Javier Vaca Morales

Expediente 215/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
215/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Javier Vaca Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Del estado procesal de autos se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el proveído de nueve de mayo del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, tal como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquéllos susceptibles de destrucción transcurridos más de cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que el respectivo proveído únicamente sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, tomando en consideración que el peticionario del amparo Javier Vaca Morales, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, comisiónese al Actuario adscrito a este Juzgado, para que notifique a aquél el contenido del presente proveído. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión...

  2. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito signado por Jorge Alberto Vergara Talavera, Defensor Público Federal del quejoso Javier Vaca Morales, por medio del cual manifiesta lo siguiente: -Presentó dolor abdominal en la parte derecha, el doctor del Cereso sin revisarme dijo que no tenía nada, que regresara a mi modulo, le insistí y el doctor me dijo que ya le había dicho que tenía que hacer, pero le dije que no quería que mi problema de salud, y ya no contestó nada el doctor, y por favor le pido que se haga del conocimiento del Juez de Amparo-. Por lo tanto, solicito se requiera al Director del Centro de Readaptación Social "Licenciado Eduardo Ruíz", a fin que ordene a quien corresponda valore médicamente al quejoso y de necesitar atención médica especializada realice las gestiones necesarias a fin de que el quejoso pueda recuperar su salud" Consecuentemente, dado que dichas manifestaciones se encuentran vinculadas con la suspensión de plano que le fue concedida al quejoso, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese oficio al Director del Centro de Readaptación Social "Licenciado Eduardo Ruiz, de esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, siguientes al de su recepción, en estricto acatamiento a la suspensión de plano de los actos reclamados, informe si a la fecha ya realizó alguna otra gestión encaminada a dar cumplimiento a dicha suspensión, esto es, proporcionar al quejoso la atención médica que éste requiera, de acuerdo a sus padecimientos, lo que implica que se realicen los estudios necesarios a efecto de valorar al quejoso respecto de sus condiciones de salud; remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten; de igual forma, para su mejor conocimiento se le envía copia simple del escrito presentado por el citado promovente. Orden que debe obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndole de su conocimiento que la desobediencia del respectivo auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo; en el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada al quejoso, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que debe vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en el veintidós de abril del año en curso. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los informes respecto de la suspensión de plano y justificado, se advierte que durante el trámite del presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Es uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, principio rector del juicio de amparo que preserva su carácter verdaderamente excepcional, al cual se podrá acudir si y sólo si se han agotado previamente todas las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, ello a efecto de impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en sede común, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Dicho principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Luego, es suficiente que la ley que regula el acto reclamado contenga medios ordinarios que estén a disposición del interesado y pueda interponerlos para que opere dicho supuesto, de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos fundamentales, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados en la vía ordinaria. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene tres excepciones al principio de definitividad contemplado en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, la lectura del escrito de demanda que ocupa la atención, reporta que el acto que se reclama no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción precisados. En el caso concreto, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades penitenciarias precisadas en su demanda de amparo lo siguiente: ... Sin embargo, es necesario destacar que los actos que por esta vía combate, constituyen una omisión de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, con motivo de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 4º tercer y cuarto párrafos, 9º, 18, 107 al 112, 114 y 130 al 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen: ... Ahora bien, como ya se precisó, el quejoso acudió al juicio de amparo a efecto de controvertir diversos actos atribuidos a autoridades del centro de reclusión en que se encuentra interno, los cuales se vinculan con las condiciones de internamiento del promovente del amparo (atención médica). En consecuencia, a dichos actos cuya ejecución tuvo lugar con motivo del internamiento del quejoso en la indicada Institución penitenciaria, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, ello es así pues el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. Por su contenido, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: ... En tales condiciones, como fue anticipado, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. ... Comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE, mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión...

  3. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Director del Centro Penitenciario "Lic Eduardo Ruiz" de esta ciudad. Con el informe de referencia, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense los oficios de cuenta, suscritos por el Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Morelia, Michoacán, por medio del cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de veinticuatro de abril del año en curso, se le tiene informando la designación del licenciado Jorge Alberto Vergara Talavera, Defensor Público Federal, a efecto de que represente al quejoso en el presente juicio, por lo que solicita que por su conducto le sean practicadas las notificaciones correspondientes; lo que deberá hacerse del conocimiento de dicho funcionario mediante notificación personal, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, glósese a los autos el pedimento ministerial 151/2019 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, en materia de amparo; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por realizadas las manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente al defensor público Jorge Alberto Vergara Talavera...

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