Javier Vazquez Farías

Expediente 275/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
275/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Javier Vazquez Farías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio suscrito por la el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en atención a su contenido, agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda; lo anterior, en virtud de que el seis de noviembre de la presente anualidad, se tuvo por recibido dicho comunicado y se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de mayo de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, quien a su vez remite el diverso comunicado suscrito por el quejoso Javier Vázquez Farías; lo anterior, en virtud de que, fue declinada la competencia a éste órgano jurisdiccional. En ese sentido, glósese a los autos el escrito de que se trata, por medio del cual el peticionario de amparo señala domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones, asimismo designa autorizados, en ese sentido, se hace incensario emitir mayor pronunciamiento al respecto; lo anterior, en virtud de que el veinticinco de mayo de la presente anualidad¸ se le tuvo señalando ese domicilio y los autorizados bajo los términos que señala. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. RATIFICA ESCRITO. Vista el acta de ratificación que antecede, de la que se desprende que el promovente del amparo Javier Vázquez Farías, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de mayo del presente año, ratificó el escrito presentado el dieciocho de ese mismo mes, bajo el registro 8346, por el que pretende cumplir con la prevención formulada en auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, asimismo, señala domicilio y autorizados. DESAHOGA PREVENCIÓN. Por tanto, téngase al citado quejoso Javier Vázquez Farías, desahogando el punto de prevención de la demanda formulado en el citado auto de cuatro de mayo actual. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección de la propia demanda de amparo, se extrae que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca de apelación I-352/2022, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, que dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ordinario civil 770/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió Régulo Medina Ángel, frente al aquí quejoso y otras personas; resolución de alzada que ordenó la reposición del procedimiento y declaró la incompetencia por razón de la materia, del mencionado órgano jurisdiccional, y por consiguiente, determinó que el a quo remitiera los autos de la controversia al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, residente en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que de estimarlo procedente se avocara a su conocimiento. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de amparo promovida por Javier Vázquez Farías, así como el escrito aclaratorio de ésta, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V y VIII, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los preceptos legales transcritos, en la parte que interesa, se obtiene que las causas de improcedencia son de orden público e interés social, por ese motivo, no es necesario que las partes las hagan valer para que los juzgados estén en aptitud de emprender su análisis; de ahí que, los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, deben examinar oficiosamente el escrito inicial de demanda a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, como las disposiciones de los preceptos de la Ley de Amparo invocados, se arriba a la conclusión que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado en el libelo constitucional que nos ocupa, si se tiene en cuenta que este se hacen consistir en la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca de apelación I-352/2022, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, que dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ordinario civil 770/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió Régulo Medina Ángel, frente al quejoso y otras personas. Resolución de alzada que ordenó la reposición del procedimiento y declaró la incompetencia por razón de la materia, del mencionado órgano jurisdiccional, y por consiguiente, determinó que el a quo remitiera los autos de la controversia al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, residente en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que de estimarlo procedente se avocara a su conocimiento. Lo anterior, porque el hecho de que el Magistrado señalado como responsable haya declarado que el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, carece legalmente de competencia para seguir conociendo y resolver del juicio natural, y ordenó su remisión al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con asentamiento en Morelia, Michoacán de Ocampo, a quien se estimó legalmente competente para su conocimiento, no afecta de forma inmediata ninguno de los derechos fundamentales del quejoso, ni constituye un acto que los lesione en grado predominante o superior, puesto que la decisión del ad quem responsable de declarar la incompetencia del tribunal de primera instancia, no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, por lo que será hasta ese momento procesal, y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, así como cuando se hayan producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que, la afectación recae en derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, por lo menos hasta el momento. En ese orden de ideas, debe entenderse que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, lo cual no ocurre en la especie, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; máxime que de las constancias que integran los autos relativos al juicio ordinario civil 770/20219 y del toca civil I-352/2022 de donde emana el acto reclamado, mismas que se invocan al ser un hecho notorio que ante este Juzgado de Distrito se tramita el juicio de amparo 290/2023, promovido por Saturnino Gómez Peñaloza y otros, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, al que se acompañaron los autos originales de dichos expedientes, de donde también derivan los actos reclamados, además de la narrativa de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, realizados por el promovente, bajo protesta de decir verdad, no se advierte dato alguno que indique, de manera objetiva, si la autoridad respecto de la cual se declinó la competencia, se haya pronunciado sobre la aceptación de la misma; de ahí que, es improcedente la demanda de amparo origen del presente juicio. Además, no se omite precisar que la competencia declinada por la Sala responsable facultó al Tribunal Unitario Agrario número 17, con sede en la Ciudad de Morelia, para que, de considerarlo pertinente o procedente, se avoque del conocimiento del asunto o de lo contrario se pronuncie respecto a tal declinatoria; lo cual, podría beneficiar a la parte quejosa. En consecuencia, es indudable que es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los numerales 62 y 107, fracciones V y VIII, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo: Orienta lo anterior, el criterio emitido en relación a la contradicción de tesis, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la Jurisprudencia número P./J. 17/2015 (10a.), localizable en la página 5, Libro 21, Tomo I, Agosto de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Asimismo, sustenta la determinación a la que se arriba, por identidad jurídica, la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 216/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 29/2015 (10a.), consultable en la Página 22, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de la siguiente literalidad: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Asimismo, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917-2000, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Los criterios invocados en este acuerdo, se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V y VIII, 113, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Javier Vázquez Farías, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. AUTORIZADOS. Por otra parte, como lo solicita el quejoso en su escrito de cumplimiento de prevención, téngase como persona autorizada de conformidad con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Galván Ruíz. Sin que haya lugar a proveer en relación al diverso profesionista que designa esto es a Gilberto Madrigal Manríquez, toda vez que en proveído de cuatro de mayo del año en curso, se le tuvo como su autorizado en los amplios términos del citado precepto. DOMICILIO. De igual forma, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito por el cual desahoga la prevención; esto es, en el número 147 ciento cuarenta siete, de la calle Tziri, perteneciente a la colonia Santa Bárbara de esta ciudad. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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