Ignacio Salvador Hernandez
Expediente 808/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ignacio Salvador Hernandez
- IGNACIO SALVADOR HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mismo que contiene el oficio 507/2020, de catorce de diciembre de dos mil veinte, que se giró a la autoridad responsable: 2. Jaqueline Jerónimo de Jesús, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Regional del Estado de Puebla, en la que aparece la siguiente razón: "No reciben en este domicilio", Atento a lo anterior, se ordena reexpedir el referido oficio en el domicilio correcto de la citada autoridad responsable, esto es: oficinas de la Fiscalía General del Estado de Puebla ubicadas en Boulevard Héroes del 5 de Mayo, 31 Oriente, Colonia Ladrillera de Benítez, ciudad de Puebla. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el quince de diciembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otra parte, como lo dispone el artículo 20 del Acuerdo General, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda; apercibida que de no hacerlo éste podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa; debiendo comparecer al local de este órgano jurisdiccional para recibirlo con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma) en el horario comprendido de las diez a las doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado; en la inteligencia de que, durante la vigencia del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, deberá ajustarse a las condiciones previstas en el propio Acuerdo, para la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo del oficio por el cual se ordenó la notificación de la referida resolución a la autoridad responsable 2. Jaquelina Jerónimo de Jesús, Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía Regional Poniente de Tehuacán, Puebla, en razón de que carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. En efecto, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la legitimación procesal de las partes que pretenden actuar dentro de un juicio de amparo, es de orden público y, por ello, debe estudiarse inclusive de oficio. Lo anterior, tiene sustento en la tesis LIV/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.". Por su parte, el artículo 87 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación." "Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional." De la porción legislativa reproducida, se evidencia que el legislador consagró una regulación sobre la facultad de las autoridades responsables para recurrir las resoluciones, tratándose de amparos indirectos, al disponer como regla general, que sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, y que tratándose de amparos contra normas generales, como regla específica, los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Igualmente tratándose de autoridades judiciales o jurisdiccionales estas carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así, las autoridades responsables, aun cuando en términos del numeral 5°, fracción II, de la legislación de la materia, son parte en el juicio de amparo, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, cuando la resolución que pretendan impugnar no afecte directamente el acto que de ellas se hubiere reclamado; pero, tratándose de amparos contra leyes, solo los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. Reglas de procedencia del recurso de revisión en amparo indirecto, que conllevan a la irrefutable conclusión que cuando la sentencia impugnada no afecte directamente al acto determinado atribuible a las autoridades recurrentes, o bien, tratándose de amparos contra leyes no asista a estas últimas la facultad de promulgación o actúen en representación de éstas en los términos de ley, el medio de inconformidad intentado será improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/51, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA CUANDO SÓLO SE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS ORDENADORAS.". En el caso, en la sentencia recurrida se sobreseyó en el juicio, por los motivos que se expusieron en dicha resolución, respecto de los actos reclamados a la totalidad de las autoridades responsables. Por tanto, ningún agravio ocasiona a dicha autoridad responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para la parte quejosa y, por ende, no podría producir agravio alguno a éstas. De ahí que, no se encuentra legitimada para -eventualmente- interponer recurso de revisión, conforme lo disponen los artículos 81 y 87 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Finalmente, se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del presente expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. Maricela. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Intégrese a los autos el oficio del secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual, solicita a éste órgano jurisdiccional que le remita copia certificada de todo lo actuado en el incidente de suspensión derivado de este juicio de garantías; sin embargo, hágase del conocimiento de la autoridad federal homóloga que en el presente controvertido constitucional no se tramitó incidente de suspensión; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar en el incidente de suspensión ********************, de su índice. En diverso aspecto, no se soslaya que el oficio que se provee, carece de firma autógrafa del servidor público que lo remite, y tampoco se adjuntó la evidencia criptográfica de la firma electrónica con la que, en su caso, se hubiere signado el documento electrónico respectivo; sin embargo, al no haber sido asentada dicha circunstancia por el oficial encargado de la Oficialía de Partes Comunes del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, se genera la presunción de haber sido presentada en original y con la referida signatura. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Notifíquese por oficio al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 808/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Florencia Salvador Cabrera, como apoderada legal del quejoso Ignacio Salvador Hernández; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y turnado a este juzgado de distrito, Florencia Salvador Cabrera, apoderada legal del quejoso Ignacio Salvador Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 8 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Segundo. Auto de radicación, desechamiento parcial y auto admisorio. Mediante proveído de veintisiete de octubre del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 808/2020; asimismo, realizó lo siguiente: ( Desechó la demanda de amparo, respecto a la orden de cateo y al aseguramiento reclamados, por estimar que los mismos se consintieron tácitamente al no haberse promovido la acción constitucional dentro del plazo genérico de quince días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; ( Por otro lado, admitió a trámite la demanda por cuanto a la negativa de recibir un escrito de la parte quejosa en el que solicitó el desaseguramiento de sus vehículos y su devolución -sin incidente de suspensión-; y, ( Requirió el informe justificado al Fiscal General del Estado de Puebla y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Regularización del procedimiento. En auto de diez de noviembre de la presente anualidad, se regularizó el procedimiento en el presente juicio de amparo para emplazar y requerir el informe justificado respectivo a la autoridad responsable 2. Jaquelina Jerónimo de Jesús, Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía Regional Poniente de Tehuacán, Puebla, al no haberse efectuado desde el auto admisorio. Cuarto. Cita para audiencia. Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se fijaron las diez horas con cincuenta minutos del catorce de diciembre del actual, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que Florencia Salvador Cabrera, apoderada legal del quejoso Ignacio Salvador Hernández, reclama: ( La negativa de recibir un escrito por el cual solicitó la devolución de varios vehículos asegurados dentro de la carpeta de investigación 122/2020/TEHUA. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 1. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega. 2 2. Jaquelina Jerónimo de Jesús, Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía Regional Poniente de Tehuacán, Puebla. Niega. Las autoridades responsables negaron la existencia del acto que se les reclama, consistente en la negativa de recibir un escrito por el cual la quejosa solicitó la devolución de varios vehículos asegurados dentro de la carpeta de investigación 122/2020/TEHUA, sin que en autos exista prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no exista el acto que ahora reclama la parte quejosa. En efecto, la documental ofrecida por la parte quejosa no es idónea para acreditar que la responsable se negó a recibir el aludido escrito, sino, en todo caso, lo que en ellas se contiene, es decir, la personalidad de la promovente como apoderada legal del directo quejoso. En ese sentido, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria para controvertir los informes respectivos; esto es, acreditar, por lo menos, que se constituyó ante las autoridades responsables para que le recibieran el ocurso de mérito. Dicho en otras palabras, la parte quejosa no ofreció prueba para acreditar que se constituyó en las instalaciones que ocupan las autoridades responsables para presentar su escrito, sólo lo expuso bajo protesta de decir verdad, lo cual no es suficiente para tener por cierta la conducta atribuida a las responsables, pues es necesario el aporte de material probatorio objetivo que demuestre el cuadro fáctico vertido en la demanda. Pensar lo contrario, llevaría al extremo de considerar que pudiera alegarse violación al derecho de petición, argumentando que las autoridades responsables se negaron a recibir el escrito respectivo, sin ni siquiera acreditar que el promovente se presentó ante sus instalaciones. En suma, debe decirse que la existencia de la conducta negativa de las autoridades responsables requiere -necesariamente y de una manera previa- la acreditación de una solicitud del particular para que las autoridades ejerzan la facultad prevista en la ley aplicable. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar la negativa de las autoridades responsables y acreditar que, como lo afirman que existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y el acto reclamado. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 74, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Florencia Salvador Cabrera, apoderada legal del quejoso Ignacio Salvador Hernández, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del ministerio público federal adscrito.
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