Javier Vazquez García

Expediente 533/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
533/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Javier Vazquez García
  • JAVIER VAZQUEZ GARCÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio proveniente de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por medio del cual, solicita le sean devueltas las constancias que acompañó a su informe justificado. En tales condiciones, mediante oficio que derive del presente proveído, devuélvasele el disco compacto que en el comunicado de cuenta describe; solicítese el acuse de recibo de estilo. Asimismo, hágasele de su conocimiento que el pasado tres de febrero, se ordenó devolver el tomo de pruebas respectivo relativo al toca penal número XI-43/2019, de su índice, el cual fue anexado al comunicado 2167/2022 y entregado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en sus instalaciones como se advierte de la guía de mensajería estafeta con número 201501554324A506481099 de la que se remite copia; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de febrero de dos mil veintidós. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído por el que fue decretado el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable: Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Morelia, un tomo de pruebas consistente en original del toca penal número XI-43/2019, de su índice. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a diez de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de siete de diciembre del año próximo pasado, se previno a la parte quejosa, para que dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, realizara lo siguiente: a) Comparezca a recoger las copias certificadas de los edictos correspondientes. b) Entregar dichos edictos para su publicación y acreditar ante este Juzgado su entrega (efectuar las gestiones tendientes a su publicación); de todo lo cual deberá exhibir las constancias que avalen esas acciones. Sin que haya comparecido la parte quejosa a recoger las respectivas copias de los edictos, y sin que hubiera acreditado determinada gestión tendente a su publicación. Asimismo, la parte quejosa, no realizó manifestación alguna, en el sentido de que se encuentra materialmente imposibilitada para la publicación de tales edictos, y en su caso, acreditarlo con indicios suficientes que demuestren que, en realidad, no tiene capacidad económica para sufragar un pago semejante, a efecto de que este juzgado estuviera en condiciones de proveer lo conducente. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento a que se contrae dicho acuerdo de prevención dictado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, y con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues para la prosecución del juicio de garantías, es requisito fundamental el emplazamiento de todas las partes que en él intervienen, de lo contrario, se incumple con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; además, la prosecución del juicio de amparo, no puede quedar al arbitrio de la parte quejosa, entorpeciendo con su actuar la celeridad del asunto, y en vía de consecuencia contravenir lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues no debe perderse de vista que el interés particular no debe estar por encima del interés público, protegido por dicho precepto constitucional. Tesis: 2a./J. 64/2002 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 186587 1 de 1 Segunda Sala Tomo XVI, Julio de 2002 Pag. 211 Jurisprudencia(Común) EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA DOCE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE DIEZ DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Uruapan, Michoacán de Ocampo, a diez de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de siete de diciembre del año próximo pasado, se previno a la parte quejosa, para que dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, realizara lo siguiente: a) Comparezca a recoger las copias certificadas de los edictos correspondientes. b) Entregar dichos edictos para su publicación y acreditar ante este Juzgado su entrega (efectuar las gestiones tendientes a su publicación); de todo lo cual deberá exhibir las constancias que avalen esas acciones. Sin que haya comparecido la parte quejosa a recoger las respectivas copias de los edictos, y sin que hubiera acreditado determinada gestión tendente a su publicación. Asimismo, la parte quejosa, no realizó manifestación alguna, en el sentido de que se encuentra materialmente imposibilitada para la publicación de tales edictos, y en su caso, acreditarlo con indicios suficientes que demuestren que, en realidad, no tiene capacidad económica para sufragar un pago semejante, a efecto de que este juzgado estuviera en condiciones de proveer lo conducente. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento a que se contrae dicho acuerdo de prevención dictado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, y con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, pues para la prosecución del juicio de garantías, es requisito fundamental el emplazamiento de todas las partes que en él intervienen, de lo contrario, se incumple con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; además, la prosecución del juicio de amparo, no puede quedar al arbitrio de la parte quejosa, entorpeciendo con su actuar la celeridad del asunto, y en vía de consecuencia contravenir lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues no debe perderse de vista que el interés particular no debe estar por encima del interés público, protegido por dicho precepto constitucional. Tesis: 2a./J. 64/2002 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 186587 1 de 1 Segunda Sala Tomo XVI, Julio de 2002 Pag. 211 Jurisprudencia(Común) EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables.

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