Javier Uribe Reyna

Expediente 418/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
418/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • Javier Uribe Reyna

Actuaciones

  1. Principal

    III. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: A la fecha, se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera mediante el recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, el proveído de diez de septiembre del año en curso, en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por Salvador Eduardo García Torres, quien se ostenta como apoderado jurídico de Javier Uribe Reyna y Leandro Orozco Chacope, como se desprende de la certificación de cuenta, sin que lo hubiese recurrido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que tuvo por no presentada la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.

  2. Principal

    III. Del estado de autos, así como de la cuenta secretarial, se advierte que ha concluido el término de cinco días del que disponía el promovente del amparo Salvador Eduardo García Torres, quien se ostenta como apoderado jurídico de Javier Uribe Reyna y Leandro Orozco Chacope, para desahogar la prevención de la demanda de garantías, contenida en proveído de veintinueve de agosto del presente año, sin que lo haya hecho. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento de que fue objeto en el referido acuerdo de prevención; por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, TÉNGASE POR NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por Salvador Eduardo García Torres, quien se ostenta como apoderado jurídico de Javier Uribe Reyna y Leandro Orozco Chacope. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno.

  3. Principal

    III. Vista la demanda de garantías promovida por Salvador Eduardo García Torres, quien se ostenta como apoderado jurídico de Javier Uribe Reyna y Leandro Orozco Chacope, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 418/2018-III. Ahora, a efecto de estar en condiciones de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 114, en relación con el precepto 108, fracciones I y V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de éste proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: a) Acredite con el documento idóneo la personalidad con la que promueve en el presente asunto, toda vez que refiere hacerlo como apoderado jurídico de Javier Uribe Reyna y Leandro Orozco Chacope, empero, a su escrito de demanda no adjuntó documento con el que acredite dicho carácter, en términos del artículo 6, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 48, tomo IV, julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." b) Manifieste de manera clara y cronológica, cuáles son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues precisamente éstos son la base para analizar la acción constitucional que intenta; entendiéndose como tal, la relación sucinta y cronológica (ordenada) de las actuaciones previas al acto reclamado, como es la naturaleza del juicio, quién lo promueve y las pretensiones reclamadas, además de su estado procesal, entre otros; así como las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial; ello porque los antecedentes a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, son sustento de los conceptos de violación. Lo anterior, toda vez que del contexto de la demanda si bien se desprenden algunos datos, no se expresa la naturaleza del juicio, quién lo promueve, las pretensiones reclamadas, ni su estado procesal. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo requerido en el tiempo que se concede, o de no exhibir las copias de su escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Resultan aplicables a lo anterior los siguientes criterios: Tesis: I.7o.A.100 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175345 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 990 Tesis Aislada (Común) DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. Tesis: VI.1o.19 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época 208347 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV-2, Febrero de 1995 Pag. 301 Tesis Aislada (Común) DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACION DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio. Así como la tesis: Tesis: VI.2o. J/127 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196981 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Enero de 1998 Pag. 963 Jurisprudencia (Común) COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE DEBEN SER EXIGIDAS. El artículo 146 de la Ley de Amparo, dispone que si existiere una irregularidad en la demanda de garantías, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que dentro del término de tres días llene los requisitos omitidos, o bien, realice las aclaraciones correspondientes. Empero, la disposición legal en cita en forma alguna establece que el escrito mediante el cual se cumpla con la prevención debe presentarse con igual número de copias al de la demanda. De lo anterior se concluye que la obligación de presentar tantas copias del escrito aclaratorio como aquellas que se acompañaron a la demanda, sólo procede en los casos en que el dato motivo de la aclaración necesariamente debe influir o trascender a la litis constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso en su demanda omite precisar el acto que se reclama de una determinada autoridad o lo indica en forma oscura, y que por ello se le previno para que hiciera las aclaraciones o manifestaciones que estimara pertinentes; sin embargo, en otros, la cuestión materia de la aclaración no trasciende a la litis constitucional, y en esas hipótesis resulta claro que el promovente no tiene obligación de presentar tantas copias del correspondiente escrito aclaratorio o de los documentos que al mismo anexe, en igual número a las que adjuntó a su demanda. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Gildardo Magaña número 243, colonia Ampliación de Revolución en esta ciudad; y como autorizados de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, además para que reciban documentos a las personas que refiere en su escrito de demanda, toda vez que así lo solicita. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto.

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