Jorge Álvarez Banderas
Expediente 149/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Álvarez Banderas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
veintiocho de junio de dos mil diecinueve V I S T O S para dictar sentencia definitiva los autos del juicio de amparo número I-149/2019, promovido por JORGE ÁLVAREZ BANDERAS, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO...SEGUNDO...TERCERO...C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades, en que se reclama la inconstitucionalidad de normas cuya aplicación se concreta en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, ampliación de la misma y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". De acuerdo con lo anterior, en el caso deben de tenerse como actos reclamados los siguientes: Al Congreso del Estado de Michoacán. La aprobación y expedición del Decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, que contiene la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, específicamente las disposiciones contenidas en el Título Segundo, Capítulo IV, artículos del 21 al 31, relativos al denominado "Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón"; así como la discusión, aprobación y emisión del Decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente su artículo 10. Al Gobernador del Estado. La promulgación y expedición del Decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, que contiene la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo específicamente las disposiciones contenidas en el Título Segundo, Capítulo IV, artículos del 21 al 31, relativos al denominado "Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón"; así como la promulgación y publicación del Decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente su artículo 10. Del Secretario de Administración y Finanzas del Estado. Los actos de ejecución y aplicación de las disposiciones reclamadas. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, pues así lo expresó al rendir su informe respectivo. Cabe señalar que, si bien la autoaplicación de la ley (cubrir determinada contribución) debe entenderse como el primer acto de aplicación; lo cierto es, que de ninguna manera puede atribuirse dicha actuación a determinada autoridad, precisamente porque es el contribuyente -gobernado- quien se coloca en forma voluntaria en el supuesto establecido en la norma de que se trate; al margen de lo anterior, conviene aclarar que el acto de autoaplicación de la norma constituye la base para el cómputo del plazo de la promoción del juicio de amparo. Cimienta lo anterior, la tesis que se reproduce a continuación: Época: Novena Época Registro: 171860 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 153/2007 Página: 367 AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Contradicción de tesis 91/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. Tesis de jurisprudencia 153/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del quince de agosto de dos mil siete. Máxime, que al resolverse la contradicción de tesis 413/2008, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó toralmente que el pago de un tributo no constituye propiamente un acto de autoridad, aun cuando resulte apto para promover el juicio de amparo indirecto, puesto que el sistema fiscal mexicano es "autodeclarativo", de tal forma que corresponde a los contribuyentes liquidar y determinar los tributos a su cargo, con independencia de la mera propuesta que realicen las autoridades o los terceros auxiliares al expedir los documentos o recibos respectivos; tales argumentos dieron origen a la tesis que se reproduce en seguida: Época: Novena Época Registro: 168248 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 182/2008 Página: 294 TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Contradicción de tesis 143/2008-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 5 de noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 182/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de noviembre de 2008. Cabe destacar, que la cuestión que nos ocupa, no se analiza respecto a la improcedencia del juicio de amparo ya que ésta presupone la existencia del acto reclamado; sin embargo, atento a las consideraciones contenidas en la jurisprudencia invocada, válidamente puede concluirse que no existen los actos atribuidos al Tesorero responsable, en su calidad de ejecutora, puesto que la aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales en realidad provino de una autoaplicación del propio gobernado. En tales condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio, respecto del citado acto y la referida autoridad, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y Gobernador del Estado de Michoacán, del Estado, todos con sede en esta ciudad, en sus respectivas esferas de competencia, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los decretos por los cuales se expiden la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, específicamente lo relativo al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón, previsto en los artículos del 21 al 31, así como de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente su artículo 10. Lo anterior es así, ya que la certeza en el actuar de las autoridades responsables se encuentra probada con el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.". SEXTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. El Congreso del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, indicó que en el particular asunto se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones VII y XXIII, del numeral 61, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo; empero, sin expresar, razonamiento alguno, del por qué considera su actualización. Es así, ya que la autoridad se limita a manifestar que no se advierte vulneración a ningún concepto de violación de los artículos y ley tildados de inconstitucionales, lo que -dice- es necesario para estar en condiciones de determinar la existencia e inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiere irrogarle, que por ello se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Razón por la cual, la sola invocación de dichas causas de improcedencia, no basta para que el suscrito realice su estudio, máxime que no se desprende su constatación. Es de invocarse la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.". Cabe señalar que no se inadvierte que el Congreso del Estado para dar soporte a sus argumentos acerca de la causal de improcedencia en estudio invoca los criterios de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES, PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO DEBE ATENDERSE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO"; sin embargo, no son de tomarse en consideración, al no existir razonamiento alguno de la responsable del por qué estima que se actualizan las causas de improcedencia que refiere. Además de que el argumento relativo a que no se advierte vulneración alguna a los conceptos de violación y que por ello, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal, son cuestiones de fondo, que deberán ser analizadas en la presente resolución. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Previo al estudio de los conceptos de violación, vertidos tanto en el escrito de demanda como en el de ampliación de la misma, se realiza la precisión que, por razón de método se analizan en forma conjunta los decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, de Ocampo, que contienen, el primero de ellos la Ley de Hacienda del Estado y en el segundo se promulga la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que la primera es una ley de naturaleza permanente y la segunda solo tiene vigencia anual, pero debe precisarse que en ambas normas se regulan una misma contribución; de ahí que integran un sistema normativo, porque es probable que los vicios de inconstitucionalidad de la primera (Ley de Hacienda), que tiene el carácter de permanente, puedan permear en la segunda, que sólo complementa a la primera; de ahí que el estudio deba realizarse de manera conjunta. Cobra aplicación al caso la tesis jurisprudencial 100/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocada por la parte quejosa consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVII, junio de 2008, página 400, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD.". Precisado lo anterior, tenemos que, en primer término, la parte quejosa refiere que los artículos tildados de inconstitucionales son violatorios de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 31 la Constitución Federal, por vulnerar el principio de destino al gasto público, aduciendo que se involucra a particulares para tomar una decisión en razón del destino al gasto público de la contribución estatal que se recaude y que con ello la recaudación de la contribución se destinaría a fines privados. Lo anterior es infundado en virtud de que, contrario a lo que alega, del contenido del artículo 30 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, en ningún momento dispone que lo recaudado se destinará para fines privados, ello en razón de que el citado precepto legal dispone: "ARTÍCULO 30. La recaudación que se obtenga de la aplicación de este impuesto, se destinará a fomentar el desarrollo económico del Estado, a generar condiciones para la creación de más empleos en acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con las organizaciones productivas del Estado y a ser utilizada como fuente de pago y/o garantía de deuda pública del Estado y/o de los Fideicomisos establecidos en la fracción III del artículo 3º de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, previa autorización del Congreso del Estado. El Ejecutivo del Estado al presentar la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal informará al Congreso del Estado respecto del monto obtenido por la recaudación de este impuesto así como de su aplicación.". Del citado precepto legal es factible advertir con claridad que en el mismo se dispone que la recaudación se destinará para los siguientes fines: 1) Fomentar el desarrollo económico del Estado, 2) Generar condiciones para la creación de más empleos, 3) Como fuente de pago o garantía de deuda pública del Estado y/o de los fideicomisos. Fines que válidamente pueden considerarse de interés público, virtud a que tienden a satisfacer necesidades sociales que beneficiarán a la colectividad. Además, si bien en el artículo transcrito se precisó que la generación de condiciones para la creación de más empleos se haría en acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con las organizaciones productivas del Estado, ello no implica que particulares tengan la injerencia sobre la decisión en relación con el destino del gasto público, sino que las condiciones para la creación de más empleos se hará en acuerdo del Gobernador con las aludidas organizaciones, las cuales como su propia denominación lo indica son propiedad del gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozan de autonomía técnica, operativa y de gestión, de ahí que no son ajenas al Estado, de tal modo que en el destino de lo recaudado no existe participación alguna de particulares. Máxime si se tiene en consideración que en la iniciativa del titular del ejecutivo estatal se propuso incrementar el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, para establecerlo en tres por ciento, con el objeto de contar con recursos necesarios para cubrir el gasto público, lo cual fue corroborado en el dictamen relativo, pues se sostuvo que se consideraba adecuado y pertinente para hacer frente a las necesidades del gasto público del gobierno del Estado, ante las condiciones adversas en materia económica que enfrenta. Para robustecer lo anterior, debe precisarse que en el dictamen de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en relación a la emisión de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, se dijo lo siguiente: "Que para efectos de allegarse de mayores recursos provenientes de fuentes de ingresos propias, para costear el gasto público y para otorgar mayor impulso al fomento del turismo, respectivamente, se propone incrementar las tasas del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón y del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, en un punto porcentual, de 2% dos por ciento a 3% tres por ciento; lo cual se considera adecuado y pertinente para hacer frente a las necesidades de gasto del gobierno del Estado, ante las condiciones adversas en materia Económica que enfrenta. Que el hecho de establecer las cuotas y tarifas de los derechos en este ordenamiento y no, en diverso como lo es la Ley de Ingresos del Estado, permite que todos los elementos de las contribuciones, como lo son el objeto, sujeto, base, tasa, cuota o tarifa y época de pago, lo que favorece tanto al mejor conocimiento, y por ende, cumplimiento, de las obligaciones tributarias, así como a la función recaudatoria del Estado. Que por todo lo anterior, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que resulta procedente la Iniciativa de Decreto mediante el cual se expide la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el Gobernador del Estado". Lo que guarda relación, con la exposición de motivos correspondiente, donde se precisó lo siguiente: "Por otra parte, se incrementa la tasa del 2% del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un patrón al 3% con la finalidad de contar con los recursos necesarios para cubrir el Gasto Público, principalmente en materia de seguridad pública donde se tienen proyectado implementar acciones contundentes como el concretar y fortalecer el C5, que permitan a los gobernados del Estado de Michoacán tener mayor seguridad respecto de su vida, patrimonio, familia, trabajo y en general respecto todo lo que implica un bienestar social seguro". Es por lo que, contrario a lo indicado por la parte quejosa, la recaudación del impuesto sí está destinada a fines colectivos, justificándose así el aumento de la tasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. Lo anterior, en atención a la concepción del principio constitucional del destino al gasto público, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que se sigue que la reforma al artículo 24 de la Ley de Hacienda del Estado, que aumentó en un punto porcentual la tasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, respeta el señalado principio, pues para determinar el apego a éste, basta que en el decreto correspondiente se especifique como finalidad del incremento la necesidad de contar con más recursos necesarios para cubrir el gasto público, principalmente en materia de seguridad pública, habida cuenta que esos son temas de lo que no puede derivar la oposición de una norma con la Constitución Federal, sobre todo porque para cumplir con el principio de destino al gasto público basta que los recursos se vinculen con un rubro que beneficie a la colectividad y sea de interés general, al margen del resultado final. Por otra parte, también es infundado el segundo concepto de violación vertido por la parte quejosa, en el que aduce que las leyes que prevén el impuesto aquí combatido son inconstitucionales, porque carecen del refrendo del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Afirma que tal requisito es esencial, porque de conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, el refrendo de las leyes que se combaten debieron realizarse tanto por el Secretario de Gobierno, como el de Finanzas y Administración, por ser a este último a quien corresponde el despacho de los asuntos del orden fiscal. Como se anticipó, es infundado el argumento planteado, se estima de este modo virtud a que la empresa quejosa para desarrollar el argumento que se analiza, plantea la hipótesis de que el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, exige como requisito de validez para la promulgación de leyes, el refrendo tanto del Secretario de Gobierno como el del ramo correspondiente, hipótesis que deriva de una interpretación incorrecta del citado precepto legal; máxime que, para advertir lo infundado del concepto de violación que aquí se estudia, basta imponerse del numeral constitucional antes referido. Ahora bien, los artículos 60 y 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, establecen lo siguiente: "Artículo 60. Las facultades y obligaciones del Gobernador son: I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia. [.]". "Artículo 65. La promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Todos los decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos, deberán ser firmados por el Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno y los titulares de las dependencias básicas a que el asunto corresponda; requisito sin el cual no serán obligatorios". De la interpretación gramatical de tales preceptos se advierte, en un primer plano, que una de las facultades que tiene el Gobernador del Estado es promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; asimismo, que la promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno. Ahora, de la interpretación sistemática (sentido estricto) y funcional (teleológica), se advierte que ambos artículos hacen referencia a dos facultades del Poder Ejecutivo de naturaleza diversa, pues la promulgación (prevista en la primera parte de ambos normativos) es el acto jurídico por virtud del cual se hace del conocimiento de los habitantes del Estado, que una ley ha sido expedida y, por tanto, de observancia obligatoria. Por su parte, la facultad de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, consagra la facultad reglamentaria concedida al Poder Ejecutivo. La diferencia entre una ley y un reglamento es notable, pues mientras la primera es un acto formal y materialmente legislativo, el segundo es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo, el cual además -salvo los reglamentos autónomos, cuya expedición constitucionalmente se encuentra reservada a ciertos organismos descentralizados como los municipios-, se encuentra sujeto al principio de reserva de la ley, por el cual ninguna de sus disposiciones podrá exceder del marco especificado en la ley que se reglamenta. De esa guisa, la promulgación de la ley, más que una facultad del Poder Ejecutivo, constituye una obligación, en tanto que la expedición de reglamentos es propiamente una potestad, cuyo mérito y oportunidad corresponde determinarlo al depositario de ese Poder. Precisada la diferencia entre ley y reglamento, o cualquier otra norma general que no provenga del Poder Legislativo, queda claro que la promulgación de las leyes es un acto jurídico diverso a la expedición de normas de decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares, aunque su contenido sea de carácter general. Lo anterior se confirma con el contenido del citado artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, puesto que de la interpretación gramatical (semántica) de este precepto, en un segundo plano, también se advierte la existencia de dos actos jurídicos diversos, que aunque coinciden en su objeto, no son iguales, pues mientras la primera parte se refiere al refrendo de la promulgación de las leyes, la segunda parte alude a los demás actos formalmente administrativos pero materialmente legislativos, esto es, que no se trata de leyes, como lo podrían ser los decretos administrativos expedidos a través de la facultad reglamentaria otorgada al Gobernador del Estado, que no deben ser confundidos con los decretos promulgatorios que tiene como finalidad expedir las leyes dadas por el Congreso del Estado, como en la especie ocurre. Se afirma lo anterior, porque ambos apartados se encuentran separados por un "punto y seguido", el cual se utiliza para terminar de explicar un concepto y se sigue razonando sobre el mismo tema . Así, el tema a que se refiere el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, es el refrendo que para la validez de dos actos formalmente diferentes, deben contener; uno es la ley, el otro son decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos y circulares de observancia general que contengan disposiciones sobre asuntos administrativos. En este contexto, si en la primera parte del artículo 65 de la Constitución de Michoacán se precisó que la promulgación y la orden de publicación de las leyes se harán constar mediante la firma del Gobernador del Estado y del Secretario de Gobierno, de acuerdo con la regla gramatical enunciada, ello indica que ese concepto, el de ley, ahí concluyó. De ahí lo infundado del concepto de violación que hace valer la ahora quejosa, pues es claro que en el caso se combaten dos leyes y no decretos administrativos, por lo que no era una obligación que estos fueran firmados por el secretario del ramo correspondiente, contrario a lo afirmado por el quejoso, pues se insiste, los decretos que promulgan las leyes combatidas (conocidos como decretos promulgatorios), no son los mismos a que se refiere la segunda parte del citado artículo 65 de la Constitución Local, que sí requieren de la firma del secretario de referencia, dado que, estos últimos se tratan de los decretos propiamente administrativos comprendidos en la facultad reglamentaria del Gobernador del Estado. Al respecto resulta aplicable el criterio que a continuación se transcribe: Época: Octava Época Registro: 206091 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Constitucional Tesis: P. 3 Página: 160 REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS. CORRESPONDE UNICAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACION EL DE LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA UNION. En materia de refrendo de los decretos del Ejecutivo Federal, el Pleno de la Suprema Corte ha establecido las tesis jurisprudenciales ciento uno y ciento dos, visibles en las páginas ciento noventa y seis y ciento noventa y siete, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación -mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco- cuyos rubros son los siguientes: "REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS" y "REFRENDO DE UNA LEY, CONSTITUCIONALIDAD DEL". Ahora bien, el análisis sistemático de los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución General de la República, conduce a interrumpir las invocadas tesis jurisprudenciales en mérito de las consideraciones que en seguida se exponen. El primero de los preceptos mencionados establece: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes": "I.-Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia". A su vez, el artículo 92 dispone: "Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos". De conformidad con el primero de los numerales reseñados, el presidente de la República tiene, entre otras facultades, la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, función ésta que lleva a cabo a través de la realización de uno de los actos que señala el artículo 92 constitucional, a saber, la emisión de un decreto mediante el cual ese alto funcionario ordena la publicación de la ley o decreto que le envía el Congreso de la Unión. Esto significa, entonces, que los decretos mediante los cuales el Titular del Poder Ejecutivo Federal dispone la publicación de las leyes o decretos de referencia constituyen actos de los comprendidos en el artículo 92 en cita, pues al utilizar este precepto la locución "todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente...", es incuestionable que su texto literal no deja lugar a dudas acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del presidente, es aplicable el requisito de validez previsto por el citado artículo 92, a saber, que para ser obedecidos deben estar firmados o refrendados por el Secretario de Estado a que el asunto o materia del decreto corresponda. Los razonamientos anteriores resultan todavía más claros mediante el análisis de lo que constituye la materia o contenido del decreto promulgatorio de una ley. En efecto, en la materia de dicho decreto se aprecian dos partes fundamentales: la primera se limita a establecer por parte del presidente de la República, que el Congreso de la Unión le ha dirigido una ley o decreto cuyo texto transcribe o reproduce y la segunda a ordenar su publicación para que la ley aprobada por el Congreso de la Unión pueda ser cumplida u observada. Por consiguiente, si la materia del decreto promulgatorio está constituida en rigor por la orden del presidente de la República para que se publique o dé a conocer la ley o decreto para su debida observancia, mas no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del Secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del Titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además, la firma del secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular o del órgano ejecutivo sino del órgano legislativo, lo cual, evidentemente, rebasa la disposición del artículo 92 constitucional, pues dicho precepto instituye el refrendo sólo para los actos del presidente de la República ahí detallados. Lo hasta aquí expuesto llega a concluir que es inexacto que el artículo 92 constitucional exija, como se sustenta en las jurisprudencias transcritas, que el decreto promulgatorio de una ley deba refrendarse por parte de los Secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma ley, pues tal interpretación no tiene fundamento en el precepto constitucional en cita ni en otro alguno de la Ley Suprema. Amparo en revisión 2066/84. Broadcasting, Baja California, S.A. (XERCN) Tijuana Baja California y otras. 29 de abril de 1986. Unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Carlos del Río Rodríguez y el engrose estuvo a cargo de: Schmill Ordóñez. Secretario: Rubén Pedrero Rodríguez. Séptima Epoca, Volúmenes 205-216, Primera Parte, página 109. Amparo en revisión 8150/84. Televisión González Camarena, S.A. y coagraviados. 14 de octubre de 1986. Unanimidad de diecisiete votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Séptima Epoca, Volúmenes 205-216, Primera Parte, página 109. Amparo en revisión 2656/86. Eduardo Ordóñez Bremauntz y coagraviados. 26 de mayo de 1987. Unanimidad de veinte votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Diego Isaac Segovia Arrazola. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Primera Parte, página 43. Amparo en revisión 5069/86. Luis Silverio Garza Salinas. 22 de septiembre de 1987. Mayoría de quince votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Schmill Ordóñez y presidente en funciones Cuevas Mantecón en contra del voto de: Díaz Infante y Adato Green. Ponente: Santiago Rodríguez Roldán. Secretario: Roberto Terrazas Salgado. Séptima Epoca, Volúmenes 217-228, Primera Parte, página 43. Amparo en revisión 482/84. Radiodifusora XERY de Arcelia, Guerrero y otro. 23 de febrero de 1988. Unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Secretaria: Rosa María Temblador Vidrio. Texto de la tesis aprobado por el Tribunal en Pleno el veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y ocho. Unanimidad de veintiún votos de los señores ministros: presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Felipe López Contreras, Raúl Cuevas Mantecón, Samuel Alba Leyva, Mariano Azuela Güitrón, Noé Castañón León, Ernesto Díaz Infante, Luis Fernández Doblado, Francisco H. Pavón Vasconcelos, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, José Martínez Delgado, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Angel Suárez Torres, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.- Se SOBRESEE, el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a JORGE ÁLVAREZ BANDERAS, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy veintiocho de junio dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se desprende que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, acordadas en proveído de nueve de mayo del año en curso; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.Mgm
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Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil diecinueve. OFRECE MEDIOS DE CONVICCIÓN. Visto el oficio suscrito por la Jefa de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, mediante el cual, en representación de la autoridad responsable, Secretario de Finanzas del Estado de Michoacán, ofrece como medios de convicción de su parte, los autos de los juicios de amparo que cita en su oficio, a fin de acreditar que el acto aquí reclamado ya ha sido materia de análisis y resolución por tribunales de este circuito. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, únicamente por lo que hace a las sentencias dictadas dentro los juicios de amparo que señala, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Sin que se estime necesario solicitar copia certificada de las citadas resoluciones judiciales, pues al tratarse de diversos juicios de amparo, de ser el caso, las sentencias ahí pronunciadas, podrán consultarse a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.-Mgm
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Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Mgm
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