Ignacio Severian Tlelo
Expediente 519/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 01/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- IGNACIO SEVERIAN TLELO y Otros.
- Ignacio Severian Tlelo
- Jose Gabriel Meneses Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado (copia certificada del proceso penal 223/2014 de su índice), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso ********************la resolución de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en el lugar donde se encontraba interno, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de San Pedro, Puebla, fue informado por el encargado del Área Jurídica de esa institución, que el citado quejoso ya no se encuentra recluido, pues el diecisiete de octubre del año en curso salió en libertad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese al quejoso el proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete y el presente auto por medio de lista de acuerdos. AUTO DE 30 DE OCTUBRE DE 2017: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en acuerdo de diez de octubre de dos mil diecisiete (foja 211), se agregó copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal 223/2014 del índice del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla (foja 170 a 210), remitidas por esa autoridad en alcance a su informe justificado. Ahora bien, de dichas constancias, esta autoridad advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se actualiza la causal de inviabilidad citada como a continuación se expone. De la lectura de la demanda de amparo y del informe justificado se aprecia que Ignacio Zeverian Tlelo ocurrió a este juzgado Federal a reclamar del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla la omisión de emitir sentencia en la causa penal 223/2014. En ese sentido, mediante oficio 8195 de su índice (foja 169), remitió a esta autoridad copia certificada del acta de audiencia de juicio sumario (170 a 172), así como de la sentencia de nueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 173 a 210), documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De dichas constancias se advierte que el nueve de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dictó sentencia en el proceso penal 223/2014 de su índice, en la que condenó al aquí quejoso Ignacio Zeveriano Tlelo o Ignacio Severian Tlelo a una pena privativa de la libertad de un año, siete meses y veinticuatro días, por considerarlo penalmente responsable en la comisión de los delitos siguientes: a) Daño en propiedad ajena por incendio, previsto y sancionado por los artículo 412, fracción VI del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con el artículo 69, inciso O del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como con los diversos 11, 13 y 21 del Código sustantivo penal citado, cometido en agravio del Ayuntamiento de San Gregorio Atzompan; b) Daño en propiedad ajena doloso, previsto y sancionado por los artículos 414, fracción III, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con los diversos 11, 13 y 21 de esa legislación, cometido en agravio del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Coronango; c) Daño en propiedad ajena doloso, previsto y sancionado 414, fracción III, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con los diversos 11, 13 y 21 de esa legislación, cometido en agravio del legítimo propietario del vehículo marca Nissan, tipo Pathfinder, modelo 2013, color blanco, placas de circulación TXZ4874; d) Lesiones simples, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, todos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de Jorge Enrique Sánchez Falcón; y, e) Lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción II, 308, fracción I, 323, 329 y 311 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con los ordinales 11, 13 y 21 de la legislación citada, cometido en agravio de Jesús Márquez Vázquez y José Gabriel Meneses López. Determinación que le fue notificada al quejoso el nueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 210) De lo que se colige que la autoridad responsable dictó sentencia en el proceso penal 223/2014 de su índice de donde emana el acto reclamado y le notificó dicha determinación al quejoso. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar sentencia dentro de la causa penal 223/2014 de su índice, lo que ocurrió el nueve de octubre pasado al emitirse el fallo condenatorio aludido, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI del de la Ley de Amparo. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se sobresee en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este orden de ideas, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, aunado a que la citada causa de improcedencia de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes y, el resultado del fallo, aún celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En razón de lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil diecisiete (foja 151 vuelta) en el presente juicio de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en acuerdo de diez de octubre de dos mil diecisiete (foja 211), se agregó copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal 223/2014 del índice del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla (foja 170 a 210), remitidas por esa autoridad en alcance a su informe justificado. Ahora bien, de dichas constancias, esta autoridad advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se actualiza la causal de inviabilidad citada como a continuación se expone. De la lectura de la demanda de amparo y del informe justificado se aprecia que Ignacio Zeverian Tlelo ocurrió a este juzgado Federal a reclamar del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla la omisión de emitir sentencia en la causa penal 223/2014. En ese sentido, mediante oficio 8195 de su índice (foja 169), remitió a esta autoridad copia certificada del acta de audiencia de juicio sumario (170 a 172), así como de la sentencia de nueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 173 a 210), documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De dichas constancias se advierte que el nueve de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dictó sentencia en el proceso penal 223/2014 de su índice, en la que condenó al aquí quejoso Ignacio Zeveriano Tlelo o Ignacio Severian Tlelo a una pena privativa de la libertad de un año, siete meses y veinticuatro días, por considerarlo penalmente responsable en la comisión de los delitos siguientes: a) Daño en propiedad ajena por incendio, previsto y sancionado por los artículo 412, fracción VI del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con el artículo 69, inciso O del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como con los diversos 11, 13 y 21 del Código sustantivo penal citado, cometido en agravio del Ayuntamiento de San Gregorio Atzompan; b) Daño en propiedad ajena doloso, previsto y sancionado por los artículos 414, fracción III, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con los diversos 11, 13 y 21 de esa legislación, cometido en agravio del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Coronango; c) Daño en propiedad ajena doloso, previsto y sancionado 414, fracción III, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con los diversos 11, 13 y 21 de esa legislación, cometido en agravio del legítimo propietario del vehículo marca Nissan, tipo Pathfinder, modelo 2013, color blanco, placas de circulación TXZ4874; d) Lesiones simples, previsto y sancionado por los artículos 305 y 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, todos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de Jorge Enrique Sánchez Falcón; y, e) Lesiones dolosas calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción II, 308, fracción I, 323, 329 y 311 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con los ordinales 11, 13 y 21 de la legislación citada, cometido en agravio de Jesús Márquez Vázquez y José Gabriel Meneses López. Determinación que le fue notificada al quejoso el nueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 210) De lo que se colige que la autoridad responsable dictó sentencia en el proceso penal 223/2014 de su índice de donde emana el acto reclamado y le notificó dicha determinación al quejoso. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar sentencia dentro de la causa penal 223/2014 de su índice, lo que ocurrió el nueve de octubre pasado al emitirse el fallo condenatorio aludido, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI del de la Ley de Amparo. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se sobresee en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este orden de ideas, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, aunado a que la citada causa de improcedencia de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes y, el resultado del fallo, aún celebrando la audiencia constitucional, tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En razón de lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil diecisiete (foja 151 vuelta) en el presente juicio de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, a través del cual remite copia certificada de la audiencia de juicio sumario celebrada en los autos de la causa penal 223/2014 (materia del acto reclamado), y copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en aquel expediente. En consecuencia, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído, y los diversos de nueve y veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla).
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