, por propio derecho, compareció a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, y otras autoridades, en los términos siguientes: "1. Del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo se reclama: La aprobación y expedición del Presupuesto de Egresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2017 mediante el Decreto Legislativo número 337, específicamente en la parte que contempla una asignación presupuestaria menor a la del año 2016 para la UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO por 391 millones 107 mil 605 pesos, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo en el número 32 TER, tomo CLXVI de su Sección Extraordinaria del 31 de diciembre de 2016, la que se reclama con motivo de su primer acto de aplicación.2. Del C. Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo se reclama: La omisión de señalar vicios de constitucionalidad y convencionalidad en el momento de la promulgación y expedición del Decreto Legislativo número 337 por el que se aprobara el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2017, particularmente al violentarse el principio jurídico de progresividad de las normas en contravención a lo dispuesto en los derechos humanos y sus garantías que se estiman violadas.3. Del Secretario de Gobierno Estatal se reclama: La omisión de señalar vicios de constitucionalidad y convencionalidad en el momento de refrendar el Decreto Legislativo número 337 por el que se aprobara el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2017, particularmente al violentarse el principio jurídico de progresividad de las normas en contravención a lo dispuesto en los derechos humanos y sus garantías que se estiman violadas. 4. De la Comisión Permanente de Presupuesto y Control del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se reclama: El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del año 2017 que comprende exclusivamente los meses de enero a septiembre de 2017, que presentó para su discusión y aprobación en su caso, por parte del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 5. Del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se reclama: La aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del año 2017 que comprende exclusivamente los meses de enero a septiembre de 2017.".En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 3 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y declinación de competencia legal. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete este Juzgado Tercero de Distrito radicó la demanda de que se trata bajo el progresivo 1034/2017 de su índice y declinó competencia legal a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado, al considerar actualizado el supuesto previsto en el artículo 49 de la Ley de Amparo, al haber conocido otro órgano jurisdiccional de un diverso juicio de amparo promovido por el aquí quejoso.Mediante proveído de trece de noviembre del mismo año el Juez Séptimo de Distrito determinó no aceptar la competencia que le fue declinada para conocer de la demanda, al considerar que no se actualiza el supuesto normativo invocado; sin embargo, al no compartir el criterio de su homólogo, este Juzgado Tercero de Distrito insistió en declinar la competencia legal. TERCERO. Conflicto competencial. El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete este órgano jurisdiccional remitió los autos al órgano pluripersonal en turno para que determinara lo conducente.Dicho conflicto competencial fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito, mediante ejecutoria de quince de diciembre de dos mil diecisiete dentro del conflicto competencial 1/2017, en el sentido de ser improcedente el conflicto suscitado, por lo que ordenó remitir los autos al juzgado de origen.CUARTO. Avocamiento y prevención. Atento a la resolución de alzada, por auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata; sin embargo, antes de proveer sobre su admisión, previno al promovente para que aclarara su demanda sobre diferentes puntos, lo cual cumplió cabalmente mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil dieciocho.QUINTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, quien no formuló pedimento.Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O:PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece.SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna la aplicación de una norma general dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción.TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes:"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados, son los siguientes:Del Congreso del Estado de Michoacán:La aprobación y expedición del Decreto Legislativo número 337, por el que se expide el Presupuesto de Egresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, específicamente en la parte que contempla la asignación presupuestaria para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.Del Secretario y del Gobernador, ambos del Estado de Michoacán: La omisión de señalar vicios de constitucionalidad o convencionalidad al promulgar y refrendar, respectivamente, el Decreto Legislativo número 337, por el que se expide el Presupuesto de Egresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.De la Comisión Permanente de Presupuesto y Control del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo:El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete que comprende los meses de enero a septiembre de ese año, que se presentó al Consejo Universitario. Del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo:La aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete que comprende los meses de enero a septiembre de ese año.Del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: La aplicación y ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.CUARTO. Inexistencia de la omisión reclamada. El Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, al rendir el informe justificado en representación del Gobernador y del Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Michoacán, aceptó la existencia de la promulgación y refrendo del Decreto Legislativo 337 aquí impugnado, y por otra parte negó la existencia la omisión apuntada por el quejoso.Conforme a lo anterior, al atribuirse a dichas autoridades un acto de naturaleza omisiva, la carga de la prueba recae en éstas, debido a que la parte quejosa no se encuentra en posibilidad de probar dicha omisión; sin embargo, no es el caso de tener por existente dicha omisión, pese a que las autoridades no hayan cumplido con su carga probatoria.Se explica.Los artículos 37, 47, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, disponen:"Artículo 37.- Las iniciativas de ley o decreto se sujetarán a los siguientes trámites:I.- El dictamen de comisión será leído una o dos veces en los términos que prevenga el reglamento de debates;II.- La discusión del dictamen se hará el día que señale el Presidente del Congreso, y agotada aquélla, se hará la declaración de que hay lugar a votar;III.- La aprobación deberá hacerse por mayoría absoluta del número de diputados presentes; o por las dos terceras partes cuando así lo exija esta Constitución; IV.- Aprobado un proyecto, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente; V.- Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción; vencido este plazo, procederá a su promulgación y publicación inmediata. VI.- El proyecto de ley o decreto, desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones al Congreso y deberá ser discutido nuevamente por éste, pudiendo el Ejecutivo mandar su orador, para lo cual se le dará aviso previo, yVII.- Si el proyecto fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de los diputados presentes, volverá al Ejecutivo para su promulgación y su publicación inmediata.Toda iniciativa o proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso no podrá presentarse otra vez en el mismo año legislativo. Para efectos de las fracciones IV, V y VII de este artículo, se entenderá por inmediata la publicación del proyecto de ley o decreto aprobado, que no podrá exceder de un plazo mayor a quince días naturales. Si transcurrido este plazo la ley o decreto aprobado no fuera publicado, será considerado promulgado y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado ordenará al Titular del Periódico Oficial del Estado su publicación, sin que se requiera refrendo alguno.[.]Artículo 47.- Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo que se denominará "Gobernador del Estado". [.]Artículo 64.- El Secretario de Gobierno será el órgano por el cual el Ejecutivo comunique sus resoluciones y llevará en el Congreso la representación del Gobernador cuando éste lo crea conveniente. Al Secretario de Gobierno le corresponde representar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por sí o por medio de representante designado al efecto, en los juicios y procedimientos en que sea parte. Artículo 65.- La promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Todos los decretos reglamentos; órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no serán obligatorios". De los preceptos transcritos se advierte que, en el proceso de creación de las normas, el titular del Poder Ejecutivo tiene el derecho de veto, el cual constituye un instrumento para frenar o negar la aprobación y promulgación de un proyecto de ley o decreto, y que consiste en las observaciones que puede realizar a dichos proyectos por considerar que su reforma o creación no es viable, por razones de índole política, y que puede ser superado mediante el seguimiento del cauce legislativo instituido constitucionalmente. En ese orden de ideas, resulta inexistente la omisión atribuida al Gobernador responsable, pues el veto de las iniciativas de leyes o decretos, constituye un derecho en favor de aquél, no una obligación que se encuentre constreñido a cumplir, es decir, el Gobernador del Estado juzga la viabilidad de las iniciativas que le remite la legislatura local, mediante las observaciones que libremente puede realizar, sin que de la lectura íntegra del texto constitucional local, se advierta precepto alguno que limite el ejercicio de este derecho en cuanto a su contenido y de ahí, que se presuponga la libertad que el Constituyente Permanente Local le ha conferido al Ejecutivo, para ejercerlo, derivado de su carácter eminentemente político. Así lo sostuvo la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la controversia constitucional 148/2008, de la que derivó la tesis aislada siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VETO, PUES AL CONSTITUIR UN MEDIO DE CONTROL POLÍTICO, NO ES SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la materia de lo impugnado verse sobre asuntos que corresponden en su totalidad a cuestiones de índole política, éstos no están sujetos a control jurisdiccional. Así, la pretensión de que este Alto Tribunal califique las observaciones realizadas por el Ejecutivo local a un proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, para determinar si puede o no considerársele como veto y, por tanto, si debe superarse mediante votación calificada del Congreso local, carece de sustento constitucional en tanto que obligaría a la Suprema Corte a establecer parámetros que ni siquiera se encuentran establecidos en la Norma Fundamental, ni en la Constitución local, para de ahí realizar un análisis sobre si tales observaciones satisfacen ese estándar, cuando el Constituyente Permanente local ha establecido el mecanismo idóneo para su superación, consistente en atender las observaciones realizadas por el Ejecutivo, o confirmar el proyecto de ley o decreto mediante la votación calificada requerida, lo cual constituye un medio de control político que representa un contrapeso a la actividad del Poder Legislativo. Por tanto, la controversia constitucional es improcedente contra el ejercicio del derecho de veto, pues al constituir un medio de control político, no es susceptible de análisis en sede judicial; además de que admitir la procedencia de la controversia constitucional en el supuesto indicado generaría la irrupción del Tribunal Constitucional en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Constituyente del Estado, y la consiguiente afectación al cauce que debe seguir el proceso legislativo.Controversia constitucional 148/2008. Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. 11 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.".En ese contexto, al no existir un imperativo legal que obligue al Gobernador del Estado a vetar las iniciativas que le remite el Poder Legislativo local, ya que constituye un derecho discrecional, no puede estimarse que dicha autoridad incurrió en la omisión que se le reclama y, por consecuencia, debe tenerse por inexistente.Por esta misma razón también debe tenerse por inexistente la omisión atribuida al Secretario de Gobierno del Estado, ya que no se encuentra facultado para ejercer el derecho a vetar las decisiones del Congreso Local, pues tal atribución es exclusiva del Gobernador del Estado, al gozar de la potestad de hacer las observaciones que estime pertinentes a las iniciativas que le remite la legislatura.En esas condiciones, al encontrarse probado que no existen las omisiones reclamadas al Gobernador y al Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Michoacán, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.SEXTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Congreso, del Estado de Michoacán, consistente en la, aprobación y expedición del Decreto Legislativo 337, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en la parte relativa a la asignación presupuestaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de hidalgo, pues al rendir su informe justificado, aceptó su existencia.Asimismo, es cierto el acto reclamado de la Comisión Permanente de Presupuesto y Control del Consejo Universitario de dicha Casa de Estudios, consistente en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, de dicho órgano autónomo, pues lo aceptó el Rector y Presidente de dicho Consejo, al rendir el informe de ley, en su representación.Igualmente, es cierto el acto reclamado del Consejo Universitario de la referida Casa de Estudios, consistente en la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, del referido órgano autónomo, ya que así lo manifestó su Rector y Presidente, al rendir el informe justificado, en su representación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes:"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Sin que para corroborar la existencia de una norma general sea necesario allegarlos al sumario, dado que conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba", no se requiere su existencia en los autos que conforman el presente juicio. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil.".SEXTO. Existencia del acto de aplicación de la norma general. La impugnación de las normas generales que el quejoso hace valer en este juicio constitucional la sostiene a partir del primer acto de aplicación que hace consistir en la reducción al pago de sus percepciones salariales que le corresponden como Profesor e Investigador Titular "B" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, específicamente en la falta de pago íntegro en la segunda quincena del mes de octubre de dos mil diecisiete. Sobre el amparo contra leyes, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:"Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo de su acto de aplicación causen perjuicio al quejoso; (.)."Entonces, el amparo indirecto sólo procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo de su acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Al respecto, debe decirse que la Ley de Amparo abrogada, en su artículo 114, fracción I, establecía la misma hipótesis fáctica, consistente en que el amparo indirecto procedía en contra de disposiciones de carácter general, que podían impugnarse a través del juicio de amparo en distintos momentos de acuerdo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor irroga un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, si requiere un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete sus efectos jurídicos (heteroaplicativas). En la primera posibilidad, quien alega que la sola entrada en vigor de la ley afecta su esfera jurídica tiene la obligación de demostrar fehacientemente que se encuentra en el supuesto previsto por la hipótesis contenida en la norma reclamada, pues sólo de esa manera creará plena convicción de que, efectivamente, la mera vigencia de la ley le causa perjuicio. En el segundo caso, el promovente del juicio tiene la carga de acreditar, también de manera fehaciente, el acto concreto de aplicación de la ley impugnada porque tal aplicación constituye el presupuesto indispensable que le otorga la facultad de combatir la ley relativa. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.Con base en estas premisas, resulta que el quejoso debe acreditar la existencia del acto de aplicación de la norma reclamada, pues precisamente la combate con motivo del que aduce es el primer acto de aplicación.En el caso, la existencia de dicho acto de aplicación se encuentra demostrada con los recibos de caja expedidos por la Tesorería de la Casa de Estudios referida a favor del aquí quejoso el quince y treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, de las percepciones salariales que le corresponden con motivo de su puesto de Profesor e Investigador Titular "B" adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de los cuales se aprecia que por la primera quincena de octubre recibió un sueldo neto de veintiún mil ochocientos tres pesos con dieciséis centavos, mientras que por la segunda quincena recibió la cantidad de once mil quinientos un pesos con sesenta centavos. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Conforme a lo anterior es indudable que el quejoso se vio afectado en su salario como trabajador de la Casa de Estudios, a partir de la segunda quincena de octubre de dos mil diecisiete, lo que constituye el primer acto de aplicación de la norma general que pretende combatir en este juicio constitucional.SÉPTIMO. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia siguiente:"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.En relación con el acto reclamado de la Comisión Permanente de Presupuesto y Control del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consistente en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, de dicha Casa de Estudios, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, de ese ordenamiento, en virtud de que dicha autoridad no tiene el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo.El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...]XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.".La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la ley de la materia; lo que implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. En ese contexto, el artículo 1°, fracción I, de la ley de la materia establece: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]".Por su parte, el dispositivo 5°, fracción II, de dicho ordenamiento señala:"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...)II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas...".El primero de los numerales citados establece que el juicio de amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o, incluso, de particulares, pero sólo en los casos señalados en la propia ley.Por otro lado, el primer párrafo del artículo 5°, fracción II, define como autoridad responsable a aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.Conforme a la interpretación de dichos arábigos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que se reclamen provengan de una autoridad. En efecto, para determinar si una autoridad tiene la calidad de responsable para efectos del juicio de amparo, deberá acreditarse: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana.3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular.4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, cuyo contenido literal es el siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.". Ahora, los artículos 12, fracción XI, y 15, fracción I, de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, establecen: "ARTÍCULO 12. El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones: [.]XI. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, previo dictamen de la comisión respectiva;[.] ARTÍCULO 15. La Comisión de Presupuesto y Control se integrará con dos Directores, dos Consejeros Profesores y un Consejero Alumno, y durará en su cargo dos años. Corresponde a esta Comisión: I. Someter a la consideración del Consejo Universitario el dictamen sobre el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, para su discusión y aprobación, en su caso.". Los numerales citados señalan que la Comisión de Presupuesto y Control del Consejo Universitario de dicha Casa de Estudios elabora un dictamen sobre el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, para su discusión y aprobación en el referido Consejo. En ese sentido, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, que remitió la comisión responsable al Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no constituye un acto de autoridad, en virtud de que la referida comisión carece de facultades decisorias, pues ese dictamen se encuentra sujeto a la aprobación del Consejo Universitario aludido, la cual hará obligatorio el contenido de aquel acto.Por tal motivo, el proyecto de la Comisión de Presupuesto y Control responsable no crea, modifica o extingue, por sí, la situación jurídica de sus trabajadores, pues únicamente ello acontece con la aprobación del Consejo Universitario.En esas condiciones, en relación con el acto materia del presente considerando, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, de dicho ordenamiento, por lo que se sobresee en el juicio de amparo, con base en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la citada legislación.En cuanto a los actos atribuidos al Congreso del Estado, Rector y Consejo, ambos de la de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consistentes el Presupuesto de Egresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete para la Casa de Estudios referida, el quejoso hace valer la impugnación de dichas normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, ya que asegura que no le han sido pagadas íntegramente sus percepciones salariales relativa a la segunda quincena del meses de octubre de dos mil diecisiete. No obstante que ha quedado demostrada la existencia de tal circunstancia derivada de la falta de presupuesto para cubrir las percepciones salariales a partir del mes de octubre de dos mil diecisiete, este juzgador estima que dicho acto reclamado ha dejado de surtir efectos, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;[...]". Del numeral y fracción trascritos se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 al analizar la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo texto corresponde a la actual XXI del arábigo 61 de la norma vigente) estableció que su actualización requiere no solo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En la especie, como ya se dijo, el quejoso hace consistir su impugnación en la falta de pago íntegro de los sueldos y percepciones salariales que le corresponden como Profesor e Investigador Titular "B" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a partir de la segunda quincena del mes de octubre de dos mil diecisiete; sin embargo, no obstante que se encuentra acreditada su existencia, el acto ha dejado de surtir sus efectos. Lo anterior es así ya que atento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, el veintidós de marzo del año en curso el Tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informó que se han cubierto en su totalidad las prestaciones del quejoso Jorge Álvarez Banderas, correspondientes al cierre del año dos mil diecisiete, por lo que en la actualidad no existen adeudos de pagos de salarios y prestaciones a favor de tal académico, circunstancia que incluso comprobó con la copia certificada de la nómina que abarca de los meses de noviembre a diciembre de dos mil diecisiete.Documentales que al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y al no ser objetadas por el quejoso, adquieren eficacia demostrativa plena en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2.Incluso, el pago de las percepciones reclamadas fue corroborado por el propio quejoso, ya que mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciocho, manifestó a este Juzgado de Distrito que le fueron pagadas a destiempo las cantidades que corresponden a la segunda quincena de octubre de dos mil diecisiete, aguinaldo y canasta navideñas de ese año.Con base en lo anterior, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado, toda vez que ha quedado demostrada la cesación de sus efectos sobre los cuales el quejoso alega la violación a sus derechos humanos consagrados en la Carta Federal, de manera que al desaparecer en forma total e incondicional sus consecuencias, las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, el quejoso ha sido restituido en el goce de su derecho mediante el pago de las percepciones adeudas; por ello es de concluirse que la afectación ha dejado de existir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular sin dejar huella alguna. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, por identidad de razón jurídica, la tesis aislada del Pleno de nuestro Alto Tribunal del País, que refiere: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridades aquí precisados.Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se:R E S U E L V E:ÚNICO: Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Alvarez Banderas, respecto de los actos y autoridades que quedaron precisada, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y séptimo de este fallo.Notifíquese.Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil dieciocho. CUMPLE CON REQUERIMIENTO. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Delegado del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado mediante diverso 4994, de seis de abril del año en curso, a través del cual se le requirió a efecto de que remitiera las constancias que haya tenido en consideración para la asignación del presupuesto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, específicamente aquellas que tengan relación con los sueldos y salarios que corresponden a la plantilla de docentes universitarios respecto del ejercicio, informa que de conformidad con el numeral 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó el Decreto Legislativo que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2017; decreto que fue debidamente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que las constancias que se allegaron en autos, son las que tienen relación con lo solicitado. Consecuentemente, téngase al oficiante desahogando el requerimiento que se le formuló en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Jso.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil dieciocho. SE DA CUENTA CON EL ESTADO DE LOS AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que a la fecha la autoridad responsable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante oficio 3591, de doce de marzo del año en curso, a través del cual se le requirió, a efecto de que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que recibiera la aludida comunicación, remitiera las constancias que haya tenido en consideración para la asignación del presupuesto a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, específicamente aquellas que tengan relación con los sueldos y salarios que corresponden a la plantilla de docentes universitarios respecto del ejercicio. SE GIRA OFICIO RECORDATORIO. Atento a lo anterior, gírese atento oficio recordatorio a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que reciba la presente comunicación, remita las constancias que le fueron solicitadas; en el entendido de que continúa vigente el apercibimiento que se le formuló e auto de doce de marzo del año en curso en caso de incumplimiento o no informar el impedimento que tenga para ello. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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