Jessica Lucero García Escamilla
Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jessica Lucero García Escamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado a través del Sistema de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, dirigido al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el tres de julio de dos mil veintitrés, turnado en esa fecha a este Juzgado, Jessica Lucero García Escamilla, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que más adelante se detallarán. La parte quejosa señaló que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 5, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. II. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que se registró bajo el número 531/2023; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de haber sido diferida, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo con fundamento en los artículos 17, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a "la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", porque en el caso, se reclama la inconstitucionalidad del Acuerdo relativo a la inspección de materia de subcontratación relacionado con la agroindustria de exportación, y su acto de aplicación el cual tuvo ejecución dentro del territorio en que este Juzgado ejerce jurisdicción (Uruapan, Michoacán); además, porque de conformidad con la Circular SECNO/7/2023, de nueve de mayo de dos mil veintitrés, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, emitida con motivo de la concentración de asuntos relacionados con el Acuerdo materia del acto reclamado, corresponde a este Juzgado su trámite y resolución. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para precisar con claridad los actos reclamados, en el caso, se hace necesario el análisis integral de la demanda de amparo; lo anterior con el propósito de hacer una interpretación completa de la voluntad de quien solicita la protección de la Justicia Federal, como lo establece la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 32, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañaron, se advierte que únicamente de la autoridad responsable titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con sede en la Ciudad de México: Se reclama: La expedición del Acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil veintidós. Acuerdo reclamado cuyo acto de aplicación se materializó en el acta de inspección extraordinaria en materia de subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, levantada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por la inspectora federal del trabajo Damayanti Gómez García, dentro del expediente 244/000737/2023. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, en el ámbito de su competencia. Cabe precisar, que tratándose de amparos contra normas generales no es necesario acreditar su existencia con algún medio de convicción, al tenor del principio jurídico de que el derecho no es objeto de prueba, resultando aplicable al caso la tesis V.2o.214 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 205 del tomo XV-I, Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación en su Octava Época, que se cita a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." En efecto, una disposición legal no se encuentra sujeta a prueba, pues su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 65, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, correspondiente al mes de Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De la misma manera, resulta aplicable por su valor ilustrativo, la tesis VII.3o.C.16 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1343, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Además, el primer acto de aplicación del Acuerdo reclamado se acredita con las constancias relativas al expediente 244/000737/2023, que la promovente anexó a la demanda, de las que se desprende que el veintitrés de junio del año en curso, se levantó el acta de inspección extraordinaria en materia de subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, con motivo de la visita de inspección realizada por la inspectora federal del trabajo Damayanti Gómez García adscrita a la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Michoacán, con sede en Morelia; actuación que se llevó a cabo en el domicilio de la parte quejosa, ubicado en "CONOCIDO CANACUCHO No. 32, C.P. 61620, CANACUCHO, PÁTZCUARO, MICHOACÁN." Documentales las anteriores que la promovente allegó a este Juzgado, mediante escrito de demanda con firma electrónica, manifestando bajo protesta de decir verdad que son copia integra e inalterada de los documentos impresos; ello, de conformidad con el inciso f) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/13 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, es menester analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea porque la invoquen las partes, o se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia 814, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuya voz es: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO" La autoridad responsable Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con sede en la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe justificado, por conducto del Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, precisó que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la última en relación con el diverso numeral 107, fracción I, del citado ordenamiento, interpretada en sentido contrario. Ello es así, pues refiere que no es dable estudiar mediante el juicio de amparo, disposiciones de orden normativo que por sí mismas, al entrar en vigor, no causen perjuicio a la parte quejosa, sino que resulta menester un acto de aplicación posterior, considerando que no se encuentran dirigidas a la esfera de derechos de la parte quejosa, toda vez que ésta no se coloca dentro de las mismas, reclamando la supuesta inconstitucionalidad de una disposición autoaplicativa, pero sin demostrar dicha aplicación en su perjuicio. Lo que deviene infundado. Para evidenciar lo anterior, dada la estrecha relación que guardan entre sí las causales de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, se estudiarán de manera conjunta; ahora, se tiene presente lo que disponen los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 17, 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es: "ARTÍCULO 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, (.)." "ARTICULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.)." De los preceptos transcritos se desprende, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior a su entrada en vigor para afectar su interés legítimo o jurídico. Y, por otro lado, de su interpretación armónica se obtienen las hipótesis jurídicas que contemplan la procedencia del amparo contra normas generales, atendiendo a la naturaleza de su afectación y al momento en que se actualizan en la esfera jurídica del gobernado. De ahí que, las normas generales pueden afectar a los gobernados en dos momentos distintos, a saber: Por su sola entrada en vigor (normas autoaplicativas), y Con motivo de su primer acto de aplicación (normas heteroaplicativas). En el primer supuesto, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de las hipótesis previstas en un determinado ordenamiento jurídico que por su sola expedición, le impone una determinada obligación de hacer o no hacer, provocando así la afectación a su esfera jurídica, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas, sin que requiera de algún acto ulterior de autoridad para tales efectos, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional en su contra, dentro del plazo de treinta días contados a partir del inicio de su vigencia, acorde con lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto, se requiere la existencia de un acto de aplicación de la norma que imponga la obligación de hacer o no hacer, para que se produzca la afectación en la esfera jurídica del gobernado, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas, esto es, se condiciona su individualización a un acto ajeno al inicio de su vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el primer párrafo, del artículo 17 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, para la impugnación de disposiciones generales mediante el juicio de amparo se requiere acreditar que afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su sola entrada en vigor la afectación se genere de forma automática, o bien, porque tal perjuicio se haya ocasionado con motivo de un acto de aplicación concreto. Por otro lado, es importante precisar que una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a partir de su entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación. Ahora bien, de las normas contenidas en el Acuerdo reclamado, en el que se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación, se desprende en esencia, lo siguiente: Para efectos de las inspecciones en materia de subcontratación, la actividad de corte, cosecha o recolección del fruto forma parte de la actividad económica preponderante de las empresas o personas físicas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta, ya que es indispensable contar con el fruto cortado del árbol para iniciar con el proceso de venta, distribución, comercialización y exportación. Por tanto, en caso de que el fruto sea adquirido por parte de las empresas dedicadas al empaque, distribución y exportación de fruta en el árbol (en rama), los trabajadores deberán ser contratados por éstas. Por otra parte, si los frutos se adquieren cortados o cosechados, los trabajadores deberán ser contratados por el productor de los mismos. La actividad de corte, cosecha o recolección no se considera especializada, por consecuencia, resulta inviable su inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), por lo tanto, no podrían ser contratadas para realizar la actividad de corte, cosecha o recolección de frutos. Las empresas que actualmente desempeñan la actividad de corte, cosecha o recolección de frutos podrán fungir como agencias de empleo o intermediarios en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación y transporte, siempre y cuando estas empresas no se consideren patrones. Podrán realizar estas actividades al amparo de lo previsto en el segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, dichas empresas para las actividades antes descritas podrán ser contratadas como empresas con actividad especializada, siempre y cuando cuenten con su registro ante el REPSE como empresa dedicada al reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación o transporte. Visto lo anterior, es indudable que esas disposiciones pueden afectar, en términos generales, a personas físicas o morales que para su funcionamiento les vincule a modificar la forma de contratación de personal con servicios especializados, pues impone obligaciones para las empresas dedicadas al empaque, distribución y exportación, así como para los productores, respecto a la necesaria contratación de los trabajadores vinculados con las citadas actividades (corte, cosecha y recolección). Lo anterior, pone de manifiesto que el acuerdo reclamado es de naturaleza autoaplicativa, tanto para las personas físicas y/o morales, públicas y/o privadas que reciban o presten servicios de subcontratación de personal, pues desde su entrada en vigor, por el único hecho de que reciban o presten servicios de subcontratación de personal, ingresan a su esfera jurídica una serie de obligaciones a las que ineludiblemente se encuentran sujetas. Entonces si el Acuerdo reclamado es de naturaleza autoaplicativa, la persona que se considere afectada con su contenido, podrá reclamarlo dentro del término de treinta días a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o bien, dentro del lapso de quince días a partir del primer acto de aplicación, lo que en el caso acontece, puesto que la quejosa Jessica Lucero García Escamilla acude a la presente vía constitucional con motivo de la visita de inspección que le fue practicada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por una inspectora federal del trabajo, en acatamiento de la orden emitida en la misma fecha por la Titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo, en Michoacán, con sede en Morelia, dentro del expediente 244/000737/2023, cuyas constancias adjuntó la promovente a la demanda de amparo, con las cuales acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo, con motivo precisamente del primer acto de aplicación del Acuerdo reclamado. Aunado a que también adjuntó a la demanda la constancia relativa al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), expedida el nueve de agosto de dos mil veintidós, a nombre de la quejosa, al desempeñar la actividad de siembra, cultivo y cosecha de aguacate. También exhibió la quejosa, la constancia de situación fiscal emitida a su nombre por el Servicio de Administración Tributaria, el treinta de junio de dos mil veintitrés, de donde se desprende que su actividad económica es la concerniente con otros servicios relacionados con la agricultura. Constancias las anteriores que la promovente del amparo allegó a este Juzgado mediante escrito de demanda con firma electrónica, manifestando bajo protesta de decir verdad que son copia original integra e inalterada de los documentos impresos; ello, de conformidad con el inciso f) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/13 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. De ahí que a dichas documentales adminiculadas entre sí, se les conceda valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que son documentos públicos elaborados o expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia, pues resultan suficientes para acreditar que la peticionaria de amparo es una persona que primordialmente se dedica, entre otras actividades comerciales al corte y cosecha del fruto denominado aguacate, a quien se le aplicó el Acuerdo reclamado. En consecuencia, se demuestra el interés jurídico que tiene la quejosa para reclamar el acuerdo precisado con motivo del primer acto de aplicación. Asimismo, la autoridad responsable Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con sede en la Ciudad de México, cuyo cargo en ese entonces lo ocupaba Luisa María Alcalde Luján, al rendir su respectivo informe justificado, por conducto del Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, precisó que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en cuanto a la emisión y orden de publicación del acuerdo que se reclama. Lo que deviene improcedente. Puesto que la parte quejosa expresó en su demanda de amparo que el Acuerdo que reclama a la titular de dicha Secretaría, consiste en su expedición, efectos y consecuencias que el mismo produce, lo que se materializó en el primer acto de aplicación en su contra, sin que se combata el refrendo o publicación de la norma general impugnada, toda vez que estos aspectos no los reclama por vicios propios. En efecto, de conformidad con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se controvierten normas generales, la parte quejosa debe señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación; sin embargo, en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en su publicación, el promovente sólo podrá señalarlas con el carácter de responsables, cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que en la especie no aconteció. A fin de corroborar lo anterior, conviene citar el contenido del artículo mencionado en el párrafo que antecede, el cual dispone textualmente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.).". Partiendo de lo expuesto, si en el caso particular, la peticionaria de amparo no controvirtió el refrendo y publicación de la norma general, se concluye que no se actualiza la improcedencia invocada por la citada autoridad responsable. Finalmente, se estima que en la especie no se actualiza diversa causa de improcedencia y dado que las partes no invocaron alguna otra, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida como inconstitucionalidad del Acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación. QUINTO. Conceptos de violación. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, tal como lo establece la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Registro digital 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa señala que se vulneran en su perjuicio los artículos 5°, 123 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sostener esta premisa, hace valer los siguientes puntos torales de impugnación, que esencialmente se extraen del contenido de sus conceptos de violación, analizados en su conjunto: 1. Violación al derecho fundamental de la libertad de trabajo, contenido en el artículo 5 en relación con el 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al argumentar que el Acuerdo reclamado trajo consigo la modificación a la forma de trabajar de todo un sector, al que pertenece la quejosa, quien ya no podrá ofertar a clientes el servicio de corte de fruta, puesto que ahora corresponde a los empacadores y productores realizar dicha actividad, lo que vulnera a su consideración su libertad a dedicarse a una actividad legal, que al desempeñarla otorga a los trabajadores que contrata condiciones laborales satisfactorias, a quienes además provee de seguridad social. 2. Vulneración al principio de jerarquía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aduce la promovente que la autoridad no cuenta con las facultades para definir qué debe entenderse por servicios u obras especializadas, máxime que en su momento a la quejosa le fue concedida autorización por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para desempeñar la actividad de corte de frutos como servicio especializado (REPSE), lo que así ya no lo considera la responsable (actividad especializada), lo cual constriñe en una severa violación a los derechos humanos, al restringir las actividades de las personas sin contemplar la responsable la existencia de una jerarquía constitucional para poder llevar a cabo su actuación; es decir, el Acuerdo reclamado no se sujeta a los principios de jerarquía de leyes y protección de derechos humanos, ya que la actividad que se limita a realizar a la parte quejosa, no es una actividad ilícita penada legalmente y mucho menos fue restringida en la Ley Federal del Trabajo, bajo acuerdos legislativos que demostrasen por qué dicha actividad no puede ser considerada especializada y por tanto restringida; de ahí que, aduce la promovente, el Acuerdo reclamado vulnera el principio de reserva de ley y subordinación jerárquica, puesto que es facultad del Congreso de la Unión expedir todas las leyes necesarias con el objeto de hacer efectivas todas sus atribuciones, entre ellas, las normas sobre el trabajo. Lo que así considera la parte quejosa, porque el Congreso de la Unión puede facultar a una autoridad administrativa para emitir disposiciones de observancia general, con la finalidad de pormenorizar y precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos con el fin de lograr su eficaz aplicación, para lo cual están sujetos a una serie de principios derivados del de seguridad jurídica, entre otros, el de reserva de ley, por lo que no deben incidir en el ámbito reservado a la ley, y ceñirse a lo previsto en el contexto formal y materialmente legislativo que habilita y condiciona su emisión, por lo que, tratándose de disposiciones de observancia general emitidas por alguna Secretaría de Estado, su finalidad debe ser la de regular aspectos eminentemente técnicos operativos que se encuentran en constante transformación, por lo que el órgano de la administración pública que las expida deberá ser especializado en los aspectos a normar, pero sin que ello tenga por alcance modificar los contornos trazados por la propia ley formalmente emanada del Congreso. En el caso, dice la promovente, el Congreso de la Unión no dio pauta a que los aspectos apuntados en el Acuerdo reclamado, relacionados con los "servicios especializados" o "actividades económicas preponderantes" fueran objeto de regulación por parte de la autoridad responsable, pues acotó dicha facultad exclusivamente a la expedición de la norma inherente al registro de personas físicas o morales que prestan servicios especializados o ejecuten obras especializadas. Expuesto lo anterior, se advierte que, el concepto de violación precisado en el punto dos resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, al contener la causa de pedir necesaria que permite determinar que el Acuerdo reclamado es inconstitucional, al vulnerar el principio de reserva de ley y subordinación jerárquica. En principio, cabe precisar que el Acuerdo General combatido es del tenor literal siguiente: "CONSIDERANDO Que, con fecha 23 de abril de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral. Que, con fecha 24 de mayo de 2021 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Que, la reforma en materia de subcontratación tiene como finalidad combatir mecanismos de simulación en las relaciones laborales, ya que estos provocan una afectación directa a los derechos laborales de los trabajadores, afectando su acceso a financiamientos, su capacidad de pago, su acceso a la vivienda, su capacidad de ahorro financiero a largo plazo, además de generar un menoscabo considerable en la recaudación por parte del Estado respecto de sus obligaciones de seguridad social y fiscales de los empleadores. Que, la reforma establece la prohibición de la subcontratación de personal y únicamente permite la contratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social o actividad preponderante de la empresa contratante. Que, conforme al citado ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15, de la Ley Federal del Trabajo, las empresas para acreditar el carácter especializado deben de proporcionar información y documentación relacionada con la capacitación, certificaciones, permisos o licencias, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio, experiencia, entre otros elementos, que sean indispensables para llevar a cabo su actividad. Que, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y está facultada para emitir el Aviso de registro a las contratistas que cumplan con los requisitos establecidos, y en su caso acrediten el carácter especializado del servicio u obra especializada. Que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las referidas disposiciones normativas en la aplicación de las mismas por parte de los inspectores del trabajo, he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL CUAL SE ESTABLECEN CRITERIOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DESUBCONTRATACIÓN RELACIONADOS CON LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN 1. Para efectos de las inspecciones en materia de subcontratación, la actividad de corte, cosecha o recolección del fruto forma parte de la actividad económica preponderante de las empresas o personas físicas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta, ya que es indispensable contar con el fruto cortado del árbol para iniciar con el proceso de venta, distribución, comercialización y exportación. Por tanto, en caso de que el fruto sea adquirido por parte de las empresas dedicadas al empaque, distribución y exportación de fruta en el árbol (en rama), los trabajadores deberán ser contratados por éstas. Por otra parte, si los frutos se adquieren cortados o cosechados, los trabajadores deberán ser contratados por el productor de los mismos. La actividad de corte, cosecha o recolección no se considera especializada, por consecuencia, resulta inviable su inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), por lo tanto, no podrían ser contratadas para realizar la actividad de corte, cosecha o recolección de frutos. 2. Las empresas que actualmente desempeñan la actividad de corte, cosecha o recolección de frutos podrán fungir como agencias de empleo o intermediarios en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación y transporte, siempre y cuando estas empresas no se consideren patrones. Podrán realizar estas actividades al amparo de lo previsto en el segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, dichas empresas para las actividades antes descritas podrán ser contratadas como empresas con actividad especializada, siempre y cuando cuenten con su registro ante el REPSE como empresa dedicada al reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación o transporte." De la transcripción anterior se colige que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió el Acuerdo por el cual estableció los criterios de inspección en materia de subcontratación relacionado con la agroindustria de la exportación, cuya finalidad es dar cumplimiento a la reforma en materia de subcontratación; esto, para el efecto de precisar los lineamientos a aplicarse por los inspectores del trabajo en uso de sus atribuciones y obligaciones, a fin de dar cumplimiento a dicha reforma. Con relación a ello, los inspectores de trabajo al aplicar el decreto en materia de inspección, deben considerar los siguientes aspectos: 1. Que la actividad de corte, cosecha o recolección del fruto, forma parte de la actividad económica preponderante de las empresas o personas físicas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta, ya que es indispensable contar con el fruto cortado del árbol para iniciar con el proceso de venta, distribución, comercialización y exportación. 2. Que en caso de que el fruto sea adquirido por parte de las empresas dedicadas al empaque, distribución y exportación de fruta en el árbol (en rama), los trabajadores deberán ser contratados por éstas. Por otra parte, si los frutos se adquieren cortados o cosechados, los trabajadores deberán ser contratados por el productor de los mismos. 3. La actividad de corte, cosecha o recolección no se considera especializada, por consecuencia, resulta inviable su inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE); por tanto, no podrían ser contratadas para realizar la actividad de corte, cosecha o recolección de frutos. 4. Las empresas que actualmente desempeñan la actividad de corte, cosecha o recolección de frutos podrán fungir como agencias de empleo o intermediarios en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación y transporte, siempre y cuando estas empresas no se consideren patrones. Podrán realizar estas actividades al amparo de lo previsto en el segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. 5. Que dichas empresas para las actividades antes descritas podrán ser contratadas como empresas con actividad especializada, siempre y cuando cuenten con su registro ante el REPSE como empresa dedicada al reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación o transporte. Ahora bien, los artículos 73, fracción XXXI, 90 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Art. 73.- El Congreso tiene facultad: (.) XXXI.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. (.) Art. 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación". (.) Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo.". Los preceptos transcritos, en lo que interesa, señalan que es facultad del Congreso de la Unión expedir todas las leyes necesarias con el objeto de hacer efectivas todas sus atribuciones, entre ellas, las normas sobre el trabajo. Asimismo, que la Administración Pública Federal se regirá conforme lo que establezca el Congreso, el cual distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado. En términos de dichos numerales, el Congreso de la Unión puede facultar a una autoridad administrativa para emitir disposiciones de observancia general, con la finalidad de pormenorizar y precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos con el fin de lograr su eficaz aplicación, para lo cual, están sujetos a una serie de principios derivados del de seguridad jurídica, entre otros, el de reserva de ley, por lo que no deben incidir en el ámbito reservado a la ley, y ceñirse a lo previsto en el contexto formal y materialmente legislativo que habilita y condiciona su emisión. En relación con el principio de reserva de ley, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 30/2007, consideró que éste se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley; esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer, por sí mismo, la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias. Por su parte, la Segunda Sala del más Alto Tribunal de Justicia de nuestro país, al realizar la interpretación teleológica de artículo 49 de la Carta Magna, llegó a la conclusión de que atendiendo al principio de división de poderes del poder constituyente, no existía disposición constitucional alguna que impidiera al Congreso de la Unión habilitar a las autoridades que orgánicamente se ubican en los poderes ejecutivo o judicial, para expedir disposiciones de observancia general, siempre y cuando éstas se ajustaran al principio de primacía de la ley. Esto significa que, la regulación contenida en estas normas de rango inferior, no podría derogar, limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente legislativos. Así, derivó el criterio jurisprudencial 143/2002, consultable en la página 239, del tomo XVI, diciembre de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185404, de rubro y texto: "DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación histórica, causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que con el establecimiento del principio de división de poderes se buscó, por un lado, dividir el ejercicio del poder y el desarrollo de las facultades estatales entre diversos órganos o entes que constitucionalmente se encuentran en un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco; y, por otro, atribuir a los respectivos órganos, especialmente a los que encarnan el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la potestad necesaria para emitir, respectivamente, los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales de mayor jerarquía en el orden jurídico nacional, de donde se sigue que la prohibición contenida en el referido numeral, relativa a que el Poder Legislativo no puede depositarse en un individuo, conlleva que en ningún caso, salvo lo previsto en los artículos 29 y 131 de la propia Norma Fundamental, un órgano del Estado diverso al Congreso de la Unión o a las Legislaturas Locales, podrá ejercer las atribuciones que constitucionalmente les son reservadas a éstos, es decir, la emisión de los actos formalmente legislativos, por ser constitucionalmente la fuente primordial de regulación respecto de las materias que tienen una especial trascendencia a la esfera jurídica de los gobernados, deben aprobarse generalmente por el órgano de representación popular. En tal virtud, si al realizarse la distribución de facultades entre los tres poderes, el Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución no reservaron al Poder Legislativo la emisión de la totalidad de los actos de autoridad materialmente legislativos, y al Presidente de la República le otorgaron en la propia Constitución la facultad para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia de la ley, con el fin de que tal potestad pudiera ejercerse sin necesidad de que el propio Legislativo le confiriera tal atribución, debe concluirse que no existe disposición constitucional alguna que impida al Congreso de la Unión otorgar a las autoridades que orgánicamente se ubican en los Poderes Ejecutivo o Judicial, la facultad necesaria para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, derivado de lo previsto en el artículo 72, inciso H), constitucional, lo que conlleva que la regulación contenida en estas normas de rango inferior, no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente legislativos, los que tienen una fuerza derogatoria y activa sobre aquéllas, pues pueden derogarlas o, por el contrario, elevarlas de rango convirtiéndolas en ley, prestándoles con ello su propia fuerza superior." Sobre dicho tópico, el Tribunal Pleno señaló que el Estado mexicano había experimentado un gran desarrollo en sus actividades administrativas, lo que provocó transformaciones en su estructura y funcionamiento, por lo que era necesario dotar a órganos del Estado ajenos al poder legislativo de atribuciones de naturaleza normativa. Una de las normas secundarias que tienden a regular actos materialmente legislativos son las disposiciones de observancia general, las cuales se fundan en una cláusula habilitante prevista en una ley o en un reglamento al tenor de la cual una autoridad administrativa diversa al Presidente de la República es dotada por el poder legislativo de la atribución para emitir disposiciones generales y así pormenorizar lo previsto en una ley o en un reglamento. Lo anterior ha generado la creación de los mecanismos reguladores denominados "cláusulas habilitantes", que constituyen actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la Administración Pública Federal, para regular alguna situación específica. Dichas cláusulas tienen por efecto esencial ampliar las atribuciones conferidas a la administración y demás órganos del Estado, las cuales le permiten actuar expeditamente dentro de un marco definido de acción, susceptible de control a través del principio de legalidad. De tal manera que, las autoridades ajenas al Poder Legislativo, además de realizar su función para la que fueron creadas, también pueden emitir actos de autoridad de forma unilateral que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas, que pueden o no tener efectos hacia el exterior del órgano; esto es, que sólo afecten las relaciones jurídicas entre las personas que lo conforman, o que afecten a cualquier gobernado, con todos esos elementos distintivos de la ley (generales, impersonales y abstractas). Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis XXI/2003, sustentada por el Pleno aludido, publicada en la página 9, del tomo XVIII, diciembre de 2003, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 182710, de rubro y texto: "CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS. En los últimos años, el Estado ha experimentado un gran desarrollo en sus actividades administrativas, lo que ha provocado transformaciones en su estructura y funcionamiento, y ha sido necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo de atribuciones de naturaleza normativa para que aquél enfrente eficazmente situaciones dinámicas y altamente especializadas. Esta situación ha generado el establecimiento de mecanismos reguladores denominados "cláusulas habilitantes", que constituyen actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en el hecho de que el Estado no es un fenómeno estático, pues su actividad no depende exclusivamente de la legislación para enfrentar los problemas que se presentan, ya que la entidad pública, al estar cerca de situaciones dinámicas y fluctuantes que deben ser reguladas, adquiere información y experiencia que debe aprovechar para afrontar las disyuntivas con agilidad y rapidez. Además, la adopción de esas cláusulas tiene por efecto esencial un fenómeno de ampliación de las atribuciones conferidas a la administración y demás órganos del Estado, las cuales le permiten actuar expeditamente dentro de un marco definido de acción, susceptible de control a través del principio de legalidad; en la inteligencia de que el establecimiento de dicha habilitación normativa debe realizarse en atención a un equilibrio en el cual se considere el riesgo de establecer disposiciones que podrían propiciar la arbitrariedad, como generar situaciones donde sea imposible ejercer el control estatal por falta de regulación adecuada, lo que podría ocurrir de exigirse que ciertos aspectos dinámicos se normen a través de una ley". Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal de la Federación determinó que la habilitación conferida por el Congreso de la Unión a una autoridad administrativa para expedir disposiciones de observancia general, no conlleva una delegación de facultades legislativas, ni pugna con el principio de división de poderes, tomando en cuenta que tales disposiciones tienen una naturaleza diversa a la que corresponde a los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes dictadas por el Presidente de la República, al dirigirse a facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción. Al respecto es aplicable la tesis XII/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo XV, abril de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187113, de rubro y texto: "REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA HABILITAR A LAS SECRETARÍAS DE ESTADO A FIN DE EXPEDIRLAS, NO CONSTITUYE UNA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS. El hecho de que el Congreso de la Unión autorice a las secretarías de Estado a emitir reglas técnico-operativas de observancia general en su ramo, no entraña una delegación de facultades, pues aquel órgano legislativo no se despoja de una facultad propia, lo que constituye una condición insalvable de todo acto delegatorio, sino que asigna directamente a un órgano de la administración pública federal, una tarea operativa para facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción. Lo anterior se justifica en la medida en que el Poder Legislativo no suele ocuparse de esos detalles técnico-operativos que surgen en el funcionamiento de la administración pública; de ahí que resulte apropiado que los secretarios de Estado, como integrantes de la administración pública federal y conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenten con las atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la ley específica que expida el Congreso de la Unión". Así como el criterio aislado XIV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del tomo XV, abril de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187112, que dice: "REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LAS DICTADAS EN EJERCICIO DE UNA FACULTAD CONFERIDA POR LA LEY A UNA SECRETARÍA DE ESTADO, NO PUGNAN CON EL PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO. El primer párrafo del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que "La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado". De lo anterior se deduce que las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley expedida por el Congreso de la Unión a una secretaría de Estado constituyen una categoría de ordenamientos que no son de índole legislativa ni reglamentaria, sino que se trata de cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública, por lo que su expedición no pugna con el principio de distribución de atribuciones entre los diferentes órganos del poder público. Lo anterior es así, porque los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, cuya expedición compete al presidente de la República, en términos de lo dispuesto en el artículo 92 de la propia Carta Magna, tienen diferente forma y materia que las reglas citadas, y mientras el Congreso de la Unión no interfiera en la formación de aquellos actos, puede conferir directamente a los secretarios de Estado la atribución de expedir reglas técnico-operativas dentro del campo de una ley específica; de manera que si el otorgamiento de atribuciones por la Norma Fundamental a los diferentes órganos gubernativos no puede extenderse analógicamente a otros supuestos distintos a los expresamente previstos en aquélla, las reglas técnicas y operativas están fuera del ámbito exclusivo del titular del Poder Ejecutivo, al gravitar dentro de la potestad legislativa del Congreso de la Unión para autorizar su expedición mediante una ley a alguna o varias de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, cuya distribución de competencias figura tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como en las demás leyes que le incumben al Congreso de la Unión". En ese tenor, cabe precisar que, en el orden jurídico federal mexicano, las disposiciones de observancia general se ubican por debajo de las Leyes del Congreso de la Unión y de los Reglamentos del Presidente de la República, pues son emitidas por autoridades administrativas diversas al titular del ejecutivo federal, con base en una actuación formalmente legislativa o formalmente reglamentaria que contiene una cláusula habilitante que, a su vez, se sustenta constitucionalmente en lo dispuesto, entre otros, en los artículos 73, fracción XXXI, y 90 de la Constitución General de la República. Tal criterio que fue sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del Estado Mexicano, al resolver la contradicción de tesis 84/2001, que dio origen a la jurisprudencia 107/2004, visible en la página 109, del tomo XX, septiembre de 2004 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 180700, que dispone: "COMERCIO EXTERIOR. LAS REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EN ESA MATERIA PUEDEN REGULAR OBLIGACIONES DE LOS GOBERNADOS, SIEMPRE Y CUANDO RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y RESERVA REGLAMENTARIA, Y SE APEGUEN AL CONTEXTO LEGAL Y REGLAMENTARIO QUE RIGE SU EMISIÓN. Las referidas reglas generales las emite el Presidente del Servicio de Administración Tributaria con base en los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, los que a su vez se sustentan en los diversos 73, fracción XXX y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no existe impedimento constitucional para que mediante esas reglas se regulen determinadas obligaciones de los gobernados, siempre y cuando no incidan en una materia sujeta a reserva de ley y no rebasen el contexto legal y reglamentario que rige su emisión, aunado a que aquéllas no se rigen por lo previsto en los artículos 33, penúltimo párrafo y35 del Código Fiscal de la Federación, ya que éstos se refieren a los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas que inciden en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que por su propia naturaleza no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativos sobre el alcance de alguna disposición de observancia general, y de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgar derechos a los contribuyentes, a diferencia de las citadas reglas generales, que son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, en virtud de sentencia dictada en algún medio de defensa jurisdiccional establecido por el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos total o parcialmente, por no respetar los mencionados principios que rigen su emisión". Por ende, tratándose de disposiciones de observancia general emitidas por alguna Secretaría de Estado, su finalidad debe ser la de regular aspectos eminentemente técnicos-operativos, que se encuentran en constante transformación, por lo que el órgano de la administración pública que las expida deberá ser especializado en los aspectos a normar. Dicho de otra forma, se limitan a establecer disposiciones que permitan o faciliten la operación de un determinado sistema legal dentro del ámbito establecido por éste, pero sin que ello tenga por alcance modificar los contornos trazados por la propia ley formalmente emanada del Congreso. Resulta ilustrativa la tesis XV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del tomo XV, abril de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 187114, que se transcribe: "REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. De lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del presidente de la República para emitir reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, refrendados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, se infiere que tienen un contenido específico que los diferencia de las reglas generales administrativas, pues estas últimas son cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública; mientras que los reglamentos constituyen un conjunto de normas de carácter general para dar cumplimiento a las leyes; los decretos administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios públicos; las órdenes constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos y los acuerdos administrativos constituyen decisiones del titular del Poder Ejecutivo Federal dirigidas a los órganos subordinados, cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna, que no atañen a los particulares o a otros sujetos de derecho que no tengan carácter de funcionarios o trabajadores al servicio del Estado". En ese sentido, la atribución que se confiere a las autoridades de la Administración Pública Federal para implementar los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las diferentes normas emitidas por el Congreso o por el Presidente de la República se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito de su respectiva competencia, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa. Por ello, atento a su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de alguna norma de esa naturaleza y, en su caso, de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los gobernados. Es decir, se trata de la difusión del alcance que conforme al criterio de una autoridad administrativa debe darse a una norma general, sin que tal interpretación sea vinculatoria para los gobernados, lo que se explica porque no son actos producto del ejercicio de una potestad normativa que permite establecer nuevos supuestos y las correspondientes consecuencias de derecho, sino simplemente de interpretaciones administrativas. Es así, porque las disposiciones de observancia general tienen como finalidad pormenorizar y precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República con el fin de lograr su eficaz aplicación. Dichas disposiciones están sujetas a una serie de principios que tutelan el principio de seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva de la ley y primacía de la ley, por lo que no deben incidir en el ámbito reservado a la ley ni ir en contra de lo dispuesto en ésta, para lo cual deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión. Ilustra, por las razones que informa, la tesis VIII/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 1055, del tomo XXXI, marzo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164872, que señala: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO DELIMITA CONSIDERAR ACTIVIDADES CON EL PÚBLICO EN GENERAL A LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR CONTRIBUYENTES DEDICADOS A ACTIVIDADES COMERCIALES, VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004 Y 2005). El citado precepto, al delimitar que cuando se trate de operaciones efectuadas por contribuyentes dedicados a actividades comerciales, en términos del artículo 16, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se entenderá que se realizan con el público en general, para efectos de la expedición de los comprobantes fiscales, vulnera el principio de subordinación jerárquica contenido en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en dicho apartado normativo no se desarrolla ni concreta lo dispuesto en el artículo 32, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, o en otra ley, sino que a partir de su texto se crea una nueva obligación para los contribuyentes que no se dediquen a esas actividades, ya que deben expedir los comprobantes con el tributo repercutido en forma expresa y por separado, en cualquier operación, dado que no quedaron incluidos en la definición, siendo que la actividad a la que se dedican los sujetos obligados no es un aspecto relevante para cumplir con las obligaciones fiscales en el impuesto al valor agregado, antes bien, es un elemento ajeno a la tributación, según se advierte de los artículos 1o., 2o.-A y 8o. de la Ley indicada, 29-A del Código Fiscal de la Federación y 37 de su Reglamento, porque únicamente se requiere que se realicen las operaciones gravadas en la ley para estar obligados a pagar el impuesto, así como a cumplir con la expedición de comprobantes fiscales, en particular, con el requisito de separar expresamente el tributo causado si el acto o actividad no se llevó a cabo con el público en general, o bien, de no realizar el desglose relativo cuando las operaciones se hagan con ese público, sin importar la calidad del contribuyente -persona física, moral, privada, pública u oficial- o la actividad a la que esporádica o permanentemente se dediquen -empresarial o no-. Cabe aclarar que este criterio no abandona el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 91/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).", en tanto que ésta analizó otro supuesto del artículo 47 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el que se exceptúa de las operaciones realizadas con el público en general a las desarrolladas por mayoristas, medio mayoristas o envasadores". Al respecto, importa destacar que la reserva de ley puede ser: a) Absoluta: se origina cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal, por lo que, la materia reservada a ésta no puede ser regulada por otras fuentes, como lo sería un reglamento; o, b) Relativa: permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. Es aplicable, la tesis CXLVIII/97, del Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 78, del tomo VI, noviembre de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197375, de rubro y contenido: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. Este alto tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el artículo 31 constitucional, al expresar en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. Así, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador. En suma, la clasificación de la reserva de ley en absoluta y relativa se formula con base en el alcance o extensión que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Si en la reserva absoluta la regulación no puede hacerse a través de normas secundarias, sino sólo mediante las que tengan rango de ley, la relativa no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia respectiva. Precisado lo anterior, este alto tribunal considera que en materia tributaria la reserva es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley, y además constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria". Bajo ese contexto, se tiene que la parte quejosa combate el Acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación, el que se materializó como primer acto de aplicación, en el acta de inspección extraordinaria en materia de subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, levantada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente 244/000737/2023; Acuerdo que fue expedido por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con apoyo, entre otros, en los numerales 14, 16, 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como en los dispositivos 13, 14, 15, 132, 523 y 527, de la Ley Federal del Trabajo; y en los arábigos 1, 2, 4, 5 y 18 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que disponen: LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL: "Artículo 14.- Al frente de cada Secretaría de Estado habrá una persona titular, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las personas titulares de las subsecretarías, de las Unidades de Administración y Finanzas, de las jefaturas de unidad, de las direcciones, de las subdirecciones, de las jefaturas de departamento, y demás personas funcionarias, en los términos que establezca el reglamento interior respectivo y las disposiciones legales aplicables. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina contarán cada una con una Oficialía Mayor, que tendrá las funciones establecidas en el artículo 20 de esta Ley y las que determinen sus reglamentos interiores. En los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los Secretarios de Estado serán resueltos dentro del ámbito de su Secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables. (.)" "Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de esta Ley, cualesquiera de sus facultades, excepto aquéllas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. Los propios titulares de las Secretarías de Estado también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las Subsecretarías y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación." "Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: (.) Secretaría de Trabajo y Previsión Social. (.)" "Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I.- Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;" LEY FEDERAL DEL TRABAJO: "Artículo 13.- Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta Ley. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción X de la Ley del Mercado de Valores." "Artículo 14.- La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones." "Artículo 15.- Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada tres años. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los veinte días posteriores a la recepción de la misma, de no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente, dentro de los tres días siguientes a la presentación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos por esta Ley. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón, que deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo. (.)" "Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos;" "Artículo 523.- La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: I. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; (.)" "Artículo 527.- La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de: I. Ramas industriales y de servicios: 1. Textil; 2. Eléctrica; 3. Cinematográfica; 4. Hulera; 5. Azucarera; 6. Minera; 7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos; 8. De hidrocarburos; 9. Petroquímica; 10. Cementera; 11. Calera; 12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 14. De celulosa y papel; 15. De aceites y grasas vegetales; 16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 18. Ferrocarrilera; 19. Maderera básica que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera; 20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado o de envases de vidrio; 21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; y 22. Servicios de banca y crédito. II. Empresas: 1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, o concesión federal y las industrias que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se considera que actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado en forma regular y continua, para la satisfacción del interés colectivo, a través de cualquier acto administrativo emitido por el gobierno federal, y 3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. También corresponderá a las autoridades federales lo relativo al cumplimiento de las obligaciones patronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Corresponderá a la Autoridad Registral conocer únicamente los actos y procedimientos relativos al registro de todos los contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo y de los sindicatos." REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: "Artículo 1. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, otras leyes, así como los reglamentos, decretos y acuerdos del Presidente de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables." "Artículo 2. Al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, habrá un Secretario del Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de: A. Unidades Administrativas: (.)" "Artículo 4. La representación, trámite y resolución de los asuntos que competen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, corresponde originalmente al Titular de la Secretaría quien, para la mejor distribución y desarrollo de sus facultades, podrá: (.) III. Celebrar acuerdos o convenios de colaboración, de coordinación y de concertación, así como los demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus facultades; emitir los acuerdos administrativos y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades; (.)" "Artículo 5. El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá las facultades indelegables siguientes: I. Establecer las políticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; supervisar la programación y presupuestación de dicha Dependencia, así como conocer la operación y resultados de las entidades paraestatales que se encuentren sectorizadas a esta; (.)" "Artículo 18. La Dirección General de Inspección Federal del Trabajo tiene las atribuciones siguientes: I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados o acuerdos internacionales celebrados conforme a la misma, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, normas oficiales mexicanas, instructivos, convenios, acuerdos y contratos de trabajo, así como de todas aquellas disposiciones dictadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en ejercicio de sus atribuciones, y solicitar por escrito o a través de medios electrónicos, directa o indirectamente, a los patrones, trabajadores e integrantes de las comisiones a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, la información y documentación necesaria para el cumplimiento de esta atribución;" Al respecto la Secretaría aludida, señala que dicha disposición de observancia general tiene su origen en una determinación adoptada por el Congreso de la Unión, específicamente en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entre otras, en materia de Subcontratación Laboral, publicado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en el que, en lo que atañe al caso, dispone lo siguiente: "Artículo Primero. Se reforman los artículos 12; 13; 14; 15; 127, primer párrafo; 1004-A, y 1004-C; se adicionan un tercer párrafo del artículo 41; una fracción VIII al artículo 127, y se derogan los artículos 15-A; 15-B; 15-C, y 15-D, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: Artículo 12.- Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se considerarán patrones ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Artículo 13.- Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta Ley. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción X de la Ley del Mercado de Valores. Artículo 14.- La subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Artículo 15.- Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada tres años. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud de registro dentro de los veinte días posteriores a la recepción de la misma, de no hacerlo, los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente, dentro de los tres días siguientes a la presentación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que dé lugar. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo el registro de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos por esta Ley. Las personas físicas o morales que obtengan el registro a que se refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón, que deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo. Artículo 15-A. Se deroga. Artículo 15-B. Se deroga. Artículo 15-C. Se deroga. Artículo 15-D. Se deroga. Artículo 41.- ... (...) Para que surta efectos la sustitución patronal deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. (...) Artículo 127.- El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajustará a las normas siguientes: I. a VII. (...) VIII. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. (...) Artículo 1004-A.- Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella. Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización. (...) Artículo 1004-C.- A quien realice subcontratación de personal a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta Ley, se le impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará vista de los hechos a las autoridades que resulten competentes. Igual sanción a la establecida en el párrafo anterior será aplicable a aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación en contravención a lo estipulado en los artículos 12, 13, 14 y 15 de esta Ley. (...) Artículo Segundo. Se reforman los artículos 15 A; 304 A, fracción XXII, y 304 B, fracción IV; se adiciona una fracción V al artículo 304 B, y se deroga el segundo párrafo del artículo 75, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: (...) Artículo 15 A. La contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deberán cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con otra persona física o moral que incumpla las obligaciones en materia de seguridad social, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate, conforme a lo siguiente: I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón social; Registro Federal de Contribuyentes, domicilio social o convencional en caso de ser distinto al fiscal, correo electrónico y teléfono de contacto. II. De cada contrato: Objeto; periodo de vigencia; relación de trabajadores u otros sujetos que prestarán los servicios especializados o ejecutarán las obras especializadas a favor del beneficiario, indicando su nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, así como nombre y Registro Federal de Contribuyentes del beneficiario de los servicios por cada uno de los contratos. III. Copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en el presente ordenamiento, el Instituto y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberán celebrar convenios de colaboración, para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, en su respectivo ámbito de competencia. El Instituto informará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del incumplimiento a los requisitos indicados en el presente artículo para los efectos señalados en la propia Ley Federal del Trabajo. Artículo 75. (...) Se deroga. Artículo 304 A. (...) I. a XXI. (...) XXII. No presentar o presentar fuera del plazo legal establecido, la información señalada en el artículo 15 A de esta Ley. Artículo 304 B. ... I. a III. (...) IV. Las previstas en las fracciones I, II, XII, XIV, XVII, XX y XXI, con multa equivalente al importe de veinte a trescientas cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. V. La prevista en la fracción XXII, con multa equivalente al importe de 500 a 2000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Artículo Tercero. Se reforman los artículos 29, tercer párrafo, y 29 Bis, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: Artículo 29.- (...) I. a IX. (...) En caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta Ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de tres meses, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón. Artículo 29 Bis.- Las personas físicas o morales que se encuentren registradas en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, deberán proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate, conforme a lo siguiente: a) Datos Generales; b) Contratos de servicio; c) Los Montos de las Aportaciones y Amortizaciones; d) Información de los trabajadores; e) Determinación del salario base de aportación, y f) Copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los requisitos antes señalados y las fechas de presentación ante el Instituto deberán cumplirse conforme a los procedimientos que el Instituto publique a través de medios electrónicos. La persona física o moral que contrate la prestación de servicios o la ejecución de obras con una empresa que incumpla las obligaciones contenidas en la presente Ley, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. Para la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en el presente ordenamiento, el Instituto y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberán celebrar convenios de colaboración, para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, en su respectivo ámbito de competencia. El Instituto informará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del incumplimiento a los requisitos indicados en el presente artículo para los efectos señalados en la propia Ley Federal del Trabajo. Artículo Cuarto. Se adicionan un artículo 15-D; una fracción XVI al artículo 26; un inciso h) a la fracción II del artículo 75; una fracción XLV al artículo 81; una fracción XLI al artículo 82, y un inciso i) al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: Artículo 15-D. No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: I. Cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante, originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieren sido transferidos al contratista, mediante cualquier figura jurídica, y II. Cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y se cumplan con los demás requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respectivamente. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes: I. a XV. (...) XVI. Las personas morales o personas físicas, que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15-D del presente Código, por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio. XVII. a XIX. (...) (...) Artículo 75.- (...) I. (...) II. (...) a) a g) (...) h) Realizar la deducción o acreditamiento, en contravención a lo señalado en los artículos 28, fracción XXXIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 4o., tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. III. a VII. (...) Artículo 81. (...) I. a XLIV. (...) XLV. Cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación a que se refieren los artículos 27, fracción V, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 5o., fracción II, segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 82. (...) I. a XL. (...) XLI. De $150,000.00 a $300,000.00 a la establecida en la fracción XLV, por cada obligación de entregar información no cumplida. Artículo 108.- (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) a) a h) (...) i) Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, descritas en el artículo 15-D, penúltimo párrafo, de este Código, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafos de dicho artículo. (...) (...) (...) Artículo Quinto. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción V del artículo 27 y la fracción XXXIII al artículo 28, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: Artículo 27. (...) I. a IV. (...) V. (...) (...) Tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que le hayan proporcionado el servicio o ejecutado la obra correspondiente, del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, del pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El contratista estará obligado a entregar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. VI. a XXII. (...) Artículo 28. (...) I. a XXXII. (...) XXXIII. Los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15-D, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación. ... Artículo Sexto. Se adicionan a los artículos 4o., con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo; y 5o., fracción II, con un segundo párrafo, y se deroga la fracción IV del artículo 1o.-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: Artículo 1o.-A.- (...) I. a III. (...) IV. (Se deroga). (...) (...) (...) (...) Artículo 4o.- (...) (...) El impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el artículo 15-D, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, no será acreditable en los términos de la presente Ley. (...) Artículo 5o.- (...) I. (...) II. (...) Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, cuando se trate de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15-D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, el contratante deberá verificar que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, deberá obtener del contratista copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que el contratante efectuó el pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado. A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, la cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el impuesto al valor agregado que se le haya trasladado. El contratante, en caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción en el plazo señalado, deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. III. a VI. (...) Artículo Séptimo. Se adiciona un artículo 10 Bis, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: Artículo 10 Bis.- Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo Octavo. Se adiciona un artículo 2o. Bis, a la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ARTÍCULO 2o. Bis.- Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las instituciones a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Transitorios Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en los artículos Cuarto, Quinto y Sexto del presente Decreto, que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021 y lo previsto en los artículos Séptimo y Octavo del presente Decreto entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2022. Segundo. Dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 15, párrafo sexto, de la Ley Federal del Trabajo. Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que prevé el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, en un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la publicación de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 15, párrafo sexto, de dicha Ley. Cuarto. Para fines de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de los bienes objeto de la empresa o establecimiento durante el plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que la persona contratista transfiera a la persona beneficiaria a los trabajadores en dicho plazo. En todo caso se deberán reconocer los derechos laborales, incluida su antigüedad, que se hubieran generado por el efecto de la relación de trabajo. Quinto. Aquellos patrones que, en términos del segundo párrafo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, previo a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiesen solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social la asignación de uno o más registros patronales por clase, de las señaladas en el artículo 73 de la Ley del Seguro Social, para realizar la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional, contarán con un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas legales para dar de baja dichos registros patronales y de ser procedente, solicitar al mencionado Instituto se le otorgue un registro patronal en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Una vez concluido dicho plazo, aquellos registros patronales por clase que no hayan sido dados de baja, serán dados de baja por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sexto. Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberán empezar a proporcionar la información a que se refieren las fracciones I y II del artículo 15 A de la Ley del Seguro Social, dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La información a que se refiere la fracción III del citado artículo deberá ser presentada, una vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ponga a disposición de dichas personas, el mecanismo para la obtención del documento de referencia. Séptimo. Para efectos de la Ley del Seguro Social, durante los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, se considerará como sustitución patronal la migración de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo terminados, ante las instancias legales correspondientes. En estos supuestos aplicarán las siguientes reglas, para efectos de la determinación de la clase, fracción y prima del Seguro de Riesgos de Trabajo: 1.- La empresa que absorba a los trabajadores deberá auto clasificarse conforme a los criterios que se establecen en los artículos 71, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social, y de acuerdo a los artículos 18, 20 y al Catálogo de Actividades previsto en el artículo 196, todos del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, debiendo conservar la prima con la que venía cotizando la empresa que tenía los trabajadores registrados en el IMSS, siempre y cuando dicha empresa haya estado correctamente clasificada conforme a los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trataba y a las disposiciones normativas aplicables, en caso contrario deberá cotizar con la prima media de la clase que le corresponda. 2.- Tratándose de una empresa que absorba a los trabajadores de otra u otras empresas, con la misma o distintas clases, y que en virtud de ello deban ajustar su clasificación a las nuevas actividades que llevará a cabo; la clase y fracción se determinará atendiendo a los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate y la prima se obtendrá de aplicar el procedimiento siguiente: a) Por cada registro patronal, tanto de la empresa que absorbe como de la otra u otras empresas a sustituir, se multiplicará la prima asignada por el total de los salarios base de cotización de los trabajadores comprendidos en el mismo. El salario base de cotización a considerar, será el del mes previo al que se comunique la sustitución al Instituto. b) Se sumarán los productos obtenidos conforme al inciso anterior y el resultado se dividirá entre la suma de los salarios base de cotización del total de los trabajadores comprendidos en todos los registros patronales. c) La prima así obtenida se aplicará al registro patronal de la empresa que absorbe a los trabajadores y estará vigente hasta el último día del mes de febrero posterior a la sustitución. d) Para efectos de la determinación de la prima del ejercicio siguiente, la empresa que absorbe a los trabajadores deberá considerar los riesgos de trabajo terminados que les hubiesen ocurrido a dichos trabajadores en el ejercicio correspondiente. Lo anterior, siempre y cuando las empresas que se pretendan sustituir hayan estado correctamente clasificadas conforme a los riesgos inherentes a la actividad de la o las negociaciones de que se trataban y a las disposiciones normativas aplicables, en caso contrario deberán cotizar a la prima media de la clase que les corresponda. Las empresas que cuenten a la fecha de la entrada en vigor de las presentes disposiciones con un Convenio de Subrogación de Servicios Médicos con Reversión de Cuotas vigente, y que en términos de estas disposiciones lleven a cabo una sustitución patronal, no serán objeto de modificación de las condiciones pactadas en el mismo. Vencido el plazo de 90 días naturales aplicarán las reglas previstas tanto en la Ley del Seguro Social como en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Octavo. Dentro del plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deberá expedir las reglas que establezcan los procedimientos a que se refiere el artículo 29 Bis, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberán empezar a proporcionar la información a que se refiere el inciso f) del artículo 29 Bis, una vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ponga a disposición de dichas personas, el mecanismo para la obtención del documento de referencia. Noveno. Las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto serán sancionadas de conformidad con la legislación vigente al momento de la comisión de los hechos. Décimo. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente Decreto, realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo, se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará el presupuesto regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores". Como se ve, en el aludido Decreto se incorporó al numeral 12 de la Ley Federal del Trabajo la prohibición de la subcontratación de personal, la cual se daba cuando una persona proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra y se dispuso que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros, sin que éstas se considerarán patrones, ya que este carácter lo tenía quien se beneficiaba de los servicios. Asimismo, el Decreto estableció en el dispositivo 13 de la legislación referida la posibilidad de que existiera la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos, siempre que el contratista se encuentre en el padrón respectivo (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas). Igualmente, el Decretó añadió en el arábigo 14 de la aludida ley laboral que esa subcontratación deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato; además, se previó que quien subcontrate con un contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. De la misma forma, el Decreto implementó en el dispositivo 15 de la Ley Federal del Trabajo que quienes proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual deberá ser renovado cada tres años, puntualizó, en lo que interesa, lo siguiente: "la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo". En acatamiento a ese mandato del Congreso Federal, dicha Secretaría expidió el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, publicado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en el que, se precisaron las disposiciones generales del registro en el padrón (requisitos y requerimientos de ingreso), el proceso para incorporarse a él, supuestos de negativa, cancelación y renovación del registro y diversas disposiciones finales. Ahora, después de contrastar los disensos, con el Acuerdo reclamado, a la luz del marco normativo esbozado, se considera que la norma impugnada resulta inconstitucional. En efecto, en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entre otras, en materia de Subcontratación Laboral, publicado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, el Congreso de la Unión permitió la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos, sin mayor limitante que el contratista se encontrara en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, por lo cual el Poder Legislativo dejó en manos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedir las disposiciones de carácter general que determinaran los procedimientos relativos al padrón referido. Esto cobra relevancia al caso, porque evidencia que el legislador federal en ningún momento dotó a la autoridad administrativa mencionada de la potestad para establecer, en una disposición de observancia general, supuestos específicos en los que se determinara la existencia de "servicios especializados" o "actividades económicas preponderantes", pues acotó dicha facultad exclusivamente a la expedición de la normativa inherente al Registro. En otras palabras, la normativa vigente con antelación a la entrada en vigor del Acuerdo reclamado, permitía que cualquier actividad especializada, sin distinción alguna, pudiera ser materia de subcontratación únicamente con las siguientes limitantes: i) que no formaran parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de ese servicio; ii) que la contratista estuviera inscrita en el Registro en mención; y, iii) que dicho registro estuviera vigente. No obstante lo anterior, la Secretaría responsable impuso en el Acuerdo combatido limitaciones adicionales en materia de subcontratación, al establecer lo siguiente: 1. Las actividades de corte, cosecha o recolección de fruto forman parte de la actividad económica preponderante de quienes se dediquen al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta. 2. Las actividades precisadas en primer término no se considerarán especializadas y, por tal motivo, es inviable su inscripción en el Registro, por lo que no pueden ser contratadas para realizar dichas actividades. 3. Quienes se dediquen actualmente al corte, cosecha o recolección de fruto, ya no pueden desempeñar esa actividad como tal y, por ende, solamente pueden fungir como agencias de empleo o intermediarios en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación y transporte, siempre y cuando esas empresas no se consideren patrones (para lo cual es indispensable que cuenten con el registro respectivo como empresas dedicadas a las actividades indicadas en último término). Como se aprecia, la norma reclamada desatiende a lo ordenado en el citado Decreto, pues lejos de complementarlo, aclararlo o interpretarlo en la materia que se le permitió regular (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas), lo que hace es contradecirlo, al versar sobre una temática distinta a la que le era disponible y, además, impone mayores alcances o restricciones que los que la propia norma de origen prevé. Así, la vulneración al principio de reserva de ley y subordinación jerárquica desemboca en la afectación al derecho de seguridad jurídica de quienes, antes de la entrada en vigor de la norma impugnada, se dedicaban a las actividades indebidamente reguladas en el Acuerdo reclamado. Ello, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ilegalmente estableció en la citada norma jerárquicamente inferior un impedimento a la subcontratación tratándose de acuerdos de voluntades celebrados entre personas que se dedicaran a las actividades especificadas; además, en perjuicio de las empresas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta, desconoce el carácter especializado de una actividad previamente registrada y avalada como tal por dicha autoridad; e, indebidamente, en detrimento de las empresas aludidas, limita a quienes se dediquen al corte, cosecha o recolección de fruto, a que desempeñen esa actividad, porque solamente les permite fungir como agencias de empleo o intermediarios en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación y transporte; es decir, propicia una variación en relación con el objeto social y propósito para el cual se decidió inicialmente realizar la actividad mencionada en primer plano. Todo lo anterior, pese a que el Congreso de la Unión no dio pauta a que los aspectos apuntados fueran objeto de regulación por parte de la citada autoridad administrativa. No pasa inadvertido que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la autoridad encargada de vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos, y que cuenta con autonomía operativa para emitir disposiciones y criterios a los cuales deberán ceñirse los Inspectores Federales del Trabajo en los asuntos que les encomiende. Sin embargo, los criterios de inspección en materia de subcontratación emitidos en el Acuerdo reclamado no versan sobre cuestiones meramente operativas ni rigen solamente al interior de la dependencia, sino que sus efectos inconstitucionalmente se expanden a aspectos sustantivos, como son: establecer qué actividades no pueden coexistir en subcontratación; imponer a quienes se dedican a éstas, diversas obligaciones de hacer y no hacer, así como limitaciones y restricciones a su objeto, los cuales, como se explicó, no estaban expresamente previstos como susceptibles de regulación, todo ello, en perjuicio de las personas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta. Tampoco se pasa por alto que la intención de la Secretaría responsable, con la emisión de los aludidos criterios, buscó brindar certeza jurídica en relación con los derechos laborales de los trabajadores contratados por las empresas o personas dedicadas a las actividades enunciadas en el Acuerdo combatido; empero, la decisión aquí alcanzada no desconoce las prerrogativas de los operarios, pues encuentra asidero legal en el multicitado Decreto en materia de subcontratación, el cual, precisamente, es el que reconoce dichos derechos y sentó las bases para su protección. Lo anterior, se corrobora aún más, si se toma en consideración que las referidas inspecciones en materia de trabajo, acorde al artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo, tienen las siguientes características: 1. Tiene como funciones -entre otras- vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo y poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y violaciones a las normas de trabajo observadas. 2. Para tal efecto, los Inspectores del Trabajo podrán llevar a cabo visitas a las empresas y establecimientos, a efecto de vigilar que se cumplan las normas laborales, interrogar a patrones y trabajadores, exigir la presentación de documentos, y sugerir que se corrijan aquellas violaciones que se adviertan a la normativa (artículo 541 de la mencionada ley). 3. Además, no solamente se podrá sugerir la corrección de violaciones a las normas laborales, sino que en última instancia el incumplimiento de tales normas podría traducirse en la imposición de una sanción, acorde a lo establecido en el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Ilustra, en lo conducente, la tesis XXXV/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 758, del libro 14, enero de 2015, tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008309, de rubro y texto: "DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS REPARATORIAS DE CARÁCTER DISUASORIO A TRAVÉS DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de imponer medidas reparatorias de carácter pecuniario ante actos discriminatorios, debido a lo cual, ante un caso concreto, el juzgador deberá evaluar la posibilidad de recurrir a dicho tipo de medidas, cuya finalidad no solamente es sancionar una situación actual en un centro de trabajo, sino también prevenir futuros actos discriminatorios. Ello se debe a que la fracción VI del artículo 523 de la citada ley señala que la aplicación de las normas de trabajo, compete -entre otras autoridades- a la Inspección del Trabajo. Así, la Inspección del Trabajo, acorde al artículo 540 de la mencionada ley, tiene como funciones -entre otras- vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo -entre las cuales se encuentra la prohibición de establecer condiciones discriminatorias-, y poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y violaciones a las normas de trabajo observadas. Para tal efecto, los Inspectores del Trabajo podrán llevar a cabo visitas a las empresas y establecimientos, a efecto de vigilar que se cumplan las normas laborales, interrogar a patrones y trabajadores, exigir la presentación de documentos, y sugerir que se corrijan aquellas violaciones que se adviertan a la normativa -artículo 541 de la mencionada ley-. Ahora bien, no solamente se podrá sugerir la corrección de violaciones a las normas laborales, sino que en última instancia el incumplimiento de tales normas podría traducirse en la imposición de una sanción acorde a lo establecido en el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo -por el equivalente de 50 a 5000 veces el salario mínimo general-. Como puede advertirse, por medio de la Inspección del Trabajo, el sistema jurídico mexicano establece la posibilidad de adoptar medidas disuasorias en contra de aquellos empleadores que hubiesen violentado las normas laborales, entre las cuales se encuentra la prohibición expresa de realizar actos discriminatorios en la contratación para puestos de trabajo. Tales medidas, referidas a la Inspección del Trabajo, pueden consistir en la sugerencia de corregir aquellas acciones que se consideren violatorias de las normas laborales y, en última instancia, la imposición de sanciones. Es decir, las medidas disuasorias no solamente se reflejan en aspectos monetarios, sino también en el señalamiento de aspectos a corregirse. En el caso de que las violaciones legales se refieran a actos de discriminación prohibidos por la Ley Federal del Trabajo, la inspección del trabajo no solamente se encontrará dirigida a la insubsistencia del acto, sino a evitar que en el futuro se repita tal escenario". En ese sentido, aun cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con la potestad de adoptar criterios de interpretación relacionados con la inspección en materia de trabajo, la realidad es que solamente pueden versar sobre aspectos operativos en torno a la manera en que debe llevarse a cabo la citada inspección. Sin embargo, como se precisó, en la especie los criterios de interpretación contenidos en el acuerdo reclamado no se ciñeron exclusivamente en una cuestión técnica-operativa, pues de manera indebida afectaron una relación jurídica existente entre quienes se dedican a las actividades de corte, cosecha o recolección de fruto y quienes se dedican al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta, al establecer aspectos sustantivos que limitan la subcontratación entre ambos grupos, soslayan el carácter especializado de tales actividades y obligan a las personas que se dedican a las actividades descritas en primer término a que lleven a cabo una actividad distinta a su objeto social, éstas dos últimas cuestiones también en perjuicio de las empresas dedicadas a las actividades mencionadas en segundo plano. Todo ello, pese a que en la Ley Federal del Trabajo no se hizo limitación alguna en cuanto a qué actividades eran incompatibles con otras en materia de subcontratación, porque se previó, de manera genérica, que se podrían subcontratar servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos, siempre que el contratista estuviera registrado en el padrón público respectivo, lo cual demuestra que será, caso por caso, cuando deba evaluarse si está o no permitida la subcontratación. Por tal motivo, como se puso de manifiesto, a través de los criterios de interpretación aludidos no es posible establecer casos específicos en los que no sea factible la subcontratación, en primer lugar, porque la norma jerárquicamente superior no lo previó de esa manera, ya que ello tendría que realizarse casuísticamente y, en segundo lugar, porque ese aspecto escapa de las atribuciones técnicas-operativas que pueden regularse a través de dichos criterios, al tratarse de un aspecto sustantivo de las relaciones laborales. Por todo lo expuesto, el Acuerdo combatido se estima que es inconstitucional. En esas condiciones, al resultar el segundo concepto de violación fundado, atendiendo a la causa pedir, procede conceder a la quejosa el amparo solicitado. Lo anterior, torna innecesario el estudio del restante disenso, debido a que el planteamiento examinado es de estudio preferente y, además, la parte solicitante de amparo no podría obtener un mayor beneficio al obtenido con este fallo protector, ya que, en la hipótesis de que existieran diversos argumentos fundados, la consecuencia jurídica de su calificación sería idéntica a la que se precisará en el considerando siguiente. Es aplicable, la jurisprudencia 5, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se encuentra en la página 89, del tomo IX, marzo de 1992, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220006, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo". Con base en lo expuesto, debe considerarse que las disposiciones o actuaciones que derivan precisamente del Acuerdo en cuestión que se estima viciado, son también contrarias al propio principio de legalidad consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el vicio de ilegalidad referido se transfiere a las normas establecidas o actuaciones realizadas con incumplimiento de las disposiciones legales que regulaban la validez del proceso correspondiente. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la tesis I.15º.A,25 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2482, Registro digital 171543, del tenor literal: "AMPARO CONTRA LEYES. TÉCNICA PARA EL EXAMEN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE VIOLACIONES CONSTITUCIONALES FORMALES Y MATERIALES. Al dictar sentencia en un juicio de amparo en el que se reclaman diversos actos de autoridad, incluidos ordenamientos de carácter general por violaciones constitucionales formales y materiales, es aconsejable que el Juez de Distrito proceda bajo los siguientes lineamientos esenciales: a) precise todos los actos reclamados incluidas, de manera autónoma, las etapas de creación de una norma general que eventualmente se cuestionen por vicios propios, como serían: la expedición, el refrendo, la promulgación y la publicación de la ley, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; b) se pronuncie en relación con la existencia y certeza de cada uno de los actos de autoridad, incluso respecto de cada una de las etapas del proceso legislativo cuestionadas; c) superado el punto anterior, debe examinar si se actualizan causas de improcedencia respecto de cada uno de los actos reclamados, de conformidad con lo señalado en el numeral 73 de la ley de la materia y, de ser procedente, decretar el sobreseimiento únicamente respecto de las autoridades a quienes se atribuya el acto o los actos del procedimiento en que se configure la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa, es decir, el Juez debe pronunciarse incluso respecto de la procedencia del juicio en cuanto a cada una de las etapas del proceso legislativo que, en su caso, la parte quejosa reclame por vicios propios; d) satisfecho lo anterior, debe identificar los conceptos de violación que se hagan valer, determinando si los vicios alegados son de carácter formal o material, examinando en principio los formales en tanto su actualización determina mayores efectos a la declaración de inconstitucionalidad y vuelve ocioso el análisis de los vicios materiales, ya que los primeros pueden determinar la inaplicación de todo el ordenamiento reclamado, mientras que los segundos, de ser fundados, sólo tendrán como efecto conceder el amparo para que no se aplique el artículo o disposición inconstitucional concreta. Sobre tales premisas, sólo en el supuesto de que las violaciones formales resulten infundadas habrá necesidad de examinar las violaciones materiales y en el supuesto de que éstas resulten fundadas en relación con ciertos artículos del ordenamiento general, la declaración de inconstitucionalidad debe limitarse a las hipótesis normativas concretas, sin que deba hacerse extensiva al proceso legislativo o a alguna de sus etapas que no fueron cuestionadas o, que habiéndolo sido, no se haya demostrado la violación de garantías." Así como la tesis I.15º. A.24 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2527, de rubro y texto: "EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL. LOS VICIOS FORMALES TIENEN MAYOR ALCANCE QUE LOS VICIOS MATERIALES. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de un ordenamiento general dependen del tipo de vicio advertido, ya sea formal o material. Así, la evidencia de una violación constitucional de carácter formal, que parte de un examen sólo del proceso legislativo, puede determinar la inaplicación de todos los artículos del ordenamiento relativo, debido a que por un vicio en el procedimiento de creación de ésta, todo el acto creativo general se vicia. En cambio, tratándose de violaciones materiales, cuyo análisis se cifra en la confrontación de las hipótesis legales con las normas consagradas en la Ley Fundamental, la declaración de irregularidad constitucional sólo implica la no aplicación de los preceptos reclamados y de aquellos que por sistema pudieran encontrarse relacionados. De acuerdo con esas reflexiones, en el supuesto de que el ordenamiento reclamado presente un vicio en alguna de las etapas del proceso legislativo, por ejemplo, del refrendo del secretario de Estado respectivo o de su publicación en el periódico oficial relativo, requisitos exigidos por las reglas referentes al proceso de creación de la norma y necesarios para su validez, la determinación de inconstitucionalidad sería en el sentido de que ese instrumento incumplió con esas obligaciones necesarias para su plena eficacia jurídica; involucrando a todo el cuerpo normativo en donde se encuentran los artículos reclamados, lo que vuelve innecesario el estudio de los vicios materiales que se atribuyen a cada uno de los preceptos relativos; de ahí que sean más amplios los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma general tratándose de la actualización de violaciones formales que de violaciones materiales." Finalmente, es importante mencionar que en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de esa Ley, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, en el caso, la desincorporación únicamente respecto de la parte quejosa. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que: No se aplique a la quejosa el Acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil veintidós, de modo que no pueda aplicársele dicho Acuerdo en el presente ni en lo futuro, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad que motiva la concesión del amparo; lo que implica la desincorporación de su esfera jurídica, respecto de cualquier acto relacionado con la o las visitas de inspección en contra de la quejosa. En consecuencia, la responsable deberá realizar todo lo necesario para dejar sin efectos los actos relacionados con el acta de inspección extraordinaria en materia de subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, levantada dentro del expediente 244/000737/2023, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, derivada de la inspección realizada por la Inspectora Federal del Trabajo Damayanti Gómez García, adscrita a la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Michoacán, en el domicilio de la parte quejosa, así como también dejar sin efectos el acta misma y los demás actos derivados de esa actuación, con motivo de la aplicación del mencionado Acuerdo declarado inconstitucional. Lo expuesto encuentra sustento en la Jurisprudencia P./J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, Registro digital 192846, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Así como la diversa tesis de jurisprudencia P. 31, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 228, Registro digital 205988, que textualmente indica: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." SÉPTIMO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedo debidamente notificada de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. NOVENO. Firma electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la quejosa Jessica Lucero García Escamilla, por su propio derecho, en relación con el acto reclamado a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y su consecuencia, que se traduce en la aplicación del Acuerdo declarado inconstitucional; ello por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el sexto subsecuente de este fallo. SEGUNDO. En términos del penúltimo considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. TERCERO. En términos del séptimo considerando del presente fallo, requiérase a la autoridad responsable para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público adscrito.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE TESTIMONIO. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, por medio del cual remite los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 531/2023, de la estadística de este Juzgado, así como testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión celebrada el cinco de octubre del año en curso, en el incidente en revisión administrativa ********************/2023, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva a ********************. TERCERO. Es infundada la revisión adhesiva interpuesta por la quejosa." En consecuencia, acúsese recibo; realícense las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese a las partes la anterior determinación, para los efectos legales correspondientes, remítase a las autoridades responsables copia de la ejecutoria respectiva, para su conocimiento. Finalmente, glósense al expediente respectivo solamente las constancias originales que existen en el cuaderno de antecedentes correspondiente, y procédase a la destrucción de las copias respectivas, al resultar innecesaria su conservación. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables y al Tribunal oficiante.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado de autos y de la cuenta secretarial se advierte que transcurrió el término de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de seis de septiembre del año en curso, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda en los términos ahí precisados, sin que lo haya hecho. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento de que fue objeto en el proveído de referencia; por tanto, se continuará con la secuela procesal del presente juicio y únicamente se resolverá por cuanto hace a la autoridad y actos reclamados señalados en el escrito de la demanda de amparo, tal y como se encuentran planteados. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. TRIBUNAL INFORMA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, por medio del cual, informa que se declaró firme el acuerdo de ocho de agosto del año en curso, dictado en la queja administrativa 236/2023, donde se determinó desechar el recurso de queja hecho valer por el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con residencia en la ciudad de México, en ausencia del Titular del Ramo, en contra del proveído de cuatro de julio pasado, en el que se concedió a la quejosa, la suspensión provisional de los actos reclamados. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Javier Valladares Carrillo529/2021
- Javier Vazquez Farías275/2023
- Javier Vazquez García533/2019
- Javier Zarco Vargas551/2018
- Jeniffer Ixkik Morfín Galván418/2007
- JENNIFER MARITZA CASTILLO LÓPEZ y Otros.808/2023
- Jessica Quezada Barraza253/2021
- Jessica Quezada Barraza345/2010
- JESSY RODRIGUEZ MARTÍNEZ y Otros.202/2020
- Jesus Abarca Perez175/2018
- Jesús Abraham Ramos Martínez136/2020
- Jesus Alejandro Montejano Moreno619/2023