Ildefonso Vargas Sanchez
Expediente 685/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Director General del Control Y Verificación Migratoria, del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México
- Ildefonso Vargas Sanchez
- Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Estación Migratoria En Puebla del Instituto Nacional de Migración
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
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San Andrés Cholula, Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el dieciocho de marzo del año en curso, en el toca Q-141/2020, relativo al recurso de queja interpuesto en el presente sumario constitucional por la parte quejosa, en contra de la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano; determinación que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente; y, efectúense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, en la que, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. No es obstáculo para lo anterior, que no obren los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación de la referida resolución a las autoridades responsables con residencia en la Ciudad de México, en razón que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos; y, esperar dichas constancias únicamente retrasaría el dictado del presente acuerdo, en contravención al mandato ordenado en el artículo 17 constitucional. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General; y, toda vez que se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, también deberán conservarse las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa adjuntó como prueba las documentales consistentes en: a) Acuse del escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ante el Instituto Nacional de Migración, b) Acuse de recibo del escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, ante el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla; y c) Carta responsiva suscrita por Claudia Ibeth******************** y anexos, hágasele saber que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos; en el entendido que le serán devueltos previa constancia de su entrega. Asimismo, hágasele de su conocimiento que la entrega de dichos documentos se realizará en la residencia de este juzgado, conforme al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Finalmente, hágase del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el contenido de la presente determinación, para que surta los efectos legales a que haya lugar, dentro del del recurso de queja 141/2020 de su índice. Notifíquese vía electrónica al quejoso; mediante oficio a las autoridades responsables, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 685/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Idelfonso Vargas Sánchez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, por el secretario de guardia adscrito a este juzgado (fojas 2 a 17), Idelfonso Vargas Sánchez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de las autoridades y actos señalados en el escrito de demanda: El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, desahogo, admisión y trámite del juicio. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veinte (fojas 31 a 39), se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la orden de deportación (para el efecto de que no fuera deportado) y la detención con fines de deportación (para quedar a disposición de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal y que no fuera deportado); y, se previno al quejoso para que precisara si era su deseo o no señalar como acto reclamado destacado, la omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, ante el Instituto Nacional de Migración en Puebla. Por escrito recibido el treinta de septiembre del año en curso (fojas 55 a 59), el quejoso desahogó la prevención, por lo que en auto de uno de octubre de dos mil veinte (fojas 60 a 65), se admitió la demanda de amparo, sin incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 88). TERCERO. Incidente de violación a la suspensión de plano y recurso de queja. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte (fojas 261a 264), el quejoso, por conducto de su autorizada en términos amplios, promovió incidente de violación a la suspensión de plano, el cual fue admitido en auto de veintinueve siguiente (fojas 270 y 271), y en interlocutoria de trece de noviembre de la presente anualidad (fojas 416 a 425), se declaró infundado el incidente planteado. Inconforme con la determinación judicial aludida, mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte (fojas 447 a 452), el quejoso interpuso recurso de queja, que correspondió por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de queja 141/2020 de este índice, el cual se encuentra pendiente de resolver. CUARTO. Autoridades inexistentes. En auto de trece de octubre de dos mil veinte (fojas 94 y 95), se tuvo por inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó como 5. Director de la Estación Migratoria en Puebla del Instituto Nacional de Migración y 6. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Estación Migratoria en Puebla del Instituto Nacional de Migración. QUINTO. Cita para sentencia. Por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Es así, pues aun cuando el acto reclamado es atribuido a autoridades administrativas dependientes del Instituto Nacional de Migración, lo cierto es que la naturaleza de los mismos es penal, pues de acuerdo con lo manifestado por el quejoso, la privación de su libertad tiene por objeto deportarlo a su país de origen (Colombia). Al respecto, es aplicable, en lo conducente, la tesis 1a. CXCIII/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS EMITIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS, REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE UN EXTRANJERO EN EL TERRITORIO NACIONAL. Si en un juicio de amparo se reclaman diversos actos emitidos por autoridades migratorias dependientes de la Secretaría de Gobernación, los cuales contienen medidas inherentes a la situación de residencia en el país de un extranjero, como lo es la negativa a prorrogar su autorización para permanecer en el territorio nacional, así como para modificar las restricciones que se le impusieron cuando entró a éste, con el apercibimiento, indicación o invitación de abandonar el país dentro de un cierto plazo, corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa conocer del recurso de revisión derivado de dicho juicio de garantías, en virtud de que tal determinación sólo constituye un apercibimiento administrativo que está a cargo del quejoso, que no tiene naturaleza penal sino administrativa, en tanto que no implica la privación de la libertad del quejoso (orden de detención), para ser regresado en contra de su voluntad a su país de origen (deportación); máxime si de las constancias que obran en autos se advierte que no fue ordenada la detención del quejoso para su deportación." SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que Idelfonso Vargas Sánchez, reclama lo siguiente: a) La orden de deportación a su país de origen (Colombia). b) La omisión de acordar el escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ante el 4. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. c) La detención o alojamiento en la estación migratoria en Puebla del Instituto Nacional de Migración por más de treinta y seis horas. TERCERO. Autoridades inexistentes. En auto de trece de octubre de dos mil veinte (fojas 94 y 95), se tuvo por inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó como 5. Director de la Estación Migratoria en Puebla del Instituto Nacional de Migración y 6. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Estación Migratoria en Puebla del Instituto Nacional de Migración. En consecuencia, se excluyen a las referidas autoridades responsables de la materia de este juicio de amparo. CUARTO. Inexistencia y existencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 1. Director General de Control y Verificación Migratoria Negó la orden de deportación pero aceptó que el quejoso se encuentra alojado en la Estación Migratoria de Puebla con motivo de un procedimiento administrativo. 435 y 436 2 2. Director de Resoluciones Migratorias Negó la orden de deportación pero aceptó que el quejoso se encuentra alojado en la Estación Migratoria de Puebla con motivo de un procedimiento administrativo. 435 y 436 3 3. Subdirector de Resoluciones del Instituto Nacional de Migración Negó la orden de deportación pero aceptó que el quejoso se encuentra alojado en la Estación Migratoria de Puebla con motivo de un procedimiento administrativo. 296 y 297 4 4. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla Aceptó que el quejoso se encuentra alojado en la Estación migratoria de Puebla y negó el resto de actos reclamados 131 y 132 I. Inexistencia de los actos reclamados. Por cuanto hace al acto reclamado identificado con el inciso a) consistente en la orden de deportación, las autoridades responsables negaron su existencia, y el quejoso omitió aportar prueba idónea para desvirtuar tal negativa. Es así en virtud de que las autoridades responsables indicaron que el peticionario de amparo se encuentran alojado en la estación migratoria en Puebla del Instituto Nacional de Migración, debido a que se le instruye procedimiento administrativo para determinar su estancia en el país, pero a la fecha de rendición del informe (y por ende, de la presentación de la demanda de amparo), no existe orden de deportación alguna. Así mismo, por cuanto hace al acto reclamado identificado con el inciso b) consistente en la omisión de acordar el escrito presentado ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, la autoridad responsable a quien se atribuye lo negó; sin que el quejoso haya aportado prueba idónea para desvirtuarlo. Es así porque de las constancias remitidas por el 4. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, consistente en copia del acuerdo dictado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte (foja 136), por el Representante Local Zona Centro, adscrito a la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Penales, se aprecia que la autoridad responsable acordó el escrito presentado por el quejoso el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 20, 21, 134 y 135); lo que fue notificado al peticionario de amparo en la misma fecha (foja 136 vuelta), por lo que al momento de instar el presente juicio de garantías (veintiséis de septiembre de dos mil veinte), ya se había atendido su petición, por lo que la omisión reclamada no existe. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados identificados con los incisos a) y b), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo indirecto respecto de dichos actos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Así como la tesis: 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." II. Existencia del acto reclamado. Por otra parte, en relación con el acto reclamado identificado con el inciso c), consistente en la detención o alojamiento en la estación migratoria en Puebla del Instituto Nacional de Migración por más de treinta y seis horas, todas las autoridades responsables fueron coincidentes en aceptar que el quejoso se encuentra alojado en ese lugar desde el veintidós de septiembre del presente año. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, de la copia certificada del expediente administrativo migratorio E.A./1s.9/DGCVM/DRM/231/2020 que remitió el 1. Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales ya indicados del código adjetivo civil federal, se aprecia que Idelfonso Vargas Sánchez, se encuentra alojado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Puebla, desde el veintidós de septiembre de dos mil veinte, y no obra constancia de que el peticionario de amparo haya sido entregado en custodia a persona alguna. QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Respecto de acto reclamado identificado con el inciso c), consistente en la detención o alojamiento del quejoso en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla, dada su naturaleza, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento administrativo (revisión migratoria), se sigue, que la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al mismo. En el caso, se advierte que el alojamiento reclamado le fue notificado a Idelfonso Vargas Sánchez, el veintidós de septiembre de dos mil veinte (foja 333), mientras que la demanda de amparo se presentó el veintiséis de ese mes y año, es decir, cuatro días después, por lo que resulta evidente que se presentó dentro del plazo de quince días concedido por la Ley de Amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este juzgador no advierte, de oficio, que se actualice alguna de las previstas por la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Suplencia de la queja. En el presente asunto rige el principio de suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues aunque el quejoso no tiene la calidad de inculpado o sentenciado, se trata de un extranjero restringido en su libertad personal, por lo que se encuentran en una clara situación de desventaja frente al procedimiento que se le instruye, por lo que, a partir una interpretación extensiva de la citada institución, se estima que en la especie opera la suplencia de la queja. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. No obstante la certeza del acto reclamado consistente en el alojamiento del quejoso en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Puebla, este juzgador considera que debe negarse la protección constitucional solicitada. Para ilustrar este aserto, debe indicarse en principio, que si bien el quejoso se encuentra alojado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración desde el veintidós de septiembre de dos mil veinte, ello obedece a que, durante una revisión migratoria, Idelfonso Vargas Sánchez, no acreditó su legal estancia, de nacionalidad colombiana (foja 348), lo que motivó el inicio del procedimiento E.A./1s.9/DGCVM/DRM/231/2020, para verificar su situación migratoria (foja 331). Ahora, si bien Idelfonso Vargas Sánchez, exhibió ante el 1. Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, su tarjeta de visitante número 000002026897 expedida por el Instituto Nacional de Migración, así como copia de su pasaporte, lo cierto es que la autoridad migratoria responsable indagó sobre la respuesta que le fue otorgada al peticionario en relación con su solicitud de refugio en este país, y resultó que mediante resolución de veintiuno de agosto de dos mil veinte (fojas 353 a 362), le fue negada tal petición. En ese sentido, si bien la tarjeta de visitante constituyó el permiso concedido al extranjero para permanecer temporalmente en el país hasta que se resolviera su solicitud de refugio, lo cierto es que ésta ya ocurrió y fue desfavorable, por lo que, contrario a lo afirmado por el quejoso, no tiene calidad ni de visitante ni de refugiado en este país, y ello hace procedente que se instaure el expediente administrativo aludido para determinar en definitiva su situación migratoria. Luego, la detención de que se duele el quejoso se atribuye a una autoridad administrativa que está facultada para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 16 de la Constitución Federal, al ser el Instituto Nacional de Migración, la autoridad competente para realizar la presentación y alojamiento que se combate por esta vía, tal como lo disponen los artículos 68, 98, 99, 100, 111 y 144, fracción I, de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley." "Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del artículo 100 de esta Ley." "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno." "Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva. De la lectura armónica de las disposiciones legales transcritas, se colige que: 1. Si con motivo de una revisión migratoria, es detectado un extranjero que no cuente con documento para acreditar su estancia regular en el país, deberá ser puesto a disposición inmediatamente del Instituto Nacional de Migración; 2. En caso de que el extranjero no logre acreditar su situación regular en el país, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición, deberá emitir el acuerdo de presentación correspondiente, en el que podrá determinar el alojamiento temporal del extranjero; 3. El alojamiento en las instalaciones migratorias, no podrá exceder quince días hábiles, salvo que se actualice alguno de los supuestos contemplados en el artículo 111 de la Ley de Migración, como puede ser, que el extranjero haya promovido juicio de amparo y exista prohibición expresa de que el extranjero pueda abandonar el país, supuesto en que el alojamiento podrá extenderse hasta sesenta días hábiles. Por su parte, los diversos preceptos 232, 233 y 234 del Reglamento de la Ley de Migración, en cuanto al alojamiento temporal establecen lo siguiente: "Artículo 232. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 de la Ley, cuando una persona extranjera sea puesta a disposición de la autoridad migratoria o sea presentada en la estación migratoria o en la estancia provisional, se procederá de la siguiente forma: I. Se tomará la declaración de la persona extranjera haciéndola constar en acta administrativa levantada en presencia de dos testigos, en la que además se asentará que se le informaron los derechos que le asisten. Dicha acta deberá contener, además, los datos generales de la persona extranjera, la ruta seguida desde su país de origen hasta el ingreso al territorio nacional, los medios de transporte utilizados, información respecto a los medios utilizados para internarse en el territorio nacional, así como el destino que pretendía alcanzar; II. A fin de que las personas extranjeras obtengan la asistencia de su representación consular acreditada en el territorio nacional, se realizará la notificación de manera inmediata, en caso de que así lo solicite, con el fin de que sea dado el reconocimiento de nacionalidad y/o la emisión de salvoconducto. En el caso de que la persona extranjera desee recibir la protección del Estado mexicano mediante el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá estarse a lo dispuesto por la legislación en materia de refugio. Cuando sea presentada formalmente una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ninguna autoridad podrá proporcionar información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen del solicitante, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso de éste; III. La notificación que se haga a la persona extranjera en relación a sus derechos y obligaciones, se efectuará de manera verbal y mediante los medios impresos que al efecto determine el Instituto, y IV. Se permitirá a la persona extranjera comunicarse con la persona que solicite, vía telefónica o por cualquier otro medio de que se disponga." "Artículo 233. De todas las personas extranjeras presentadas en una estación migratoria o en una estancia provisional, se abrirá un expediente administrativo, el cual debe contener, entre otras cosas, la documental firmada por el alojado en la que conste que se hicieron de su conocimiento sus derechos y obligaciones, particularmente, comunicarse con su autoridad consular, ser asistido o representado legalmente por la persona que designe, solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, la determinación de apátrida, regularizar su estancia, solicitar el retorno asistido a su país de origen, interponer recurso en contra de las resoluciones que emite el Instituto, aportar las pruebas que conforme a derecho convengan y a proponer a dos testigos durante su comparecencia." "Artículo 234. En casos de que el alojamiento exceda los quince días hábiles a que hace referencia en el artículo 111 de la Ley, la autoridad migratoria deberá notificar al alojado, mediante escrito debidamente fundado y motivado, acerca de las causas por las que su estancia en la estación migratoria o estancia provisional podrá exceder este tiempo. Dicha notificación deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir del día hábil siguiente a que venza dicho término. Por lo que hace a la fracción V del artículo 111 de la Ley, la autoridad resolverá la situación migratoria de la persona extranjera, cuando se tenga constancia de que se haya resuelto en definitiva el recurso administrativo o judicial de que se trate y éstos hayan causado estado. Transcurrido el plazo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 111 de la Ley, la autoridad migratoria emitirá el acuerdo que funde y motive las causas por las cuales se debe otorgar a la persona extranjera la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Durante dicho lapso, la persona extranjera deberá comparecer ante la autoridad migratoria cuando se le requiera, a fin de resolver en definitiva su situación migratoria. El plazo del alojamiento en las estancias provisionales no podrá ser superior a lo dispuesto por la Ley y se determinará en las disposiciones administrativas de carácter general que expida la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación." Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, ya valoradas, se advierte lo siguiente: 1. Que durante una revisión migratoria realizada el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en el cuadrante que comprende las calles y colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, fue detectado Idelfonso Vargas Sánchez, de nacionalidad Colombiana, sin que haya acreditado en ese momento contar con la documentación que justifique su estancia regular en este país (foja 348), por lo que en la misma fecha, fue puesto a disposición del 3. Subdirector de Resoluciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración. 2. Con motivo de lo anterior, el mismo día veintidós de septiembre de dos mil veinte, la autoridad migratoria recabó la comparecencia del extranjero (foja 332) y el mismo día emitió el acuerdo de presentación correspondiente (foja 333), ordenó alojar temporalmente al quejoso de mérito en la estación migratoria en Puebla, y mediante oficio INM/DGCVM/DRM/1135/2020 (foja 326), lo puso a disposición del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, únicamente con el fin de ser alojado temporalmente en ese lugar. 3. Cabe mencionar que no fue necesario designar traductor, debido a que el extranjero habla y entiende el idioma español. 4. Como se expresó, el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, Idelfonso Vargas Sánchez, promovió el presente juicio de amparo contra su detención en la estación migratoria; con motivo de ello, en acuerdo de la misma fecha, entre otras cosas, se decretó la suspensión de plano para el efecto de que no se ejecute la deportación del peticionario de amparo. Así, del contraste realizado entre las disposiciones legales reproducidas y la actuación realizada por la autoridad responsable, se concluye que el alojamiento de que se duele el peticionario de amparo es legal, debido a que éste obedece a que Idelfonso Vargas Sánchez, fue detectado dentro del territorio nacional sin que acreditara su estancia regular en este país; además de que se encuentra dentro de los plazos establecidos por la legislación en la materia. Además, es importante resaltar que la autoridad responsable 3. Subdirector de Resoluciones del Instituto Nacional de Migración, dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 102 de la Ley de Migración, pues al respecto, determinó que Idelfonso Vargas Sánchez, no tiene derecho a solicitar la salida de la estación migratoria, bajo la figura de entrega en custodia, en virtud de que el quejoso está relacionado con actividades aparentemente ilícitas (foja 400), lo que habrá de determinarse durante la sustanciación del propio procedimiento. De ahí que resulten infundados los argumentos que como conceptos de violación expresó el quejoso. Al respecto, cabe aclarar que si bien, este órgano de control constitucional no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención de las quejosas, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. Así, el quejoso expresó como conceptos de violación, en esencia: a) Que su detención transgrede el artículo 16 constitucional, debido a que no existió mandamiento escrito ni se justificaron los motivos de su detención; además, una detención no puede prolongarse por más de treinta y seis horas, por lo que se vulnero su derecho al libre tránsito. b) Que la detención en una estación migratoria no se encuentra regulada en ley alguna, por lo que su detención es ilegal. c) Que tiene derecho a permanecer en el país en virtud de que le asiste la calidad de solicitante de refugio y cuenta con la tarjeta de visitante número 000002026897 expedida por el Instituto Nacional de Migración, y lo faculta para permanecer, entrar y salir del país hasta el cinco de diciembre de dos mil veinte. Resultan infundados los argumentos planteados, porque, contrario a lo señalado por el peticionario de amparo, la detención o alojamiento sí se encuentra legalmente regulado; debe indicarse que de conformidad con los artículos 68, 69, 97, 98, 99, 100 y 144, fracción I, de la Ley de Migración ya citados, el hecho de no acreditar su estancia regular en el país, trae como consecuencia su presentación y alojamiento en la Estación Migratoria Delegación Federal sede Puebla, como lo hicieron las autoridades responsables. Debe precisarse que el argumento del quejoso se centra en que su detención deviene ilegal pues alega haber acreditado su legal estancia en el país con la tarjeta de visitante número 000002026897 expedida por el Instituto Nacional de Migración. Es infundado el alegato del quejoso; para explicarlo, en primer término resulta necesario establecer qué es una tarjeta de visitante y cuáles son sus efectos, y para ello, es necesario reproducir los artículos 3, fracción XXIX, 52, fracción V, 59 y 92 de la Ley de Migración, así como los diversos 63, 64, 141, fracción IV, 153 del reglamento de la citada ley, que disponen: Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) XXIX. Tarjeta de residencia: al documento que expide el Instituto con el que los extranjeros acreditan su situación migratoria regular de residencia temporal o permanente; Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente: (.) V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, se considerará ofendido o víctima a la persona que sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Al ofendido, víctima o testigo de un delito a quien se autorice la condición de estancia de Visitante por Razones Humanitarias, se le autorizará para permanecer en el país hasta que concluya el proceso, al término del cual deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia, con derecho a entrar y salir del país cuantas veces lo desee y con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Posteriormente, podrá solicitar la condición de estancia de residente permanente; b) Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, en términos del artículo 74 de esta Ley. c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Si la solicitud es positiva se les otorgará la condición de estancia de residente permanente, en términos del artículo 54 de esta Ley. También la Secretaría podrá autorizar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración. Artículo 59. Los residentes temporales y permanentes, con excepción de aquellos que soliciten asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado o determinación de apátridas, tendrán un plazo de treinta días naturales contados a partir de su ingreso a territorio nacional, para gestionar ante el Instituto la tarjeta de residencia correspondiente, misma que permanecerá vigente por el tiempo que se haya autorizado la estancia. Con esta tarjeta acreditarán su situación migratoria regular en territorio nacional mientras esté vigente. Los solicitantes de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado, que sean determinados como apátridas o que se les otorgue protección complementaria, obtendrán su tarjeta de residencia permanente a la conclusión del procedimiento correspondiente. Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento. Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes: I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios; II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder. La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones de orden público. La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven. Del reglamento: Artículo 63. La autoridad migratoria podrá autorizar por razones humanitarias mediante acta de internación debidamente fundada y motivada, el ingreso de personas extranjeras que no cumplan con alguno de los requisitos de internación y se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: I. Ser solicitante de la condición de refugiado, de asilo político o que requiera iniciar un procedimiento de determinación de apátrida; II. Por interés público, a la persona extranjera cuya internación se requiera para apoyar en acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia o desastre en el territorio nacional; III. Por causa humanitaria, a la persona extranjera que por riesgo a la salud o vida propias, o por su situación de vulnerabilidad no pueda ser devuelto a su país de origen, o no pueda continuar con su viaje, o IV. Por causa de fuerza mayor, a la persona extranjera a bordo de aeronaves o embarcaciones en tránsito internacional, y que por contingencia técnica o condiciones climatológicas, requieran ingresar y permanecer en el país hasta el restablecimiento o mejora de dichas condiciones. Lo anterior conforme al procedimiento previsto en el artículo 62 de este Reglamento. En estos casos, el acta de internación deberá sustentarse en la comparecencia de la persona extranjera, documentales de instituciones públicas o privadas y la previa consulta en las listas de control migratorio, o en las disposiciones administrativas de carácter general que hayan sido emitidas por la Secretaría y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 141. Las personas extranjeras con situación migratoria regular en el territorio nacional pueden cambiar de condición de estancia en los siguientes supuestos: (.) IV. El visitante por razones humanitarias podrá cambiar a la condición de estancia de residente permanente, cuando obtenga reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria, asilo político o determinación de apátrida;. Artículo 153. Las personas extranjeras que cuenten con la condición de estancia de visitantes por razones humanitarias podrán solicitar las renovaciones que sean necesarias hasta que concluya el proceso o la causa que originó el otorgamiento de la condición de estancia. El documento migratorio que acredite la condición de estancia de visitante, por razones humanitarias, implicará el derecho de su titular para realizar entradas y salidas múltiples del territorio nacional. De la interpretación armónica de las disposiciones legales reproducidas, se advierte que aquella persona extranjera que se interne en el país, incluso sin contar con la documentación pertinente, podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiando, cuando se coloque en algunos de los supuestos expresamente contemplados por la Ley de Migración. En ese supuesto, la autoridad migratoria, emitirá un documento que lo acredite como visitante por razones humanitarias, el cual, en efecto, concede el derecho al extranjero de permanecer en el país e incluso realizar salidas y entradas al mismo, durante el tiempo que se encuentre vigente. Sin embargo, éste documento, será válido, hasta que concluya el procedimiento respectivo, en virtud de que la calidad de visitante temporal por razones humanitarias, como su nombre de lo indica, es temporal, y constituye una calidad transitoria que reviste a la persona extranjera mientras se sustancia y resuelve la solicitud respectiva, por lo que la expedición de una tarjeta de visitante temporal únicamente implica que la persona que la presenta, tiene en curso un procedimiento administrativo para que se resuelva su solicitud sobre estancia en el país, ya sea en calidad de refugiado o cualquier otra reconocida por la Ley. No obstante, dicho documento de manera alguna constituye un derecho permanente e irrevocable, pues aun cuando su vigencia se haya fijado hasta el cinco de diciembre de dos mil veinte, ello implica que fue el tiempo que se le concedió inicialmente para que realizara el trámite respectivo, y vencido ese plazo, en caso de que en llegada esa fecha no se hubiera resuelto su solicitud, tendría que acudir ante las autoridades competentes para solicitar la renovación de la misma. En el entendido que al momento de resolverse sobre su solicitud de refugio, la calidad de visitante temporal termina, pues en caso de ser favorable la respuesta a su solicitud, en automático obtendría la calidad de residente permanente; de lo contrario, tendrá que regularizar su situación en el país, si resultare procedente, o salir de él. Con independencia de lo anterior, la autoridad migratoria tiene expeditas sus facultades para realizar revisiones permanentemente con la finalidad, entre otras cosas, de verificar que el extranjero cumpla con las obligaciones inherentes a su condición, así como sobre la vigencia de las autorizaciones que se le hayan concedido. Ahora, en la especie, tenemos que el quejoso fue presentado ante la autoridades responsables, en virtud de que durante una revisión fue encontrado sin que portara el documento relativo a su calidad de visitante, lo que motivó que fuera presentado en las instalaciones de la Estación Migratoria y se le iniciara el procedimiento. Así, aun cuando el quejoso, efectivamente, con posterioridad acreditó haber obtenido en su momento la tarjeta de visitante por razones humanitarias, por haber solicitado la calidad de refugiado, la cual tenía vigencia hasta el cinco de diciembre del presente año, lo cierto es que como parte del ejercicio de sus facultades de verificación, la autoridad responsable 3. Subdirector de Resoluciones del Instituto Nacional de Migración, indagó sobre la respuesta o resolución que recayó a su petición de refugio del extranjero Idelfonso Vargas Sánchez, y de ahí resultó que dicha petición le fue negada mediante resolución de veintiuno de agosto de dos mil veinte (fojas 353 a 362). En atención a ello, es evidente que al haberse resuelto su petición de refugiado, la tarjeta de visitante por razones humanitarias dejó de surtir efectos, pues como se explicó, esta tiene como finalidad la de conceder autorización al extranjero para permanecer en el país mientras se resuelve su petición, lo que en la especie ya ocurrió. Tan es así, que mediante oficio INM/DGCVM/DRM/1176/2020, el 3. Subdirector de Resoluciones del Instituto Nacional de Migración, solicitó al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, cancelar la tarjeta de visitante del quejoso Idelfonso Vargas Sánchez (foja 381). Por ello, es legal que las autoridades mantengan alojado al extranjero en sus instalaciones hasta que se defina su situación, en virtud de que cuentan con la facultad para sustanciar el procedimiento relativo a verificar y definir su estancia en el país, en virtud de que ya no le reviste el carácter de solicitante de calidad de refugiado, por haberse resuelto en forma negativa dicha solicitud; y esto último, torna en irregular la situación migratoria del peticionario de amparo. También resulta infundado el argumento del quejoso cuando aduce que se viola en su perjuicio el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien, dicho precepto establece la libertad de tránsito, también lo es que, dispone que el ejercicio de ese derecho está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa, en cuanto a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración e inmigración, entonces, si las autoridades responsables ordenadoras limitaron la libertad de tránsito del quejoso es porque no acreditó su regular estancia en territorio mexicano, de ahí que no se vulnere en su perjuicio el precepto que indica. En similar sentido, es infundado que la prolongación del alojamiento del quejoso por más de treinta seis horas sea contrario a derecho, debido que, en primer término, debe clarificarse que el artículo 68 de la Ley de Migración, señala que "la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición." Sin embargo, el artículo 98 del mismo ordenamiento, define con claridad que "la presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero". En ese sentido, la interpretación armónica de ambos preceptos, nos conduce a concluir que el acuerdo donde se determine el alojamiento temporal de un extranjero debe ser emitido dentro de las treinta y seis horas, contadas a partir de la puesta a disposición del extranjero a la autoridad migratoria; más no que la duración máxima del alojamiento deba ser por ese tiempo. Se estima de esa manera, porque el artículo 111 de la Ley de Migración, establece con claridad el tiempo que la autoridad administrativa tiene para resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados, que es un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que dicho alojamiento pueda exceder de sesenta días hábiles en las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del precepto en cita, lo que de manera alguna se contrapone a lo señalado por los artículos 16 y 21 Constitucional. Pero el propio artículo establece como salvedad expresa sobre el plazo máximo de quince días de alojamiento, cuando el extranjero haya promovido juicio de amparo y exista prohibición expresa para que el extranjero salga del país, lo que en la especie acontece, pues como se relató, en auto de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que el quejoso no sea deportado; y, ello tiene como consecuencia, que el procedimiento administrativo que se instaura en su contra, pueda prolongarse por más de quince días. Además, debe considerarse que el acuerdo de presentación fue pronunciado el mismo día en que el extranjero fue puesto a disposición de la autoridad administrativa, por lo que fue emitida dentro del plazo legal concedido para ello; y, a la fecha de presentación de la demanda de garantías, habían transcurrido solo cuatro días desde que la autoridad migratoria determinó su presentación, por lo que es evidente que no se transgredieron en su perjuicio los plazos destacados anteriormente. Finalmente, conviene citar el contenido de los artículos 1 y 2 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. (.)." Tal como se advierte de dichos preceptos, la política migratoria tiene como fin atender el fenómeno migratorio, y los preceptos de la Ley de Migración, tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Entonces, contrario a lo que alega el quejoso su presentación y alojamiento en la Estación Migratoria encuentra una justificación razonable, porque se trata de un extranjero cuya estancia en el país ya no es legal, entonces, corresponde a la autoridad migratoria iniciar el procedimiento administrativo que podría culminar con su deportación, según lo que resulte del procedimiento respectivo, que es una medida objetiva y razonable para el control migratorio en nuestro país. De ahí que al ser infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con el numeral 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, resulta procedente negar a Idelfonso Vargas Sánchez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. NOVENO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Idelfonso Vargas Sánchez, en los términos señalados en el considerando cuarto, apartado I, de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Idelfonso Vargas Sánchez, respecto del acto reclamado consistente en su detención y alojamiento en la Estación Migratoria en Puebla, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta resolución. CUARTO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese vía electrónica al quejoso por así haberlo solicitado expresamente; mediante oficio electrónico a las autoridades responsables, así como al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien conoce del recurso de queja 141/2020 de este índice y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil veinte. De la certificación que antecede, se advierte que mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en la que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese sentido, conviene recordar que en respuesta al brote del virus Covid-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal, durante el período del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, emitió diversos acuerdos para regular la actividad jurisdiccional durante el citado período de contingencia (4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020), a fin de mantener el acceso a la justicia y preservar la salud tanto de los justiciables como de los servidores públicos. Uno de los elementos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, consistió en la atención ininterrumpida e incondicional a los denominados "casos urgentes", y en la implementación del proyecto de trabajo para recibir, tramitar y resolver asuntos tramitados bajo el esquema de juicio "en línea", referido a los expedientes en los que las partes actúen desde el Portal de Servicios en Línea y en los que la tramitación electrónica sea el eje principal. Así, el referido AG 13/2020, en sus artículos 12 a 17, reguló la tramitación del esquema de trabajo de juicio "en línea" en el período de contingencia señalado, bajo diversos requisitos y condiciones, como la exclusión de los expedientes en los que conforme a leyes adjetivas aplicables, aún quedaran pendientes por desahogarse notificaciones personales y cualesquiera otras audiencias o diligencias que involucraran la presencia física de las partes u otros intervinientes en el proceso, y cuyo objeto o regulación impidiera su desahogo mediante videoconferencia. En ese tenor, toda vez que mediante auto dictado el dieciséis de octubre del año en curso se autorizó al quejoso Idelfonso Vargas Sánchez, por conducto de Claudia Ibeth Espinoza Oropeza -autorizada de su parte en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia-, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, en el presente juicio existen condiciones idóneas para actuar desde el Portal de Servicios en Línea, sin que al momento se advierta algún motivo que impida su prosecución. Lo anterior, cobra apoyo con la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, emitida por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de la cual dio a conocer la "Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020", en donde la Comisión Especial -entre otras cuestiones- aclaró que es posible la celebración de audiencias constitucionales en los juicios en línea, sin la presencia del público, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, los alegatos podían formularse por escrito y presentarse electrónicamente. Consecuentemente y toda vez que se encontraban señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de diciembre pasadso, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente a la ley de la materia-, se regulariza el procedimiento únicamente para señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual -como se dijo- es posible llevarse a cabo pese al período de suspensión que se estableció del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, puesto que el presente asunto se tramita bajo el esquema de juicio "en línea". Por tanto, se fijan las diez horas con treinta minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte, para tal efecto. Notifíquese electrónicamente quejoso, por conducto de su personal autorizado en términos amplios; y, por lista electrónica a las demás partes...
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