Javier Vaca Morales
Expediente 308/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Vaca Morales
Actuaciones
- Principal
III. En siete de febrero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente. a) La circunstancia de que el término de quince días previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad con el acuerdo por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria protectora, transcurrió del quince de enero al dos de febrero en curso, sin contar el veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero mencionado por ser inhábiles, sin que lo haya hecho. b) De igual forma, se hace constar que no se recibió escrito alguno tendente a combatir dicho proveído, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. c) Asimismo, el suscrito Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del juicio en que se actúa, se advierte que: 1. Se ordenó formar el incidente de suspensión respectivo por así haberlo solicitado la parte quejosa. 2. Durante la tramitación del juicio, no se exhibieron documentos originales. 3. No existen cuadernos de pruebas cuya devolución se encuentre pendiente de proveer. Conste.Uruapan, Michoacán, siete de febrero de dos mil dieciocho. Del estado de autos se advierte que por proveído de diez de enero del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal resolución, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación.
- Incidental
III. En siete de febrero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con lo siguiente. a) La circunstancia de que en auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 308/2015-III, del cual deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. b) Asimismo, el suscrito Secretario certifica que de una revisión exhaustiva del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que: 1. No fue exhibido certificado de depósito ni póliza de fianza. 2. Durante la tramitación del incidente de suspensión, no se exhibieron documentos originales. 3. No existen cuadernos de pruebas cuya devolución se encuentre pendiente de proveer. Conste.Uruapan, Michoacán, siete de febrero de dos mil dieciocho. En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del respectivo expediente, como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, del acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, toda vez que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados.
- Principal
III.-De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido al quejoso en auto de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio el Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, a la ejecutoria de amparo, sin que hubiera hecho manifestación alguna, y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Mediante sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso Javier Vaca Morales (fojas 253 a 271), para los efectos siguientes: Sin suspender el traslado del peticionario de amparo, proceda de inmediato a dar vista al Juez de Ejecución de sentencias que resulte competente, a efecto de que dicha autoridad, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 145 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, someta a su potestad el traslado y determine lo que estime pertinente, revocándolo o ratificándolo. Concesión que se hace extensiva a los actos que se atribuyen a las autoridades ejecutoras, los cuales no se reclaman por vicios propios, sino que su legalidad se hace depender de los actos de la autoridad ordenadora. En auto de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada dicha resolución, por lo cual, se requirió al Consejo Técnico Interdisciplinario de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán (fojas 284 a 286), para que procediera a dar cumplimiento al fallo protector. Ahora, de un análisis integral de las documentales que remitió tanto la autoridad requerida como las diversas responsables, los cuales tiene pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, párrafo segundo, se advierte que efectuó lo siguiente: - El Presidente del Consejo de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, remitió diversas constancias, particularmente el oficio de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, signado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Judicial Morelia, que a su vez fue enviado al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, mediante el cual le hace de su conocimiento que por oficio CSPEM/3302/2017, revocó el traslado del quejoso Javier Vaca Morales, ordenado mediante Acta de Consejo SPRS/C/VII-EXTRAORDINARIA/29/AGOSTO/2014; y lo requirió para que dentro del plazo de cinco días, instruyera a quien correspondiera, a fin de que realizar el traslado del citado Vaca Morales, del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", donde se encontraba recluido, al Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz, de esta ciudad (foja 303). - El Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, remitió diversas constancias de las que se advierte que a las catorce horas con quince minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el quejoso Javier Vaca Morales fue ingresado al Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz, de esta ciudad (fojas 346 a 353). Ahora, toda vez que la sentencia concesoria de amparo fue para el efecto de que se diera vista al Juez de Ejecución de sentencias que resultara competente, a efecto de, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 145 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, sometiera a su potestad el traslado y determinara lo que estimara pertinente, ya sea revocándolo o en su caso, ratificándolo. Por tanto, de las constancias que se menciona, se advierte que el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Judicial Morelia, determinó revocar el traslado de que fue objeto el quejoso, y se ordenó que se trasladara de nueva cuenta al Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz, de esta ciudad, en donde se encontraba recluido. Documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, párrafo segundo, de las que se obtiene que la autoridad responsable se apegó a los lineamientos que le fueron fijados en la sentencia de amparo, puntualizados en líneas anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista al quejoso, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso; por medio de oficio a las autoridades responsables.
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